Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos.
Después de haber estado bajo cuestionamiento debido a las revelaciones sobre financiamiento ilegal de campañas, la clase política chilena parece haber perdido el pudor. Ya que el electorado tiene la convicción de que todos los partidos están involucrados en algún tipo de irregularidad, los políticos están haciendo la pérdida y aceptando que su comportamiento siempre será causa de sospecha. Por ello, como lo ejemplificó a la perfección el senador Jorge Pizarro en su defensa de por qué se fue al mundial de rugby después del terremoto, muchos políticos se comportan con la despreocupación del condenado que sabe que una falta más no agravará la categórica sentencia que ya existe en su contra.
Después de haber experimentado por años un gradual declive en su valoración positiva, los escándalos Caval, Penta y SQM han constituido un golpe de gracia que dejará a la clase política en una posición de permanente cuestionamiento por parte de una opinión pública que ya no espera que sus líderes políticos sean virtuosos.
Es saludable que la sociedad sepa que ganar una elección popular no otorga superioridad moral ni es garantía de probidad. Cuando la gente sabe que los políticos están sometidos a las mismas tentaciones que todos, la democracia se inocula de la irrupción de mesías refundadores que prometen soluciones milagrosas. No hay mejor remedio contra el populismo y el autoritarismo personalista que la convicción generalizada de que los políticos son tan imperfectos como el resto de los ciudadanos y que, por lo tanto, es mejor institucionalizar trabas y limitaciones al poder discrecional. La confianza excesiva depositada en la capacidad de una persona para cambiarlo todo —como lo que pasó con Bachelet en 2013— desaparece cuando la gente cree que todos los políticos son susceptibles a privilegiar sus intereses personales por sobre la búsqueda del bien común. Por eso, aunque la democracia chilena sea ahora más triste y tenga menos candidatos a santos, es también más resistente al populismo que históricamente ha amenazado a América Latina.
Esta nueva realidad —que la gente espera poco de sus políticos— no está exenta de problemas. Como participantes en un reality de televisión que, al poco andar, pierden la vergüenza y se comportan como si nadie estuviera mirando, los políticos chilenos han perdido el pudor. Las respuestas y explicaciones que ha dado el senador Pizarro a las críticas recibidas por haber viajado al mundial de rugby días después de que un terremoto golpeara duramente a la región que él representa reflejan esa pérdida de pudor. Pizarro ha dicho que su viaje no fue a un concierto musical, sino a algo mucho más importante. Pudiera ser que para Pizarro, el rugby sea menos frívolo que un concierto, pero es inaceptable plantear que los hobbies son más importantes que las obligaciones profesionales. Un futbolista fanático de los automóviles no se puede ausentar de la liga de su país sólo porque tiene un hobby. Un profesor no se puede ausentar de sus clases para asistir a un evento deportivo alegando que es su pasión. El trabajo de Pizarro no consiste sólo en legislar. También debe acompañar a sus representados cuando pasan por un mal momento. Como presidente del PDC, Pizarro también representa al partido más importante del oficialismo. Su ausencia del país, cuando muchos camaradas sufrían, no puede ser entendida como otra cosa que una frivolidad.
Felizmente, hay soluciones de diseño institucional que ayudan a evitar que políticos no virtuosos cometan desatinos. Los referendos revocatorios para senadores a mitad de sus períodos de ocho años harían que ellos piensen mejor antes de privilegiar sus hobbies por sobre lo que importa a sus electores. Como Pizarro tendrá que enfrentar a sus votantes recién en 2021, le importa poco ofenderlos. Si en cambio existiera la posibilidad de un referendo revocatorio en 2017, Pizarro lo pensaría dos veces antes de irse de vacaciones después de un terremoto.
Limitar la reelección de los legisladores, en cambio, solo incentivará más comportamientos como el de Pizarro. Los legisladores en su último periodo no tendrán para qué preocuparse de lo que piensen sus electores. Además de irse a pasear por el mundo, esos legisladores en su último periodo se dedicarán a usar sus cargos para buscar su siguiente trabajo. Dejar contentos a futuros empleadores será más importante que satisfacer las necesidades de sus distritos.
Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos. Ya nadie deposita en los políticos el tipo de fe ciega que alimenta el populismo. Los políticos no pueden atribuirse superioridad moral por haberse opuesto a la dictadura o por una supuesta vocación de servicio público. Ahora que sabemos que vivimos en un reino de impudicia, en vez de lamentarnos, corresponde diseñar instituciones que establezcan mecanismos de control e incentivos para que los impúdicos trabajen por el bien de sus electores.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.
Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.
Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.
En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.
Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.
Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Hasta hace unos meses, la reforma educativa era la columna vertebral de la presidencia de Michelle Bachelet y una promesa electoral que la ayudó a recuperar la ocupación del palacio presidencial de Chile.
Desde el pasado martes como consecuencia de los recientes escándalos de corrupción y tráfico de influencias que han barrido a través de la clase política de Chile – incluso a través de propio patio trasero de Bachelet, que pueden ya no ser el caso.
En un discurso a la nación rara transmitido por todos los canales de televisión el 28 de abril, Bachelet reveló la transparencia y la agenda anticorrupción su gobierno perseguirá en respuesta a la crisis actual, que marca un cambio importante en las prioridades del presidente.
” Ese será el sello de mi gobierno y el legado principal de mi presidencia: dejando una democracia más transparente, ético y legítimo a los ojos de sus ciudadanos “, Bachelet dijo a sus compatriotas durante el discurso de dos horas.
El gobierno ha reconocido la importancia de las últimas reformas del presidente, refiriéndose al plan anunciado como “quinta reforma de Bachelet”, junto a impuestos, la educación, el trabajo y las reformas constitucionales.
Para Mauricio Morales, director del Observatorio de Política y Electoral de la Universidad Diego Portales, el enfoque del gobierno de Bachelet ha cambiado radicalmente, que corre el riesgo de descarrilar el progreso de las reformas educativas.
“En el corto plazo, no puedo ver ningún espacio para el tema de la educación a resurgir, y aún menos espacio para el proceso de reforma constitucional”, dijo Morales Corresponsal América .
“Por ahora parece poco probable reformas educativas resurgir del poder ejecutivo”, dijo.
El analista político agregó, sin embargo, que la reactivación de la agenda educativa puede provenir de las calles.
“Puede parecer exagerado, pero una ola de protestas masivas a favor de una educación de calidad está en el interés del gobierno. Si el ejecutivo no puede cambiar el rumbo de la agenda, que las calles lo hacen “, dijo Morales.
Reformas constitucionalmente consagrados-
Las reformas más esperadas entre las medidas anunciadas afectan el financiamiento político y la relación entre la política y los negocios.
Donaciones anónimas serán desguazados, mientras que el presidente se mantuvo intransigente cuando se trataba de donaciones corporativas.
“Las empresas no podrán realizar donaciones en absoluto y la transgresión de estas normas se considera un crimen”, dijo Bachelet, haciendo hincapié en que el Estado sería el de financiar los partidos políticos.
Partes a su vez ser objeto de controles estrictos y sanciones más amplias también se centrarán en el fraude fiscal, así como la corrupción y el soborno.
A la luz de las revelaciones en curso sobre conglomerados empresariales canalizar ilegalmente dinero a las campañas políticas, tres meses después el hijo de Sebastián Dávalos Bachelet fue acusado de tráfico de influencias , las reformas anunciadas pueden resonar con un público desilusionado.
Pero el gobierno puede golpear una pared en la implementación de las reformas. En un movimiento audaz, Bachelet ha consagrado las próximas reformas en el diseño de una nueva Constitución – una de sus promesas de campaña, sin embargo, un tema que había permanecido en la oscuridad hasta ahora y que se espera que cause desacuerdo no sólo entre la oposición, sino también dentro de la coalición gobernante.
En septiembre, el gobierno planea lanzar el “proceso constitucional”, mediante el cual los ciudadanos podrán ser consultados en el diseño de una nueva Constitución, aunque Bachelet ha mantenido vago en la forma que el proceso de consulta se llevará.
Debido a que la actual Constitución fue heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet, muchos consideran ilegítimas y han estado pidiendo su reforma.
De Bachelet anuncio: éxito o táctica política?
Para ciertos columnistas de tendencia derechista medios de comunicación, la elaboración de las reformas dentro de la discusión de una nueva Constitución, con pocos detalles específicos, no fue una coincidencia, sino una estrategia bien planificada diseñada para desviar la atención de la verdadera crisis – y un caballo de Troya impulsar las ambiciones constitucionales iniciales de Bachelet.
“Ahora el gobierno buscará para descomprimir la crisis política por abrir el debate sobre un tema que queda desprovisto de cualquier definición sustantiva y por lo tanto es ampliamente abierto”, el sociólogo Max Colodro escribió en La Tercera .
Mauricio Morales cree que el gobierno está destinado a fracasar en su intento de torcer su agenda política.
“Comprensiblemente, el gobierno está haciendo todo lo posible para salir de la crisis, pero las últimas encuestas trae muy mala noticia. Es imposible que un gobierno impopular para hacer sus reformas popular “, dijo Morales.
Las últimas encuestas de abril indican que el 64 por ciento de la población desaprueba el gobierno actual, el índice de desaprobación más alto desde que Bachelet asumió el poder.
Una prensa más izquierdista también lee el anuncio de Bachelet como un movimiento meticulosamente planeado, pero lo presenta como un “todo o nada”, momento en el que podría restaurar su liderazgo, que ella había estado recuperando progresivamente desde su aparición en las regiones del norte devastadas por las inundaciones.
Si el foco sobre una nueva constitución afectará el progreso de otras reformas impulsadas por el gobierno aún no está claro.
Un proyecto de ley que busca reformar la profesión docente entró en su proceso legislativo en el Congreso el 20 de abril, semanas después de Bachelet dijo a los periodistas: “No vamos a apresurar las cosas [con la reforma], pero no se nos va a detener, tampoco.”
Sin tener en cuenta la reforma de la educación sería suicida para una coalición cuya circunscripción ha puesto grandes esperanzas en el programa educativo . Pero dejando a un lado los temas aparentemente menos urgentes como la despenalización del aborto o la reforma que tanto necesita de los servicios de emergencia es políticamente factible y puede ser ya una realidad.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno aparecen confianza en el camino de la reforma, destacando que las normas previstas pondrán Chile a la par con los estándares internacionales. Como ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo puso: “Simplemente no hay vuelta atrás.”
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
La forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.
Para nadie era un secreto que el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet no daba para más. Aunque tardío, el anuncio del cambio de gabinete representó un paso en la dirección correcta. Pero la forma en que la Presidenta hizo el anuncio, el plazo de 72 horas que se autoimpuso y la declaración de que todavía no tiene decidido a quién remplazar y qué nuevos nombres integrarán el gabinete; alimenta las dudas sobre su capacidad de liderazgo y su manejo político. Por eso, aunque la noticia sea positiva, la forma en que se hizo pública amenaza con diluir el impacto positivo que debiera tener un recambio en el gabinete.
Después de demorarse más de seis meses en realizar el ajuste de gabinete —con excusas tan burdas e infantiles como que ella hacía todo lo contrario a lo que le sugerían por los medios de comunicación— la Presidenta Bachelet finalmente se decidió a firmar el acta de defunción de su primer gabinete de gobierno. Aunque cada cambio de ministros constituye una derrota para el Presidente en ejercicio, los beneficios que puede traer alejar a los miembros del gabinete desgastados, cuestionados o que simplemente no dieron el ancho a menudo superan ampliamente los costos. Aunque algunos miembros del gabinete venían desgastados desde mediados de 2014, el escándalo Caval y la desprolija forma en que el gobierno reaccionó ante los escándalos Penta y SQM hicieron insostenible la permanencia del gabinete actual.
La señal de alivio que se respira en el ambiente político chileno está inevitablemente acompañada de una percepción de preocupación e incertidumbre. Como la Presidenta Bachelet anunció que le había pedido la renuncia a todo el gabinete, nadie sabe muy bien quién partirá y quién seguirá en sus puestos en 72 horas más. Tan desprolijo fue el anuncio de Bachelet, que el propio gobierno debió salir horas después a anunciar la confirmación en su cargo de Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores que actualmente está defendiendo la soberanía nacional en La Haya. Si hubiera reflexionado sobre el anuncio que hizo en el programa de Don Francisco, la Presidenta debió haber excluido a Muñoz de la petición de renuncia.
Pero la forma en que se producirá este cambio de gabinete también subraya la improvisación y falta de manejo político. Como bien dijera la Presidenta en un par de declaraciones anteriores, los cambios de gabinete no se anuncian, se realizan. La propia Presidenta, en la primera y única entrevista que había dado para aclarar el escándalo de especulación inmobiliaria en el que participó su hijo y su nuera, había advertido que cuando realizara el cambio, no lo anunciaría por televisión. Desmintiéndose dos semanas después, Bachelet anunció su cambio de gabinete en entrevista con el popular animador de televisión Don Francisco.
La Presidenta también confidenció que “no he tenido tiempo de sentarme a pensar a quién cambio y quién llega”. A diferencia de los hábiles líderes que anuncian sus decisiones después de tomarlas, Bachelet inconscientemente invitó a la opinión pública a un reality de 72 horas de especulación, negociación con las cúpulas partidistas de su coalición y tira y afloja con potenciales candidatos para entrar al gabinete. Al renunciar a la discreción que permiten las negociaciones y sondeos de personas sin haber realizado el anuncio de un nuevo gabinete —y sin autoimponerse un plazo de 72 horas para anunciar los nuevos nombres— Bachelet limita sustancialmente su campo de acción y queda secuestrada ante los partidos que lucharán por mantener sus cuotas de poder en el equipo de gobierno. Peor aún, como Bachelet además debe cuidar el balance de género en el nuevo gabinete, las limitantes que tendrá la Presidenta para armar su nuevo equipo neutralizarán el efecto del golpe de timón que ella busca dar.
Los partidos ya han demostrado su enorme capacidad para influir sobre la formación del gabinete. En su primer gabinete, solo semanas después de haber logrado la votación más alta en la historia del Chile moderno, Bachelet anunció su primer equipo reclamando que a ella le hubiera gustado nombrar más mujeres. Presumiblemente, la capacidad obstructora de los partidos evitó que la Presidenta lograra su objetivo. Si cuando recibió el 62% de la votación no pudo nombrar al gabinete que ella quería, ahora que tiene un 30% de aprobación difícilmente podrá imponer su voluntad sobre los partidos de su coalición.
En su entrevista con Don Francisco, Bachelet habló de su compromiso con Chile y de su ideal de construir una sociedad sin abusos. Si bien nadie puede dudar de la nobleza de los objetivos de la Presidenta, la forma en que ha conducido su gobierno y el estilo de liderazgo que ha privilegiado en su segundo período han hecho que la mayoría de los chilenos crea ahora que el país avanza por el camino equivocado. Lamentablemente, la forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.
En el último tiempo hemos visto a una serie de figuras públicas pedir perdón. Una palabra que nos es familiar desde niños, pero que la ciencia está estudiando hace sólo un par de décadas. Los resultados dan luces de los beneficios, las verdades y mitos de la sicología detrás de las disculpas. Una lectura obligada para los políticos en estos días.
Este ha sido el año de pedir perdón. Partió el senador Iván Moreira en enero cuando reconoció el uso de boletas de terceros para financiar su campaña. Y a medida que se han ido conociendo las investigaciones de Penta, Soquimich y Caval, hemos visto a varios personajes públicos y políticos haciendo lo mismo. Ha habido disculpas individuales, como Pablo Wagner a la UDI, y en grupo, como las de distintos dirigentes de partidos políticos. Se le ha pedido perdón a la ciudadanía (Sebastián Dávalos, quien además renunció a su cargo en la presidencia), a los propios empleados (Andrónico Luksic en el Banco de Chile) y hasta a la suegra (Natalia Compagnon).
En estos cuatro meses es uno de los momentos en que más hemos visto a los poderosos usar esa palabra. La misma que nos enseñaron a decir desde niños, y de mala gana, cuando lastimábamos a un hermano, esa que está asociada a las religiones, y que muchos familiares víctimas de la dictadura todavía quieren escuchar.
Pero aunque creemos que conocemos el perdón, la investigación científica sobre él es reciente. Comenzó en el hemisferio norte en 1989 cuando terminó la Guerra Fría y los países enemigos tuvieron que aprender a conciliar. En ese momento el perdón, explica Everett Worthington, sicólogo de la Universidad Virgina Commonwealth y uno de los principales especialistas en esta materia, se volvió un tema obligado. Sin embargo, el estudio se aceleró en 1998 cuando la Fundación Templeton en Estados Unidos, que financia investigaciones en “las grandes cuestiones de la vida”, comenzó a entregar recursos para indagarlo.
¿Y qué es el perdón? Los más de mil investigadores que lo estudian no se ponen de acuerdo. En general lo definen como un acto social en donde, más que pedir, el acto principal es recibir ese perdón, renunciar al derecho de castigar a quien ofendió y disminuir la ira. Según Worthington, existen dos formas de perdonar. La primera nace de una decisión, cuando una persona deja de buscar revancha o evitar a quien lo agravió y lo empieza a tratar de una forma diferente, sin esperar nada a cambio. La segunda es emocional: se reemplazan los sentimientos negativos como el rencor, la ira y la ansiedad por la empatía y compasión y el que está perdonando empieza a sentir sentimientos positivos hacia quien lo ofendió.
En lo que sí hay consenso entre los investigadores es que el perdón es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra y que trae múltiples beneficios incluso para la salud física, siempre y cuando sea sincero.
El perdonazo
No siempre perdonamos o pedimos perdón sólo por altruismo o para reconciliarnos. Según un estudio del Grupo de Investigación del Perdón de la Universidad de Brock en Canadá, nos disculpamos principalmente porque nos sentimos avergonzados, por el qué dirán, para evitar el castigo, para mantener la relación que se tiene con el otro, por justicia y en el caso de los creyentes, porque Dios así lo pide. La sicóloga Kathryn Belicki, que lidera ese centro, explica que cuando se trata de perdonar hay fundamentalmente nueve razones: el deseo de preservar la relación, la empatía hacia el infractor, porque el otro se disculpó y también el factor religioso. Pero hay otras más egoístas como sentirse mejor, evitar las consecuencias sociales (como ser presionado para perdonar), la conveniencia y hasta para demostrar superioridad moral.
Pero también influye quién es la persona a la que hay que perdonar y la cultura en que vivimos.
¿Perdonó usted a Iván Moreira? ¿Confía en las disculpas de Natalia Compagnon, Pablo Wagner o los líderes de los partidos? Según las investigaciones, nos cuesta más creer y recibir las excusas de los personajes públicos que las de nuestros cercanos, aun cuando los conocidos nos hayan herido más. “En las relaciones cercanas hay más que perder, como la relación en sí. En el plano colectivo no hay un vínculo de pasado con esa figura”, explica Jorge Manzi, sicólogo social de la UC y quien ha realizado estudios acerca del perdón colectivo en Chile.
La confianza también es un elemento clave al momento de aceptar las disculpas y Chile tiene bajas tasas de confianza, lo que les pone la pista pesada a los arrepentidos: “Esta carencia disminuye el impacto de las disculpas. Puede ser percibido como manipulación”, agrega Manzi, quien también es director de MIDE UC.
A eso se suma que en Chile la cultura del perdón colectivo, por los años de dictadura, ha sido compleja. Manzi recuerda que en 1999, cuando participó en la Mesa de Diálogo se habló de verdad, de justicia, de reparación, pero poco de perdón. “En Chile hubo una negación de los que estuvieron asociados a los hechos. Todos decían que eran víctimas y eso hizo que el perdón no tuviera espacio, porque para que exista tiene que haber un convencimiento personal de que se cometió un acto impropio. Algo que no existía en esa época”, asegura.
Por su parte, Tony Mifsud, sacerdote jesuita y parte del grupo del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, dice que no basta con pedir perdón. La Iglesia Católica siempre ha hecho hincapié en la penitencia, es decir, que además del arrepentimiento también debe haber un propósito de enmienda. La clave, dice Mifsud, está en los gestos, en mostrar cambios, algo que, según él, se ha perdido: antes si en un ministerio se descubría cohecho, el ministro, aún cuando no era culpable, renunciaba, porque era responsable políticamente. Ahora eso ya no ocurre. “Si el perdón va a ser barato, es decir, sólo la palabra y quedar donde mismo, la desconfianza empeorará y aumentará la falta de credibilidad. Al país no le conviene avanzar hacia allá”, asegura. “En la sociedad chilena se necesita reinstalar la capacidad de responder por los propios actos y omisiones. Y asumir las consecuencias prácticas de ello”, dice por otra parte Eva Hamamé, doctora en filosofía de la Universidad Diego Portales y co-investigadora junto al fallecido Humberto Giannini de un proyecto Fondecyt sobre el perdón.
Y así como nos cuesta perdonar a las figuras públicas, en la esfera privada somos más compasivos. “Las muestras de perdón tienen niveles medios altos, pero siempre moderado por distintas razones, como por ejemplo, el tipo de ofensa, las características de la relación o la personalidad”, dice Mónica Guzmán, académica de la Universidad Católica del Norte, quien ha estudiado el perdón en la pareja chilena. Explica, por ejemplo, que la infidelidad, por sobre el engaño y la mentira es lo que más cuesta perdonar. La personalidad, dice, también influye: los más empáticas y menos neuróticos y los más seguros de sí mismo tienden a perdonar más fácilmente. Pero cuando hay un conflicto y no hay disculpas de por medio, tendemos a evitar a la pareja. Nos cuesta acercarnos o volver a confiar. Eso sí, aclara Guzmán, son muy pocos los que optan por la venganza.
Lo bueno de perdonar
Un grupo de investigadores de Hope College en Estados Unidos, le pidió a distintas personas que pensaran en alguien que les había hecho daño: eso los hizo sudar más y les subió la presión. Worthington explica que como éste, hay varios estudios similares que muestran que el rencor puede crear trastornos relacionados con el estrés, problemas cardiovasculares y en el sistema inmunológico. Además, puede contribuir a la depresión, ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo o de ira y transformarse hasta en un problema de salud pública. “Perdonar reduce el estrés innecesario que se genera cuando le damos vuelta una y otra vez a las malas experiencias que no pueden ser cambiadas, además de impactar positivamente en los sistemas cardiovascular, nervioso y endocrino”, dice Frederic Luskin. Este investigador creó un sistema para enseñar a perdonar y ha recorrido el mundo enseñándolo. Hoy dirige el Proyecto del Perdón de la Universidad de Stanford, y uno de los resultados más conmovedores fue con madres víctimas de la violencia que por décadas experimentó Irlanda del Norte. El programa se ofreció durante una semana y tras un seguimiento de seis meses, las mujeres mostraron un 50 por ciento menos de estrés, un 40 por ciento menos de depresión y un 23 por ciento menos de ira.
El sicólogo de la Universidad de Wisconsin Madison y uno de los pioneros en el estudio del perdón, Robert Enright, también diseñó un método, esta vez de 20 pasos, para aprender a perdonar. Lo probó con un grupo de hombres que estaban heridos porque sus mujeres se habían practicado un aborto. Tras 12 sesiones de 90 minutos, los participantes lograron reducir sus niveles de ansiedad, ira y dolor. “La terapia del perdón es más eficaz que muchos otros tipos de terapia cuando el problema que presenta es el tratamiento injusto de los demás”, dice Enright.
La mitología del perdón
Pero por más beneficios que tenga, nos cuesta perdonar. Según los investigadores hay una serie de conceptos mal entendidos en torno al perdón que lo hacen más difícil. Por ejemplo, creer que al perdonar hay que retomar la relación con la persona que nos hirió como si no hubiera pasado nada. Loren Toussaint, sicólogo estadounidense que llevó a cabo un proyecto con gente de Sierra Leona, explica que “perdonar no significa que tenga que ser amigo de quien me hirió”. Worthington agrega que la reconciliación se trata de restaurar la confianza en la relación y que eso requiere una conducta de honestidad de a dos. El perdón, en cambio, es una experiencia individual, es decir, que para hacerlo ni siquiera es necesario que nos pidan disculpas.
Otro mito es que disculparse es sinónimo de olvidar. Ni el que perdona, ni el que pide perdón deberían hacerlo, explican los expertos. “Perdonar nunca es olvidar, sino más bien recordar el daño producido al otro, dolerse profundamente y arrepentirse”, explica la investigadora de la Universidad Diego Portales, Eva Hamamé. Perdonar tampoco es muestra de debilidad. Enright agrega que “el perdón, como la bondad, es una virtud moral en el que la persona tratada injustamente ofrece misericordia”. Y otra cosa muy importante es que así como no debilita a la persona, tampoco debería limitar la búsqueda de justicia y reparación. Worthington pone su propio caso como ejemplo. En 1996, a finales de año, un hombre entró a la casa de su madre y la mató con una barra de hierro. Hasta ahora nadie ha sido condenado por el hecho. “Yo perdoné a la persona que lo hizo. No se trata de no buscar justicia porque eso debilita la sociedad. La justicia es algo de la sociedad, mientras que el perdón era algo mío”, dice.
El mito más grande de todos, sin embargo, es que hay cosas imperdonables. Según los expertos, al menos, todo se puede perdonar, pero también dicen que este acto tiene sus propios tiempos y ritmos. Así es que no nos apuren.
La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.
El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.
Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.
Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.
Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.
Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.
La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.
En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.
El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.
Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.
Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.
El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.
En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP.
Para el director de Cadem, Roberto Izikson y el director del Observatorio UDP, Mauricio Morales, el modo en que la Presidenta gestione la tragedia en el norte tendrá efectos en su aprobación, aunque nada asegura que estos sean permanentes.
Mauricio Morales – Director del Observatorio UDP
Sobre las consecuencias que la tragedia podrían generar para la Presidenta Bachelet, el cientista político Mauricio Morales remarca que los Gobiernos son calificados según su eficiencia.
Así, en el actual escenario y con los casos Penta, Caval y SQM, Morales plantea que “ninguna tragedia sirve como excusa para tapar los casos de corrupción. Pero las tragedias sirven para poner a prueba la capacidad de reacción del Gobierno. Dado que los gobiernos son evaluados según su eficiencia, las crisis de este tipo pueden impactar en los niveles de aprobación”.
El director del Observatorio Electoral de la UDP recuerda además lo sucedido con catástrofes anteriores. “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con el terremoto en Tocopilla y en el norte en general, donde los partidos tradicionales se han deprimido de manera muy acelerada. Contabilizando las regiones XV, I, II y III, el 80% de su población está gobernada por alcaldes que no pertenecen a las listas o pactos más tradicionales”, dice.
Partamos por la gran cacofonía en el circo romano y multipliquemos las amalgamas: exculpación del hijo de Carlos Larraín en la muerte de un transeúnte en una noche plagada de sospechas; irrupción del caso Penta al inicio del verano; estallido del caso Caval y propagación de sus secuelas en medio de las vacaciones, convergiendo con el caso Penta en la conversación de cada día; terminado el descanso veraniego, nombramiento del sacerdote Barros como obispo de Osorno en la más completa indiferencia por su condición de cómplice o testigo de las aberraciones de Karadima… Sería fácil multiplicar los escándalos —porque de eso se trata—, y no sólo de affaires para iniciados que ponen a prueba la confianza de los chilenos en sus instituciones y élites. Tironi afirmaba que éste era un traspaso de poder desde las élites a vaya saber quién. Suena bien, popular, pero demasiado fácil.
Este martes, una sala del Tribunal Constitucional acogió un requerimiento del ex gerente de SQM Patricio Contesse, paralizando de ese modo la investigación de la fiscalía sobre una arista aparentemente aterradora del caso Penta. De acuerdo, es una solución institucional. Pero, en serio, ¿alguien se ha preguntado cómo viven los chilenos comunes y corrientes; es decir ni usted señor lector ni yo mismo, los episodios de estos últimos 60 días? En el mejor de los casos, como chilenos que poco y nada entienden, pero que pese a todo leen, escuchan, miran y asimilan en su escala de pertinencia fragmentos de una realidad que admite todo tipo de opiniones, pero en ningún caso adhesiones a las instituciones y a los actores que las encarnan.
Si ya es repulsivo intuir que no pocos congresales ganaron sus escaños invirtiendo dinero mal habido, es definitivamente un asco sospechar que diputados y senadores de centroizquierda recibieron aportes (incluso legales) de SQM, una sigla que es encarnada por Ponce Lerou, quien fuese yerno de Pinochet y forjara su prosperidad en dictadura bajo reglas inicuas. Si esta sospecha llegase a comprobarse, ¿cómo explicar entonces que políticos del mundo al que uno pertenece (en este caso, la derecha no me interesa) no se entumecieran ante aportes posiblemente buscados en quienes son, objetivamente, aborrecibles? Esto es un asunto de límites morales, y en el caso de SQM el límite moral estuvo siempre a la vista, con el mismo estatus vomitivo ayer y hoy: ¿qué hacer entonces, de verificarse la sospecha? Ninguna reforma institucional puede redimir comportamientos que, para ser justos y probos, no requerían de normas, sino de conciencia.
“La deslegitimación institucional estaba tocando piso. El TC le acaba de abrir la puerta al sótano”, afirma el diputado Boric. Tal vez. Es probable que el bien común en la esfera política, la democracia de partidos, exija ser protegida del secreto y la traición. Es cierto. Pero es triste. Insosteniblemente triste.
Primero fue la Presidenta Bachelet quien evitó referirse al tema de fondo en el caso Caval escudándose en su condición de madre. Después, el ex Presidente Sebastián Piñera evitó referirse al tema de fondo del caso Penta escudándose en su condición de amigo de uno de los principales involucrados. Cuando el país demanda que sus líderes políticos estén a la altura de la investidura que poseen y se hagan cargo de cuestionamientos a su desempeño, el silencio de Bachelet respecto a su evaluación sobre la ética detrás de lo que hizo su hijo como el de Piñera sobre si cometió un error al nombrar a Pablo Wagner en la Subsecretaría de Minería (o si se arrepentía ahora de haberlo hecho) muestra que ambos Presidentes prefirieron refugiarse en sus relaciones familiares y de afecto para hacerle el quite a su responsabilidad política.
En estas últimas semanas, los casos Caval y Penta han tenido al gobierno y la oposición contra la pared. Por un lado, el caso Penta ya ha resultado en la prisión preventiva de los controladores del holding y del ex subsecretario Warner. El caso Caval, en cambio, llevó a la Presidenta a convocar un Consejo Asesor que le deberá entregar propuestas en 38 días (las que luego deberán ser sometidas al Congreso). En Penta, la renuncia del presidente de la UDI, Ernesto Silva, y los rumores sobre posibles formalizaciones de otros políticos UDI involucrados ha dejado en claro los altos costos políticos que ha pagado, y deberá seguir pagando, el partido más importante de Chile. En Caval, en cambio, los costos se han concentrado en la Presidenta Bachelet. Si bien la existencia de la Nueva Mayoría descansa sobre la credibilidad y popularidad de Bachelet, la NM no ha visto dañada su ya débil aprobación producto de los negocios inmobiliarios del hijo de la Presidenta. Aunque el escándalo Soquimich amenaza con convertirse en un dolor de cabeza tan dañino para la NM como Penta lo ha sido para la UDI, lo cierto es que es mucho menos malo tener una espada de Damocles colgando sobre tu cabeza que haber sido atravesado por ella. Por eso, aunque los costos de un escándalo SQM son potencialmente altos y el daño sufrido por Bachelet (que es el pilar de apoyo de la NM) ha sido innegable, la NM ha pagado menos costos que la Alianza en estas semanas.
Así como el mayor costo del escándalo Caval ha sido para Bachelet, el caso Penta también golpea al incuestionable líder de la Alianza, el ex Presidente Sebastián Piñera. Comprensiblemente, la relación de amistad de Piñera con Carlos Délano ha atraído los titulares de prensa (“Delano ha sido, es y va a seguir siendo mi amigo”). Aduciendo a su condición de amistad por 40 años, Piñera fue más lejos, señalando que la amistad es “en las duras y en las maduras”. Pero como está consciente de los altos costos que implica esa especial amistad con el que fue miembro del Tercer Piso (asesores y amigos) durante su gobierno, el ex Presidente Piñera no ha acompañado su declaración con la prueba de cercanía de ir a visitar a su amigo a la cárcel. Si va a usar el argumento de la amistad, debiera comportarse como el mejor amigo e ir a acompañar a su compañero de tantas jornadas en su momento más amargo.
Como ex Presidente, Piñera puede usar esa carta para abordar su histórica relación con Délano. Bachelet no puede hacer lo mismo para evitar referirse a la cuestión de fondo en el caso Caval. No basta que ella diga no haber sabido nada del asunto. Como líder del país y como paladín de la causa de la igualdad, Bachelet no puede decir “paso” ante las legítimas preguntas sobre su evaluación política de los negocios realizados por su hijo y su nuera. La investidura presidencial obliga que la madre privilegie su condición de líder política del país (y de su coalición) y enfrente las legítimas preguntas sobre su opinión de las actividades empresariales de su hijo y sobre su propia decisión de haberlo nombrado a un cargo de su exclusiva confianza.
De igual forma, la investidura de ex Presidente obliga a Piñera a tener que enfrentar en su condición de tal la prisión preventiva de Pablo Wagner. No basta con excusarse alegando que hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Si Bachelet usara esa excusa para no hablar del escándalo que involucra a su hijo, lloverían justificadas críticas desde la oposición y su propio sector. El ex Presidente Piñera tiene todo el derecho de escoger a sus amigos, pero la decisión de nombrar a Wagner como subsecretario fue un acto político del que debe hacerse cargo —y por el que debe dar la cara—.
Enfrentados a la obligación de dar la cara por sus actos políticos y sus decisiones administrativas respecto de Sebastián Dávalos y Pablo Wagner, los Presidentes Bachelet y Piñera han optado por desviar la atención y recurrir, respectivamente, a sus relaciones familiares con Sebastián Dávalos y de amistad con Carlos Délano para hacerles el quite a los cuestionamientos de fondo. Cuando el país demanda que los Presidentes actúen a la altura de sus cargos, Bachelet y Piñera prefieren decir “paso”.
Mauricio Morales, Director del Observatorio Político Electoral UDP.
El cientista político de la UDP Mauricio Morales nos explica con lápiz y pizarra los nexos, aristas y repercusiones que tienen los tres casos político-económico que más han afectado la imagen del país.
