Tag Archive: poder legislativo

  1. Estudio UDP/Criteria detecta importantes diferencias en percepciones de congresistas y ciudadanía sobre reformas políticas

    Leave a Comment

    En las últimas semanas se ha revitalizado la discusión sobre los poderes del poder Ejecutivo y Legislativo. La coordinación de la oposición para rechazar la idea de legislar de algunos proyectos ha revivido el debate sobre cuánto poder debe tener el Ejecutivo vis a vis el Legislativo.

    Entre mayo y agosto de 2018, el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales entrevistó al 92,4% de los congresistas en temas políticos en una encuesta de opinión. Este año, en abril, Criteria Research reprodujo la encuesta pero lo aplicó a la ciudadanía, entrevistando a un grupo de 830 personas en un muesreo aleatorio en una encuesta de panel online.

    Al consultar a la ciudadanía sobre el diseño institucional democrático observamos que la crisis que viven las instituciones representativas tienen efectos relevantes en las percepciones ciudadanas. Por ejemplo, la ciudadanía encuestada se muestra más favorable a limitar el tiempo que los políticos deberían estar en el poder, y al mismo tiempo se muestran partidarios de aumentar el poder presidencial.  Las élites congresistas, por su parte, prefieren atenuar poderes del Ejecutivo y permitir opciones moderadas de reelección.  Se observa alta división en estos temas de las élites, lo que anticipa que estas reformas dificilmente se materializarán.

    Otro de los resultados sorpresivos se vincula con la obligatoriedad de asistir a votar. Usualmente, teníamos un escenario donde las élites políticas se inclinaban por el voto obligatorio, mientras en la opinión pública dominaba una mayoría que se inclinaba por el voto voluntario. En esta oportunidad, la encuesta panel muestra una mayoría relevante (58%) que se inclina por el voto obligatorio, lo que podría manifestar una tendencia de mayor debate sobre el tema a nivel social.

    • Voto obligatorio: Los congresistas mayoritariamente prefieren el voto obligatorio (67%), lo que es consistente con anteriores encuestas. Lo novedoso es que también la mayoría de la ciudadanía encuestada se muestre a favor del voto obligatorio (58%), lo que rompe una tendencia observada en otros estudios donde se prefería el voto voluntario.
    • Reelección presidencial: Mientras la mayoría de los congresistas se muestra partidaria de un sistema de reelección presidencial por una vez (49%), la ciudadanía prefiere en su mayoría la situación actual—cuatro años sin reelección inmediata (40%). La idea de la reelección es más resistida por la ciudadanía lo que puede deberse al cuestionamiento y desconfianza social respecto de las instituciones de representación.
    • Límite a reelección de congresistas: Si existe un ámbito donde congresistas y la ciudadanía están de acuerdo es en el mayoritario apoyo al límite a la reelección (75% y 84% respectivamente).  No obstante, se advierten  diferencias importantes respecto de cuánto debería ser este límite. Mientras la ciudadanía encuestada opta mayoritariamente por otorgarles un máximo de 2 períodos a diputados (52%), los congresitas optan por dos períodos para diputados (45%).  En el caso de los senadores,  tanto la ciudadanía como congresistas favorecen la opción de reelección de un período (53% y 43% respectivamente).
    • Régimen de gobierno: Vemos que la ciudadanía es más proclive a mantener un sistema en donde la figura presidencial cumpla un papel fundamental (51%). Mientras que los congresistas optan en su mayoría por atenuar o limitar el poder ejecutivo. La opción del sistema parlamentario no es una posibilidad ni para ciudadanos ni para congresistas (4 y 7% respectivamente). Así, en la percepción ciudadana predomina la opción de mantener el sistema presidencial, mientras las élites congresistas prefieren su limitación.
    • Cambiar la constitución actual: Aquí podemos ver que la inmensa mayoría de los parlamentarios y de los ciudadanos se muestran favorables a modificar la actual Constitución (reformarla o cambiarla). Ahora bien, entre las opciones cambiar por completo la constitución o reformarla, las aguas están divididas tanto en la ciudadanía como en los congresistas en partes casi idénticas, demostrando la división que existe en el país.
    • Otras temáticas: Respecto de cambios tanto en el Tribunal Constitucional como del sistema bicameral del Congreso, la ciudadanía no parece estar muy informada ni vinculada al tema. Mientras que para los congresistas, la mayoría está abierto a reducir o bien eliminar las atribuciones del TC.

    En tanto, un 48% de los congresistas están abiertos a pasar de un Congreso con dos cámaras a uno de carácter unicameral.  En la ciudadanía se observa mayor dispersión, y un alto nivel de NS/NR lo que sugiere mayor desconocimiento respecto de implicancias que podría tener contar con una o dos cámaras.

    Descargar estudio aquí

  2. Nueva institucionalidad para la acción legislativa

    Leave a Comment

    logo-encuestaLa tramitación de la reforma tributaria dejó en evidencia las importantes discrepancias y deficiencias respecto del conocimiento técnico y los cálculos más básicos con el que se discuten muchas leyes en el país. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Hacienda señalaba que la ley recaudaría unos US$ 5.100 millones vía impuesto a la renta, la CPC proyectaba un ingreso fiscal de US$ 3.500 millones por el mismo concepto.

    Más allá de las diferencias de diagnóstico y proyección, la experiencia de la reforma tributaria puso de manifiesto la débil capacidad técnica del Poder Legislativo para corroborar y sopesar las cifras y argumentos presentados por los diversos actores durante el debate.

    Con el objetivo de emparejar las capacidades de análisis del Congreso, en particular ante el Ejecutivo y la Dirección de Presupuestos (Dipres), Espacio Público ha elaborado una propuesta para mejorar la acción legislativa. Se propone crear una Dirección Parlamentaria de Análisis Técnico que sea políticamente neutra, no partidista. Para asegurar que esta institucionalidad no sea influenciada por el ciclo político, el nombramiento de su director debería hacerse vía la Alta Dirección Pública.

    Esta institucionalidad debe suplir dos falencias que creemos dan origen a la dispar capacidad técnica entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Primero, el Congreso debe tener acceso a las metodologías y todos los datos con los que el Ejecutivo elabora los estudios que fundamentan los proyectos de ley. Esto resolvería el actual problema de no poder replicar los análisis técnicos que acompañan las iniciativas de gobierno, lo cual impide que el Congreso pueda rebatir o confirmar las cifras que se exhiben. Segundo, su personal técnico debe ser equivalente al de instituciones como el Ministerio de Hacienda o la Dipres, los cuales brindan apoyo técnico al Gobierno en la elaboración de leyes. Si bien actualmente el Congreso puede recurrir a la Biblioteca del Congreso, la Unidad de Asesoría Presupuestaria, o las asignaciones parlamentarias para solicitar información, estas instancias no tienen ni presupuesto ni capacidad para analizar datos o verificar supuestos presupuestarios equivalentes a las instituciones que apoyan al Gobierno.

    Específicamente, proponemos que la dirección preste al menos tres tipos de servicios al Congreso: asesoría técnica para los parlamentarios en el proceso presupuestario; asesoría en análisis costo-beneficio social en proyectos de ley importantes, pero que no impliquen necesariamente gasto público, y análisis y prevención de problemas de implementación legal y administrativa. A través de este apoyo, el Congreso podrá definir las mejores alternativas en base a evidencia transversalmente validada y evitar que leyes sean inviables de poner en práctica posterior a su aprobación. Esta nueva institucionalidad contribuirá también a sopesar los antecedentes entregados por otros actores como empresas y asociaciones gremiales. Esto no reemplazaría de ninguna forma la necesaria y legítima deliberación parlamentaria, parte clave de nuestro quehacer democrático, sino que solo informaría este debate en pos de asegurar que el diseño de las leyes facilite el logro de sus objetivos.

    En términos de costo, la investigación de Espacio Público indica que el presupuesto anual para remuneraciones de esta institución estaría en el rango de los US$ 2 a 3 millones, suponiendo que los gastos administrativos adicionales (por ejemplo, gestión de recursos humanos) son bajos dada una sinergia con la Biblioteca del Congreso y otras unidades en el Congreso.

    Pese a que en estos días muchos plantean la necesidad de recortar en el corto plazo recursos al Congreso, nos parece necesario enfatizar los beneficios sociales de largo plazo que reviste mejorar la calidad del proceso legislativo. Por último, creemos que elevar los estándares de este proceso a través de una institucionalidad como la propuesta también contribuye a contrarrestar la crisis de legitimidad por la cual atraviesa el país. Leyes mal diseñadas que terminan teniendo un costo social y económico no previsto o beneficiando a grupos de interés por sobre el bien común pueden afectar la confianza en el Congreso. El rápido deterioro de esta -el porcentaje de chilenos que declara tener “mucha” o “bastante” confianza en el Congreso bajó de 13,4% a 4,1% entre los años 2008 y 2015 (encuesta UDP)- indica la urgencia de hacer un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de nuestro proceso legislativo.

    Ver columna aquí