La desigualdad y su creciente politización en Chile
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Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
A estas alturas es una obviedad decir que América Latina se caracteriza por sus altos niveles de desigualdad. Para quienes se dedican a investigar este tema, el caso de Chile es peculiar. Se trata de un país que desde la recuperación de la democracia en 1990 ha mostrado un notable avance en la reducción de la pobreza y un aumento sostenido en los años de escolaridad de la población. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un rasgo indeleble de la sociedad chilena. Nadie duda que el “modelo chileno” ha sido exitoso al momento de generar crecimiento y garantizar estabilidad macroeconómica, pero todo indica que “el modelo chileno” ha sido bastante mediocre en lo que respecta a la reducción de las brechas de desigualdad.
Quien tenga dudas al respecto debería revisar el reciente informe del Programa de las Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual no sólo ofrece un detallado diagnóstico sobre la desigualdad en Chile sino que también brinda importantes luces para comprender las causas y consecuencias de este fenómeno. Dentro de los hallazgos de este informe, es importante destacar que la desigualdad es un fenómeno estructural que cruza la historia del país, pero que se ha ido instalando como un problema en la agenda pública sólo recientemente. Mientras en el año 2000 la mitad de la población opinaba que es injusto que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor salud y educación, hoy en día dos tercios de la sociedad chilena opinan que esto es injusto.
¿Cómo se explica que pese a que la desigualdad sea estructural y de larga data, la preocupación por este fenómeno sea más bien reciente? La respuesta es simple: debido a su politización. Dado que la población chilena cada vez tiene mayor posibilidad de obtener educación, salud y vivienda, resulta lógico que de a poco disminuya la demanda por acceso y aumente la demanda por calidad. Las movilizaciones sociales que el país ha venido experimentado en el último tiempo ponen justamente el tema de la desigualdad en el tapete. Quienes protestan a favor de educación gratuita y universal promueven un nuevo sistema que entregue educación de calidad a todos y no tan sólo a un reducido grupo. Por su parte, quienes se movilizan en contra del sistema de pensiones privado implementado durante la dictadura tratan de impulsar una reforma para asegurar jubilaciones dignas para el conjunto de la población y no sólo para aquellos con salarios altos y estables.
En consecuencia, no han sido los partidos políticos los que han puesto el tema de la desigualdad en la agenda pública. Su politización obedece más bien al surgimiento de nuevos actores colectivos y de movimientos sociales que han sabido canalizar un malestar transversal en contra de la ceguera de gran parte de las elites establecidas en el poder. Tal y como indica el informe del PNUD, los grupos de mayores ingresos tienen una enorme capacidad para influenciar la democracia chilena. A estos grupos les resultó medianamente fácil ponerse de acuerdo en focalizar el gasto público para reducir la pobreza, ya que este tipo de políticas públicas no ha perjudicado seriamente sus propios intereses. Sin embargo, para atacar la desigualdad no basta con focalizar el gasto público, sino que es preciso implementar políticas públicas redistributivas que necesariamente afectan los niveles de concentración de poder existentes.
De hecho, el impacto redistributivo de transferencias e impuestos en Chile es bastante bajo, no sólo en comparación a los países escandinavos que se caracterizan por la existencia de un generoso Estado de Bienestar, sino que también en comparación a países vecinos como Argentina y Brasil. Mientras se siga manteniendo un acceso segmentado por clases sociales para educación, salud, pensiones y otros servicios, hay escasas posibilidades de que se reduzcan los niveles de desigualdad imperantes. Sin duda alguna que este tema va a permear las elecciones presidenciales y parlamentarias que el país enfrentará a fines de este año. La buena noticia es que las ofertas políticas existentes han ido tomando conciencia de esta problemática y, por lo tanto, van a ofrecer propuestas respecto a cómo atacar la desigualdad.
La mala noticia es que debido al tamaño de la brecha social y el enorme poder de los grupos de mayores ingresos, tomarse en serio el problema de la desigualdad necesariamente pasa por redistribuir poder. A modo de ejemplo, cabe notar que el 0,1% y el 1% más rico del país se llevan el 20% y el 33% del ingreso nacional, respectivamente. Gracias a la labor de la fiscalía y los medios de comunicación, últimamente se han destapado varios escándalos que demuestran cómo esta desigualdad económica se traduce en desigualdad política: muchos espacios de toma de decisiones son infinitamente más sensibles al parecer del poder económico que al parecer del demos.
Visto así, el problema de la democracia chilena no es muy distinto del problema de muchas de las democracias actuales: mientras mayores son las certezas que se le tratan de otorgar al capital, menores son los niveles de certidumbre que experimentan los ciudadanos en el día a día y, por lo tanto, más grande se torna la brecha entre ricos y pobres. Tal es el nivel de incertidumbre y desigualdad socioeconómica en el Chile actual que menos de un tercio de la ciudadanía confía que tendrá atención médica adecuada en caso de una enfermedad catastrófica. En otras palabras, la gran mayoría de los ciudadanos tiene miedo a morir en caso de una enfermedad grave. No enfrentar el problema de la desigualdad muchas veces desencadena la irrupción de fuerzas populistas, tanto de izquierda como de derecha, las cuales seriamente desafían el orden democrático y a las elites establecidas en el poder. Chile está aún a tiempo de evitar este desafío, pero para ello es preciso redistribuir poder antes de que sea demasiado tarde.
La Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con la Revista Política y Economía, la 
