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  1. La verdad no tiene remedio

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Pese a todas las señales que indican que el futuro inmediato se viene más oscuro, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sigue comprometiéndose con promesas incumplibles. En vez de reconocer que pecó de demasiado optimista (mintió), el gobierno quiere seguir haciendo creer a los chilenos que la gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. En vez de reconocer su error, el gobierno de Bachelet se comporta como esos mentirosos que, al ser descubiertos, intentan elaborar una historia aún más inverosímil para tratar de negar lo obvio.

    Como candidata en 2013, Bachelet se comprometió a avanzar decididamente hacia la gratuidad universal y efectiva en la educación superior.  En su programa de gobierno, Bachelet especificó que en su cuatrienio se llegaría al 70% de cobertura. En una redacción confusa, —que tal vez ya entonces quería esconder la imposibilidad de cumplir la promesa– Bachelet se comprometía con avanzar “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.

    Ahora que la realidad del estancamiento económico ha golpeado en la cara a los espíritus fundacionales de la Nueva Mayoría —aunque muchos analistas hacía tiempo venían advirtiendo que los vientos de la economía empezarían a soplar en contra— el gobierno ha tratado de demostrar por un lado una cuota de responsabilidad fiscal, pero por otro ha insistido en que es cosa de tiempo antes de que se convierta en realidad.

    Las estimaciones del gobierno indican que para cumplir la promesa de gratuidad se deberá aumentar la carga tributaria del 21,5% del PIB actual a un 29,5%.  Esto es, un aumento del 40% en la carga tributaria del país.  Para hacerse una idea, la reforma tributaria de 2014-2015 buscaba aumentar la carga tributaria en menos de 3% del PIB. Aunque en realidad solo hará que pase del 21.5% en 2015 a un 23% en 2018.  Para cumplir la promesa de gratuidad universal, se necesita una reforma tributaria efectiva 5 veces más grande que la adoptada en 2014.

    Además de que es improbable que se pueda realizar una reforma de ese calibre (porque las consecuencias sobre la economía serían desastrosas), por la forma en que el gobierno ha insistido en que vamos en un camino irreversible hacia la gratuidad universal, pareciera que algunos en La Moneda esperan que la carga tributaria siga subiendo gradual pero inequívocamente hasta alcanzar el 29,5% del PIB.  Muchos dirán que otros países tienen cargas más altas, pero si consideramos que ese 29,5% excluye las contribuciones de los trabajadores a sus pensiones —cuestión que fácilmente se acerca al 10% del PIB en otros países— entonces podemos ver que la hoja de ruta del gobierno no tiene ni pies ni cabeza.

    Condicionar la gratuidad a que el Estado alcance un tamaño determinado del PIB es como condicionar un viaje a Júpiter a que las naves espaciales puedan volar a un millón de kilómetros por hora para recorrer así, en 6 horas, los 588 millones de kilómetros que nos separan de ese planeta. La matemática es impecable. Pero la factibilidad de que eso ocurra en las próximas dos décadas es casi nula.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad.  En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Una decisión políticamente más responsable hubiera sido reconocer que, en el entusiasmo de su retorno a Chile, Bachelet prometió algo que jamás podría cumplir.  La Presidenta podría reiterar que su intención es avanzar hacia la gratuidad de la misma forma que queremos avanzar hacia ser una sociedad libre de delincuencia y enfermedades.  Después de todo, los Presidentes siempre señalan un norte hacia el que quieren avanzar.  Las hojas de ruta de los gobiernos siempre tienen un objetivo final que es demasiado ideal como para imaginar que algún día se puedan materializar.

    Pero Bachelet optó por seguir hundiéndose en su promesa desmedida e irrealizable. Aunque chuteó la pelota hacia adelante —y deberán ser otros en el futuro los que reconozcan que la promesa nunca iba a poder ser cumplida— Bachelet optó por tomar la posición irresponsable de un líder populista que se aferra a un sueño irrealizable en vez de pagar el costo de asumir el rol de mujer de Estado que dice la verdad, aunque duela.

    De haber recordado la canción de Joan Manuel Serrat, Bachelet debió haber aceptado que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.  En cambio, la Presidenta optó por pasar a la historia como la mujer que prometió mucho más de lo que se podía cumplir pero nunca quiso reconocer su error.

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  2. La poderosa alianza de Peta Fernández y Rodrigo Valdés

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando quedan 100 días para las elecciones municipales, parece improbable que este gobierno pueda cambiar de rumbo. El legado de esta administración ya está formado y hay muy poco que pueda hacer cualquier dupla Interior-Hacienda, por más poderosa que sea, para enmendar rumbo.

    Resulta difícil imaginar una alianza más improbable de ministros en el gabinete de Bachelet que la que pudieran formar los titulares del Interior, Mario “Peta” Fernández y de Hacienda, Rodrigo Valdés. Las declaraciones llamando a que se constituya una dupla Peta-Valdés que logre moderar al gobierno constituyen una declaración que refleja nostalgia por los viejos gobiernos concertacionistas más que una alternativa factible en lo que resta del segundo cuatrienio de Bachelet.

    Ya sea porque lo dicen las encuestas o las cifras económicas, este gobierno se perfila a tener el peor desempeño de un periodo presidencial desde el retorno de la democracia.  Salvo por la magra expansión del PIB en lo que va del periodo, cuesta identificar una dimensión en la que Chile esté mejor de lo que estaba cuando Bachelet asumió su segundo periodo.  Desde un mayor desempleo hasta niveles más extendidos de pesimismo en consumidores y actores económicos, las señales de que avanzamos por el camino equivocado son evidentes.  Aunque el gobierno se anota varias reformas a su favor, las principales medidas tienen falencias evidentes que obligarán a futuros gobiernos a corregirlas.

    Desde la reforma tributaria hasta la reforma laboral, abundan los problemas de diseño e implementación. Como ha reconocido recientemente el propio gobierno, la reforma tributaria no logrará su objetivo de recaudar suficiente para dar gratuidad al 70% de menos ingresos.  Otras reformas que hoy reciben menos cuestionamientos, como la reforma electoral o la reforma a la educación básica y secundaria, tienen fallas de diseño que producirán decepción cuando estén plenamente vigentes. Felizmente para Bachelet, ella ya no estará en el poder cuando la gente se empiece a preguntar por qué establecimos un sistema electoral que reduce la rendición de cuentas y, pese a lo prometido, abulta el presupuesto del Congreso debido al aumento de parlamentarios.

    Ante la evidencia de que avanzamos en la dirección equivocada, varias voces moderadas de la Nueva Mayoría han intentado forzar una corrección del rumbo.  El cambio de gabinete del 11 de mayo de 2015 hizo que muchos celebraran anticipadamente el cambio de rumbo. Pero al poco andar, la dupla de Jorge Burgos y Rodrigo Valdés —que remplazó a los bacheletistas Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas en Interior y Hacienda respectivamente— dejó claro que podría girar el timón.

    Aunque ambos ministros hicieron sus mejores esfuerzos por restaurar el viejo orden concertacionista del diálogo, la gradualidad y la moderación, los aires refundacionales se terminaron por imponer.  Es verdad que el gobierno formalmente abandonó la retroexcavadora cuando Burgos y Valdés llegaron a capitanear los equipos político y económico.  Pero numerosos voluntarios, en el segundo piso de La Moneda y otros puestos en el gabinete, se subieron ocasionalmente a la retroexcavadora para boicotear la lógica del diálogo y construcción de consensos.  La salida de Burgos del gabinete el 8 de junio de 2016 demostró el fracaso del proyecto moderador que llegaron a personificar Burgos y Valdés.

    De ahí que resulta sorprendente que, un mes después del nombramiento de Peta Fernández, algunos todavía crean que existe espacio para una dupla Interior-Hacienda que reencauce a la Nueva Mayoría por los viejos senderos de la Concertación.  Como tiene atributos similares que Burgos, Peta Fernández no parece ser la persona más idónea para forzar un golpe de timón en el gobierno. Además, a diferencia de Burgos, Fernández llega en un momento cuando la prioridad parece ser construir un retiro ordenado y preparar la resistencia para el vendaval electoral que se anticipa en 2016 y 2017.

    Si bien la derecha no tiene las herramientas, los candidatos ni la unidad al interior de la coalición para aprovechar la coyuntura y brindarle a la Nueva Mayoría una aplastante derrota electoral en las municipales de octubre, es evidente que no habrá un candidato presidencial en 2017 que refleje la continuidad del modelo de la Nueva Mayoría. Los nombres que suenan hoy con fuerza en la centro-izquierda representan el modelo de la Concertación.

    Cuando quedan 100 días para las elecciones municipales, parece improbable que este gobierno pueda cambiar de rumbo.  El legado de esta administración ya está formado y hay muy poco que pueda hacer cualquier dupla Interior-Hacienda, por más poderosa que sea, para enmendar rumbo.

    Ya que la dupla Peta-Valdés no tiene ni el tiempo ni los atributos necesarios para revertir el rumbo, las peticiones que llaman a la constitución de un nuevo intento por forjar una hoja de ruta de moderación y construcción de consensos parecen más bien lamentaciones sobre un mal desenlace que era evitable que predicciones sobre el desempeño del gobierno en los próximos meses. Aunque al unirse pudieran frenar el avance refundacional en lo que queda del periodo, difícilmente podrán revertir el poco admirable legado que nos ha dejado este segundo gobierno de Bachelet.

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