El mes de enero será clave para los partidos políticos nacionales que deberán analizar y discutir sus bases ideológicas, considerando el nuevo escenario que tendrán con el gobierno de Sebastián Piñera desde marzo de 2018.
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Quique Mujica, Juan José Ossa y Alfredo Joignant, conversaron acerca del escenario político actual de cara a la segunda vuelta presidencial. El debate Anatel, la franja presidencial y la situación de los partidos políticos formaron parte de esta conversación.
El director de la Escuela de Ciencia Política, Fernando Rosenblatt, se adjudicó recientemente un fondo Conicyt para el respaldo de un proyecto ya existente y la consolidación de una red internacional. Este fondo se vincula con el proyecto Fondecyt de Rosenblatt, donde estudia el activismo en partidos políticos de América Latina. A continuación, el académico entrega más detalles sobre su proyecto y lo que este fondo significa para el desarrollo del mismo.
¿De qué se trata este fondo?
Este es un fondo de Conicyt para la consolidación de redes internacionales centrada en investigadores en etapa inicial o investigadores jóvenes. El propósito no es tanto el desarrollo de un proyecto en sí, sino justamente respaldar un proyecto existente y la consolidación de esta red internacional. En mi caso, eso se vincula con mi proyecto Fondecyt, donde yo estudio activismo en partidos políticos, específicamente, activistas en partidos políticos en América Latina y trabajo con distintos colegas en el extranjero.
¿Cómo nace este proyecto sobre activismo?
Este tema empieza con mi tesis doctoral, la que estudia cuáles son los factores que explican la reproducción de las organizaciones partidarias en el largo plazo con cierta vitalidad, es decir, qué es lo que hace que los partidos se mantengan en el tiempo. Eso era un estudio más histórico comparado, centrado en el nivel organizacional. Lo que me propuse con la agenda que inicié con el Fondecyt es pasar a un nivel individual, básicamente tratando de responder qué es lo que hace que la gente quiera militar en un partido político, que en definitiva es un elemento importante para la vitalidad de los partidos.
¿Quién más trabaja en este proyecto?
Es un proyecto mío en el que yo voy como investigador principal pero son varios los investigadores asociados. Está el profesor Juan Pablo Luna de la Universidad Católica, quien fue mi profesor guía en la tesis doctoral, Rafael Piñeiro de la Universidad Católica del Uruguay, Hahrie Han de la Universidad de California, Santa Bárbara, Santiago anria del Dickinson College, Gabriel Vommaro de la Universidad General Sarmiento en Argentina y Laura Wills-Otero de la Universidad de Los Andes en Colombia.
¿Cuál es la relevancia de este proyecto?
Una de las cosas llamativas del proyecto es que la literatura sobre partidos políticos es probablemente de las más antiguas de la ciencia política. Siendo que es una literatura que tiene más de 100 años, el estudio sobre la relación entre el tipo de organización y los activistas, y especialmente, el estudio sobre los tipos de activistas, es casi nulo.
La excusa habitual que ponemos los cientistas políticos para eso, es que es muy difícil conseguir información de los partidos. Creo que hoy en día ya no se puede decir eso, hay muchas formas de acceder a información distinta y hemos tratado de aplicar distintas estrategias para conocer un poco más, no solo en los activistas de los partidos, sino entender más bien a los activistas como individuos y cuáles son las cosas de las organizaciones que facilitan que la gente quiera seguir en ellas.
¿Qué es lo que viene luego de la adjudicación de este fondo?
Principalmente seguir con la agenda del fondecyt. Estamos escribiendo un manuscrito de libro, hay algunos papers terminándose. En relación a la red, básicamente, empezar a planificar la actividad del próximo año, sobre la base de un marco teórico que vamos a proponer junto a Rafael Piñeiro y Juan Pablo Luna. Invitar a estos académicos extranjeros a presentar papers, con la idea de ir hacia un libro editado sobre activismo y tipos de organización partidaria. Y finalmente, planificar el trabajo de colaboración con Hahrie Han.
De un tiempo a esta parte se ha consolidado la idea que los partidos y sus dirigentes políticos no han estado a la altura de las circunstancias. Mientras la ciudadanía clama por espacios de participación, los partidos insisten en tomar decisiones cupulares; mientras la ciudadanía desea discutir temas sustantivos de la vida democrática (redistribución, igualdad, libertad), los actores políticos se esmeran por evitar la discusión, el debate, la deliberación.
Predomina en los actores políticos el cálculo estratégico, el cortoplacismo, la ambición de maximizar su poder a todo costo. Un sistema político que abandona el debate de los principios y de ideas. Unos partidos que se concentran en la forma de mantener o acumular poder.
Existen variadas manifestaciones de este modo de hacer política:
Hace pocos años se aprobó una norma que establecía primarias voluntarias y vinculantes para la designación de candidaturas. La decisión de hacerlas voluntarias se funda en el interés de los actores por controlar el proceso político y explica la incertidumbre que vivimos hoy. Si fuesen obligatorias, no existiría incertidumbre y los actores políticos se dedicarían a buscar votos, a ganar adeptos y promover sus ideas para convertirse en candidatos. Pero como son voluntarias, los partidos en realidad están atentos el desarrollo de las encuestas, analizan las estrategias de los oponentes, calculan sus posibilidades, y toman decisiones de ir o no ir a primarias como parte de una frenética disputa de poder.
Su carácter voluntario las convierte en un instrumento de las cúpulas de los partidos para movilizar unas decenas de adeptos en un Comité Central a favor de una u otra opción. Así, la voluntariedad de las primarias es la manifestación institucional del cortoplacismo, del cálculo estratégico de quienes controlan los partidos. Incluso, estos dirigentes podrían tomar la decisión de no realizar primarias si las condiciones políticas lo ameritan. Y llegamos a la paradoja de observar cómo los encargados de administrar la democracia, no la practican dentro de sus propios espacios de decisión.
Una segunda manifestación de esta perversión, es la forma en que los partidos internalizan a las encuestas como el mecanismo por excelencia para tomar decisiones. Candidaturas presidenciales se han bajado porque van mal en las encuestas (Alvear, por ejemplo). Candidaturas parlamentarias y de alcaldes se han definido a partir de encuestas. Ahora, en la elección de Guillier en el Partido Socialista predominó la misma lógica del apoyo de la opinión pública. Si una candidatura no marca, mejor bajarla (ejemplos hay demasiados, pero basta con citar a Insulza y Atria).
Lo anterior es la antítesis de la democracia. La democracia, en su sentido originario implica la reunión del pueblo, la deliberación, el debate de opiniones contrarias, y la decisión. Nada de eso ocurre en las actuales circunstancias. Los partidos renuncian a la deliberación, al debate de ideas, a tomar decisiones basadas en una polémica fundada en la razón y la argumentación. Se opta por la percepción, por la imagen, por las siluetas y sombras que se dibujan a partir de difusos instrumentos de opinión. A nadie se le ocurrió invitar a Lagos y Guillier a un foro a deliberar antes de tomar una decisión en el Partido Socialista. Nadie demandó sus programas.
Incluso las definiciones programáticas responden a la ilusión óptica de las encuestas. El ya definido candidato Sebastián Piñera señalaba con orgullo en su lanzamiento que las prioridades de su gobierno serían las de la ciudadanía. Se renuncia a generar y promover ideas y se insiste en responder a los intereses de esta opinión pública que en una frase dice que le preocupa la delincuencia, la salud, la educación, y el empleo. La política se convierte en un instrumento para canalizar preocupaciones ciudadanas capturas por encuestas realizadas—en algunos casos—a la salida del metro.
Y aunque en la palestra pública se producen intensos debates sobre redistribución, igualdad, libertades, diversidad y reconocimiento, nada de ello es capturado por los partidos. Los partidos renuncian a debatir sus proyectos ideológicos; renuncian a la deliberación, a la socialización política. Se aferran a la esperanza que un arreglo político desde arriba o una encuesta de opinión les permitirán mantenerse en el poder. Lo que observamos en los últimos años es la renuncia de los partidos a su rol como articuladores de demandas sociales. Los partidos dejan de representar a grupos o intereses y pasan, sin pena ni gloria, a representar imágenes que les permitirán aferrarse al poder.
Entiéndase bien. El problema no es que los partidos quieran o busquen el poder. Aquello es lo esperable y deseable. Aquello es parte esencial a su función en tanto partidos. Lo problemático se refiere a las formas, a los instrumentos utilizados para retenerlo o alcanzarlo. Llegamos a la paradójica situación de partidos que renuncian al ejercicio democrático de la deliberación y la confrontación de ideas en pos de su sobrevivencia.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
De éstos, 18 no han informado un teléfono de contacto al Servel y seis no tienen sitio web ni correos electrónicos para transparentar balances o aclarar dudas
Las mayores facilidades para la constitución de colectividades a partir de la Ley Orgánica de Partidos Políticos llevó a que durante el último año más que se duplicara su cantidad, pasando desde 14 a 33.
De éstos, 18 no han informado un teléfono de contacto al Servel y seis no tienen sitio web ni correos electrónicos para transparentar balances o aclarar dudas, de acuerdo con el último balance de la ONG Chile Transparente, según publicó ayer el diario La Tercera.
Dos partidos: Wallmapuwen, de Temuco, y Fuerza Regional Norte Verde, de Coquimbo, no cuentan con sitio web ni correo electrónico ni teléfonos de contacto.
“Muchos de estos partidos ni siquiera cumplen con los mínimos requisitos que la ley establece en materia de probidad y transparencia. Con el tiempo se pueden transformar, como se les llama en otros países, en partidos pyme, que se crean con fines no electorales, sino más bien para recibir los aportes fiscales y poder tener una especie de negocio”, advirtió Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.
“La fiscalización de transparencia, rendición de cuentas a través de la información que se publica en la web, debería estar en manos del Consejo para la Transparencia. Lamentablemente, eso no quedó así en la ley, sino que el Consejo puede recibir denuncias, pero no puede fiscalizar, sino que sólo pasar los casos al Servel”, recordó el experto.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, dijo al diario que “no hay ninguna posibilidad de que el Servel pueda monitorear a 33 partidos políticos”.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Varios no tienen siquiera página web, correo electrónico o teléfono de contacto.
“No hay ninguna posibilidad de que el Servel pueda monitorearlos”, dijo el experto de la UDP Mauricio Morales.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Los problemas son dos: el mínimo de firmas que exige la ley, 17.500, y el plazo que se estipuló para conseguirlas, el próximo 14 de abril, por cierto, en medio de las definiciones presidenciales y parlamentarias de todos los sectores. “Lagos puede que termine saliendo de la primaria por secretaría”, advierte analista.
Apenas la “Comisión asesora presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción” -que convocó la Presidenta Michelle Bachelet y que dirigió el académico Eduardo Engel- entregó las primeras luces respecto a la nueva institucionalidad que debe regir para los partidos políticos y el financiamiento de los mismos en tiempos normales y de elecciones, los líderes de las colectividades arrugaron la frente.
Más que por las limitaciones al gasto en propaganda -que en algunos casos se justifica plenamente por lo excesivo, aunque abre interrogantes respecto al encarecimiento de las campañas a causa del redistritaje que agranda los distritos y circunscripciones dentro del sistema proporcional que reemplazará al binominal-, el verdadero foco de preocupación recae en la reinscripción de los militantes.
Se trata de un requisito esencial para que las distintas agrupaciones puedan acceder a la entrega de fondos estatales y así asegurar su funcionamiento.
Los problemas son dos: el mínimo de firmas que exige la ley, 17.500, y el plazo que se estipuló para conseguirlas, el próximo 14 de abril, por cierto, en medio de las definiciones presidenciales y parlamentarias de todos los sectores.
“No es un trámite fácil para nadie”, afirma el experto electoral Pablo Lira, quien agregó que “la desafección de la gente es tan grande que no quiere simpatizar con ningún partido de ningún lado”.
A su vez, el analista de Red Liberal Davor Mimica postula que “tanto la conexión con las bases como el contacto con los militantes históricos ya no tiene respuesta, no están”.
“Por ende, este es un momento de recambio de fuerzas políticas nuevas que vienen a relevar a las que de seguro no podrán reficharse este año”, advirtió.
Los villanos
Sin tapujos, Ignacio Walker, senador de la Democracia Cristiana, manifestaba en El Mercurio que Engel “sabe de economía y de políticas públicas, pero no tiene idea de política. No conoce la historia de los partidos y las culturas políticas que representan”.
“Tenemos problemas en que la sanción sea borrar del registro de afiliados a personas que libre y voluntariamente en los últimos 50 años han decidido ingresar al padrón electoral de un partido. Eso es desproporcionado y atenta contra la autonomía de la voluntad y el derecho de libre asociación, que está garantizado por la Constitución”, disparó.
La pugna se había originado porque el economista acusó al parlamentario de “debilitar las indicaciones del Ejecutivo” al interior de la Cámara Alta, lo que generó la airada respuesta del extimonel DC.
Entre esa polémica (octubre de 2015) e inicios de 2017, mucha agua pasó bajo el puente. Con matices, Engel tuvo que admitir que las altas exigencias, lejos de facilitar, han complicado la labor de los partidos, factor que explica “las presiones para retrasar los plazos que están creciendo” a medida que avanza el calendario, manifestó.
En respuesta, los colectivos, que ya muchos líos tienen para constituir sus alianzas y definir estrategias y candidatos, enfocan sus dardos hacia el Servicio Electoral, que implementó la “Clave Única” que permite acceder por internet al proceso del refichaje, pero que para activarla requiere que los usuarios tengan que acudir en persona a una oficina del Registro Civil o de Chile Atiende.
Por tal motivo, el timonel del PPD Gonzalo Navarrete planteó como alternativa para la reinscripción que los militantes vayan directamente a una notaría o que funcionarios del Servel o del Registro Civil reciban los antecedentes.
“Vamos a solicitar formalmente que se facilite el sistema de reafiliación con el número de verificación del carnet de identidad, que debería ser suficiente para verificar la autenticidad de la identidad de la persona. Y si quieren, se puede confirmar con un correo electrónico”, indicó el dirigente.
En la misma sintonía, Isabel Allende, mandamás del PS, expresó que “hay situaciones en las cuales, en lugar de ayudar, están obstruyendo”. Esto, porque otro elemento de la nueva ley obliga que observadores externos sean ministros de fe en las instancias internas de los partidos, como elecciones y plebiscitos.
“Es importante garantizar que el Servel tenga un número adecuado de personas. Vemos que los oficiales del Registro Civil no están yendo a las sedes de los partidos cuando están haciendo eventos, vemos que el Servel no tiene suficiente capacidad y vemos una serie de alternativas que creemos que deben facilitar y no hacer más difícil este proceso”, alegó.
Por de pronto, Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, descartó que haya alguna bancada interesada en cambiar la fecha de presentación de las firmas.
“Ni como socialista ni como ciudadano, póngale el color que quiera, estaría de acuerdo con eso”, enfatizó.
Cifras que asustan
Según informó Canal 13, hasta el 12 de enero los datos registrados en el Servel no eran muy halagüeños: Renovación Nacional sumaba 3.400 firmas, la Democracia Cristiana 2.656, el PS 2.161, el PPD 1.552, la UDI 1.502, el PC 678, el Partido Radical 94 y el PRO 74.
Sin embargo, luego de sus respectivas elecciones internas, tanto la DC como RN y la UDI avanzaron en la recolección, aunque las agrupaciones de Chile Vamos siguen manteniendo un déficit. Y eso que el gremialismo debutó con la modalidad “un militante un voto” y el sufragio electrónico.
Para elevar la tendencia, el PR efectuó un plebiscito ratificatorio el pasado 21 de enero, donde espera aumentar las casi 7 mil firmas que lleva recabadas a la fecha gracias al segundo aire que ganó la histórica tienda tras la proclamación de Alejandro Guillier como candidato presidencial.
“Me ha tocado ver la convocatoria”, relata el exsenador Nelson Ávila. “¿Y sabe lo que se percibe? Que el PR no crea rechazo y que aparte de la simpatía que provoca Guillier, existe un respeto y un cariño especial hacia este partido, dado que no ha estado vinculado a hechos lamentables ligados a la relación entre dinero y política”, destacó para esta crónica.
Por su parte, el pepedé, que eligió como su abanderado al exmandatario Ricardo Lagos, planificó llegar a las 10 mil adhesiones a fines de enero y completar el resto en marzo a través de la cruzada “Yo soy PPD”.
“Vamos a llegar a la meta a pesar de que la política esté en el suelo, porque siempre la elección de autoridades es motivo de interés”, nos señala muy seguro el senador de la región de La Araucanía, Eugenio Tuma.
“Con o sin Alejandro Guillier y con o sin Ricardo Lagos todos los partidos tenemos la obligación de institucionalizarnos de la forma que exige la ley”, comentó.
Inusuales ganadores
La mención para Guillier y Lagos no es antojadiza, toda vez que radicales y PPD podrían ser sancionados con la anulación de ambas postulaciones a La Moneda y la imposibilidad de llevar aspirantes al Parlamento si no logran llegar al mínimo de fichas.
A juicio del analista de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, “el que está esperando con ansias que el PPD no se reinscriba es el Partido Socialista, porque su expectativa es que cerca del 60% de su militancia se vaya al PS y con eso pasaría a ser, de carambola, el partido más grande de la coalición”.
“Si el Partido Radical no cumple con las firmas no podría proclamar a Guillier. ¿Cuál es la ventaja de Guillier? Que no es militante del PR, por lo tanto, podría competir en calidad de independiente. Pero como están las cosas en el Partido Socialista, perfectamente podría llevar de candidato a Guillier”, añadió.
Manuel Antonio Garretón, sociólogo de la Universidad de Chile, pone una duda razonable al decir que “está por verse” si por efecto de la falta de firmas del PPD y el PR el favorecido termina siendo el PS.
“Los grupos de negociación tendrán que resolver eso, dado que los partidos que sí logren reinscribirse están en condiciones de proclamas candidatos presidenciales y de llamar a primarias a postulantes que no sean militantes”, declaró a Cambio21.
Ojo con la falange. Para Mauricio Morales, “si la DC logra su refichaje y proclama a su candidata (Carolina Goic), agarra un nuevo vuelo la elección presidencial y el más complicado sería, nuevamente, Lagos, quien puede que termine saliendo de la primaria por secretaría”.
La guinda de la torta está en la derecha, dado que RN y la UDI aún están lejos de los 17.500 militantes. Por consecuencia, “si no se llegaran a constituir ninguno de los dos, y sí llegara a hacerlo Evópoli, llegaríamos al absurdo de que diputados y senadores antiguos de la UDI y RN tendrían que ir como independientes en la lista de Chile Vamos, comandados por Evópoli”, ironizó.
Dadas así las cosas, nada de raro que se termine elaborando una “Ley Corta” que extienda más el plazo para los partidos en problemas, que son casi todos. Sería una salida amable a la manera republicana y en tiempos de crisis de representación, pero con el cuco populista que implica que un outsider sin militancia se ponga la banda tricolor en marzo de 2018.
Algo así como un Donald Trump versión chilensis… sería buena la excusa.
Frente Amplio también sufre
El refichaje tiene aproblemadas a las colectividades antiguas, pero no solo de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, sino que también a las entidades alternativas que hoy trabajan en torno a la formación del “Frente Amplio de Izquierda”.
Es más, las caras visibles del movimiento, los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (MA), explicaron que antes de elegir candidato presidencial (cuyo plazo máximo es abril) esperarán que termine la fase de reinscripción de militantes de los más emblemáticos, como lo son el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde.
Cristián Villarroel, vicepresidente nacional del PEV, nos dice que “lo de las firmas es un tema central para nosotros. No todas las agrupaciones van a poder estar refichadas. Es por eso que estamos en la calle”.
“En el caso de los ecologistas, tenemos una agenda programática que no provoca rechazo. Los efectos del calentamiento global, los glaciares, las centrales hidroeléctricas y muchos otros asuntos ligados al cuidado del medioambiente son una buena plataforma de conexión con la gente”, remarcó.
Refichaje por mail
La noticia fue bien recibida por los denominados “partidos tradicionales” y claramente rechazada por las nuevas colectividades que acaban de constituirse y los movimientos que están en formación.
Es que luego que el Servicio Electoral aprobara como tercera modalidad de refichaje que los interesados se reinscriban en sus partidos a través de un correo electrónico, adjuntando una copia del carné de identidad escaneado, las reacciones no se hicieron esperar.
Hasta ahora, el refichaje se hacía de forma presencial ante un ministro de fe y a través de una modalidad “online” con clave única entregada por el Registro Civil.
Sin embargo, ante los problemas que han experimentado las entidades de las coaliciones grandes para juntar las 17.500 firmas antes del 14 de abril, el Servel accedió a la petición del PPD, una de los más afectados, que consistió -sin rodeos- en “simplificar” el procedimiento.
La medida fue discutida y votada el pasado 23 de enero dentro de un telón de fondo que graficó de forma crítica el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial Eduardo Engel, quien manifestó que “las presiones para retrasar los plazos están creciendo”.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
En la región del Bío Bío, aseguran dirigentes, las metas están pronto a cumplirse, aunque reconocen que la reinscripción vía correo electrónico ayudará.
El próximo 14 de abril vence el plazo para que los partidos políticos reinscriban o refichen a sus militantes, de acuerdo a lo establecido hace poco menos de un año, con la promulgación de la nueva Ley de Partidos Políticos.
Durante muchos años, las versiones en torno a los padrones de militantes de los partidos apuntaban a que estos estaban inflados, y fue así como la nueva legislación estableció la obligación de depurar dicho registro, considerando que la nueva normativa establece la entrega de recursos, dependiendo de cuántos militantes tenga cada colectividad.
Desde a mediados del año pasado que las colectividades están en ese proceso, y a juzgar por lo acontecido en los últimos días, no ha sido del todo exitoso. De hecho, el Servicio Electoral (Servel) acogió la petición de un grupo de partidos para que la inscripción pueda hacerse a través del correo electrónico, y no presencial y con un ministro de fe. El trámite es simple. Cada militante que desee seguir perteneciendo a las filas de la colectividad de la cual, supuestamente, ha participado, debe enviar su carnet escaneado por correo electrónico y listo.
Claro, hasta antes de la solicitud al Servel, los militantes de los partidos tradicionales debían acercarse a la colectividad y manifestar, en presencia de un ministro de fe, su deseo de ser refichados.
Las elecciones internas, eran una buena oportunidad para ello. Sin embargo, exceptuando la DC, las cifras de participación de varios de esos comicios no superaron los 7 mil. En la Falange, en tanto, participaron 21 mil adherentes.
Las críticas a la medida del Servel, por cierto, no se hicieron esperar.
Inaceptable
En la región la presidenta regional de Evopoli, Francescas Parodi, también fue dura en el análisis.
“Las facilidades que estaría otorgando el Servel son inaceptables en cualquier sistema democrático sano. No nos olvidemos que el refichaje nace de la comisión Engel, para trasparentar los números de militancia. No puede ser que a meses de haber iniciado el proceso cambien las reglas del juego”, manifestó.
La representante de Evopóli recordó que “a los partidos nuevos se nos asfixió durante el proceso, que por cierto era ante notario, e incluso se nos subió la exigencia en algunas regiones una vez iniciado el proceso”.
Parodi recordó que “está medida busca transparentar el funcionamiento de los partidos, por lo que es de vital importancia que estos extremen sus medidas en pro de la transparencia y no busquen atajos, que pone en entredicho el objetivo de el refichaje. Las reglas del juego se tienen que acordar antes de que se inicie el juego y no durante, según más me convenga”.
¿Dónde está el gran problema para los denominados partidos tradicionales?
Pasa que quienes no alcancen la inscripción de los 18 mil y fracción de militantes, como lo estipula la ley, no van a poder competir en la elección parlamentaria con candidatos del propio partido, tampoco podrían levantar una opción presidencial.
En este caso, la UDI, y los partidos, Radical (PR) y Por la Democracia (PPD), aparecen como los más complicados, son los únicos que cuentan con carta presidencial definida (aunque los gremialistas no lo han explicitado es un hecho, que su carta será el ex Presidente Sebastián Piñera).
En Concepción, el presidente comunal del PR, Carlos Carrasco, dijo que “llevamos aproximadamente 8 mil militantes reinscritos y estamos trabajando por aumentar la cifra”.
Contó que “la Juventud Radical y las Asambleas Comunales en la región está liderando el proceso, con la instalación de stand y despliegue territorial”.
Dijo que el trabajo, de todas maneras, estaba comenzando y consultado por las críticas a la “ayudadita” del Servel, Carrasco comentó que “esto no es una carrera de autos donde gana quien llega primero y donde hay que bloquearle el paso al contrincante”.
En opinión del dirigente radical, “los partidos políticos son fundamentales en toda democracia, y las herramientas que entregan las tecnologías de la comunicación y la información están disponibles para toda la ciudadanía y los partidos no son la excepción”.
Por su parte, el presidente regional de la UDI, Jorge Fuente, comentó que “nuestra meta en la región del Bío Bío son dos mil 500 militantes, y llevamos una avance del 80%. En nuestro caso, la responsabilidad cae en cada distrito, por cierto, hay algunos que están más avanzados que otros”.
Fuentes, de hecho, dijo que hay algunos distritos donde la meta ya se cumplió com creces como Arauco, Concepción y Talcahuano-Hualpén. Sobre la polémica, dijo que esta era una buena opción para ir modernizando el sistema.
Presidente PPD: “todos se tienen que mover”
En una entrevista concedida a El Mostrador, el director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, analizó las implicancias de la nueva ley, y entre otras cosas, manifestó que uno de los partidos más complicados era el PPD.
En Bío Bío, su presidente regional, Bernardo Daroch, reconoció que en algún momento el escenario era complejo, pero había cambiado.
Dijo que cada región tenía su cuota para reinscripción de militantes. Así de un total de 18 mil a nivel nacional, el Bío Bío debe aportar con mil 300 inscritos, aunque no se quiso aventurar con un porcentaje de avanza, pues dijo, “esos refichajes se van directamente a Santiago, porque lo que no queremos es entrampar esto en burocracia”.
Daroch dijo que a nivel regional tienen autoimpuesto como plazo el 28 de marzo para enviar las fichas.
“El partido tomó una determinación respecto a la cantidad de refichajes que se les va a pedir a cada parlamentarios y candidatos a distintos cargos. Es decir, aquí todos se van a tener que mover. Son 400 para los senadores, 300 para los diputados y 100 para los consejeros regionales”, sostuvo.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
El actual nivel de abstencionismo en Chile, entonces, no debiera motivar una excesiva preocupación. En efecto, como hemos visto, se trata de una tendencia mundial, cuyas razones son estructurales, y que, con seguridad, oscilará más alto o más bajo de acuerdo a las circunstancias, donde la polarización sobre el mayor o menor peligro que los ciudadanos vean respecto de sus personales “modos de vida”, será clave para mayores o menores grados de participación.
Una investigación realizada por Darío Mizrahi, sobre datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), reveló que, si se toman como referencia las últimas elecciones presidenciales, Chile es el país en el que menos ciudadanos ejercen su derecho a voto entre un conjunto de naciones con democracias estables. Y si agregamos las recientes municipales, probablemente el liderazgo se consolida.
En efecto, en noviembre de 2013, en que ganó la actual Mandataria, Michelle Bachelet, el 58% del padrón electoral decidió abstenerse y en los recientes comicios electorales municipales la cifra se elevó a65%, aun cuando el guarismo sea controvertido respecto de un universo total de ciudadanos autorizados para ejercer el derecho a sufragio, el que, como se sabe, oscila entre los 13.4 millones y los 14.2 millones, según la fuente oficial.
Pero tampoco a nivel mundial resulta fácil ni transparente tener una medida de participación efectiva en elecciones, pues, desde el punto de vista formal, aunque casi todos los países analizados se rigen por sistemas de elecciones periódicas e informadas, en varios de ellos esos comicios son simplemente fachada.
Por de pronto, el menor nivel de abstención electoral se encuentra en Laos, donde votó el 99,7% del padrón en las elecciones parlamentarias de 2011. Sin embargo, aquellos son sufragios controvertidos, dado que hay una sola fuerza política habilitada (Partido Popular Revolucionario de Laos) y el presidente no es elegido directamente por los ciudadanos, sino por el Comité Central del partido, tal como, por lo demás, ocurre en China y otras naciones socialistas o neonacionalistas.
De allí que la investigación de Mizrahi considerara para estos efectos la base de datos de IDEA e incluyera solo a naciones con al menos un millón de habitantes y con una democracia funcional, definida con arreglo al puntaje que aquella presenta en el rankingde libertades políticas realizado periódicamente por The Freedom House, el que también es utilizado como referencia por IDEA.
De esta forma, el segundo país en el que menos gente vota es la antigua República Socialista Soviética de Eslovenia, donde la abstención ascendió al 57,6% en las últimas elecciones para cargos ejecutivos nacionales. Luego aparecen Mali (54,2%), Serbia (53,7%), Portugal (53,5%), Lesoto (53,4%), Lituania (52,6%), Colombia (52,1%), Bulgaria (51,8%) y Suiza (50,9%). Se puede, pues, comprobar que el abstencionismo es un fenómeno global en el que se expresan regiones tan diversas como Sudamérica, Europa y África.
Un segundo problema de este benchmarking es que algunos de esos países tienen sistema de voto obligatorio, mientras que en otros el sufragio es voluntario. Tal distinción no es trivial, pues lo que la investigación muestra es que, efectivamente, en las diez naciones que se destacan por su alta abstención, el sufragio es voluntario y cuando el voto es compulsivo, los niveles de abstención tienden a ser menores. Así y todo, entre estos últimos, se manifiestan abstenciones como las de México, Grecia y Paraguay, con 36,9; 36,1 y32%, respectivamente, guarismos no despreciables.
Por el otro costado, Australia encabeza el ranking con menor nivel de ausentismo, con solo 6,8% del padrón, mientras que el segundo lugar lo ocupa nuestro vecino, Bolivia, con 8,1%, pero en ambos países el voto es obligatorio. Sin embargo, Sierra Leona, que ocupa el tercer puesto, con 9% de abstención, tiene sufragio voluntario. Luego aparecen Bélgica (10,6% voto obligatorio), Uruguay (11,4% con voto obligatorio), Dinamarca (12,3% voto voluntario), Suecia (14,2% voto voluntario), Benín (15,2% voto voluntario), Botswuana (15,3% voto voluntario) y Perú (17,5% voto obligatorio).
Como se ve, no se observa un patrón predecible si se argumenta en favor de uno u otro sistema de votación y más bien resulta claro que se trata de un fenómeno que crece en buena parte del mundo, en paralelo al proceso de fortalecimiento de la sociedad civil, propio de la expansión de las democracias de mercado, cuya característica es que las personas ya no están obligadas a recurrir al Estado, ni a los partidos políticos, para expresar y transmitir sus posiciones respecto de tal o cual tema de interés social, sino que operan (o no) desde movimientos sociales “single issues”, orgánicas locales reunidas por razones tan variadas como la religión, estudios, profesión, clubes de tercera edad, vecinos o de emprendedores.
Fredy Barrero, vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, citado por Mizrahi, dice que desde hace años se viene hablando de “una crisis de la representación política, que tiene como señal el alto grado de desafección por parte de los ciudadanos hacia los partidos”. Para Barrero y otros especialistas, tal desapego estaría asociado a que la democracia “no ha cumplido en aquellos temas que buscarían mejorar el bienestar de las personas”. Y añade que “a lo anterior se agregan los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos políticos, dejando entrever que sus intereses estarían más concentrados en el lucro personal, que en buscar respuestas a las situaciones socialmente problemáticas”. Nada distinto a lo que se ha diagnosticado en Chile.
Sin embargo, en la mayor parte de los países democráticos, con cumplimiento o no de los programas propuestos, con corrupción o sin ella, la abstención electoral ha seguido creciendo en las últimas décadas. Por de pronto, EE.UU. pasó de apenas 4,2% en los comicios presidenciales de 1964, a 32,1% en los de 2012. En Canadá ha ocurrido algo similar, al subir desde 24,1% en 1965 a 38,9% en 2011. E incluso en la joven democracia rusa, desde sus primeras elecciones libres en 1991, cuando el ausentismo fue de 25,3%, para 2015 ya había crecido a 34,7. Asia no está ajena al proceso y enJapón la abstención subió de 28,9% en 1963 a 47,3% en 2014.
Es decir, como reconoce el director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Salvador Romero, aparte del incumplimiento de promesas y la corrupción, son muchos más “los factores que explican el aumento de la abstención, cuyo impacto, por lo demás, varía de país a país, y según a las coyunturas”, añadiendo al diagnóstico ese reconocido desinterés de los jóvenes millennials y/o nativos digitales, hecho “que anticipa generaciones menos participativas que las que asistieron a la reconquista de la democracia”.
En América Latina el proceso es cada vez más intenso: en Chile ha subido desde el 13,2% en 1964 a 58% en 2013 y a 65% en 2016 y, según los analistas, se explicaría por la reforma electoral de 2010, que cambió el anterior sistema de registro voluntario y voto obligatorio por uno de inscripción automática y sufragio optativo, como el que rige en la mayor parte de Europa y EE.UU. Pero, como señala Mauricio Morales, profesor de la Universidad Diego Portales, si bien en Chile la participación llegó al 90% en las primeras elecciones libres, lo que obedeció a la decisión de los chilenos por consolidar la democracia, la participación se fue deprimiendo y ya antes del voto voluntario la abstención había escalado al 60%.
Nuestro país no es excepcional: en Costa Rica, la abstención pasó de 18,6% en 1966 a 44,4% en 2014; en Brasil, de 11,9% en 1989 a 21,1% en 2014; en Argentina de 14,4% en 1963 a 20,6% en 2011 y en México, de 30,7% en 1964 a 36,9% en 2012. En Europa, en tanto, la abstención trepó en España de 23% en 1977 a 31,1% en 2011; en Reino Unido, de 24% en 1964 a 34,2% en 2010; en Alemania, de 13,2% a 28,5% entre 1965 y 2014 y en Italia, de 7,1% a 24,8% entre 1963 y 2013.
Parece, pues, no haber correlación visible entre el desencanto con los políticos por sus promesas incumplidas o la corrupción -que, por lo demás son fenómenos de muy larga data-, sino más bien con el acelerado proceso de desarrollo económico y progreso personal de los votantes en las últimas décadas, lo que, junto con la integración cada vez mayor a la habitualidad de las nuevas fuerzas de producción e intercomunicación, han ido alejando a las personas desde los entornos del anterior Estado benefactor socialdemócrata o socialista protector y paternalista (que terminó quebrando) y de sus clases políticas que, dada una estructura que lo favorece, tienden a clientelizar sus vínculos con la sociedad, buscando la contraprestación del voto para su eternización en el poder dirigente. Simple cuestión de naturaleza humana y que ya en el siglo XIX nos alertaba Adam Smith.
Así, desde un par de décadas, como recuerda Morales, “los partidos políticos ya no son aquellas agencias que producían empleo y bienestar, por su influencia”, sino que, merced al triunfo del capitalismo tras la caída de los “socialismos reales”, el bienestar se alcanza (o no) hoy, mayoritariamente, a través del esfuerzo individual y personal. Las colectividades dejan de ser canales exclusivos de intermediación entre el votante y los poderes, lo que se observa nítidamente, en particular, en una democracia como la chilena, en la que, a mayor abundamiento, las decisiones de gasto estatal -que serían un buen estímulo para elegir “un padrino” cercano- no están en manos de los parlamentarios, sino que son atributo exclusivo del Ejecutivo. Así las cosas, diputados y senadores, alcaldes y concejales, suelen ser vistos como simples “free raiders” persiguiendo el voto ciudadano para lograr o mantener puestos de poder, luego de lo cual, “una vez apitutados, se olvidan de los electores”.
En todo caso, esta conducta ha resultado irrelevante -hasta ahora- para la estabilidad democrática del país, pues el ciudadano común parece no ver peligros en su abstencionismo y, mejor aún, siente que es la democracia la que le otorga esa libertad de legitimar o no a sus autoridades, mediante el uso del único medio de expresión periódica que tiene para evaluar la conducta en el poder; o porque, dada esa misma libertad, estiman que, para sus intereses, su tiempo libre tiene otros usos más rentables que “malgastarlo” en una selección de individuos que “no inciden para nada” en sus vidas, trabajo o bienestar.
El actual nivel de abstencionismo en Chile, entonces, no debiera motivar una excesiva preocupación. En efecto, como hemos visto, se trata de una tendencia mundial, cuyas razones son estructurales, y que, con seguridad, oscilará más alto o más bajo de acuerdo a las circunstancias, donde la polarización sobre el mayor o menor peligro que los ciudadanos vean respecto de sus personales “modos de vida”, será clave para mayores o menores grados de participación.
Afortunadamente, la expresión de los intereses propios tiene hoy muchos más canales, aparte de los partidos. La democracia ha abierto un enorme espacio a la sociedad civil. Al mismo tiempo, no obstante la amplia mayoría que coincide en que siempre habrá necesidad de ajustes y reformas que mejoren los mecanismos del sistema, cambios sustantivos al actual modo de vida que pongan en riesgo el esfuerzo invertido en lo avanzado, son rechazados muy extensamente. Los resultados de las recientes municipales son un claro mensaje en tal sentido, el que, por lo demás, el propio ex Presidente Lagos reconoció, llamando “rectificar” el rumbo seguido por el Ejecutivo.
Buena parte de los chilenos usamos los resultados de las encuestas para fundar opiniones sobre tal o cual hecho, entre otros, el propio alto rechazo a la acción del Gobierno, basado en la opinión aleatoria de entre 1.500 y 3.000 consultados. Y si le creemos a las encuestas, resulta ilógico relativizar los resultados de una votación que abarcó a más de 5 millones de chilenos en todo el país. Este “sondeo” envió un claro mensaje de moderación, gradualidad y acotamiento del proceso reformista y se ha constituido en un llamado a recomponer confianzas, a mejorar la actividad económica, a rectificar el camino y dar oportunidad a la inversión y el gasto de los chilenos. Como dijera José Antonio Guzmán, ex presidente de la CPC, “los chilenos que votaron representan perfectamente el sentir de los que no votaron”, porque desde una perspectiva de probabilidad estadística, si se midieran las preferencias del 65% de abstención, veríamos un comportamiento similar al que observaron los cinco millones que sí sufragaron
Mal hacen, pues, algunos representantes de la derecha en relativizar los resultados de estas últimas elecciones, apuntando a la alta abstención. Este es un argumento que les viene mejor a los derrotados, porque, de ese modo, la caída es para “toda la clase política” y la aplastante victoria de la centroderecha (y del centro en general) puede ser deslegitimada como llamado de atención para un cambio hacia la moderación. La excepción “radical” de Valparaíso solo confirma la regla y con seguridad, quienes no votaron, no solo volverán masivamente a las urnas en cuatro años más, sino que muy pronto estarán en las calles alegando por una mejor gestión para esa comuna.
Es cierto, pues, que las democracias con pocos participantes asumen sus riesgos. El mayor de ellos es que se pueden abrir puertas a populismos, en que candidatos de esa naturaleza basan sus campañas en el malestar ciudadano y los discursos antipartidos tradicionales. Al caer en tales tentaciones, la democracia pierde fuerza, emergen los autoritarismos de izquierda y/o derecha pudiendo llevar a la sociedad a golpes, revueltas o, en el mejor de los casos, a juicios políticos, como, por lo demás, ya hemos visto en América Latina. Las alzas de participación electoral democrática también existen: India, donde el número de ausentes en los comicios cayó de 39% en 1967 a 33,6% en 2014; en Uruguay, que descendió de 25,7% en 1966 a 11,4% en 2014; en Ecuador, que pasó de 22,5% en 1968 a 18,9% en 2013; y en Suecia, donde el abstencionismo bajó desde 16,1% a 14,2% entre 1964 y 2014. Seguramente, en próximas elecciones en Chile asistiremos a un fenómeno similar.
En este marco, los probables intentos de la clase política de retornar al voto obligatorio, en todo caso, serán como el “sillón de Don Otto”. Como hemos visto, las razones de la abstención son estructurales y más profundas que la mera desconfianza ciudadana en sus clases políticas o la corruptela, ambos hechos presentes por decenios. Más bien hay que razonar sobre estas nuevas tendencias que emergen desde los cambios en la economía y las relaciones sociales a nivel global, fenómeno derivado de la explosión del conocimiento y las nuevas formas de producir anexas, mismas que, empero, desde una perspectiva optimista, posibilitarán la nueva democracia del siglo XXI, tecnológicamente superior, hiperconectada, participativa, con ciudadanos más conscientes y educados. El voto electrónico es apenas el comienzo de esta sobreviniente revolución.
Así y todo, la “educación política” (o cívica) seguirá por unos años más tan indelegable en los partidos políticos, como lo es la divulgación de los principios morales de parte de Iglesias y familias, esta vez en un proceso necesariamente menos compulsivo, más racional, participativo, voluntario y consciente. No habrá mejor democracia forzando a los ciudadanos a expresar su opinión electoral vía voto obligatorio, como tampoco personas más decentes con un modelo de imposición religiosa o moral que nos retorne al Estado confesional. Los 10 mandamientos tienen ya más de 5 mil años y aún seguimos transgrediéndolos.
Como buen corolario, y según apunta Mizrahi, la interrogante final es si las actuales dirigencias políticas están interesadas en desarrollar una democracia más rica, con mayor participación ciudadana en términos cuantitativos y cualitativos, dado que ampliarla implica más competencia interna y mayores problemas en el manejo de la organización. También porque, mientras menos gente vota, hay menos incertidumbre (de hecho, el 70% de los incumbentes en las municipales fue reelegido), pues quienes sufragan tienen preferencias más o menos estables y reconocidas. De allí que impulsar el ingreso de más gente al “mercado electoral” no implica necesariamente más beneficios para la clase política incumbente, sino por el contrario. En las próximas semanas veremos si tal voluntad es real o solo una nueva promesa incumplida.
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La opinión pública chilena ya está convencida de que los poderosos –políticos, empresarios, representantes del clero, y militares– han abusado persistentemente de su poder. De la confianza se pasó al escepticismo, del escepticismo a la impotencia, y de la impotencia a la rabia y el malestar.
Mientras los tribunales de justicia realizan una paciente labor de investigación de casos por corrupción, colusión entre privados y abusos de poder en otras instituciones, la ciudadanía ya definió su veredicto: son todos culpables. Puede que aquello no sea totalmente cierto. Quizás, las sesudas investigaciones de fiscales y jueces determinarán que algunos de quienes pasan por el estrado no merecen un juicio. Sin embargo, como regla general, la ciudadanía hace bastante tiempo ya tomó una decisión: son culpables de abusar de su poder.
Entonces, las reiteradas afirmaciones hechas por políticos y hombres de negocios respecto a dejar que las instituciones funcionen, esperar que la justicia haga su trabajo antes de emitir un juicio, o no condenar en la plaza pública a alguien sin darle una oportunidad para que pruebe su inocencia, son frases que no afectarán el juicio ciudadano.
La opinión pública chilena ya está convencida que los poderosos –políticos, empresarios, representantes del clero, y militares– han abusado persistentemente de su poder. De la confianza se pasó al escepticismo, del escepticismo a la impotencia, y de la impotencia a la rabia y el malestar.
El juicio ciudadano es claro: los empresarios aprovechan su privilegiado acceso al poder para sacar ventajas del sistema y obtener leyes favorables a sus intereses, los políticos se mantienen en el poder gracias a esta privilegiada relación con los hombres de negocios, los tomadores de decisión se reservan privilegios y modelan la legislación para mantener aquella privilegiada posición.
Tampoco la ciudadanía cree en la justicia. La justicia –piensa la gente de la calle– opera muy bien para los pobres que terminan en la cárcel. Pero no funciona para los grupos privilegiados. No habrá cárcel para políticos, empresarios, curas o militares que abusaron de su posición de poder.
Aunque los delitos denunciados en el último tiempo son muy diferentes, la sensación que queda en la ciudadanía es que el abuso es parte del sistema en que nos relacionamos. Aquí no hay espacio para matices. Por ejemplo, es muy diferente utilizar información privilegiada, coludirse o adulterar una boleta o entregar una factura por un servicio no prestado. Sin embargo, a la luz de la ciudadanía el denominador común de todas estas prácticas es el abuso de poder.
Las respuestas políticas no alcanzan a comprender este malestar que se ha instalado en la sociedad. Las estrategias de empresarios o actores políticos es muy similar: primero se desmiente, luego se evita responderle a la prensa, luego buscan convertirse en víctimas de persecusiones de sus adversarios, a continuación se reconocen “errores”, y luego se apela a recursos judiciales para evitar el castigo.
Los partidos políticos, en general, han optado por discursos cautos y extremadamente apegados al derecho, aludiendo a la necesidad de dejar que sean los tribunales los encargados de establecer la culpabilidad. No se comprende que la ciudadanía ya tomó su veredicto.
Lo anterior genera una percepción de agobiante inmovilismo. Los partidos siguen haciendo lo que han acostumbrado hacer por décadas. Ningún partido tradicional se atreve a cambiar prácticas concretas en la forma de hacer política. Ningún partido tradicional organiza una efectiva campaña pro transparencia de sus procedimientos internos. Ningún partido tradicional apuesta por una renovación en serio de sus principales liderazgos. Ningún partido tradicional organiza nuevas estrategias para relacionarse con la ciudadanía. La oferta política sigue y probablemente seguirá siendo la misma.
Pensar que la solución está en “esperar que los tribunales dicten una sentencia” es no comprender la profundidad del problema de representación que vivimos. Esta crisis de representación no se resolverá por la vía de la justicia porque el tema no es judicial sino que eminentemente político.
Hace ya varios años que gran parte de la ciudadanía se desafectó de los partidos –no confía y no siente afinidad con ellos–. Por lo mismo, las instituciones políticas requieren de una nueva forma de relacionarse con esta ciudadanía desafectada.
Lo preocupante de todo esto es que ninguna de estas discusiones se da en el marco de los Congresos de los partidos de muy reciente data. Allí se sigue discutiendo lo que saben discutir: pactos electorales, definición de candidaturas y –con suerte– la lealtad con el programa de gobierno.
El sistema político chileno –por el momento– está condenado a convivir con una enorme masa de ciudadanía desafecta y una cada vez más pequeña masa de ciudadanía que seguirá concurriendo a votar en las elecciones. Si los partidos no cambian sus discursos y prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, estarán condenados a gobernar para unos pocos y seguramente a sucumbir en el mediano plazo.
En este escenario, existen tres opciones posibles: la regeneración de los partidos tradicionales, la emergencia de nuevos referentes o la emergencia de líderes carismáticos populistas que coparán el vacío de poder que se está generando. No hay mucha ciencia en esta repetida historia de auge y caída de los sistemas de partidos políticos, y no cabe duda que Chile experimenta los evidentes signos del declive de un sistema en fase de agotamiento.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Lo que se le exige a los partidos nuevos o emergentes es algo muy sencillo: seriedad y despliegue territorial. Si con las reglas más exigentes se pudieron constituir el PRO, Igualdad, Ecologista-Verde, Democracia Regional Patagónica, ¿por qué no puede suceder lo mismo con el resto de los partidos en formación? Los firmantes son insistentes con las exigencias para los partidos tradicionales, pero los emergentes gozan de un trato curiosamente privilegiado.
En una carta firmada por miembros de la Comisión Engel, algunos diputados, académicos, fundaciones y partidos emergentes, se alega sobre los déficits de la ley de partidos en discusión. Uno de ellos corresponde a las barreras de entrada para la formación de partidos y su subsistencia. La reforma al binominal rebajó dichas barreras de manera exagerada, dando espacio para la emergencia de partidos regionales. Dado que esa reforma indicaba que un partido podía formarse en una sola región y con el 0,25% de las firmas de acuerdo a la participación electoral en los comicios de diputados anteriores, entonces formar partidos se tornaba una tarea peligrosamente fácil.
Con la ley antigua, un partido podía formarse si registraba firmas del 0,5% en tres regiones contiguas o en 8 regiones. Hay 14 partidos constituidos. ¿Cuál es el argumento de los firmantes para bajar esas barreras de entrada?, ¿qué tiene que ver esa rebaja con una mayor competencia electoral?, ¿por qué se les debe facilitar la vida a los políticos que quieren formar partidos emergentes y fusilar a los partidos tradicionales?
Varios de los firmantes han pronosticado la crisis terminal de nuestro de sistema de partidos. Otros, han llamado a hacer una especie de autopsia a nuestros partidos. Dándolos casi por muertos, los firmantes ignoran que más del 90% de los representantes (alcaldes, concejales, Cores, diputados, senadores) pertenece a los partidos tradicionales. Es cierto que la participación electoral ha descendido, pero en eso ha incidido de manera directa el régimen de voto voluntario. No es correcto afirmar que la caída de la participación sea parte de la tendencia observada desde la década pasada. Con el voto voluntario el descenso fue más significativo.
La rebaja en las barreras de entrada tendrá un efecto pernicioso. Puede ser que varios de estos partidos emergentes no logren representantes, pero sí abultarán desmesuradamente las papeletas de votación, generando confusión y mayores costos de información para los votantes. En la circunscripción provincial de Arica hubo 70 candidatos a Core en 2013. ¿A cuánto aspiran los firmantes?, ¿habrán pensado que el aumento excesivo del número de candidatos afecta la votación válida especialmente en las zonas rurales y pobres?, ¿qué gana el sistema de partidos con más candidatos en las calles?
Lo que se les exige a los partidos nuevos o emergentes es algo muy sencillo: seriedad y despliegue territorial. Si con las reglas más exigentes se pudieron constituir el PRO, Igualdad, Ecologista-Verde, Democracia Regional Patagónica, ¿por qué no puede suceder lo mismo con el resto de los partidos en formación?
Los firmantes son insistentes con las exigencias para los partidos tradicionales, pero los emergentes gozan de un trato curiosamente privilegiado. Está bien que algunos de los firmantes quieran cumplir con su profecía respecto a la desestructuración y crisis total del sistema de partidos para luego decir que la fragmentación “explotó” y que Chile va camino al despeñadero, pero hacerlo mediante este tipo de argumentos suena un poco tramposo. Adicionalmente, los firmantes demuestran un conocimiento limitado de los partidos chilenos. De hecho, uno de ellos sostuvo públicamente que ¡para elegir alcaldes en Chile –antes de 2004– se utilizaba el sistema electoral binominal!
La rebaja en las barreras de entrada tendrá un efecto pernicioso. Puede ser que varios de estos partidos emergentes no logren representantes, pero sí abultarán desmesuradamente las papeletas de votación, generando confusión y mayores costos de información para los votantes. En la circunscripción provincial de Arica hubo 70 candidatos a Core en 2013. ¿A cuánto aspiran los firmantes?, ¿habrán pensado que el aumento excesivo del número de candidatos afecta la votación válida especialmente en las zonas rurales y pobres?, ¿qué gana el sistema de partidos con más candidatos en las calles? Las puertas ya se abrieron con la reforma al sistema electoral. ¿Qué se busca con esta idea? Luego, si además se rebajan las barreras de subsistencia –porcentaje de votos o número de representantes–, ¿qué tipo de sistema tendremos?
Algunos de los partidos nuevos ya constituidos no contaban con un solo liderazgo nacional o regional, pero igual cumplieron con la ley. Y si no alcanzan un porcentaje mínimo de votos (por ejemplo, el 5%) o un número razonable de representantes (3 o 4, por ejemplo), debieran reinscribirse. Punto. Incluso, esas reglas debiesen ser aún más estrictas para que los partidos accedan al financiamiento estatal. De lo contrario, tendremos un muy buen negocio. Un independiente podrá formar partido en una sola región y, además, tendrá acceso al financiamiento público. Ahí sí que tendremos un incremento sustantivo en el número de actores de veto. Esto es connatural a la política, pero estimularlo es, definitivamente, una muy mala práctica.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como alguien siempre tiene que pagar -y como no hay legislación que hoy regule el gasto en campaña que se realiza antes de los 90 días que dura la campaña oficial- podemos sentirnos confiados en que se viene una nueva temporada de escándalos en el financiamiento de la política.
Aunque el debate político ya está centrado en la próxima temporada electoral -con candidatos a alcalde comenzando sus campañas y aspirantes presidenciables copando los medios- el sistema de financiamiento de las campañas sigue siendo el mismo que permitió las irregularidades que llevaron a los escándalos políticos que en estos días comienzan a producir las primeras condenas judiciales. Lamentablemente, la molestia que generaron estos escándalos no ha llevado a un cambio en la ley que rige el financiamiento de campaña. Todos los que ya empezaron a gastar lo están haciendo por fuera de la ley. Mientras las campañas sólo puedan incurrir en gasto en los 90 días anteriores a una elección, los resquicios legales para encontrar formas de financiamiento irregular de la política seguirán existiendo.
Como toda interacción entre personas que buscan avanzar sus intereses, el financiamiento de la política se convierte en un mercado. Por un lado, hay financistas que promueven agendas políticas o bien aspiran a defender sus intereses (empresariales o personales). Por el otro, hay candidatos que necesitan dinero para poder hacer campañas. El mercado consiste en el intercambio de recursos por posiciones políticas o por el compromiso de que, en caso de ganar, los candidatos protegerán a sus financistas. Por cierto, los financistas bien pudieran buscar sólo la defensa de determinadas posturas ideológicas -mercados más libres, más libertades individuales o la pena de muerte-. Pero como las posturas ideológicas siempre tienen consecuencias prácticas en la sociedad -favoreciendo a ciertos actores y perjudicando a otros, generando oportunidades para algunos y cerrando ventanas para otros- resulta más fácil generalizar las razones de los potenciales donantes diciendo simplemente que los que ponen la plata tienen ciertos intereses que quieren que sean defendidos posteriormente por los representantes electos que reciben el financiamiento.
Como todo mercado, cuando la regulación no es adecuada se producen asimetrías de información, colusión y abuso. De ahí que sea esencial que exista una institucionalidad que regule el mercado del financiamiento de la política. Lamentablemente, en Chile hoy nos movemos entre los que quieren prohibir el mercado y los que prefieren que el mercado siga existiendo en la sombra de la ilegalidad.
Los carteles que ya comienzan a aparecer promoviendo a candidatos a alcalde muestran que la campaña ya comenzó. Pero la clase política sigue obsesionada en discutir cómo prohibir cosas que resulta imposible prohibir. Igual que los ultraconservadores que quieren controlar la vida sexual de las personas, los talibanes de la prohibición al financiamiento electoral creen que basta con pasar una ley para terminar con los enormes incentivos que tienen las empresas y muchas personas para ayudar a sus candidatos favoritos a ganar una elección.
Hay buenas razones para creer que esos talibanes de la prohibición en realidad sólo quieren aparecer como haciéndose cargo de la molestia de la gente. Si realmente hubieran querido hacer algo al respecto, le hubieran dado las herramientas al Servel para fiscalizar a las campañas antes de que se inicien oficialmente. Pero los parlamentarios entienden bien que el mejor de los mundos para potenciar sus aspiraciones de re-elección es abusar de su posición de privilegio. Al prohibir que los desafiantes puedan gastar en sus campañas, los diputados y senadores actuales aumentan sus chances de ganar gracias al reconocimiento de nombre que ya poseen. Además, como ellos pueden desviar fondos desde sus presupuestos para gastos de distrito a sus propias candidaturas y a las de sus aliados, los titulares no quieren permitir que otras personas puedan incurrir legalmente en gastos de campaña desde ya.
Como en todo mercado, cuando se limitan las opciones para que entren nuevos competidores, los que ya ostentan su participación de mercado se ven beneficiados. Los partidos, al negarse a extender el periodo legal de campaña para antes de los 90 días que rigen actualmente, logran dejar fuera a los competidores que buscan desafiar sus feudos. Como los incumbentes además tienen la posibilidad de usar recursos públicos para empezar a gastar desde ya, la elección deviene en una competencia desleal entre los que se coluden para controlar el mercado y los osados desafiantes que compiten en una cancha con el viento en contra.
A un mes de que termine el 2015, ya estamos entrando en la próxima campaña electoral. Empiezan a aparecer carteles y letreros promoviendo candidatos. Los aspirantes se prepararan para visitar juntas de vecinos y escuelas con regalos para los niños. Como alguien siempre tiene que pagar -y como no hay legislación que hoy regule el gasto en campaña que se realiza antes de los 90 días que dura la campaña oficial- podemos sentirnos confiados en que se viene una nueva temporada de escándalos en el financiamiento de la política.
Los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales, correspondiente al año 2015, refleja un escenario preocupante en cuanto a la representación e imagen de la clase política frente a la ciudadanía.
Esto porque un 80.8% de los consultados no se siente identificado con ningún partido político, lo que representa el más alto nivel desde que comenzó la medición. Esto se complementa con el aumento en la desaprobación del desempeño de las dos principales coaliciones.
Mientras la Alianza –hoy conocida como Chile Vamos– alcanza un 74,6% (17,4 puntos más que en 2014), la Nueva Mayoría está en el 71,6% (24 puntos más que la misma medición del año anterior). Además, un 52,5% de los encuestados declara no sentirse nada interesado en política.
Bachelet mantiene baja aprobación
Respecto a la aprobación presidencial, un 28,9% aprueba la gestión de Michelle Bachelet como Presidenta de la República, frente a un 64,3% que la desaprueba. Las cifras representan una caída respecto a lo cotejado el año pasado, cuando la Mandataria tenía 43,1% de aprobación y 43,6% de desaprobación.
En cuanto a su credibilidad, un 72,6% dice que le cree pocas veces o nunca mientras un 24,8% asegura que le cree siempre o la mayoría de las veces. Las diferencias respecto a 2014 son significativas, ya que el 60,4% no le creía y el 36,5% decía creerle a la Mandataria.
El Gobierno tampoco sacó cuentas alegres, ya que un 20% aprueba su desempeño, mientras que un 72.2% lo aprueba. Esto muestra un cambio importante respecto al año pasado, cuando la aprobación era de 36%, y la desaprobación de 49.8%.
La encuesta de la UDP muestra que al preguntar sobre los atributos de Bachelet, en una escala de 1 a 7, la presidenta saca “nota roja” en casi todos: Honestidad (3,94), Capacidad para resolver problemas de la gente (3,71), Capacidad para lograr acuerdos con la oposición (3,56), Firmeza en la toma de decisiones (3,57) y Capacidad para liderar su posición política (3,66). Unicamente destacada en su capacidad para representar a Chile en el extranjero, con un 4,16.
Carrera presidencial
Si bien en la encuesta se explica que sigue siendo alto el número de quienes declaran no saber quién cree será el próximo Presidente (52,9% por mención espontánea), quien comanda las preferencias es el ex presidente Sebastián Piñera, con un 18,4%. Le siguen Ricardo Lagos (7,4%) y Marco Enríquez Ominami (6,2%). Cuando se consulta sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente (mención espontánea), entre quienes declaran nombres específicos (46,9%), las principales preferencias son Piñera (11,8%) y Enríquez- Ominami (10,1%).
El sondeo de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales entrevistó de forma presencial a 1.302 personas mayores de 18 años, en 89 comunas del país. La encuesta representa al 84,5% de la población urbana del país y fue aplicada entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre.
Larry Bartels planteó que los sectores más acomodados mantienen influencia debido a la cercanía que tienen con quienes detentan el poder político, más que por el dinero que aportan: “el rol del dinero en los procesos de campaña parece ser sólo una pequeña parte de todo el cuadro de influencias”.
“Una de las lecciones políticas es que estas reformas es más probable que triunfen si se implementan relativamente rápido, y si están diseñadas de una manera que los beneficios se vean claramente lo más rápido posible”, fue una de las sentencias del politólogo estadounidense, Larry Bartels, académico de la Universidad de Vanderbilt, en respuesta al por qué los programas de reformas suelen ir perdiendo apoyo conforme son implementadas.
El profesor estaodunidense, realizó una charla en la Universidad Diego Portales, titulada “Desigualdad Económica y Representación Política en un Marco Democrático”, en la cual presentó algunos de sus estudios que demuestran que la desigualdad económica no sólo tiene sus raíces en esta área, sino también en las decisiones de política pública que los gobiernos toman.
En este sentido, el autor del libro “Unequal Democracy” en el cual demuestra que la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos se ha acentuado más durante las administraciones republicanas, mientras que durante los gobiernos demócratas estas se han acortado, hizo énfasis en la necesidad de perfeccionar los sistemas políticos, ya que en la actualidad, se debería hablar más de oligarquías que de democracia, propiamente tal.
Usted se refirió al final de su conferencia que en el mundo, al parecer, más que democracias, lo que existen son oligarquías, ¿por qué?
En la mayoría de las sociedades democráticas, hay mucho apego a los ideales de la democracia, y la gente quiere creer que su sistema es democrático, en la práctica tanto como en los ideales, y creo que es importante forzarlos y dirigirlos el sistema hacia esos grandes ideales. Es cómodo simplemente imaginar el sistema funcionar más o menos en ese sentido, pero en la mayoría no es ese el caso.
Chile lleva alrededor de cinco años con un sistema de voto voluntario, y se ha manifestado que la participación de la población en los procesos eleccionarios ha decrecido hasta alcanzar menos del 50 por ciento del padrón, ¿cree que con este tipo de medidas se favorece la influencia de las élites, que tienden a participar más en política, en desmedro de las clases sociales más bajas?
En mi opinión, es una política que probablemente tenga buenos efectos, si es que tiene alguno, porque el rango de preferencias e intereses de la sociedad será más directamente reflejada en el proceso electoral, pero la gran limitación, me parece que es que los ciudadanos no son muy exitosos en usar las elecciones para traducir sus preferencias en políticas por un montón de razones. La gente no vota considerando cuestiones políticas o ideológicas, entonces la idea que tienen todos en la urna será automáticamente traducida por un gobierno que es receptivo a los deseos de la gente o a la palabra de la gente, creo que es muy reduccionista porque no corresponde a cómo los electores realmente se comportan.
En nuestro país se plantea que una de las consecuencias del voto voluntario es que las personas con mayor educación, y que de manera casi unánime corresponde a los segmentos sociales más acomodados, terminan siendo los que participan más activamente en política, pudiendo generar una distorsión en la generación de políticas públicas.
En la mayoría de los lugares en donde se presentan diferencias que favorecen a las personas con más riqueza y educación, mi punto es que el voto no se transmite automáticamente en influencia política, en ningún caso. Si la gente más adinerada obtiene más receptividad del sistema político, creo que no es porque tengan más dinero, sino que sus ventajas en otras áreas los acercan más a los procesos de generación de políticas.
Se está discutiendo actualmente en nuestro país la forma de financiamiento de los partidos políticos y las campañas, siendo la propuesta del Gobierno el financiamiento público de las colectividades, ¿es esta la solución para evitar la influencia del poder económico en la política?
Yo diría que es improbable que se evite la desproporcionada influencia de esos grupos, pero es probablemente una forma de mitigarla. Una de las cosas que no entendemos aún muy bien es cómo la riqueza se traduce e influye en el proceso de generación de políticas, y las contribuciones a las campañas es una de las formas, y es una de las especialmente visibles, por ello que el efecto más importante para cambiar el sistema sea, probablemente, estimular la confianza pública en el proceso político, incluso si hay otros caminos a través de las cuales la gente adinerada desproporcionadamente afecta los resultados de las políticas. No sé cuáles son las circunstancias que existen aquí, pero en los Estados Unidos la gente estudia el rol de las corporaciones en el gobierno y la cantidad de dinero que gastan en lobby y en el contacto directo con autoridades políticas, que puede ser ocho o diez veces más de lo que contribuyen en campañas electorales. Entonces, el rol del dinero en los procesos de campaña parece ser sólo una pequeña parte de todo el cuadro de influencias.
También en nuestro país se están discutiendo una serie de reformas, como la Tributaria, Laboral y Educacional, las cuales contaban con un amplio apoyo al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet, pero que ahora se ha ido reduciendo ese soporte. ¿Cómo pueden evitar las administraciones perder ese apoyo y que, al contrario, se plieguen las clases media y baja al discurso de los grupos políticos más adinerados?
Creo que es un patrón común que la gente sea más entusiasta sobre las reformas en un principio en el resumen que en el proceso real de la reforma, que usualmente suele ser más dificultoso y enredado, por lo que creo que una de las lecciones políticas es que estas reformas es más probable que triunfen si se implementan relativamente rápido, y si están diseñadas de una manera que los beneficios se vean claramente lo más rápido posible, por ejemplo una de las mayores trampas de la Reforma de Salud en Estados Unidos, es que el sistema estaba diseñado para que la gente comenzara a obtener beneficios un par de años después que la política estuviera en funcionamiento, entonces hay un largo período en el que la gente no podría ver ninguna ventaja de manera directa que pueda representar un cambio para los beneficiarios, lo que genera impopularidad en los primeros años, pero lo tuvieron que diseñar así por razones más complejas.
Es la pugna entre el corto y el largo plazo en cuanto a las reformas
En el corto plazo, la gente se enfocará en la visión, y en largo plazo se enfocará, probablemente, en lo que pueden observar de cuán bien está funcionando la política está funcionando y qué efectos tiene en ellos y en otras personas, entonces si el corto plazo resulta costoso y enredado el apoyo, probablemente, se evaporará rápidamente, incluso si los efectos de largo plazo de la medida pudiera ser favorable.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Desafección por los partidos políticos
Según el estudio de opinión, sólo un 24% de los chilenos declaró sentirse cercano a los partidos políticos. Esta cifra se ubicó un punto sobre el 23% de Brasil, país que quedó último en la tabla. Ambos porcentajes se encuentran por debajo del promedio regional que registró un 40%.
“Esto no tiene que ver con izquierda o derecha o tal o cual partido, esto es una crisis de representación generalizada. La gente no se siente representada, por eso no va a votar, por eso no se siente respaldada por el Congreso”, señaló Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.
Por su lado el analista político de la UDP Mauricio Morales señaló que “Chile y Brasil tienen en común algunas cosas, están los mismos partidos más o menos siempre en el gobierno o en la oposición. A esto se le llama sistema de partidos hidropónicos: son muy estables, pero no tienen raíces”.
Los intereses de los representantes
Otro punto que evidenció la lejanía entre el poder político y la ciudadanía, fue la percepción de la población respecto de los intereses de los representates. A la pregunta “¿diría usted que Chile está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, sólo un 20% indicó que sería en beneficio de la población en general.
Esto ubica a Chile en el 15º puesto, sólo superado por Brasil, Paraguay y Costa Rica, y nueve puntos por debajo del promedio regional que registró un 29%.
“Chile es un país con bastantes niveles de desconfianza con el poder, no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Cuando se miran datos de la década del 60, se encuentran unos muy semejantes que los que uno ve ahora. Es muy poca la gente que va a contestar que el Estado es importante en su vida, y dentro del porcentaje que declara que el Estado sí es significativo, un gran porcentaje va a decir que es para mal, y el mundo político no ha sido capaz de absorber esto, y no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana”, indicó Eugenio Guzmán, de la Escuela de Gobierno de la UDD.
La imagen del Congreso
Sumado a esto, el Latinobarómetro evidenció que los chilenos se sienten escasamente representados por el Congreso, registrando que sólo un 19% se sienten interpretados por el Poder Legislativo.
Esta cifra sitúa a Chile en el 12º puesto, quedando otra vez debajo del promedio latinoamericano, que alcanzó 23 puntos porcentuales.
“Esto tampoco es culpa de un tal caso Penta o un tal Peñailillo, esto es algo general. Esta es una crisis que va más allá de la contingencia. Y lo que sucede cuando existe estas crisis de representación, es que la gente no le cree a nadie y empiezan a pensar en los candidatos que están por fuera. Y ahí surgen los populismos”, manifestó Lagos.
Participación electoral
“Es posible concluir que luego de 20 años, hoy en América Latina votan más ciudadanos, siendo Chile el país donde se ha registrado una mayor caída en la participación electoral del periodo”, dice el estudio.
“En la última elección presidencial donde resultó electa Michelle Bachelet para un segundo mandato la participación fue un 34% menos que el promedio en los últimos 20 años”, se enfatiza.
Y si bien se advierte que la participación “cae sin cesar desde 1993” y se acentúa tras el cambio de voto obligatorio por voluntario, Marta Lagos señala ese no debe entenderse como el único factor.
“No hay que echarle la culpa al empedrado, no hay ningún país que tenga una caída tan grande como Chile. Aquí la crisis de representación es profunda y se viene arrastrando, y paso a paso, todos los días aumenta un poco más”, indicó.
A su turno, Morales señaló que si bien el paso a un sistema voluntario aceleró la baja en la participación esto “ya se venía experimentando”.
“Si en la elección municipal del año 2008 participaron alrededor del 58% de quienes tenían edad para votar, en 2012 esa cifra se reduce a 41%. Lo más graves no es la caída en los volúmenes de participación, sino la composición de esa participación. Esa participación es mucho más alta en las clases más altas”.
Satisfacción con la democracia
Pese a la baja valoración que evidenciaron los chilenos sobre los representantes y las instituciones políticas, la satisfacción con la democracia se mantuvo por sobre el promedio regional (37%), alcanzando un 43% de valorización.
En tanto, respeto a la percepción sobre la probidad en el desarrollo de los comicios, un 67% de los chilenos señaló que las elecciones eran “limpias”, sólo siendo superados por Uruguay que alcanzó un 82%.
“La gente valora que las elecciones sean limpias y transparentes, pero critica a los representantes. Parece que lo que quiere es cambiar caras, pero no las instituciones”, agregó Morales.
Claudio Fuentes, Director Escuela de Ciencia Política UDP, remarca que la iniciativa del gobierno para financiar a los partidos constituye un cambio paradigmático. Sin embargo, destaca que esta entrega de recursos no está condicionada a estándares, ni de transparencia, ni de democracia interna.
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.
Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.
Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.
Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.
Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.
La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.
El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.
La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.
Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.
Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.
La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.
Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el Congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.
Hoy la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos -la Democracia Cristiana y el Partido Comunista- es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.
Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.
Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.
Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No sólo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.
Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundados, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.
Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.
Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.
Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.
El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al Congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.
En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor escenario uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción propuso entre sus medidas la reinscripción de todos los afiliados a partidos políticos. Se proponía, además, que en este proceso podría colaborar el nuevo Servel y que tal procedimiento debía considerarse como una condición básica para acceder al financiamiento estatal. Cambiar prácticas internas parecía una medida básica para construir un nuevo tipo de democracia.
¿Por qué esta medida es tan crucial? Partimos de la premisa que los partidos son centrales en una democracia: son instancias que intermedian entre las demandas sociales y el Estado; ellos proveen cargos de representación popular; contribuyen con equipos para el funcionamiento del Gobierno; y teóricamente apoyan el debate de ideas y elaboración de programas.
Si son tan vitales para el funcionamiento de la democracia, resulta imprescindible que su funcionamiento interno esté regido por altos estándares. El diagnóstico compartido es que los partidos carecen de procedimientos democráticos internos transparentes organizándose en torno a máquinas que controlan cuotas de poder. Se requiere establecer nuevos padrones de militantes porque se advierten padrones inflados, problemas con las direcciones entregadas por los afiliados y manipulación de las cúpulas de los partidos en época electoral.
Para transformar esta negativa lógica y permitir que todas las expresiones internas compitan en igualdad de condiciones, se requieren dos medidas básicas: garantizar que el proceso de afiliación de nuevos militantes sea legítimo y realizar un proceso de reinscripción de militantes. Lamentablemente, estas dos condiciones peligran en lo discutido en el Congreso.
Hoy la inscripción de militantes depende de la voluntad de una persona (usualmente el Secretario General) que visa el ingreso de estos nuevos inscritos. Conocidas son las historias de inscripciones masivas antes de una elección interna para asegurar un cupo determinado. El proyecto enviado por el Ejecutivo simplifica el proceso de inscripción de militantes pero no altera el actual mecanismo. Se requiere establecer un comité de ingreso en cada partido que dé garantías a las diferentes corrientes internas y que garantice la no discriminación (salvo lo concerniente a afinidades políticas). Así se evitarán manipulaciones del padrón a favor de una sola corriente.
Respecto de la reinscripción, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se estableció un procedimiento que está lejos de parecerse a una “reinscripción”. ¿Cómo funcionará el sistema? Una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 90 días para depurar sus padrones de militantes excluyendo a personas fallecidas, inhabilitadas, y quienes hayan renunciado, entre otros. El Servel deberá proveer esta información para cumplir con el procedimiento. De partida, parece curioso que el proyecto les asigne esta responsabilidad a los propios partidos, cuando sería muchísimo más eficiente que el órgano electoral armonice las diferentes bases de datos existentes. Hoy los partidos no cuentan con las capacidades ni con información suficiente para depurar sus listas de militantes.
Paralelamente, el proyecto establece que los partidos deberán actualizar el registro sólo de un porcentaje de militantes equivalente al 0,25% de electores que votaron en las últimas elecciones de diputados en las regiones en que está inscrito. Esto implica que los partidos de cobertura nacional deberán cumplir con un piso mínimo de actualización de fichas de antiguos militantes o incluso podrían fichar nuevos. A modo de ejemplo, los partidos requerirán presentar fichas de aproximadamente 40 militantes en la Región de Arica y Parinacota, 200 en la Región de Tarapacá, 400 en Antofagasta, 234 en Atacama, 600 en Coquimbo, 850 en O’Higgins, 1000 en el Maule, 900 en La Araucanía, 375 en Los Ríos, 700 en Los Lagos, 90 en Aysén, y 147 en Magallanes. Las regiones más demandantes serán Valparaíso, donde se requerirán 1700 militantes, Bío-Bío con 2 mil, y la Región Metropolitana que necesitará poco más de 6 mil.
Así, esta actualización (¡no reinscripción!) será relativamente sencilla en regiones con pocos electores, mientras algo más demandante en tres grandes centros poblados (Valparaíso, Concepción y Santiago). El proyecto señala que una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 18 meses para realizar esta actualización. Se les entregará el piso basal de un 20% de financiamiento a todos los partidos legalmente constituidos. Para aquellos que no cumplan con el requisito de actualización de afiliados se les excluirá del 80% restante del aporte permanente, pero solo en las regiones donde no hayan cumplido.
¿Qué pasa con un partido que no logra cumplir con estas metas en ninguna región? Salvo la restricción en los fondos permanentes para partidos, expresamente el proyecto establece que estará en juego su disolución.
El resultado de la legislación en discusión es poco promisorio. Se organizará un sistema de depuración de padrones difuso y a cargo de los propios partidos; no se alterará el sistema de fichaje de nuevos militantes; el condicionamiento en la entrega de recursos a los partidos será parcial; y los padrones actualizados tampoco darán cuenta en forma acabada de la realidad de las tiendas políticas.Tendremos padrones de partidos con militantes históricos y actualizados. Nada más.
La exigencia de mayor transparencia y democracia en los partidos políticos se diluye en la medida que avanzan los proyectos que precisamente abordan el corazón de nuestra democracia: los partidos políticos. El “fortalecimiento de la democracia” que anuncia el proyecto de ley será una simple quimera si no se hace cargo de elevar significativamente los estándares de la democracia interna de los partidos. Y aquello evidentemente no está sucediendo.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Las recomendaciones del Consejo Asesor pueden ser vistas como una extensa lista de sugerencias (236 en total) o como orientaciones fundamentales para la democracia que queremos construir. La primera interpretación llevaría al lector a concluir que existen importantes contradicciones, insuficiencias y vacíos legales que es necesario resolver.
La segunda interpretación exige analizar la orientación o propósito de las recomendaciones que quedaron estampadas en dicho informe. En este caso, no se trata sólo de revisar ciertas regulaciones (o falta de ellas), sino de estudiar el tipo de arreglo democrático que sería más aconsejable. Y es precisamente esto último lo que requiere una más profunda discusión, pues parece ser que existe una fuerte división social y política sobre el arreglo democrático ideal.
Demos algunos ejemplos. Se destaca en el informe que los partidos políticos son esenciales para la democracia y, coherente con aquella afirmación, se propone un financiamiento permanente y público para ellos. Pero inmediatamente se indica que debe condicionarse tal entrega a su reforma sustantiva. La democracia necesita partidos, pero ellos deben ser programáticos, transparentes, con adecuados mecanismos de democracia interna, y vinculados a la comunidad en sus actividades. La mayoría de los consejeros(as) propuso mecanismos de acción afirmativa en su interior. Se insistió en establecer un proceso progresivo de reinscripción de sus militantes. El riesgo de convertir a los partidos en “máquinas” internas es alto por lo que se requiere rediseñar los mecanismos de ingreso de nuevos militantes.
Entonces, una medida fundamental a considerar y que se constituye en un eje fundamental para un sistema democrático es la sanidad y fortaleza de sus partidos políticos. Queremos una democracia con partidos, pero con partidos distintos a los que conocemos; partidos que se organizan en torno a ideas, que son responsables en sus acciones, y que en su interior mantienen procedimientos transparentes y democráticos.
Coincidimos por unanimidad en que se necesita evitar la captura de la política por parte de intereses económicos. Por ello se propuso aumentar significativamente el aporte estatal a las campañas, reducir los límites permitidos, restringir el aporte de privados, y la gran mayoría de los consejeros(as) se pronunció por suprimir los aportes de empresas. Se instó a desarrollar campañas más austeras, restringiendo la publicidad en calles, prohibiendo las gigantografías, y generando mecanismos de fiscalización efectivos sobre el gasto de campañas. Se propuso transporte público gratuito para el día de la elección para evitar el “acarreo”. Algunos consejeros(as) defendieron la idea de aportes reservados para resguardar la identidad de pequeños aportantes y evitar represalias. Otros nos inclinamos por total transparencia. Pero todos coincidimos en evitar la captura como objetivo para la democracia.
Otro objetivo es promover condiciones de competencia con un pie de igualdad. Propuestas como el establecimiento de una franja radial, incentivos para los desafiantes, y mecanismos de acción afirmativa son algunas de las propuestas que apuntan en esa dirección.
Finalmente, el informe advierte que no podemos limitarnos a la relación partidos-campañas-dinero. Necesitamos observar el mundo privado, estatal, y la interacción de ambos. Robustecer la Alta Dirección Pública, el sistema de compras, los municipios, y tantos otros sectores de riesgo resulta crucial para profundizar la democracia y evitar la corrupción.
Si es esa la democracia que queremos, y se existe consenso sobre aquello, la pregunta siguiente es si los partidos políticos vigentes aceptarán estas condiciones básicas para el juego democrático. Por ejemplo, la reforma a la ley de partidos debiese contemplar una cláusula que establezca que no podrán participar de elecciones locales o nacionales partidos que no cumplan con un estándar mínimo de democracia interna y transparencia. También podría limitarse el aporte vía subsidio estatal a los partidos que incumplen las normas de probidad y transparencia.
Lo relevante acá es remodelar en forma sustantiva el modo en que han venido funcionando los partidos. Y la gran incógnita es si quienes están al mando de las tiendas políticas querrán hacerlo. Porque lo que muestra la historia es que nadie renuncia voluntariamente a sus cuotas de poder.
El gobierno avanza en dos reformas políticas claves. Primero, el cambio al sistema electoral. Segundo, un nuevo sistema de financiamiento de la política. Ambas propuestas van en la dirección correcta, pero requieren de importantes ajustes. Tal como están, podrían generar efectos contrarios a los genuinamente buscados.
Si todo sale bien, en 2017 se aplicará un sistema electoral más proporcional con distritos que reparten entre 3 y 8 escaños, aumentando el número de candidatos. En la última elección de diputados compitieron 470 candidatos. Con la reforma, esa cifra probablemente se duplique. Esto, no sólo porque habrá 155 escaños disponibles, sino porque los distritos serán más grandes y las coaliciones podrán presentar un candidato adicional al número de escaños a repartir en cada distrito y circunscripción. Hasta acá, todo suena razonable.
El problema está en que las reformas incluyen dos aspectos negativos.En primer lugar, la reducción de las barreras de entrada para candidatos independientes. Con la nueva ley, los independientes necesitarán la mitad de firmas, pasando del 0,5% al 0,25%. En segundo lugar, también se reducen las barreras de entrada para formar nuevos partidos, y se hará más difícil disolverlos. Por tanto, podrán surgir partidos regionales con mayor facilidad. ¿Es esto compatible con la estabilidad de régimen? ¿Es posible combinar un sistema presidencial con un multipartidismo exacerbado? Aunque el presidencialismo puede convivir con sistemas multipartidistas, otra cosa es que lo haga con sistemas de partidos atomizados. Es decir, demasiados partidos y con un Congreso desmedidamente variopinto.
La situación se torna más complicada si el gobierno opta por financiar a todos los partidos por igual. No sólo existirá un sistema sumamente permisivo para formar partidos, sino que, además, los nuevos partidos contarán con un financiamiento inmediato. Esta es la peor opción. Seguramente los representantes de partidos pequeños, movimientos e independientes presionarán por esta alternativa, pero es evidente su efecto nefasto en la democracia. Los aportes basales deben ir en función del desempeño electoral de los partidos. No se puede premiar a quienes sólo son capaces de constituir un partido, más aún con las bajas exigencias que sugiere la reforma. Es acá donde hay que poner freno a la situación con la suficiente valentía. Es muy fácil ser cooptado por pequeños grupos o representantes que, a cambio de votar a favor de la reforma, se les facilite el camino para formar partido y, luego, ser financiados. Alguien debe detener este posible Transantiago de la política.
Se ha dicho que para financiar a los partidos el fisco tiene suficientes recursos. Como está votando poca gente, entonces el fisco queda con dinero disponible para solventar estos gastos. A menos participación, menos devolución hacia los candidatos. Si esto es cierto, la situación es grave. Llegaríamos al absurdo de financiar la política debido al desplome de la participación.
Ojalá que el gobierno tome buenas decisiones. Hay que mantener las reglas para formar partidos e inscribir candidatos independientes. Incluso, creo que habría que aumentarlas. Las reformas avanzan descontroladamente hacia un sistema muy permisivo. ¡Cuidado! Hay costos que, más adelante, podríamos lamentar: mayor fragmentación, más actores de veto, aumento en los costos de negociación en el Congreso, estancamiento de la agenda y, por tanto, mayores dificultades para la gobernabilidad democrática. Bastaría con corregir los dos aspectos señalados para que la reforma adquiera los indispensables niveles de moderación. No es correcto dar en el gusto a los más recalcitrantes que buscan abrir indiscriminadamente el sistema, como si eso fuera sinónimo de una mejor democracia cuando, en realidad, no es más que una irresponsabilidad política de envergadura.
La presentación de la actividad estuvo a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Fernando García Nadaff, además de Marco Enríquez-Ominami como Presidente de la Fundación Progresa y de Reiner Radermacher, Representante de la Fundación Friedrich Ebert-Chile.
El seminario contó con la presencia del Embajador de Colombia en Chile, Álvaro Echeverry, además de representantes de movimientos sociales, estudiantes y académicos.
La primera exposición estuvo a cargo de Antonio José Navarro Wolff, ex Presidente de la Asamblea Constitucional de Colombia, quien hizo un recorrido por todas las instancias que los colombianos debieron superar para poder consolidar un proyecto constitucional que representara a cada habitante del país.
“No se pueden esperar resultados inmediatos de un proceso constitucional”, afirmó Navarro luego de tocar el tema de las consultas ciudadanas que se realizaron previo a establecer una asamblea ciudadana. Asimismo, destacó el esfuerzo realizado en Colombia debido a la situación de violencia e inestabilidad que vive el país en algunas zonas, el problema del narco tráfico y las guerrillas.
El 4 de julio de 1991 los colombianos firmaron su carta de navegación, luego de tres años de discusiones que, para Antonio Navarro, fueron de carácter popular, donde se consultó la opinión a toda la ciudadanía.
En una Mesa Redonda moderada por Patricia Morales, Directora Ejecutiva de la Fundación Progresa, el profesor de la Escuela de Ciencia Política UDP, Patricio Navia realizó un balance del proceso reformista colombiano estableciendo interrogantes acerca de que tan efectivo fue resultado del proceso constitucional colombiano, en base a las críticas que reciben instituciones de representación popular como el Tribunal Constitucional del país, tildado de ser una instancia que muchas veces no simboliza lo que las mayorías esperan.
Con respecto a las críticas a la Constitución de Chile, Marco Enríquez-Ominami estableció que es un proyecto inclinado a favorecer al mercado en base a una óptica neoliberal de cómo debe desenvolverse una sociedad.
En ese sentido Tomás Hirsch, ex candidato presidencial, sostuvo que la Constitución es mala e incorregible, por lo que es esencial cambiarla. Asimismo valoró el proceso de Asamblea Constituyente como una instancia de diálogo que el pueblo chileno nunca ha experimentado debido a la falta de democracia en las experiencias anteriores.
La misma opinión compartió Jorge Arrate ex candidato presidencial, quien criticó el proyecto constitucional chileno debido a la conformación de éste en un régimen antidemocrático y sin posibilidades de participación ciudadana, volviendo además a establecer sus reparos con su orientación mercantil.
Al cierre de la Mesa Redonda, el Abogado y profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, explicó que para él, el momento de origen de una constitución no juega un papel significativo en el desarrollo de un país a futuro debido a que las circunstancias cambian a lo largo de la historia.
Finalmente tuvo comentarios para el proceso de reforma constitucional del año 2005, en donde se refirió a quienes están en contra de un nuevo proyecto de reformulación como defensores de un modelo que les quita la atribución de la política normal a la que están acostumbrados, por un proceso de participación integral en donde Chile determine las bases de su determinación como país.
Fotos de la actividad:
