Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, participó en el programa 3era Edición – Política en vivo de Radio Universidad de Chile sobre las pensiones de invalidez millonarias pagadas a ex uniformados de fuerzas armadas y la candidatura presidencial de Alejandro Guillier.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, conversó acerca de los anuncios realizados por la Presidenta Michelle Bachelet en materia de pensiones.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
Después que la promesa de educación de calidad y gratuita para todos realizada por Michelle Bachelet en la campaña presidencial de 2013 no se pudo materializar, la clase política chilena arriesga volver a realizar promesas incumplibles en 2017. Dado el alto descontento que existe con el sistema de pensiones, ya se escuchan voces que hablan de pensiones de calidad para todos, sin especificar de dónde saldrá el dinero (el equivalente de gratuitas). Si bien uno pensaría que el electorado ya aprendió la lección, no hay que desestimar la capacidad de la gente para tropezar de nuevo con la misma piedra de las promesas incumplibles.
En 2013, la principal promesa de Bachelet era la gratuidad en la educación en todos los niveles. Bachelet prometió terminar con el copago, la selección y el lucro en la educación básica y secundaria. La ex Presidenta también prometió avanzar decididamente a la gratuidad en la educación superior, comprometiéndose a cubrir al 70% de los alumnos hacia el fin de su gobierno y llegar al 100% pocos años después. Una vez Presidenta, Bachelet llenó la promesa de gratuidad con letra chica. Aunque se promulgó una ley para la educación básica y secundaria, la implementación de la ley dependerá de futuros gobiernos, por lo que bien pudiera ser que el copago, la selección y el lucro sobrevivan en nuestro sistema educacional. Es más, dado cómo ha evolucionado la matrícula en los últimos años —incluido el periodo en el poder de la NM—, la participación de la educación pública en el sistema educacional chileno se sigue empequeñeciendo. En educación superior, el gobierno ha comenzado a derribar un sistema de mercado que funcionaba mal sin tener ni siquiera los planos de la estructura que pretende construir en su lugar.
Hoy, los aspirantes presidenciales saben que la reforma educacional no es una buena bandera de campaña. Como la gente quiere gratuidad —¿quién no quiere un almuerzo gratis?—, los candidatos no se atreven a sincerar que la gratuidad es una promesa incumplible. Pero como los candidatos necesitan atraer apoyos y quieren ganarse el afecto de los votantes, la estrategia de prometer lo imposible adoptada por Bachelet en 2013 sigue siendo popular. Solo que en 2017, el foco de las promesas imposibles parece estar trasladándose a las pensiones.
Las personas de más edad votan más que los jóvenes. Además, los chilenos nos hemos acostumbrado a las marchas estudiantiles. Una marcha es como un temblor grado 5: solo los extranjeros le ponen atención. Por otro lado, las campañas necesitan diferenciarse de las anteriores. De ahí, como la promesa de gratuidad educacional no se cumplió, los aspirantes se enfrentan al desafío de aceptar que no se pueden hacer promesas incumplibles o bien simplemente prometer algo fantástico pero en una dimensión distinta a la educación. Por eso, varios presidenciables arriesgan caer en la tentación de vender el cuento del tío a desesperados e irreflexivos votantes chilenos cuyas pensiones no les alcanzan para vivir o que están temerosos porque saben que sus dineros ahorrados no serán suficientes para otorgarles una pensión digna.
Ante la creciente preocupación por las pensiones, la clase política no se ha demorado en buscar articulaciones que hagan creer a la gente que se pueden mejorar las pensiones sin que los propios chilenos se tengan que meter la mano al bolsillo. No faltan los que, para financiar un sistema de reparto, piden usar los recursos del cobre (la versión chilena de la gallina de los huevos de oro) o los que piden subir los impuestos (como si las personas no fueran los que los pagan —especialmente dado el peso del IVA en los ingresos fiscales y dados los incentivos tributarios a las personas de más ingresos que amortiguan el efecto progresivo del impuesto a la renta). Luego están aquellos que piden que sean los empleadores los que pongan su parte (como si el aumento en el costo de la mano de obra, sin una mejora en productividad, no fuera a repercutir en los salarios líquidos en el mediano plazo). Los más irresponsables, usando Voodo Economics, piden pasar a un sistema de reparto, alegando que las AFP lucran y que el sistema no ha cumplido con las promesas que se hicieron en su inicio.
El caso es que nadie se atreve a decir a los chilenos que, para mejorar sus pensiones, van a tener que ahorrar más (lo que implica menores sueldos ahora o aceptar que, por la contribución que harán los empleadores a las pensiones, los sueldos subirán menos en el futuro). En cambio, la clase política en su conjunto comienza a articular una versión enchulada de la promesa de gratuidad —mejorar las prestaciones del Estado a cero costo para los ciudadanos—. Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Para el resto de los chilenos que viven con pensiones indignas, que tienen parientes pensionados a quienes deben apoyar o que tendrán pensiones insuficientes, la legalidad de la pensión que recibe Myriam Olate no hace nada para apaciguar la percepción de injusticia y abuso.
Si bien los escándalos de financiamiento irregular de la política, corrupción, tráfico de influencias, colusión y abuso han estado a la orden del día en Chile en los últimos meses, es fácil de entender por qué la noticia sobre la abultada pensión que recibe Myriam Olate, la esposa del diputado Osvaldo Andrade, después de 21 años de trabajo burocrático en Gendarmería, ha generado tanta polémica y tanto rechazo. Ya que la mayoría de los chilenos jubilados recibe pensiones paupérrimas y todos los trabajadores chilenos temen que sus pensiones no les alcanzarán para una jubilación digna, el trato groseramente privilegiado que recibió Olate, usando resquicios legales, alimenta la principal causa del descontento que existe en la sociedad chilena.
Porque los poderosos de siempre nunca pierden y el resto de los chilenos es recurrentemente víctima de abusos y discrecionalidad, la gente está molesta. Porque mientras Andrade se alzaba como defensor de los marginados y paladín contra el abuso, su propia familia se beneficiaba de las reglas desiguales e injustas que abundan en Chile. Andrade representa hoy todo lo que la gente rechaza de la elite política y de un sistema que promete igualdad pero que repetidamente demuestra que beneficia mucho más a unos pocos privilegiados mientras el resto se debe rascar con sus propias uñas.
En medio de los escándalos, el ex presidente del PS fustigó activamente a los políticos involucrados. Con la ironía que le caracteriza, Andrade no se frenó en sus críticas a quienes usaron boletas ideológicamente falsas para financiar campañas y a los que recibieron pagos para participar en campañas a través del mismo sistema. Recordando que él siempre participó en campañas sin recibir pagos, Andrade llegó a decir “A mí jamás me pagaron por eso. Cómo se le ocurre”. El diputado que se hacía el sorprendido cuando los periodistas le preguntaban si había utilizado un mecanismo ampliamente usado para financiar campañas en los periodos de pre-campaña, no trepidó en ubicarse en la superioridad moral para criticar a sus pares.
Pero resultó que Andrade tenía buenas razones para no escupir al cielo. Si bien nada de lo que hizo su esposa es ilegal, abusar de un sistema de pensiones mal diseñado que buscaba proteger a funcionarios de gendarmería cuyo trabajo los tuvo en posiciones de alto riesgo, constituye un acto ética y moralmente inaceptable para alguien que dice abrazar la bandera de la igualdad y que milita en un partido que dice querer combatir los abusos de los poderosos de siempre. Lo de Olate no es ilegal, pero vaya que es reprochable para alguien que dice valorar el servicio público.
Además, parece razonable suponer que la esposa de Andrade consiguió su trabajo en Gendarmería producto de sus contactos políticos y militancia. Si bien Myriam Olate puede haber tenido las credenciales necesarias, decenas de otras personas con credenciales similares o incluso mejores nunca tuvieron la oportunidad de competir por un cargo presumiblemente técnico que se asignó con criterio estrictamente político. Luego, el problema de Olate no es que haya usado un mecanismo mal diseñado para conseguir una excelente pensión—después de todo, en una sociedad capitalista, todos tenemos el derecho a enriquecernos cuando nos damos cuenta que hay reglamentos que nos favorecen–. El problema de Olate es que la oportunidad que tuvo para recibir esa abultada pensión es resultado de su militancia en un partido que dice combatir la desigualdad. De ahí que la defensa que hizo Andrade de los actos de su esposa es tramposa y engañosa. La legalidad del acto final de Olate no hace desaparecer la red de pitutos y tráfico de influencia que le permitió a la esposa del ex presidente del PS llegar a ocupar el puesto que tuvo en Gendarmería.
De más está decir que, para el resto de los chilenos que viven con pensiones indignas, que tienen parientes pensionados a quienes deben apoyar o que tendrán pensiones insuficientes, la legalidad de la pensión que recibe Olate no hace nada para apaciguar la percepción de injusticia y abuso. Cuando la mayoría de los pensionados recibe pagos mensuales que son menos del 10% de lo que recibe Olate, es difícil refugiarse en la legalidad para defender la desigualdad que este trato desigual viene a desnudar (como si ya no tuviéramos suficiente evidencia de que Chile es un país desigual).
El himno del Partido Socialista chileno comienza con la promesa de que “contra el presente vergonzante el Socialismo surge ya”. El caso de Myriam Olate y de su esposo, el presidente de la Cámara de Diputados y ex presidente del PS, Osvaldo Andrade, hacen pensar que el socialismo, después de surgir, se terminó sintiendo cómodo con el presente vergonzante y se sumó a los abusos que dice querer combatir. Peor aún, con su actitud, los compañeros Olate y Andrade hicieron cualquier cosa menos honrar el compromiso de que el PS “dará a los que luchan, digno ejemplo de acción contra el mal”.