Derecha prefiere defender matrimonio heterosexual que modelo económico
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Es lamentable que la derecha valore más la defensa del matrimonio heterosexual que la eficiencia en el gasto público, la institucionalidad presupuestaria y la defensa del modelo económico de libre mercado.
Después de defender la postura que es mejor acompañar al gobierno para fiscalizar el proceso que amenaza con llevar al país al precipicio, la derecha chilena parece haberse acordado, de una mala forma, que en política es importante defender los principios. Cuando los vientos de la economía y política latinoamericana soplan a su favor y el gobierno se hunde en la tozudez de reformas mal diseñadas y peor implementadas, parte de la derecha ha decidido convertir al matrimonio heterosexual en su caballo de batalla. Luego de haber apoyado la reforma tributaria, la reforma educacional, la gratuidad en educación superior a través de una glosa presupuestaria y legitimar el proceso constituyente, la derecha conservadora rasgó vestiduras ante el matrimonio homosexual, una de las iniciativas del gobierno de Bachelet menos cuestionable y menos dañina para la economía chilena.
Chile hoy pasa por el momento económico más complicado desde el retorno de la democracia. Si bien las crisis de 1999 y 2009 golpearon fuertemente, las circunstancias políticas entonces eran más favorables. En 1999, el gobierno saliente del Presidente Frei no estaba obsesionado con refundar el país. Como Frei era un forjador de consensos (tal vez en demasía), las retroexcavadoras en su gobierno se dedicaron al desarrollo de infraestructura, no a refundar el edificio institucional. En 2009, el primer gobierno de Bachelet también fue más consensual y gradualista. Además, en esa crisis, el ciclo de los commodities se recuperó rápidamente, lo que le permitió al país aprovechar pronto los vientos de recuperación.
Ahora las circunstancias internacionales son menos auspiciosas. El mal ciclo será más largo. Los más optimistas, como el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, aseguran que ya se tocó fondo. Pero nadie se aventura a anticipar cuándo despegaremos. Peor aún, las circunstancias políticas son todavía menos auspiciosas. Aunque el gobierno asegura que ya se acabó la obra gruesa, Bachelet maneja la retroexcavadora para impulsar un proceso constituyente. La tozudez presidencial se suma a la improvisación que reina en las consultas ciudadanas (que han devenido en tertulias organizadas principalmente en barrios acomodados de la capital). Si bien el proceso actual no es vinculante y depende de que haya una voluntad de 2/3 de ambas cámaras, la derecha ha enviado señales confusas respecto a la posición que tomará frente al impulso por promulgar una nueva constitución.
Si la derecha defendiera con firmeza sus convicciones, no habría mucho de lo que preocuparse. Después de todo, queda menos de un año para que las primarias presidenciales de 2017 desplacen al gobierno hacia la irrelevancia. Pero el problema radica en que la derecha ha dado señales erráticas sobre su voluntad para defender los principios del libre mercado y el modelo económico—o incluso el sentido común.
La derecha votó a favor de una mala reforma tributaria solo porque quería hacerla menos mala. Eso equivale a colaborar con un portonazo ofreciendo acompañar a los delincuentes a la casa del mejor amigo. Después, cuando hubo que reformar la reforma, la derecha igual quedó como cómplice de una reforma pésimamente diseñada. La derecha también votó a favor de la reforma educacional. La oposición derechista inicial a la gratuidad en la educación a través de una glosa presupuestaria se desdibujó cuando el gobierno maliciosamente aceptó ampliar la cobertura de la gratuidad en el futuro. Además de renunciar a un principio, la derecha entregó su apoyo a cambio de una promesa que tal vez nunca se cumpla. Más recientemente, la derecha ha aceptado participar del proceso que busca una nueva constitución, en circunstancias que la derecha dice creer que la constitución actual es legítima y solo necesita reformas.
Ahora, la derecha ha dicho “ya basta” frente a la iniciativa a favor del matrimonio igualitario. Independientemente de las posturas que existen sobre una reforma que ampliaría las libertades y las opciones individuales, la decisión de la derecha de rayar la línea en una cuestión valórica pone en tela de juicio las prioridades de la elite del sector. Para la derecha conservadora, es más importante oponerse al matrimonio igualitario que defender el sentido común de que la educación debe ser gratis solo para los de menos ingresos o que defender la simplificación del sistema tributario. Para la derecha es más importante defender la institución del matrimonio heterosexual que la institucionalidad legal que requiere que iniciativas de gasto permanente vayan introducidas como ley y no solo como glosa presupuestaria.
Es loable que finalmente la derecha hay decidido rayar la cancha y defender principios ante los impulsos fundacionales del gobierno. Pero es lamentable que la derecha valore más la defensa del matrimonio heterosexual que la eficiencia en el gasto público, la institucionalidad presupuestaria y la defensa del modelo económico de libre mercado.
