Un año después de celebrar una de las victorias más inesperadas en la elección de 2013, el senador Manuel José Ossandón aparece como el político mejor evaluado de derecha. Respecto a Sebastián Piñera -el líder natural del sector- Ossandón genera menos rechazo. Aunque ya demostró que la gente -una versión moderna de la “querida chusma”- lo puede imponer a los poderes fácticos de su sector, para llegar a La Moneda, Ossandón se deberá bajar del caballo que tanto le acomoda. “El Cote” deberá convencer a los poderes fácticos de su sector que es mejor intentar ganar con su segunda mejor opción, que perder llevando al candidato que más les gusta.
Después de exitosos 8 años como alcalde de Pirque y 12 años como popular edil de Puente Alto, Ossandón anunció que buscaría un escaño en el Senado por Santiago Oriente. Desde que Piñera fue senador ahí entre 1990 y 1998, RN había perdido ese cupo ante la UDI en 1997 -cuando Andrés Allamand cayó ante Carlos Bombal- y en 2005 -cuando Lily Pérez fue derrotada por Pablo Longueira-. El anuncio de Ossandón produjo una reacción inmediata en la UDI, que probó con la senadora Ena von Baer primero, los diputados Iván Moreira y José Antonio Kast después, y finalmente el ex candidato presidencial Laurence Golborne para enfrentar a Ossandón.
El diseño de campaña de Ossandón (en el que participé como asesor) dividió a la circunscripción en tres zonas: su fuerte (Puente Alto, La Florida, Pirque, San José de Maipo y La Pintana), el fuerte de la derecha (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) y su zona débil (las otras 13 comunas de la circunscripción). Como su zona fuerte y la zona fuerte de derecha agrupaban al 30% de los votantes cada una, Ossandón buscó asegurar su dominio en su zona fuerte y reducir la ventaja de Golborne en la zona fuerte de derecha. Su mensaje de campaña combinó su popularidad en Puente Alto, una clara identificación con su sector (“un senador de derecha” y una foto de campaña con su esposa y sus 8 hijos) y su reputación como un alcalde frontal (“Ossandón, te creo”). La estrategia resultó exitosa. Ossandón obtuvo 127.849 votos en su zona fuerte, superando por más de tres veces los 38.112 votos de Golborne. En su zona débil, Ossandón logró 121.153 votos, por debajo de los 157.812 de Golborne. En la zona fuerte de derecha, Ossandón logró 68.309 votos, un 70% de los 98.628 que alcanzó Golborne. Siempre se supo que Ossandón arrasaría en Puente Alto. Su victoria se debió a que, con su discurso franco de derecha (cosa que Golborne no podía hacer, para no ahuyentar votos en sectores populares), Ossandón acortó la ventaja de Golborne en la zona fuerte de derecha, propinándole una dura derrota a la UDI en la circunscripción desde donde han salido dos presidentes de la República.
En el Senado, donde la derecha es minoría -y por lo tanto su influencia depende de su capacidad para sumar a la DC a la oposición a los proyectos del gobierno-, Ossandón ha privilegiado levantar banderas de temas ciudadanos (si el gobierno quiere dar educación universitaria gratuita, ¿por qué no permitir un par de giros gratis mensuales en BancoEstado a los jubilados?). Los resultados hasta ahora son promisorios. Aunque lo conoce sólo el 47% de las personas, es el político de derecha mejor evaluado (43% positiva, y 36% negativa), superando a Piñera (35% positiva y 35% negativa). Pero entre la gente de derecha (un 12% del total), Ossandón ocupa el octavo lugar en popularidad.
Tal como logró llegar al Senado pese a no ser el favorito de su sector, Ossandón pudiera sentirse tentado a imponer su nombre en la derecha a partir de la cruda realidad de las encuestas. Pero la derecha pudiera preferir apoyar a su candidato favorito, Piñera, aunque tenga más rechazo entre los independientes (el 54% del total). Si Ossandón quiere optimizar sus posibilidades de llegar a La Moneda, debiera bajarse del caballo para seducir al voto duro de su sector. Si lo logra, podrá volver a hacer sonar a un sector que todavía no termina de recuperarse de su peor derrota electoral desde el retorno a la democracia.
Luego de que la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, presentara los lineamientos del proyecto para financiar campañas políticas, surgido a raíz del caso Penta, algunos parlamentarios manifestaron sus reparos a la viabilidad de reducir el gasto electoral a la mitad.
Según los críticos, esto podría chocar con el futuro sistema electoral que reemplazará al binominal, el cual implica aumentar el tamaño de distritos y circunscripciones, lo que incrementará el costo de las campañas.
Para el senador de RN Alberto Espina, el planteamiento no es realista y puede abrir la puerta a financiamientos irregulares, lo que es compartido por el jefe de comité socialista Fulvio Rossi.
“Más bien es un incentivo a aumentar los gastos de campaña. Un diputado que representaba a una o dos comunas y hoy representa seis o siete, por razones de lógica va a gastar más, por lo tanto hay que hacer una legislación coherente y que de alguna manera al final del día no sea letra muerta, que no estimule maletines negros”, dijo el parlamentario.
No obstante, su par de la DC, Jorge Pizarro, defendió la rebaja de gastos, asegurando que es indispensable la fiscalización y penas efectivas para que el proyecto no sea letra muerta.
“Creo que es imprescindible reducir el gasto electoral, pero lo más importante es tener capacidad de fiscalización y control, porque el riesgo de financiamiento paralelo siempre existe, independiente del monto. Lo importante es que el Servel tenga la facultad de fiscalizar, controlar y además sancionar”, afirmó el senador de la Falange.
subir Rincón considera que el proyecto es aplicable
En tanto, la ministra Ximena Rincón aseguró que el proyecto es aplicable, pues se hizo en base a los montos declarados en la pasada elección, explicando que al aumentar los tamaños de circunscripciones y distritos se incrementa el monto y es sobre esta cifra que se pretende establecer un tope.
“Cuando tú amplias los territorios, amplías el monto máximo a gastar, y cuando reducimos este tope lo que estamos haciendo es revisarlo con los datos oficiales de lo que estaba permitido gastar y de lo que efectivamente se gastó y lo que efectivamente se gastó es la mitad de lo que en su minuto estaba autorizado”, dijo la secretaria de Estado.
Esta visión es apoyada por los expertos, como el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la U. Diego Portales, Claudio Fuentes.
“Yo creo que los límites actuales son siderales y lo otro a considerar es que los distritos se van a ampliar y por lo tanto va a aumentar el costo de la campaña, pero el límite en ese distrito en específico también va a aumentar porque es en relación al número de electores, por lo tanto es un poco mentiroso decir que el límite va reducirse significativamente porque aumenta la cantidad de electores”, dijo el cientista político.
En tanto, el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, aseguró que el tope de gasto tiene que ver con la voluntad política, pero además advirtió que esto debe ir acompañado con sanciones y con facultades para fiscalizar.
“Junto con establecer determinado límite de gastos, si junto con ellos no se establecen las respectivas sanciones, obviamente va a ser letra muerta, multas que son bastante bajas, lo que hacen más bien es prácticamente incentivar el incumplimiento de las normas”, dijo el directivo.
“También hay que darle facultades a alguien, que en este caso podría ser el Servel, para que fiscalice el cumplimiento con sanciones ejemplarizadoras”, añadió Santamaría.
El próximo 17 de diciembre ingresará el proyecto que establece un financiamiento estatal para las campañas y se hará por la comisión de Constitución de la Cámara.
Aunque siempre es bueno que el Gobierno sea pragmático para convertir sus promesas de campaña en leyes y reformas, la flexibilidad en la negociación debiera ser sobre instrumentos y no sobre principios. Como la Presidenta Bachelet repetidamente declaró que el lucro en la educación es malo porque la socava como derecho social, la propuesta de permitir el lucro en escuelas con pocos alumnos constituye una peligrosa renuncia a principios. Si el lucro hace mal a los alumnos, el tamaño de la escuela no debiera importar. De la misma forma, si la selección es mala porque reproduce las desigualdades de origen, permitirla en algunos colegios constituye una renuncia al principio sobre el que se sustenta toda la reforma educacional.
Sobra reiterar que hay buenas razones para creer que la reforma de Bachelet apunta más a satisfacer las demandas del movimiento estudiantil de 2011 que a corregir las deficiencias estructurales de la deficiente calidad de la educación. Los padres que pueden pagar huyen de las escuelas municipales. Pero en vez de enfocarse en mejorar la calidad de la educación municipal —para incentivar a los padres a volver al sistema público— el Gobierno buscó hacerle la vida más difícil a la educación particular subvencionada. Aunque ha intentado explicar que esta reforma va a mejorar la calidad de toda la educación, la opinión pública está cada día más escéptica.
Como el argumento del Gobierno ha sido que la selección y el lucro malogran la experiencia educativa al reproducir las desigualdades existentes, la relativización sobre los efectos negativos del lucro y la selección constituye una pendiente resbaladiza para la efectividad del mensaje del Gobierno. Si el lucro es malo, entonces no debiera ser relevante el tamaño de las escuelas o la tasa de ganancias de los sostenedores. Si en cambio el problema es el lucro excesivo, entonces debiera bastar tener mejor regulación.
De igual forma, si se permite la selección por mérito —que refleja desigualdades de ingreso de los padres— entonces no hay buenas razones para prohibir que colegios particulares subvencionados seleccionen a las familias que comparten los valores religiosos del proyecto educativo. Si la selección y el lucro son aceptables en algunos casos, entonces no son, por principio, siempre dañinos para la calidad de la educación. En ese caso, la decisión sobre la conveniencia del lucro debiera quedar en manos de los padres que escogen ese tipo de establecimientos y no del Estado.
En el fondo, el problema del Gobierno es haber centrado la reforma en los sostenedores y no en los niños. Como los sostenedores son un grupo de presión poderoso, con buenos amigos en el Congreso y comprometidos defensores en la sociedad (decenas de miles de padres que se sienten satisfechos con la educación que reciben sus hijos en esos colegios), el Gobierno se ha visto obligado a realizar concesiones para poder dar la imagen, aunque no sea del todo cierto, que está terminando con el lucro y la selección.
Peor aún, ya que centró su esfuerzo en reformar la educación particular subvencionada y no en mejorar la educación pública, el Gobierno facilitó la movilización de los que se sentirán afectados, pero no el involucramiento de los que presumiblemente se verán beneficiados con el fin del lucro y la selección. Siguiendo la inconveniente metáfora del ministro Eyzaguirre, como se focalizó en quitarle patines a unos más que en entregar patines a otros, el Gobierno se ganó el odio de unos pero no el apoyo de los otros.
Ahora, el Gobierno está estancado en una posición difícil de defender. En el largo plazo, su posición es ganadora. La gente quiere una reforma educacional que mejore la calidad —dando iguales oportunidades a todos, independientemente del ingreso familiar— y evite el abuso y la arbitrariedad. Pero en el corto plazo, la gente no entiende cómo la reforma logrará avanzar hacia ese objetivo. Ya que el Gobierno está perdiendo la batalla comunicacional —porque los grupos afectados han sido capaces de organizarse y ejercer influencia—, la estrategia actual de La Moneda es negociar todo lo que sea necesario para lograr una pronta aprobación a la ley que pone fin al lucro y la selección. El Gobierno cree que así podrá abocarse después a fortalecer la educación pública. Pero como no se terminará ni con el lucro ni con la selección, el esfuerzo del primer año de gobierno de Bachelet habrá sido inútil. Al prometer terminar con el lucro y la selección —y no sólo reducir sus efectos—, el Gobierno tomó una postura principista que era inconveniente estratégicamente y difícil de materializar.
En vez de enfocarse en lo que era mejor para los alumnos, el Gobierno salió a perseguir a los sostenedores que lucran. Ahora que se prepara para declarar amnistía a los sostenedores que lucran poco y a los colegios que seleccionan por mérito, el Gobierno vuelve a equivocarse al poner el foco en acomodar las necesidades y objetivos de los que proveen educación más que en las necesidades de los que la reciben.
“Nunca se había hablado de un cambio de modelo, hay un discurso que no habíamos visto en 25 años, una incertidumbre como no la había habido desde el comienzo de la democracia”, afirma Roberto Méndez, director de Adimark, quien fue presidente de Icare, la organizadora de Enade, en 1992, cuando existía gran temor por la permanencia del sistema económico.
Es un momento en que el empresariado está incómodo respecto de cómo se está llevando adelante el debate, sostiene Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos y comunicaciones de Plaza Pública, “en el que la sopa trae reformas Tributaria, a las AFP, Isapres, Laboral, Educación”.
Asegura que Enade sigue siendo una tribuna relevante, pero por razones distintas al pasado. “Antes era la oportunidad de escuchar a los empresarios; ahora es porque el clima está crispado y hay expectativas sobre qué va a pasar entre el gobierno y el sector privado”.
El ambiente es pesimista en el sector privado: la inversión viene cayendo en los últimos cinco trimestres, la economía no crece y la ola de reformas no genera incertidumbre sino que pánico entre el empresariado.
Este Enade viene precedido por algo inédito: la idea de invitar a los tres poderes del Estado y la molestia de los gremios reunidos en la Confederación de la Producción y el Comercio, que le que pidieron a su presidente Andrés Santa Cruz manifestar su molestia en una carta dirigida a su organizadora (Icare). Porque Enade siempre fue la cumbre donde el empresariado daba a conocer su visión y podía golpear la mesa. “Por favor, déjenos trabajar tranquilos”, le dijo Ricardo Ariztía –el timonel de la CPC– a Ricardo Lagos, en la versión 2001. Pero esta vez Santa Cruz estará en el primer panel junto con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y no cerrando con la Presidenta Michelle Bachelet, como era costumbre. No faltó el dirigente que ironizó con que este sería el Encuentro Nacional del Estado.
Pese al disgusto, el orador más esperado, al que todos quieren escuchar, es justamente uno de los tres representantes del Estado: el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Por primera vez la cabeza del Poder Judicial asiste como orador a la emblemática cumbre empresarial. “Eso te habla de la importancia que ha tomado el Poder Judicial a la hora de resolver conflictos medioambientales. No creo que Muñoz renuncie a la oportunidad de dar su diagnóstico a los empresarios. Si tomó la decisión de ir es porque algo les quiere decir”.
El sociólogo y académico de la Usach, Alberto Mayol, uno de los expositores de Enade 2011, sostiene que “no me parece que la Corte Suprema tenga que ir a dar cuenta, más cuando el Poder Judicial ha dicho que habla por sus fallos. Me parece un error político de Muñoz. Tendrá que ir a justificar una mirada distinta a la del empresariado o dar explicaciones y son tonos en los cuales disminuye su poder en vez de incrementarlo”.
Mayol se pregunta “¿por qué cuando los empresarios están en crisis invitan a los tres poderes del Estado?” y apunta al lema de este Enade, Affectio Societatis: Crear sociedad entre todos. “O es un giro democrático, que no he visto en la práctica en los empresarios, o en la palabra todos se esfuerzan por señalar que ellos sean escuchados, que no vaya a ser que entre todos se olviden de ellos”.
Patricio Dussaillant, abogado y analista político, dice que si bien entre los invitados hay caras que se repiten, es novedosa la inclusión de representantes del Estado. “Si dicen que las reformas generan incertidumbre, que hablen el Ejecutivo (Michelle Bachelet) y el Legislativo (Isabel Allende, presidenta del Senado), me parece razonable, porque son controlados por la Nueva Mayoría. Y los mismos empresarios han dicho que se está judicializando todo”, señala por la presencia del ministro Muñoz.
Roberto Méndez apunta que “hay un diagnóstico de una relación social deteriorada, hay crispación, como ha dicho el Presidente (Ricardo) Lagos, parece que nadie se puede poner de acuerdo; el título de este Enade es como recrear estos lazos entre las instituciones”.
Mayol analiza cómo ha cambiado la visión de la sociedad sobre el empresariado. “En 2011 apareció la sospecha de que detrás del lucro había algo extraño. En 2012 migró a una certeza de que había un problema ético, y en 2013 que no sólo no era ético sino ilegal. En 2014, la gente asumió que las formas de operar de las empresas, de ganar dinero, es perjudicando a otros”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, observa a un empresariado que no conecta con la sociedad: “Se resiste a los cambios, no está pensando en el bienestar social y hay una molestia ciudadana respecto de la percepción de abuso –los casos de las farmacias, los pollos, los chanchos, La Polar, las isapres, las tasas de interés de los bancos– y la sensación de que los más pobres son los grandes perjudicados”, dice, y agrega que la encuesta nacional de la UDP reveló que la confianza en las grandes empresas llega a un 10,5% y cae sostenidamente desde un 28% en 2009. De 14 instituciones –incluidos gobierno, medios de comunicación, Iglesia católica–, las grandes empresas se ubican en el lugar 11, superando a tribunales de justicia (8%), Congreso (6,4%) y partidos políticos (4,4%).
Izikson matiza: “Genuinamente los empresarios se dieron cuenta de que Chile está viviendo un proceso de cambios relevantes y que ellos tienen que ser parte del cambio, que la desigualdad es un problema, que los abusos son reales y que debe haber no sólo una sanción pecuniaria o penal, sino social de parte de ellos”.
En vez de lamentarse de que Bachelet esté llevando al país en la dirección equivocada, la derecha debería tratar de entender por qué los chilenos consistentemente prefieren la hoja de ruta del modelo social de mercado que tempranamente consensuaron la Concertación y la Alianza, pero insisten en votar por pilotos de la centro-izquierda para que dirijan los destinos del país.
Aunque muchos en la Nueva Mayoría todavía creen fervientemente que los chilenos votaron por un cambio de rumbo en 2013, la evidencia es cada vez más concluyente sobre el verdadero mensaje del electorado, y de esa opinión pública vociferante que ni siquiera se molestó en votar. Los chilenos votaron por Bachelet para que facilite el ingreso a la clase media a los millones que esperan ser beneficiarios del crecimiento, y para que fortalezca la precaria condición de muchos otros que todavía temen volver a la pobreza en la que estaba sumida una gran parte del país hace 25 años. La gente no quiere cambiar de rumbo, quiere acelerar el paso para llegar antes a la tierra prometida. También quieren evitar que en el camino, los abusadores —de ahí la demonización del lucro— frustren sus sueños. Los reclamos contra el lucro en educación y las demandas por educación de calidad gratuita reflejan tanto los miedos de miles de familias de que no podrán alcanzar la ansiada condición de clase media como las súplicas por ayuda en esta difícil tarea de construir una mejor vida para sus familias.
Porque en sus primeros meses se dejó llevar por los cantos de sirenas refundadoras que advierten sobre un inminente estallido social, el Gobierno ahora sufre las consecuencias de haber echado a andar la retroexcavadora. Temerosa de que en vez de construir más puentes, Bachelet termine por demoler los angostos cruces que hoy existen, la gente se asustó cuando vio que la retroexcavadora ha puesto en riesgo las insuficientes —pero reales— opciones de movilidad social que existen en Chile. El rápido enfriamiento económico —con las nefastas consecuencias que tendrá para el empleo y para la capacidad de consumo de los sectores más vulnerables— y las crecientes dudas sobre los efectos inmediatos de la reforma educacional, le están recordando al Gobierno que, después de la fiesta del lucro, viene la resaca de la realidad del temor y las expectativas incumplidas.
Es verdad que la derecha —y la propia Concertación— ha leído mejor que la NM la temperatura del país. La Alianza parece entender (o al menos resignarse a) que el país necesita cambios graduales, pero no cosméticos. Pero en su afán de evitar tener que hacer su propio examen de conciencia sobre sus responsabilidades en la derrota de 2013, la Alianza apuesta a lo que espera sea el backlash contra Bachelet —la reacción violenta de castigo contra la retroexcavadora de la Nueva Mayoría—.
Es verdad que la gente castigará al gobierno de la NM cuando quede claro que no tendremos ni educación gratuita de calidad (que permita a sus hijos acceder a los mismos colegios donde hoy se educa la elite) ni las vigorosas tasas de crecimiento a las que nos habíamos acostumbrado. Pero ese castigo a la NM no se traducirá automáticamente en señal de apoyo a la Alianza. La gente bien puede terminar buscando otras alternativas. Después de que Piñera habló de la tierra prometida, pero terminó gobernando de la mano de los que simbolizan el abuso, y su gobierno dejó la impresión (injusta, pero prevalente) de que los ricos se llevaron la tajada más grande de la torta, Bachelet llegó prometiendo más inclusión, pero la torta ahora parece estar empezando a achicarse.
Felizmente para ella, la gente no asocia a Bachelet con la impopular clase política. Si las cosas no funcionan, es porque a Bachelet no la dejaron gobernar. Hábilmente, desde su primer mandato, Bachelet supo victimizarse y desligarse de las responsabilidades que le cabían a su gobierno. Desde la vocecita que le advertía sobre la inconveniencia de iniciar el Transantiago hasta su negativa a reconocer responsabilidades en la fallida respuesta gubernamental al terremoto de 2010, Bachelet evitó asumir las responsabilidades que le caben a los mandatarios. Pero si la gente ya la perdonó más de una vez y la volvió a escoger Presidenta, resulta poco práctico apostar a que esta vez el costo político del estancamiento económico y la pérdida de brújula de la reforma educacional lo vaya a pagar la Presidenta. Para la gente, si las cosas no funcionan, es culpa de cualquiera, menos de Bachelet.
Así, resulta contraproducente que la Alianza centre sus críticas en la Presidenta. Esa estrategia ya no funcionó en los cuatro años del gobierno de Piñera. Tampoco va a funcionar ahora. El gran desafío que tiene la derecha es encontrar una forma para que los chilenos, que cotidianamente legitiman con sus acciones y decisiones el modelo económico, escojan como líder a algún representante de la Alianza que, defendiendo el modelo, se sepa ganar la confianza, y el cariño, de la ciudadanía.
En una biografía no autorizada brillantemente escrita —en tono mercurial, objetivo y desapasionado—, Víctor Herrero presenta la vida de Agustín Edwards Eastman (AEE). Las 620 páginas revisan el origen de la dinastía y se explayan en detalles de la vida del patriarca, contando de paso la importancia de los Edwards en la historia del país en los últimos 150 años. La forma en que AEE defendió el sistema capitalista y apoyó la implementación del modelo neoliberal, aun a costa de sacrificar la propia influencia de El Mercurio, hacen de esta biografía una brillante pieza que confirmará a los detractores de Edwards su responsabilidad en la caída de Allende y en la longevidad de la dictadura, y recordará también a los apologistas del modelo la importancia de AEE en la construcción del Chile actual.
Víctor Herrero, periodista de la PUC con un posgrado en Columbia, tiene una amplia experiencia en medios en Chile y Estados Unidos —fue mi editor en La Tercera por varios años y, además de haber trabajado en varios proyectos juntos, me dio la oportunidad de comentar un borrador de la biografía antes de ser publicada—. Habiendo crecido en el exilio y dadas sus posturas de izquierda, uno podría equivocadamente esperar que su texto fuera acusatorio. Pero Herrero muestra una admirable obsesión por la objetividad y los datos factuales, investigando al personaje, contando hechos y especulando sobre posibles razones para explicar las decisiones de AEE.
Siguiendo un estricto orden histórico, Herrero cuenta la historia de la dinastía de los Agustín Edwards y la llegada de AEE al control de El Mercurio. En esta sección destaca su énfasis en explicarnos el rol de Edwards Ross (bisabuelo de AEE) en la guerra civil de 1891, las aspiraciones presidenciales de Edwards Mac-Clure (abuelo de AEE) y los eventos que marcaron la niñez de AEE. La narrativa está tan bien lograda que el lector siente a la vez molestia y simpatía por este heredero de un poderoso imperio.
El libro luego analiza el poco conocido rol de Edwards en la campaña presidencial de 1964, cuando El Mercurio trabajó codo a codo con intereses estadounidenses para apoyar a Frei Montalva. En la sección que revisa el más conocido rol de Edwards en la elección de 1970, Herrero entrega detalles inéditos sobre la combinación de involucramiento político y empresarial con extravagantes gustos y hobby de escultor de AEE. La sección sobre el papel de AEE en la oposición a Allende y en su apoyo a la dictadura alcanza momentos notables. Comprometido con la defensa del modelo, preocupado por el destino de sus empresas e inmerso en conflictos familiares y en sus propias dudas vocacionales, Edwards fue uno de los principales defensores del capitalismo en Chile.
Herrero dedica brillantes páginas a evaluar las decisiones que tomó Edwards que terminaron debilitando a su imperio pero que ayudaron a defender el capitalismo y, después de 1973, a fortalecer a la dictadura. Aunque Herrero entrega evidencia para sostener que Edwards fue responsable de llevar a El Mercurio y a la riqueza familiar a un incuestionable downsizing, la misma evidencia permite tres lecturas alternativas a por qué El Mercurio terminó siendo una víctima más de la dictadura.
Una lectura alternativa es que AEE durante toda su vida debió combinar sus obligaciones de heredero con su vocación de periodista (frustrada por ser el dueño del imperio mediático) y sus gustos burgueses. Una segunda lectura, más auspiciosa, es que en su defensa del modelo capitalista, AEE estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Aunque salió de Chile en la época de Allende, Edwards puso en juego mucho más que muchos otros empresarios que también se veían amenazados por la revolución con empanadas y vino tinto.
Una tercera lectura, que yo prefiero, es que Edwards abrazó un modelo neoliberal competitivo que, bien implementado, imposibilita la existencia de dinastías familiares. Cuando el capitalismo funciona bien, los más poderosos no heredan su posición. Se la ganan. Consciente o inconscientemente, Edwards apoyó la implementación de un modelo que protegía el capital pero que amenazaba la posición dominante que su familia había tenido por generaciones.
El libro termina con una bien lograda sección sobre Edwards después de 1990 (incluidos brillantes pasajes sobre las escapadas de Edwards a mirar protestas en un Santiago desconocido para él en los 80 y las negociaciones realizadas durante el secuestro de su hijo Cristián).
Tanto los detractores de Edwards como sus admiradores encontrarán una cuidadosa, detallada y objetiva biografía de un hombre complejo, polémico, a menudo incomprendido y profundamente marcado por las mismas inclinaciones, tentaciones y dudas que enfrentamos todos. El hecho de que Herrero haya construido una biografía tan brillantemente lograda de Doonie Edwards, corona el lugar que Agustín Edwards Eastman se ganó en la historia reciente de Chile.
La Encuesta Nacional UDP 2014 dada a conocer recientemente, incluyó dentro de sus temas un conjunto de preguntas relativas a cuánta desigualdad económica es percibida por los chilenos y a la evaluación que ellos realizan de esa desigualdad. La desigualdad económica es indicada como el cuarto principal problema del país, después de delincuencia, educación y salud, con un 10% de las respuestas, y sobre otros temas de carácter económico como el empleo o la inflación. Nueve de cada 10 entrevistados está de acuerdo con que “las diferencias de ingreso en Chile son demasiado grandes” y un 79% está de acuerdo con la afirmación “es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingreso”. En otras palabras, existiría entre los chilenos un nivel alto de preocupación sobre este tema, las diferencias de ingreso son percibidas como importantes y se espera que los gobiernos se hagan cargo de este problema.
Adicionalmente, se incluyeron en la encuesta un conjunto de preguntas que permite medir, en forma más específica cuánta desigualdad es percibida y cuánta desigualdad es tolerable o justificable. Para medir cuánta desigualdad económica es percibida, se les pidió a los entrevistados que indicaran cuánto ganan, en promedio, las personas que tienen los siguientes trabajos u ocupaciones: gerente de una gran empresa, ministro del gobierno, un médico en medicina general, un vendedor de tienda y un obrero no calificado. Como era esperable, los resultados muestran que las personas perciben diferencias importantes en los ingresos de las distintas profesiones. En general, para los entrevistados, un gerente gana, en promedio $8.194.693 líquido al mes, seguido por un ministro del gobierno ($7.713.536), un médico ($3.201357), un vendedor ($400.669) y finalmente un obrero no calificado $276.958. La distancia entre los dos grupos extremos (Gerentes/Obrero no calificado) es de 30 veces: es decir, para los chilenos, un gerente gana 30 veces más que un obrero no calificado.
Estos números contrastan de manera importante con cuánto creen los entrevistados que personas en esas profesiones deberían ganar. Los resultados muestran que los chilenos creen que los gerentes, médicos y ministros del gobierno deberían ganar menos que lo que perciben como sus ingresos promedios. Al mismo tiempo, los entrevistados consideran que los ingresos de vendedores y obreros debieran ser superiores. En efecto, en promedio, los chilenos creen que un gerente debiera ganar $4.418.614, un ministro del gobierno $2.858.750, un médico $2.884.901, un vendedor $666.088 y un obrero $512.215.
Estos números nos indican, por lo tanto, que los chilenos favorecerían una baja en los ingresos de gerentes en un 46% y de ministros en 63%. Al mismo tiempo, los chilenos esperarían un alza de ingresos en vendedores de un 66% y de obreros calificados de 85%. La brecha de ingresos tolerable, por su parte, alcanzaría a 8 veces entre los ingresos que deberían ganar los gerentes y cuánto deberían ganar los obreros no calificados.
Cifras oficiales muestran a Chile como uno de los países con mayor nivel de desigualdad económica en la OCDE, y con niveles que no han variado –o lo han hecho muy levemente- en los últimos 25 años. A estas cifras se agregan las percepciones que midió la encuesta UDP 2014, que nos muestran con fuerza que la desigualdad económica es un tema importante para los chilenos, que debe ser abordado por la sociedad y el gobierno. Aun cuando las personas no esperan que las brechas de ingresos desaparezcan completamente, el desafío de reducir las brechas entre profesionales con altos y bajos ingresos es de gran magnitud: de acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta, estas brechas debieran ser reducidas de 33 a 8 veces.
Una cosa es impulsar reformas para mejorar la calidad de la democracia, y otra muy distinta es saturar la agenda legislativa con todas las reformas al mismo tiempo. Hay reformas muy populares en parte de la elite política e intelectual, pero que, en conjunto, podrían ser nocivas para la estabilidad de régimen. En otras palabras, varias de esas reformas pueden tener el efecto contrario al buscado. En lugar de mejorar la democracia, pueden deprimirla.
Con el nuevo sistema electoral habrá más cupos disponibles. A más cupos disponibles, menor será la porción de votos necesaria para obtener un escaño. Como con voto voluntario participa menos gente, entonces las exigencias se reducen: se obtendrá representación con pocos votos. Junto con ello, se propone bajar las barreras de entrada para la formación de partidos. Acá hay un problema no menor. Aunque es correcto avanzar hacia un sistema más proporcional, la reducción de las barreras de entrada elevará el número de representantes de partidos pequeños (potenciales partidos de chantaje).
Es un caramelo para los caudillos que, bajo la excusa de “institucionalizar” sus apoyos, decidirán formar su propio partido.
Pero eso no es todo. Hoy se discute sobre el financiamiento de la política. Algunos han llegado a sugerir que se financien no sólo partidos, sino que también “organizaciones políticas”. En la irresponsabilidad está el riesgo. Si se reducen las barreras de entrada y se establece un financiamiento estatal de partidos y organizaciones, es muy probable que se reproduzca una espiral de fragmentación partidaria dañina para la democracia. Los ingredientes serían los siguientes: menos exigencia para formar partidos, financiamiento permanente, voto voluntario, pocos votos para alcanzar un escaño. ¿Qué estamos haciendo?, ¿fortaleciendo a los partidos o avanzando hacia una mayor personalización de la política?
Si bien es cierto que la democracia no tiene precio, me parece que debe argumentarse lo mismo cuando se discute sobre la estabilidad. Desde la izquierda- los mismos que impulsaron el voto voluntario- se proponen mecanismos de “apertura” del sistema político, lo que se basa en el errado supuesto de que la ciudadanía quiere participar más. Sumemos a esto la idea de establecer un sistema político aún más complejo, con intendentes electos de manera directa, y con cuotas indígenas. Una melodía democrática para la elite de izquierda, pero, me temo, con efectos contrarios a los buscados.
Estas reformas pretenden contribuir al fortalecimiento de los partidos. Error. Pueden generar lo opuesto. Más partidos, pero no necesariamente mejores partidos. Luego, la elección directa de intendentes puede producir una fragmentación peligrosa. En un sistema presidencial y con intendentes electos, la situación da más para conflicto que para cooperación. Entonces, la fractura no sólo estará en el Congreso con pequeños partidos de chantaje, sino que también a nivel regional con intendentes de un color político, Presidente de otro, gobernadores designados por el Presidente, y en convivencia con diputados locales, diputados indígenas, senadores, alcaldes, CORES, y concejales de diferentes partidos.
En todo esto hay que aplicar sentido común. Las reformas deben implementarse con gradualidad. El nuevo sistema electoral producirá una “buena” fragmentación al estimular la competencia. Pero si añadimos todo el paquete de reformas, es probable que se genere una “mala” fragmentación, con partidos regionales pequeños y caudillistas. Un gobierno que intenta aprobar todos estos cambios en cuatro años, puede pasar a la historia como el más reformista, pero también- y tristemente- como el más equivocado, hipotecando la estabilidad de la democracia. Ojalá esto no se lamente en los próximos 20 años.
La Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales reflejó una baja de confianza en la mayoría de las instituciones siendo los partidos políticos los que menos inspiran seguridad en las personas.
El sondeo indicó que desde el 2009 se advierte una “sistemática disminución” en la confianza social en instituciones. Particularmente notorio ha sido el descenso en la confianza en los diarios (de 45,9% en 2009 a 23,7% en 2014).
Una condición similar vive la televisión que bajó de un 41,7% a 14,1% en los últimos cinco años. Aunque en un porcentaje menor, las radios no se salvaron del descenso y cayeron de un 60% el 2009 a un 40,7% el 2014.
Los tribunales de justicia también presentaron una disminución radical en la confianza de las personas. Según la encuesta, el 2009 un 20,7% de la gente confiaba en los tribunales, mientras que el 2014 llegó sólo a un pobre 8%.
Por otro lado la confianza en el Congreso y en los partidos políticos registra los niveles más bajos en todas las mediciones, llegando en esta última a un 6,4% y a un 4,4% respectivamente.
En el primer lugar de la lista se alza Carabineros como la institución más confiable con un 43%, bajando levemente del año anterior. Los números resaltan un alza de 32,8 a 37,5% de las Fuerzas Armadas convirtiéndose en una de las pocas instituciones que subió su porcentaje. La otra fue el Gobierno que aumentó de un 17,4 a 19,8%.
El movimiento estudiantil, que ha tenido una participación activa en las políticas sociales desde hace años, llega a un 23,5% de confianza.
La Encuesta Nacional 2014 de la Universidad Diego Portales, publicada este miércoles, mostró un alto nivel de desconfianza hacia la figura de la Presidenta Michelle Bachelet.
De acuerdo al sondeo -que se efectuó de manera presencial; “cara a cara”- seis de cada 10 personas (60,4 por ciento) le cree “pocas veces” o nunca a la Mandataria al escucharla en la televisión o la radio.
El 36,5 por ciento le cree a la Jefa de Estado “siempre” o “la mayoría de las veces”.
La encuesta da además a la Presidenta Bachelet una aprobación de 43,6 por ciento, casi igual al 43,1 por ciento de desaprobación, mientras la valoración del Gobierno llega a 36 por ciento.
Esta encuesta se conoce un día después de la Adimark de octubre, en la que la desaprobación de Bachelet superó por primera vez su nivel de aprobación (47 versus 45 por ciento) durante el presente mandato.
Ausencia de liderazgos emergentes
El sondeo mostró también una ausencia de liderazgos emergentes en ambas coaliciones políticas.
Al consultar a los entrevistados sobre el o la principal líder de la oposición, solo resaltó el ex Presidente Sebastián Piñera, con un 12 por ciento.
Le siguen Manuel José Ossandón (2,8 por ciento), Evelyn Matthei (2,7 por ciento) y Andrés Allamand (2,3 por ciento).
La encuesta UDP entrevistó a 1.302 personas entre el 22 de septiembre y 20 de octubre de 2014 desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, más la Metropolitana.
Tiene un error muestral de 2,72 por ciento considerando un nivel de confianza de 95 por ciento.
Sebastián Piñera como el “principal líder de la oposición” y Rodrigo Peñailillo en el mismo rol -sin contar en el listado a la Presidenta Michelle Bachelet- en el caso de la Nueva Mayoría. Ese es uno de los resultados de la Encuesta Nacional 2014, realizada por la Universidad Diego Portales, que fue divulgada hoy por dicha casa de estudios superiores.
El sondeo -realizado con entrevistas cara a cara a 1.302 personas, con error muestral de 2,72%, entre el 22 de septiembre y el 20 de octubre- realizó un ranking de las menciones espontáneas sobre los liderazgos en cada sector.
En la oposición, Piñera obtiene 12%, seguido por el senador RN Manuel José Ossandón con 2,8%; la ex abanderada UDI Evelyn Matthei con 2,7% y el senador RN Andrés Allamand con 2,3%.
En el caso del oficialismo, Peñailillo encabeza la lista con 3,3%; lo sigue Marco Enríquez-Ominami con 1,9%; Andrés Velasco con 1,6%; Osvaldo Andrade con 1,3%; Carolina Tohá con 1,2% y cierran el listado -todos con 1,1% de menciones- Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre e Isabel Allende.
De todas maneras, en ambos sectores no sólo los porcentajes son bajos, sino que -además- las cifras más altas están en las categorías de “nadie” (15,6% en la oposición y 18,9% en la Nueva Mayoría) y “no sabe/no contesta”, con 56,5% en la Alianza y 55,3% en el oficialismo.
Bancada estudiantil
En cuanto a otros liderazgos políticos, el estudio de la UDD consultó también por el desempeño de los “ex dirigentes estudiantiles que ahora son diputados”.
Aunque sus nombres no fueron mencionados en la consulta realizada por el estudio, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Karol Cariola han sido claves en el debate de la reforma educacional.
En este contexto, el 52,1% desaprueba y el 26,5% aprueba el desempeño de la llamada “bancada estudiantil”.
En tanto, sobre la gestión del gobierno, la aprobación de Bachelet es de 43,6% y su rechazo de 43,1%.
Consultados sobre “qué tanto le cree” a la Mandataria cuando escucha sus declaraciones a través de la radio o televisión, el 60,4% dice que “pocas veces” o “nunca”, mientras que el 36,5% señala que “siempre” o “la mayoría de las veces”.
En cuanto a la reforma educacional, 56,6% opina que “los colegios particulares subvencionados deberían pasar a ser del Estado”, mientras que 59,6% señalan que “todas las universidades privadas debieran pasar a ser del Estado”.
En el caso de la reforma tributaria, 42,9% dice que beneficia a la “clase alta”, 20% a la clase media, 15,7% a la clase baja y 7,3% que no beneficia a nadie.
En la reforma educacional, el 30,2% dice que beneficia a la clase baja, el 26,8% a la clase media y 24,8% a la clase alta.
En cuanto a las coaliciones, 57,2% desaprueba a la Alianza y 47,6% a la Nueva Mayoría.
Los resultados de la Encuesta Nacional 2014 de la Universidad Diego Portales dados a conocer este miércoles evidenciaron que la mayoría de los entrevistados, un 35,2%, cree que las políticas impulsadas por el Gobierno beneficiarán a la clase alta, mientras que un 26,4% dice que a la clase media y un 25,6% a los más pobres.
Dicho resultado revela una diferencia de casi treinta puntos en comparación con las percepciones que existían sobre el mismo tema en 2009, al finalizar el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cuando el 53,5% de los consultados señaló que sus políticas beneficiaban a la clase baja.
No obstante, el estudio mostró evidentes diferencias en el análisis de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, ante la reforma educacional y la creación de una AFP Estatal, la mayoría dice que beneficiará a la clase baja, con un 30,2% y un 31,6%, respectivamente.
En tanto, ante la pregunta sobre la reforma tributaria, se reafirma la idea de que la clase alta será la más favorecida con un 42,9%, mientras que sólo un 20% señala a la clase media y el 15,7% a la clase baja.
En cuanto a la aprobación de Bachelet, ésta alcanza un 43,6%, cifra que se compone de personas de nivel socioeconómico bajo (52,3%), mujeres (47,9%), de tendencia política de izquierda (69%) y mayores de 61 años (52,6%). Mientras, la evaluación positiva del gobierno llegó a un 36%.
Ausencia de liderazgos emergentes
En materia política, la encuesta evidenció la escasa presencia de líderes tanto en la Alianza como en la Nueva Mayoría, ya que en ninguno de los casos los personajes más nombrados lograron superar el 15% de las menciones espontáneas.
Excluyendo a la presidenta Bachelet, en el oficialismo el porcentaje de menciones fue de 3,3% para Rodrigo Peñailillo; 1,9% para Marco Enríquez-Ominami; 1,6% Andrés Velasco; 1,3% Osvaldo Andrade; 1,2% Carolina Tohá; 1,1% Ricardo Lagos E.; 1,1% Nicolás Eyzaguirre; 1,1% Isabel Allende, y un 55,3% que no respondió o no supo qué responder.
Al consultar a los entrevistados sobre él o la principal líder de la oposición sólo resalta el ex presidente Sebastián Piñera, con un 12%. Le siguen Manuel José Ossandón (2,8%), Evelyn Matthei (2,7%) y Andrés Allamand (2,3%). El resto de las menciones recibieron menos de un 1% y, en este caso, el 56,5% no respondió o no supo qué responder.
Baja confianza en los políticos
En cuanto a la confianza en las instituciones, persiste tendencia a la baja registrada desde el 2009 por el estudio, encabezadas por el Congreso y los partidos políticos, que cierran la lista con un 6,4% y a un 4,4%.
Otras áreas que sufrieron notables bajas son los diarios (de 45,9% en 2009 a 23,7% en 2014), la televisión (de 41,7% a 14,1%), los tribunales de justicia (de 20,7% a 8%), la Iglesia Católica (de 47,2% a 26,2%) y las grandes empresas (de 25,6% a 10,5%).
Incertidumbre en la economía
Según la encuesta, aumentó la percepción negativa respecto de la situación económica actual del país, ya que un 54,4% calificó la situación económica como regular (6,6 puntos más que en 2013), y un 29,5% la calificó como mala o muy mala (5,4 puntos más que en 2013).
En esa línea, la evaluación de la situación económica del país como muy buena o buena, cayó de 27,8% a 15,4% en igual periodo de tiempo. Este dato coincide con la visión de incertidumbre respecto del futuro: un 19,8% dice que la situación económica será peor, un 46,1% indica que será igual, y un 30,7% sostiene que mejorará.
Principal tema de preocupación: La delincuencia
Tal como ha mostrado el mismo estudio desde 2012, la seguridad se mantuvo en el primer lugar de los principales temas de preocupación de la ciudadanía con un 32,3%, superando a Educación (14,5%), Salud (13,6%) y la Desigualdad (10,2%).
En relación a este último tema, un 90,2% considera que las diferencias de ingreso en Chile son demasiado grandes, y un 78,7% sostiene que “es responsabilidad del gobierno reducir las diferencias de ingresos entre las personas con altos ingresos y aquellas con bajos ingresos”.
Aunque la caída del muro de Berlín en 1989 fue lapidaria para el utópico sueño marxista y se convirtió en una confirmación de cuál era el camino a seguir para la recién recuperada democracia chilena, 25 años después, en Chile todavía quedan algunos nostálgicos que creen que las sociedades son mejores cuando el Estado torpe, pero voluntaristamente, busca ser el paladín de las prohibiciones.
Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, la contradicción con la derrota que un año antes había sufrido el proyecto de democracia de la dictadura frustró el intento derechista nacional por apropiarse del triunfo de la democracia capitalista. Es verdad que Pinochet combatió el comunismo, pero el muro de Berlín cayó por la victoria del capitalismo democrático, un modelo con el que ni Pinochet ni la derecha chilena entonces comulgaban. Para los que botaron el muro —y para que los que celebraron su caída en todo el mundo—, Erich Honecker y Augusto Pinochet pertenecían al mismo grupo de opositores a la libertad y a la democracia.
Cuando cayó el muro, buena parte de la izquierda chilena recién avanzaba por su camino de renovación. Después de haber abrazado el sueño comunista, la izquierda en el país comenzaba a aceptar las bondades del mercado y a reconocer que sus otrora héroes habían sembrado el terror y la represión en los países que habían gobernado. Peor aún, una buena parte de la izquierda —incluido el PC, pero también sectores del PS— sintieron la derrota del socialismo real como propia. Algunos, incluida la propia Presidenta Bachelet, hasta el día de hoy tienen dificultades para reconocer que en Alemania Oriental se violaban los derechos humanos. Imbuidos por un equivocado sentido de agradecimiento con el pueblo que los acogió tan humanamente, estos ex exiliados chilenos son todavía incapaces de mostrar su solidaridad con los millones de europeos que sufrieron a manos de las dictaduras comunistas.
En Chile, los únicos que justificadamente celebraron la caída del muro fueron los que se oponían al modelo socialista de Allende y estuvieron en contra de la dictadura militar. Representados principalmente por el PDC —aunque también los hubo liberales y demócratas no alineados—, estos chilenos que creían en la democracia burguesa y representativa tuvieron poco tiempo para celebrar la caída del muro. Amenazados por los revolucionarios que se negaban a aceptar el fracaso del comunismo y por los nostálgicos del autoritarismo militar que defendían la democracia protegida, los verdaderos aliados de la victoria ideológica de la caída del muro tenían las manos llenas tratando de construir una democracia en Chile.
Dos décadas después, algunos en la izquierda y otros en la derecha parecen no haber aprendido la lección de la caída del muro. En la izquierda, los revolucionarios nostálgicos sueñan con retroexcavadoras y cambios fundacionales para construir una sociedad donde la igualdad sea el principal norte. Desconociendo las leyes del mercado y las lógicas de funcionamiento del capitalismo, estos revolucionarios voluntaristas creen que basta con construir muros legislativos para prohibir lo que ellos estiman es nocivo para la sociedad. Así como los jerarcas de Alemania Oriental querían proteger a su pueblo del capitalismo, los ayatolas de la Nueva Mayoría quieren proteger a los chilenos del lucro y de sus perniciosos efectos.
En la derecha también hay constructores de muros. Decididos a restringir las libertades individuales en temas morales y convencidos de ser dueños de la verdad, creen que la mejor forma de avanzar es comprándose a ciegas los dogmas de un modelo. Es cierto que rechazan el comunismo, pero no entienden que el error de la revolución comunista fue el dogmatismo extremo y la incapacidad para entender que solo se avanza con pragmatismo y gradualidad.
Porque han estado más tiempo en el gobierno y ahora tienen más herramientas para influir en el curso que tome el país, los constructores de muros de izquierda pueden hacer más daño en este cuatrienio. La obsesión de algunos en creer que a costa de prohibiciones pueden frenar las ansias de libertad de las personas llevó al gobierno socialista de Alemania Oriental a construir un muro que todavía hoy es recordado como símbolo de represión y dictadura. En Chile, esa misma obsesión amenaza con llevar al actual gobierno a tratar de implementar reformas refundacionales en educación que desconocen la realidad de un país que ha tenido provisión mixta de educación, y donde los padres —por razones objetivas y subjetivas— han podido optar entre oferentes públicos y privados (con y sin fines de lucro) por varias décadas.
25 años después de la caída del muro de Berlín, lo sorprendente no es pensar en la locura de aquellos que lo construyeron pensando que podrían frenar el curso de la historia. Lo sorprendente es que en nuestro país hay algunos que todavía piensan que los muros de prohibiciones que tan cuidadosamente intentan construir no se van a terminar cayendo igual que el Muro de Berlín.
El desempeño como diputados de los ex dirigentes universitarios que lideraron en 2011 y 2012 el Movimiento Estudiantil, cuenta con una alta desaprobación de 52,1 por ciento y una aprobación de sólo 26,5 por ciento, de acuerdo a la Encuesta ICSO-UDP 2014 dada a conocer este miércoles.
Se trata del resultado de la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que se han desempeñado los ex dirigentes estudiantiles que ahora son diputados?”, frente a la cual poco más de 21% restante de entrevistados optó por no contestar.
Fue una consulta en general y sin especificar sobre el papel de la legisladora comunista Camila Vallejo, de Giorgio Jackson de Revolución Democrática o del independiente por Magallanes Gabriel Boric. El resultado va de la mano con la merma de la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas.
Es así como los entrevistados señalaron a los partidos como los que les dan menos confianza, con sólo 4,4%, seguidos por el Congreso, con 6,4%, los Tribunales de Justicia (8,0%) y las grandes empresas (10,5%).
En este listado, donde Carabineros aparece como la institución en la que los chilenos más confían, con el 43%, el Movimiento Estudiantil aparece sólo con el 23,5%, aunque por encima del gobierno (19,8%) y los sindicatos (18,9%).
Tal como ocurrió el martes último con la encuesta Adimark, el estudio de la UDP no trajo buenas noticias para el Ejecutivo. Esto, porque la aprobación y la desaprobación de la Presidenta Michelle Bachelet aparecieron prácticamente empatadas en 43%. Afortunadamente para la mandataria, la leve diferencia de o,5 puntos fue a favor de su respaldo (43.6% vs. 43.1%). Aunque constituye una cifra estadísticamente irrelevante.
La peor parte la sacó el gobierno, ya que cuenta con sólo el 36% de aprobación y una desaprobación de 49,8 por ciento.
La encuesta revela además que la delincuencia es el tema que más les preocupa a los chilenos, con el 32,3%, cifra que sin embargo es casi un punto inferior a la registrada el año pasado.
Por otra parte, el estudio identifica al ex Presidente Sebastián Piñera como el más claro líder de la oposición, con el 12 por ciento, en un listado donde aparecen mucho más atrás y tímidamente (por debajo del 3,0%) nombres como los de los senadores Andrés Allamand y Manuel José Ossandón (ambos de RN) y la ex candidata presidencial de la UDI Evelyn Matthei.
Y respecto al oficialismo, el estudio revela que a la Presidenta Michelle Bachelet nadie le hace sombra, ya que el único que figura con más de tres puntos es el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (3,3%), de un listado donde fue incluido el líder del PRO y ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien en esta consulta aparece en el segundo lugar, con 1,9%.
METODOLOGÍA
La encuesta Icso UDP se llevó a cabo entre el 22 de septiembre y el 20 de octubre a través de la empresa Cadem, y contempló un universo de 1.302 hombres y mujeres que residen en 89 comunas del país, correspondiendo el 84,1% a población urbana. La muestra, que recogió entrevistas cara a cara, representa el 73,2% de la población del país.
El margen de error se estimó en +/- 2,2% y el nivel de confianza en 95%.
Ayer la Presidenta Michelle Bachelet lo instruyó: hay que salir a la calle a explicar las reformas para recuperar la confianza de la ciudadanía.
El mandato de la Jefa de Estado fue una clara lectura de cómo la coyuntura política le está pasando la cuenta en términos de respaldo de la gente.
Este miércoles se publicó la Encuesta Nacional UDP, y en línea con lo expuesto ayer Adimark, la aprobación de la Mandataria está bajo el 50%.
El sondeo de hoy muestra que un 43,6% aprueba su gestión, mientras un 43,1% la rechaza.
Parte de esta situación se entiende -según se desprende del sondeo, de la poca claridad que hay respecto a la reformas, sobre en cuanto a quiénes van a ser los beneficiados con estas iniciativas.
El sondeo precisa que un 35,2% sostiene que sus políticas benefician a la clase alta, un 26,4% dice que benefician a la clase media, y un 25,6% señala a la clase baja.
El resultado, plantea el estudio de la UDP, “llama la atención si se compara con las percepciones que existían sobre el mismo tema en el 2009 , al finalizar el primer gobierno de Bachelet. Entonces, el 53,5% de los encuestados señaló que sus políticas beneficiaban a la clase baja”.
En el caso de la reforma tributaria, que se encuentra en aplicación con los llamados impuestos correctivos (alcohol, bebidas azucaradas, tabaco) la gente claramente cree que mayoritariamente va a beneficiar a la clase alta.
Un 42,9% afirma que el principal beneficiario será la clase alta, mientras solo en 20% señala a la clase media y el 15,7% a la clase baja.
En educación, la situación es algo distinta, ya que el porcentaje mayor (30,2%) dice que beneficiará a la clase baja. Lo mismo ocurre con la propuesta de crear una AFP Estatal : la mayoría (31,6%) también señala como beneficiario principal a la clase baja.
Siempre en el tema los personeros políticos, la encuesta también da cuenta de que la ciudadanía percibe poca renovación, desafección a los partidos, caída en la confianza y en la identificación a estos últimos.
Al consultar a los entrevistados sobre el o la principal líder de la oposición (mención espontánea), solo resalta el ex presidente Piñera, con un 12% . Le siguen Manuel José Ossandó n (2,8%), Evelyn Matthei (2,7%) y Andrés Allamand (2,3%). El resto de las menciones recibieron menos de un 1%. En este caso, el 56,5% no respondió o no supo qué responder.
En el caso de la Nueva Mayoría, excluyendo a la presidenta Bachelet, el porcentaje de menciones fue de 3,3% para Rodrigo Peñailillo, 1,9% para Marco Enríquez -- Ominami, 1,6% Andrés Velasco, 1,3% Osvaldo Andrade, 1,2% Carolina Tohá, 1,1% Ricardo Lagos E., 1,1% Nicolás Eyzaguirre, y 1,1% Isabel Allende. En este caso , 55 ,3% no respondió o no supo qué responder.
Asimismo, consultados los entrevistados sobre la aprobación/desaprobación de la forma en que los ex dirigentes estudiantiles se han desempeñado como diputados, un 26,5% los aprobó y un 52,1% los desaprobó . Quienes los aprobaron son principalmente de nivel socioeconómico bajo (30,5%) , de izquierda (42,5%), y personas fuera de la región metropolitana (28,4%).
La falta de un claro liderazgo en la Nueva Mayoría, a diferencia de lo que ocurre en la Alianza donde el ex Presidente Sebastián Piñera aparece mejor posicionado, fue uno de los datos que arrojó la encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP).
El ministro del Interior Rodrigo Peñailillo lidera la lista de personalidades del oficialismo, pero sólo con un 3,3%, seguido del ex precandidato presidencial Andrés Velasco con 1,6%, pese a las complicaciones que ha vivido con el caso Penta.
En tanto, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tiene 1,3% de menciones.
La lista de la Nueva Mayoría la completan la alcaldesa Carolina Tohá, con 1,2%, mientras el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre y la presidenta del Senado Isabel Allende obtienen 1,1%. Un altísimo 55,2% no respondió o no supo qué responder.
En esta pregunta abierta sobre el principal líder de la Nueva Mayoría, los encuestados incluyeron a Marco Enríquez Ominami, aunque el ex candidato presidencial y líder del PRO no forma parte de la coalición oficialista. El ex diputado sumó 1,9%.
En la Alianza, las cosas están más claras porque Sebastián Piñera aparece disparado con un 12% en esta consulta sobre liderazgo. Sin embargo, la cifra es baja considerando que es un ex Presidente que acaba de dejar La Moneda.
Al ex Mandatario le siguen el senador RN Manuel José Ossandón (2,8%), la ex candidata presidencial de la Alianza Evelyn Matthei (2,7%) y el senador RN Andrés Allamand con 2,3%. Sin embargo, el segmento de no sabe/no contesta es mayoritario, y alcanza un 56,5%.
Mala es la evaluación pública de la ciudadanía sobre los ex dirigentes estudiantiles que se convirtieron en diputados, de acuerdo a los resultados de la encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP).
51,1% los desaprueba, mientras sólo un 26,5% aprueba su desempeño, según los resultados del sondeo difundido este miércoles. En tanto, 21,55% no sabe/no contesta.
Por segmentos, los diputados tienen su fuerte en el segmento socioeconómico bajo (30,5%), en las mujeres (27,9%) y entre quienes se declaran de izquierda (42,5%).
Sin embargo, ni siquiera entre la población más joven consiguen una buena evaluación: sólo 27,3% de los que tienen 18 a 29 años aprueban la gestión de los nuevos parlamentarios.
De los 30 a 45 años es el rango de edad donde la aprobación de los ex dirigentes obtienen un número más bajo con un 22,8%. Mientras que de los 46 a 60 años el porcentaje asciende a 29,9%, siendo la cifra más alta.
La directora del ICSO-UDP, Carolina Segovia, explicó que la baja aprobación de los actuales parlamentarios se debe, en mayor parte, a que desde el Congreso tienen una menor visibilidad y que son mirados desde la arista política, la cual presenta bajo apoyo en general.
“Tengo la impresión es que estos dirigentes que ahora están en el Congreso fueron asumidos e incluidos en la evaluación de lo que es la clase política, la dirigencia política, las coaliciones. Y si ustedes ven son datos más bien bajos en los niveles de aprobación”, enfatizó.
De hecho, Segovia aseguró que “estos dirigentes estudiantiles desde este punto de vista no logran separarse como actores distintos a los partidos”.
Consultada por nombres específicos de la bancada estudiantil, Carolina Segovia señaló que “desde el punto de vista de esta encuesta no tiene ningún sentido (preguntar por nombres) porque es una encuesta anual. Lo más importante es saber cómo la gente está mirando los procesos políticos”, cerró.
Una división respecto a los principales beneficiarios de las políticas del Gobierno, reveló la Encuesta Nacional UDP 2014, elaborada por la Universidad Diego Portales
El estudio señala que un 35,2% sostiene que sus políticas benefician a la clase alta, mientras que un 26,4% dice que benefician a la clase media, y un 25,6% señala a la clase baja.
Respecto al detalle de las reformas, los resultados son distintos al hablar de reforma educacional, ya que un 30,2% de los consultados considera que esta beneficiará a la clase baja, misma percepción respecto a quiénes serán los más favorecidos con la propuesta de crear una AFP Estatal, con un 31,6% considerando al sector de menos ingresos como lo más favorecidos.
En materia de aprobación presidencial, ésta llega al 43,6%, mientras que la del Gobierno alcanza el 36%, siendo las personas de nivel socioeconómico bajo, las mujeres, los de tendencia política de izquierda y los mayores de 61 años los que más apoyan a la Mandataria.
Asimismo, la Encuesta Nacional UDP da cuenta del bajo nivel de confianza en las instituciones, particularmente en los diarios (de 45,9% en 2009 a 23,7% en 2014), la televisión (de 41,7% a 14,1%), los tribunales de justicia (de 20,7% a 8%), la Iglesia Católica (de 47,2% a 26,2%) y las grandes empresas (de 25,6% a 10,5%).
En materia política, ante la consulta sobre los principales líderes de oposición destacan el ex presidente Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón, Evelyn Matthei y Andrés Allamand. En tanto en el oficialismo destacan Rodrigo Peñailillo, Marco Enríquez-Ominami, Andrés Velasco y Osvaldo Andrade.
Sobre la situación económica actual, un 54,4% la calificó como regular y un 29,5% dijo que era mala o muy mala. En tanto un 15,4% dijo que ésta era buena o muy buena.
Finalmente, el informe revela que la delincuencia asoma como el principal tema de preocupación para la sociedad, con un 32,3%, seguido de la educación, la salud y la desigualdad.
Desde el año 2005 el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, ICSO-UDP, desarrolla un programa de encuestas de opinión pública buscando dar a conocer los cambios que han ocurrido en Chile.
Durante la actividad – a realizarse el 5 de noviembre a las 10:30 horas, en el salón Diego Portales de la Casa Central UDP (Gorbea 1770) – Carolina Segovia, Directora del ICSO-UDP, presentará los resultados de la décimo primera medición.
Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la comprensión en el cambio de percepción de los chilenos, en diversas áreas donde el país evidencia transformaciones cruciales.
El pueblo Maorí se compone de 56 tribus y hoy representan el 15% del total de la población de Nueva Zelanda. El conflicto data del siglo XIX cuando los colonizadores europeos comenzaron a interactuar con las islas. En 1840 el imperio británico convirtió aquel territorio en colonia a través de la firma del tratado de Waitangi. Los intereses económicos ingleses (mineros y de agricultura) chocaron constantemente con los derechos y cosmovisión del pueblo Maorí, que resistió la implementación de aquel tratado y los posteriores avances colonizadores. Se estima que la población Maorí se redujo por la represión de 100 mil a 40 mil habitantes entre 1840 y 1892. Hacia mediados del siglo XX, los Maorís habían perdido gran parte de sus tierras, estaban empobrecidos y su cultura se estaba perdiendo, incluyendo su lengua.
Pero hoy la situación es algo diferente. La generación actual ha visto una importante transformación en la relación con el Estado Neozelandés. En 1975 se creó el Tribunal de Waitangi, que inició un proceso de revisión de las reclamaciones indígenas. Más tarde, se establecieron políticas de reparación y se ampliaron los espacios de participación política del pueblo Maorí. Hoy cuentan con 7 asientos reservados en el Parlamento y todos los partidos tienen representantes Maorís entre sus parlamentarios. Se oficializó la lengua Maorí y se vive una revitalización de la identidad indígena. Nueva Zelanda no suscribió el Convenio 169 de la OIT de consulta a pueblos originarios, pero tiene extensos mecanismos de consulta. Aunque la recuperación de territorios y del patrimonio cultural es algo mínimo de la justicia que merecen en la perspectiva del pueblo Maorí, sí han existido relevantes cambios en poco menos de 40 años.
Conversamos con la académica Maorí, Kaapua Smith, quien visitó Chile para explicar la experiencia del pueblo Maorí en la Universidad Diego Portales y que sostuvo reuniones con representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, y diputados de Amplitud, entre otros. Kaapua Smith estudió en la Universidad de Auckland y ha desempeñado labores públicas en el Ministerio de Asuntos Maorís (2011-2014). Sostiene Smith que existen tres factores esenciales que explican el cambio: la capacidad de movilización del pueblo Maorí; el proceso de educación paralela impulsado por su pueblo; y el rol del Tribunal de Waitangi, que revitalizó la identidad indígena.
-En su opinión, ¿qué factores explican el cambio en la relación entre el pueblo Maorí y el Estado neozelandés en las últimas 4 décadas?
-Permítame advertir que si bien se han producido ciertos avances importantes para nuestro pueblo, todavía la relación no es perfecta y hay muchas cosas que se deben resolver. Pero para explicar lo que ha sucedido hasta hoy existen tres aspectos cruciales. A mediados de la década de los 60 un importante grupo de indígenas Maorí se educó en la universidad tradicional y formó parte de un proceso de renacimiento de la cultura de nuestro pueblo. Ellos habían tenido la oportunidad de educarse, eran políticamente muy activos y comenzaron a movilizarse defendiendo la causa Maorí, y particularmente nuestra lengua, que en ese momento estaba enfrentando un serio peligro de desaparición. Ellos fueron los que comenzaron a pensar en un plan de desarrollo alternativo para el pueblo Maorí. Se organizaron muchas protestas y muchísimas reuniones de las diferentes tribus para hablar acerca del futuro de ellas. En este proceso contribuyó el proceso de urbanización, dado que muchos Maorís estaban migrando del campo a la ciudad, lo que permitió un mayor activismo en las ciudades.
-¿Sólo participaba gente perteneciente al pueblo Maorí o existían otros actores apoyando la causa?
-Siempre hubo gente de Nueva Zelanda apoyando nuestra causa. Sin embargo, hemos sido bien determinados en pensar que los Maorís debemos proveer soluciones a nuestros propios problemas y eso ha sido parte de este largo proceso de autodeterminación.
-¿Y cuál sería el segundo elemento?
-El segundo tiene que ver con la educación. Nosotros hemos desarrollado un sistema de educación paralela basado en nuestros propios valores culturales y nuestra filosofía, de modo de revitalizar nuestras propias tradiciones y nuestra lengua. Cuando comenzó aquella revitalización de la identidad Maorí de la que le hablé, consideramos que era necesario fortalecer la educación desde la base; debíamos mejorar los niveles de educación de nuestro pueblo; en esencia, alcanzar una masa crítica entre nuestra propia gente.
A esto se sumó un tercer factor, que ha sido el proceso de acuerdos que se derivó del Tribunal de Waitangi de 1975. Esta iniciativa permitió que las diferentes tribus se organizaran, pero también ayudó a un proceso de sanación de las heridas que como pueblo teníamos. Aunque no es un proceso cerrado ni perfecto, está en constante evolución.
–¿Podría especificar qué tipo de acciones se han tomado en este Tribunal?
-El Tribunal de Waitangi fue establecido luego de un intenso período de protestas indígenas como un mecanismo de recolección de demandas y quejas. Hoy, por ejemplo, las tribus –en tanto entes colectivos– pueden presentar demandas frente al tribunal, o bien entrar en negociación directa con el gobierno. Existe una extensa variedad de demandas, incluyendo requerimientos de territorios, justicia, y presentación de quejas de reparación sobre cómo se trató a los ancestros, entre otros. Cada tribu y subtribu tiene quejas particulares y cada tribu y subtribu tiene una particular forma en que ha logrado algún tipo de acuerdo con el tribunal.
Típicamente, un acuerdo con el tribunal contiene una disculpa oficial del Gobierno por los abusos que se cometieron, un acuerdo mutuo de revisión histórica de lo sucedido en el pasado, y un acuerdo financiero de reparación. Como no siempre ha sido posible recuperar las tierras, se han establecido acuerdos financieros a través de mecanismos mutuamente acordados de fondos de inversión cuyas utilidades van en directo beneficio de las comunidades. Algunos acuerdos consideran la obligación de ofrecer en primer término a las propias tribus una eventual venta de tierras en zonas que les pertenecían a dichas tribus.
Algunas tribus establecen acuerdos para la administración común (con privados) de ríos; otros grupos establecen acuerdos sociales para regular la relación entre las tribus y los ministerios del gobierno, de modo de mejorar las condiciones socioeconómicas de su gente.
-¿Se establece un texto escrito oficial de revisión histórica?
-En efecto, luego de intensas negociaciones se establece un texto oficial escrito, mutuamente acordado, que restablece la verdad histórica de lo sucedido. En esencia, es un texto donde el gobierno asume su responsabilidad histórica por lo sucedido y que previamente no había sido reconocido.
-¿Podría referirse a la “disculpa oficial” que se incorpora en el proceso? ¿Cómo funciona?
-Como parte del proceso de negociación en el tribunal y luego que las tribus y el gobierno negocian cada uno de los aspectos del acuerdo (historia, demandas, quejas, reparación), le corresponde al ministro de asuntos indígenas del gobierno, al final del proceso, concurrir a la tribu para, oficialmente, dar una disculpa a la tribu por lo sucedido en el pasado.
El ministro concurre a un acto donde se hace presente la tribu completa. Antes de ese acto ya se ha producido una serie de reuniones en la tribu para ratificar los diferentes aspectos del acuerdo con el gobierno. Entonces, el acto de “disculpa oficial” es el último paso. Yo participé de uno de esos actos con mi tribu y puedo decir que se trata de un acto muy emotivo. Es un acto de cura de una herida, de sanación para nosotros.
Se trata de un acto muy emocional e importante, porque cuando tú negocias, lo haces en representación de todas las injusticias cometidas a tus ancestros. Se ha tratado de una lucha intergeneracional y cuando llega el momento de concluir aquella larga historia de luchas es una experiencia muy emotiva y especial.
Usualmente, este acto toma un día, y se realiza en la “Marae”, que es la casa donde se realizan las reuniones y ceremonias de la tribu.
-Pasando a otro tema, ¿podría referirse a la representación política del pueblo Maorí?
-Poco después del establecimiento de la colonia británica se estableció un mecanismo de 4 asientos reservados para el pueblo Maorí, pero lo que se buscó en ese momento era limitar la participación del pueblo Maorí, pues en aquel entonces nosotros éramos la mayoría. Además, ninguno de los 4 representantes hablaba inglés, en un parlamento Neozelandés donde se hablaba exclusivamente inglés.
Posteriormente, en 1996 se produjo un cambio en el sistema electoral y se optó por un sistema Proporcional Mixto, donde se incluyeron 7 asientos reservados para nuestro pueblo. Pero, además, en el sistema de Nueva Zelanda se consideran dos registros: uno para la población general y otro para quienes quieran registrarse como Maorís. Cada cinco años se revisa el padrón y las personas pueden escoger donde registrarse. No existe ningún requisito para registrarse en uno u otro padrón. Es solo por autoidentificación.
-Finalmente, en relación a los procesos de consulta al pueblo Maorí implementado por el gobierno de Nueva Zelanda, ¿podría especificar algunos de sus aprendizajes?
-El primer punto que quizás sea relevante destacar de nuestra experiencia es que los pueblos indígenas mismos deben ser parte de la elaboración de un proceso de consulta. Entonces, los pueblos indígenas de Chile deben ser capaces de determinar el proceso de consulta por sí mismos. Para nosotros, los Maorís, es muy importante participar de la determinación de los procesos de consulta.
Lo segundo, es que es necesario tener experticia técnica en ambos lados. Es muy importante que los indígenas tengamos el adecuado apoyo, conocimiento y experticia, de modo de proveer formas de consentimiento adecuadas durante el proceso de consulta. Y desde el punto de vista del gobierno, se requiere contar con gente que sepa vincularse adecuadamente con las comunidades.
-¿Pero qué significa este “vínculo adecuado” que Ud. indica?
-Yo solo puedo hablar por el caso Maorí. Por ejemplo, en nuestro caso no puedes esperar que a través de una comunicación escrita con las tribus llegues a un resultado. Nosotros tenemos un concepto llamado “Kanohi ki te kanohi”, que significa “cara a cara” y para nosotros es una señal de respeto y que es muy importante esto de iniciar un diálogo cara a cara.
Existe una enorme variedad de códigos culturales que para reconocerlos debes conocer la cultura, tener la capacidad de “leer” la situación de la comunidad. Entonces, se debe contar con personas que entiendan esto, que sean respetuosas, y que apoyen las aspiraciones del pueblo indígena. En el caso de los Maorís, nosotros buscamos un modelo de asociación, de ser tratado con respeto, para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos.
¿Qué puede haber de común entre condominios enrejados, colegios particulares subvencionados con copago, lucro con dinero público y libertad de elección? La respuesta es todo: es el resumen cultural del modelo.
Frente a la ideología segregadora del modelo educacional, los principios igualitarios de la reforma están bien fundados, puesto que ante un bien que las personas consideran esencial, su goce no debe depender del mercado. Hay algo que se degrada en el bien cuando es mercantilizado. Es cierto: el resultado final a nivel individual puede ser, desde cierta métrica, el mismo en un establecimiento privado o público, pero esto se paga a un precio civilizacional, en donde la sociedad renuncia a fundarse en derechos ante los cuales seríamos todos iguales.
Lo que parece ser evidente en la teoría, deja de serlo en la vida práctica de las personas. El ministro Eyzaguirre contribuyó a naturalizar la libertad de elección invisibilizando sus consecuencias segregadoras, precipitando el tranco de la reforma, careciendo de pedagogía y apelotonando ideas de política.
Peor aún: el gobierno abandonó la lógica de la gradualidad de los cambios provocando el miedo de las clases medias: nadie sabe muy bien qué cabe entender como tal, pero lo que sí sabemos por encuestas y observación de comportamientos protestatarios, es que las familias medias tienen miedo a perder su libertad de elegir la educación de sus hijos, la que se experimenta mediante formas de copago y la aceptación de la selección. Por décadas, los abuelos y padres de hoy aprendieron a elegir colegios, con el fin de salir del medio social en el que les tocó nacer, para lo cual fundaron esperanzas en copagos a menudo modestos pero que, ante sus ojos, representan un ideal de progreso y movilidad.
No es mi ideal, pero entiendo que familias modestas adhieran a él, y no me siento autorizado para decir que se trata de elecciones ilusorias que en nada cambian los resortes de la condición social inicial. La naturaleza vertiginosa de la reforma y la confusión que ésta provoca acerca de las consecuencias de corto plazo equivale a abdicar del gradualismo y de las metas de largo plazo.
En tal sentido, cuando Boric y Ruiz –en una reciente columna- constatan el peligro que corre la reforma, aciertan, pero no con las razones correctas: no es sólo porque haya sectores conservadores en la Nueva Mayoría, sino también porque sus sectores más avanzados, así como el propio movimiento estudiantil y sus intelectuales terminaron produciendo miedo. ¿Cómo navegar, con rumbo y claridad sobre las ideas propias, entre la sospecha de que el gradualismo esconde traiciones y el miedo que produce una reforma que abdica del gradualismo?
Las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet al diario El País, sugiriendo que algunos de aquellos que se oponen a la reforma educacional que impulsa su gobierno han iniciado una campaña del terror para desinformar a la gente sobre los efectos que esta tendrá, constituyen una estrategia de defensa que Bachelet ya ha usado antes: la victimización. En vez de abordar el fondo de las acusaciones, Bachelet ha optado por victimizarse, atribuyendo mala intención a los que se oponen a sus iniciativas.
Dado que la reforma altera varios aspectos del modelo educacional, resulta imposible anticipar todos los efectos que tendrá. En tanto el diablo está en los detalles y las decisiones de miles de familias que aspiran a entregar a sus hijos la mejor calidad posible de educación —con un rango de interpretación muy amplio respecto a qué entienden los chilenos por calidad—, nadie puede seria y responsablemente anticipar a ciencia cierta lo que ocurrirá cuando se apruebe la reforma educacional del Gobierno. Dada la magnitud de las reformas, es imposible anticipar cuál será el equilibrio de mercado resultante de las nuevas reglas y regulaciones que se introducirán.
Aunque el debate público se ha llenado de dogmatismos y simplificaciones —desde la demonización del lucro hasta la épica defensa de una libertad muy limitada para escoger—, en tanto la nueva reforma no obligue a los niños a asistir a la escuela del barrio, la posibilidad de escoger (sujeta a distintas limitantes) hará que la decisión sobre dónde se eduquen los hijos continúe siendo similar a las decisiones sobre dónde, cómo y cuándo las personas adquieren bienes de consumo (y por cierto sobre qué tanto están dispuestos a sacrificar para acceder a los bienes que consideran de mejor calidad).
Precisamente porque la reforma educacional solo cambiará la estructura de limitaciones y oportunidades que tienen los padres para escoger la educación de sus hijos, nadie puede anticipar con certeza si mejorará la calidad de la educación (como quiera que esta se defina), si aumentará la matrícula en la educación pública o si se cerrarán colegios particulares subvencionados. Hay buenas razones para anticipar que las cosas no seguirán igual que ahora, pero personas razonables discrepan sobre cómo cambiarán. De ahí que es injusto y antojadizo acusar de campaña del terror a los que auguran que la reforma tendrá más resultados negativos que positivos. De hecho, siguiendo la lógica de la victimización, los opositores al Gobierno bien pudieran acusar a la Nueva Mayoría de llevar un par de años enfrascada en una campaña del terror contra el lucro en la educación.
En diciembre de 2013, Bachelet ganó ampliamente la elección presidencial con una plataforma que prometía terminar con el lucro, el copago y la selección en la educación. Una mayoría de los chilenos —independientemente de si entendían las implicaciones de su decisión o compartían lo que efectivamente decía el programa de gobierno— otorgó un sólido mandato a Bachelet para impulsar sus reformas. Es verdad que los programas de gobierno no son contratos inmodificables y que la opinión pública puede ser volátil en sus preferencias —por lo que los gobiernos pragmáticamente abandonan a veces sus promesas de campaña cuando las encuestas de aprobación señalan que la gente quiere cambiar de rumbo—, pero Bachelet todavía puede basar su decisión de impulsar la reforma educacional en que obtuvo la mayoría más amplia desde el retorno de la democracia. No por nada la Nueva Mayoría tiene control absoluto de ambas cámaras del Congreso.
Ahora bien, así como los electores pueden cambiar de opinión, los legisladores pueden también optar por adherir solo parcialmente al programa de gobierno. Los parlamentarios son electos para representar a sus distritos, no para ratificar lo que decide el Gobierno. Aunque este impulse una reforma incluida en el programa, el apoyo de los legisladores oficialistas no es automático. De ahí que la tarea del Gobierno no sea enrostrar el programa a sus aliados para conminarlos a disciplinarse, sino hábilmente convencer a una mayoría de los legisladores de apoyar las iniciativas que impulsa.
Como los gobiernos son evaluados por los cambios que hacen —no por las heroicas peleas que dan y pierden—, La Moneda deberá negociar con legisladores aliados y de oposición para cumplir, aunque sea parcialmente, sus promesas de campaña. O bien, para responder a la voluntad que en el futuro exprese a través de las encuestas una mayoría de los chilenos. En tanto la política es el arte de gobernar, y gobernar implica necesariamente negociar para construir acuerdos mayoritarios, el camino de acusar a los opositores de mala intención y deshonestidad no parece ser una buena estrategia. La victimización no allana el camino para la ineludible tarea de forjar acuerdos con aquellos que piensan diferente.
Obde UDP invita a participar del Tercer Conversatorio “Lxs Pobres y la Política”, a realizarse el próximo jueves 06 de noviembre a las 14.30 horas en la sala B43 de la Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324, Metro Los Héroes – Toésca).
En esta oportunidad exponen Carolina Besoain, psicóloga clínica, doctora en psicología clínica PUC y Nicolás Angelcos, doctor en sociología de la École des Hauntes Études en Sciences Sociales de Francia. A cargo de los comentarios de ambas ponencias estará Rodrigo Morales, Magister en Psicología. Académico Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile.
Besoain, piscoterapeuta de adolescnetes y adultos y académica de las facultades de psicología de la UAH, UCH y la UC, presentará su trabajo “Procesos de subjetivación en pobladores de vivienda social: Repliegue, celebración y añoranza”, la que corresponde a los resultados de su investigación doctoral, realizada en la EPUC. Por otro lado Angelcos, profesor de la carrera de sociología en la UDP, expondrá reflexiones sobre su trabajo “La construcción de lo político en las nuevas generaciones de pobladores en Santiago de Chile”.
Fecha y hora: Jueves 06 de noviembre, de 14:30 a 16:00 hrs.
Lugar: Sala B43 (4º Piso) Biblioteca Nicanor Parra. Vergara 324, Santiago (Metro Los Héroes / Metro Toesca)
Ministra de Desarrollo Social junto a Kaapua Smith y los investigadores ICSO Diego Valdivieso, Camila Peralta y Maite de Cea
La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, junto a varias autoridades de gobierno, asistieron a una reunión organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, donde se expuso sobre los “Procesos de Consulta y participación política indígena” en Nueva Zelanda, con el fin de conocer la experiencia del país.
Tras la exposición, la ministra Villegas sostuvo que “como ministerio estamos muy interesados en fortalecer las capacidades de todas las Unidades de Asuntos Indígenas de los ministerios y de los propios equipos a cargo de esta materia. En la medida que la gente se capacita y tiene una visión comparada de que es lo que pasa en otros gobiernos, en otros estados, se irá mejorando nuestra aproximación a los temas de cómo se vincula el Estado con los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Conocer la experiencia de la experta maorí nos permite no sólo comparar sino conocer aspectos importantes de lo que han alcanzado en participación política”.
La exposición fue realizada por Kaapua Smith, quien es analista y comunicadora política experta en asuntos Maoríes. Entre 2011 y 2014 se desempeñó en el Ministerio de Asuntos Maoríes, representando a las comunidades indígenas agrupadas en Whanau Ora, organismo a cargo del bienestar familiar.
Los mecanismos de participación política en el caso Maorí en Nueva Zelanda destacan como modelo ya que cuentan- entre otras características- con representación política de los pueblos en el parlamento. Nueva Zelanda es un país de 4 millones y medio de habitantes de los cuales 600 mil pertenecen al pueblo maorí. La participación política es proporcional y cuentan con un 20% de presentación, siendo un 15% de la población.
La visita de Kaapua Smith fue organizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (Icso) de la UDP.
PROCESOS DE CONSULTA
Nueva Zelanda no ha ratificado el Convenio 169, sin embargo, han implementado procesos de consulta distintos, que permiten que el Estado en su totalidad, a través de las distintas reparticiones, implemente en forma sistemática, continua y diversa procesos de consulta en distintas áreas de políticas públicas.
Kaapua Smith explicó que los procesos son dinámicos y que existe una búsqueda desde el pueblo maorí por ser socio del Estado en esto procesos. Los aspectos que tocan las consultas tienen relación con la repartición de tierras, los proyectos de desarrollo, vivienda y fortalecimiento económico, entre otros. Smith sostuvo que el involucramiento es mutuo – estado y pueblo maorí- y que ya cuentan con un Ministerio de Asuntos Maoríes.
En el encuentro también participó el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, el Encargado de la Consulta Indígena, Lautaro Loncon, funcionarios de Conadi, de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del MDS y los Encargados de Asuntos Indígenas de todos los Ministerios del Gobierno.
Porque es una de sus pocas banderas que concita apoyo mayoritario, resulta incomprensible que Renovación Nacional esté considerando abandonar su oposición a un aumento en el número de parlamentarios. Si bien la gente quiere que los políticos se pongan de acuerdo, los chilenos también quieren que defiendan sus valores. Si son incapaces de defender sus convicciones, los políticos difícilmente serán convincentes cuando prometan defender los intereses y prioridades de sus electores.
Después de prometer el fin del sistema electoral binominal en campaña, la Presidenta Michelle Bachelet impulsó una reforma electoral que satisficiera a cada partido miembro de la Nueva Mayoría. Como hay profundos desacuerdos sobre qué sistema alternativo es más conveniente, el Gobierno diseñó un traje a la medida de todos los partidos de la NM y de Amplitud, único partido de derecha que se sumó a la iniciativa.
Como todo sistema electoral, el binominal distorsiona la forma en que los votos se transforman en escaños. A diferencia de los sistemas mayoritarios, el binominal no premia al que saca más votos, sino que distribuye escaños siguiendo una regla de proporcionalidad. Al asignar solo dos escaños por distrito, el binominal es el menos proporcional de todos los sistemas proporcionales. Al igual que en los sistemas proporcionales, el binominal asigna los escaños a las listas de los partidos o coaliciones, por lo que muchas veces, candidatos que habiendo sacado individualmente más votos quedan fuera del Congreso porque rivales con menos votos son arrastrados por la votación de otros rivales mucho más populares.
Aunque una mayoría quiere cambiar el binominal, los chilenos no saben muy bien cómo funciona. Como carga con el estigma de haber sido adoptado por la dictadura, muchos equivocadamente creen que el binominal es anti-democrático. Desconociendo que un sistema proporcional también distorsionará la forma en que los votos se transforman en escaños, algunos equivocadamente creen que el fin del sistema binominal nos llevará al paraíso de los sistemas electorales. La experiencia comparada muestra que todos los países tienen sistemas electorales únicos (por lo que decir que el sistema binominal es único en el mundo es tan cierto como trivial) y que las distorsiones que se producen en cada país hace que existan más detractores que defensores de cada sistema electoral. Pero en tanto los detractores no se pueden poner de acuerdo, la mayoría de los países termina manteniendo los sistemas que ya poseen.
El proyecto de ley del Gobierno —que ya pasó su primer trámite constitucional en la Cámara— soluciona algunos problemas del binominal, mantiene otros y crea algunos problemas nuevos. Al aumentar el número de escaños por distritos, reduce el subsidio a la coalición que termina en segundo lugar. Pero a su vez crea incentivos para que los partidos se salgan de las coaliciones existentes. Aunque se crean mega distritos —que encarecerán el costo de las campañas—, el hecho que disminuya el porcentaje de votos para obtener un escaño incentiva a partidos y candidatos tránsfugas para que vendan sus votos al mejor postor. Además, como se escogen más parlamentarios por distritos, aumenta la probabilidad de que haya candidatos con pocos votos que sean arrastrados por compañeros de lista populares, dejando fuera a candidatos que individualmente obtuvieron mejor votación.
No hay evidencia de que el nuevo sistema sea mejor —o tenga menos vicios— que el actual sistema binominal. Adicionalmente, para acomodar las demandas de sus partidos aliados, el Gobierno ha impulsado un aumento en el número de parlamentarios con el argumento —teóricamente falso y empíricamente mentiroso— de que solo así se puede lograr mayor proporcionalidad. La opinión pública rechaza el aumento de parlamentarios. Aunque muchos en la derecha prefieren el binominal —en especial la UDI, que se ha visto más favorecida en elecciones recientes— el hecho de que la gente se oponga a un aumento de parlamentarios ha sido una excusa perfecta para rechazar la propuesta del Gobierno.
Ahora que la reforma ha llegado al Senado, RN está considerando una propuesta que aumenta el número de senadores. Como se necesitan 23 votos para aprobar la reforma —y la NM tiene 21, que llegan a 24 si se suman los de Bianchi, Horvath y Lily Pérez—, un acuerdo con RN solo daría más fuerza a una reforma que no necesita los votos de RN o la UDI. Pero si se suma al acuerdo del Gobierno, RN estará haciéndose cómplice de una decisión tremendamente impopular. Porque en la NM también hay resistencias a cambiar el sistema electoral —y porque RN ya demostró su muñeca política al negociar con el PDC un acuerdo, que se podría reflotar ahora, aunque sin aumento de parlamentarios— no tiene sentido que RN negocie con el Gobierno. Es preferible quedarse fuera de la negociación porque, después de todo, es poco lo que puede influir sobre el diseño del nuevo sistema electoral, pero es mucho lo que va a perder si renuncia a su rechazo actual al aumento de los parlamentarios.
Es comprensible que el Partido Demócrata Cristiano demuestre preocupación por no tener un candidato perfilado para las presidenciales de 2017. Pero el partido líder del centro político en Chile no debiera estar preocupado respecto al lugar que ocupará a partir de 2018. Independientemente de quién gane la elección, el PDC será parte de la coalición de gobierno. Es más, la clave para ganar la próxima elección está precisamente en qué posición tome el PDC. Si éste se mantiene en la Nueva Mayoría, será muy difícil que esa coalición sea derrotada en 2017. Si en cambio rompe esa coalición, será imposible para la izquierda mantenerse en el poder.
Después de haber sido el partido líder en la recuperación de la democracia y la construcción de nuestro sistema político actual —que, con sus bemoles, sigue siendo el más exitoso en América Latina (aunque no en el fútbol, en desarrollo sí somos campeones)—, el PDC ya no es el partido más importante de Chile. Desde el año 2000 que el PDC no tiene a uno de los suyos en la presidencia. Un candidato PDC lideró a la Concertación a su primera derrota electoral en 2009. La fundación de la Nueva Mayoría estuvo asociada, en buena parte, al intento de mostrar que el centro gravitacional de esa coalición se había corrido hacia la izquierda.
En la campaña presidencial, Bachelet implícitamente criticó la doctrina de la gradualidad y pragmatismo que impuso el PDC en los años dorados concertacionistas. Al prometer reformas —y no “reformitas”—, Bachelet subrayó la percepción de muchos en la izquierda que la moderación DC la hace culpable de no ser “ni chicha ni limoná”.
Electoralmente, las elecciones de 2013 no fueron las mejores para el PDC. Aunque sigue siendo el partido más grande de la NM (con 21 diputados y 6 senadores), su peso relativo al interior de esa coalición disminuyó respecto al periodo 2009-2013, especialmente en el Senado, donde pasó de 9 a 6 senadores.
Pero los porfiados números muestran que, aunque su contingente legislativo es menos numeroso, el PDC sigue siendo el partido más importante en el Congreso Nacional. Sin el PDC, la NM no tiene votos para aprobar iniciativas que requieren mayoría simple. La forma en la que se negoció la reforma tributaria demostró que los cuatro moderados del PDC (Andrés Zaldívar, Ignacio Walker, Patricio Walker y Manuel Matta) son los votos clave en el Senado. Sin ellos, no hay reforma que pueda pasar. Más aún, cualquier reforma que pase será negociada en la forma que ellos decidan. Aunque en la Cámara de Diputados el contingente DC sea más izquierdista y esté más fuertemente alineado con las posturas más radicales del Gobierno, en el Senado la DC representa la voz de la razón, el diálogo y la negociación.
En un país donde la clase media es hoy más amplia y poderosa que nunca en su historia, tanto las elites como los sectores populares han perdido peso relativo. Como ya señaló Eugenio Tironi hace casi dos décadas, las elites se sienten amenazadas por la irrupción de una clase media que quiere distribuir mejor el poder. A su vez, los gobiernos ya saben que no basta con satisfacer las demandas de los sectores populares. Como dolorosamente descubrió el ex Presidente Piñera en 2011, si La Moneda aliena a la creciente clase media, los costos políticos son muy superiores que si ignora a los sectores populares.
El crecimiento de la clase media ha reducido los niveles de polarización, obligando a los partidos a tomar posiciones más moderadas. Por eso, el centro —que históricamente ocupaba la DC— está más densamente poblado. Tanto la izquierda como la derecha prefieren autodefinirse como centro-izquierda y centro-derecha. Eso ha reducido el espacio electoral que puede cultivar el PDC. De ahí su declive electoral en años recientes. Pero igual que en el negocio de las propiedades, las tres palabras claves son “ubicación, ubicación y ubicación”, el PDC sigue ocupando un espacio clave en el espectro político chileno.
De cara a 2017, el PDC enfrenta un escenario de agraz y dulce. Aunque quisiera tener un candidato presidencial propio, el partido que ha ganado tres elecciones presidenciales (dos de ellas con un Eduardo Frei como candidato) no tiene nombres que aparezcan bien prospectados en las encuestas. Ya que las candidaturas presidenciales no se construyen de la noche a la mañana, parece improbable que el PDC logre posicionar a uno de sus camaradas como aspirante competitivo para 2017. Pero la buena noticia para el partido de la flecha roja es que aunque no tenga un buen candidato para sentarse en el sillón de La Moneda, tiene las llaves del palacio presidencial. Sin candidato presidencial, el PDC no podrá llegar solo a La Moneda. Pero sin el PDC, ninguna otra coalición podrá aspirar a remplazar a Bachelet. Por eso, especialmente en la coalición de la que actualmente forma parte el PDC, los partidos políticos debieran aceptar, aunque sea a regañadientes, que el PDC es el partido a cortejar y que será el invitado más importante a la fiesta democrática de 2017.
Revisa en el siguiente enlace publicado en Sala de Prensa UDP, la nota de Revista Qué Pasa sobre eutanasia, en la que se entregan datos de las encuestas realizadas por la Universidad Diego Portales entre 2010 y 2013, además de los comentarios del Director del Observatorio Político Electoral UDP, Mauricio Morales.
La clase política atraviesa tiempos turbulentos. Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses han remecido la notable estabilidad de las últimas décadas. El diseño y la tramitación de las reformas estructurales, los atentados terroristas y el caso Penta son algunos ejemplos de eventos que han polarizado a las dos grandes coaliciones. En estos tres hechos, la posición política entre la Alianza y la Nueva Mayoría ha sido para todos efectos prácticos, opuesto. La enemistad entre las dos coaliciones incluso ha llegado a gotear hacia sus interiores. La detención del ex alcalde Labbé y los dichos del embajador Contreras han dividido a sus partidos miembros. La reacción ante ambas situaciones desnuda la brutal discordia que existe entre partidos que comparten domicilios políticos.
Algunos dirán que la polarización entre las coaliciones ya es una tradición y que la división dentro de ellas es un fenómeno natural. Puede ser. Pero por muy normal que sea, no significa que constituya una costumbre positiva o deseable para la democracia. La ruta que transitaron los países desarrollados sugiere que es necesario que las coaliciones estén dispuestas a cooperar entre ellas y que los partidos miembros estén dispuestos a dialogar entre sí. Todo indica que eso no sucede en nuestro país. Es peor, hay evidencia que sugiere que la polarización y división que se observa en la clase política se refleja en la ciudadanía. La última encuesta MORI-CERC muestra que existen dos Chiles, uno que vota y aprueba, y otro que no vota y no aprueba.
La clase política es la responsable. Quienes han gobernado el país desde la transición no han trabajado lo suficientemente duro para mejorar la calidad de la democracia. Si algo han hecho es estancarla. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría cargan con esa cruz. Ahora bien, como siempre, la solución al problema depende —en buena parte— del oficialismo. Mejorar la calidad de la democracia debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, al parecer, no se ha percatado de aquello. Se ha cegado en llevar a cabo su programa de gobierno al pie de la letra. Esto no sólo ha aportado a la turbulencia, además le ha significado problemas propios. Si en algo coinciden las encuestas, es en una caída lenta pero constante de la aprobación presidencial.
El problema no se detiene allí, se proyecta hacia el futuro. No hay un recambio político en el oficialismo. La llamada segunda generación de la Concertación —Lagos Weber, Orrego, Rincón, Rossi, Tohá, entre otros— brilla por su ausencia. Si no fuera por las particularidades de sus cargos públicos, difícilmente tendrían tribuna. Si bien han mostrado anhelos de poder (al competir en elecciones), no han logrado imponer su liderazgo. En la batería de encuestas que se han publicado desde marzo, ninguno de estos servidores públicos ha figurado como una potencial carta presidencial para su coalición. Es prácticamente un hecho que la segunda generación no tiene la ambición electoral que tuvieron sus predecesores, y que difícilmente desarrollaran ese instinto en los próximos años.
En este escenario, parece perfectamente aplicable la Ley de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Que no exista un recambio en la Nueva Mayoría no significa que no exista un recambio en la centroizquierda. A pesar del deseo de algunos, Enríquez-Ominami y Velasco se han consolidado como los principales referentes del sector. El ex diputado y el ex ministro han logrado posicionarse como los dos políticos con más futuro de la centroizquierda. La última encuesta MORI-CERC muestra a Enríquez-Ominami con un 18% de apoyo, y a Velasco con un 11% de apoyo (seguidos por Vallejo, con un magro 5% de apoyo). El caso de Velasco es especialmente notable, dado que incluso tras el escándalo del caso Penta su nombre sigue en lo alto de la tabla.
La fuerte dependencia del gobierno al capital político de la presidenta y la notoria obsesión de la coalición oficialista por llevar a cabo el programa de gobierno han aportado a la turbulencia. Los hechos políticos que siempre han sacado ronchas ahora están siendo acompañados por temas que normalmente no son controversiales. Esto constata el delicado estado de salud de la democracia. El principal perjudicado en este clima de crispación política es la coalición oficialista. Puede que aún sea temprano para pronosticar que quienes llevan la delantera ahora -Enríquez-Ominami y Velasco permanecerán arriba hasta la próxima elección presidencia-l. Pero todo indica que se mantendrá el rechazo a los partidos tradicionales de la centroizquierda y que los llamados a ocupar el poder no estarán a la altura del desafío.
