Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Daniel Manzuy, doctor en Ciencia Política y director del instituto de Filosofía de la U. de Los Andes y Claudio Fuentes, director Escuela Ciencia Política UDP, conversaron acerca de contingencia nacional.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Max Colodro, analista político, profesor U. Adolfo Ibáñez y Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, conversaron acerca de los resultados de la encuesta Adimark y los distintos análisis que arrojó.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La Presidenta Bachelet tiene una oportunidad inmejorable para cumplir una de sus promesas de campaña. La elección directa de los intendentes no sólo dará mayor vigor a las regiones, sino que también resolverá la particular dualidad del sistema político local: intendentes designados y consejeros regionales elegidos. ¿Por qué no se avanza más decididamente en esta reforma? ¿Quién le está colocando el freno de mano? ¿Cuál es el miedo? O, más bien dicho, ¿quién tiene miedo?
Más allá de los beneficios para la gestión local y para la provisión de políticas públicas hacia las regiones, mis respuestas apuntan a la dimensión estratégica de la reforma. Mi argumento es que los opositores a la elección de los intendentes no lo hacen en función de las eventuales atribuciones y competencias de la nueva autoridad, sino que temen quedar debajo de la mesa en materia de representación regional. Adicionalmente, ese miedo también viene de parte de algunos diputados. Según ellos mismos sostienen en privado, los intendentes serán figuras que opacarán a los congresistas. Dado que ese intendente tendrá más votos que cualquier diputado e incluso que un senador, entonces los congresistas quedarán al final de la cadena de mando. Esta es una excusa poco atendible. Los legisladores debiesen pensar en cómo hacer más eficiente su gestión y en cómo mejorar sus niveles de aprobación ciudadana en lugar de bloquear una reforma que impone mayores niveles de competencia electoral. Son estos argumentos los que tienen al Congreso en los últimos lugares de confianza institucional.
¿Quién le teme a la reforma? Naturalmente, los partidos -antes de tomar esta importante decisión- evalúan costos y beneficios. Los partidos que tienen mayor fuerza territorial y que cuentan con estructuras organizativas institucionalizadas estarán mejor aspectados para enfrentar la elección de los intendentes. Los partidos más personalistas, en tanto, tenderán a restar sus apoyos a la reforma, pues se sienten en desventaja frente a los partidos con mayor tejido social. Sin embargo, desde estos partidos personalistas se critica justamente que la elección de los intendentes contribuirá a elevar los niveles de personalización de la política. Por tanto, hay una inconsistencia en el argumento. Quizás, sería razonable transparentar las opciones hacia la reforma, evaluando si en realidad lo que se critica es el personalismo o si se trata de un problema práctico de estos partidos. Es decir, que no cuentan con liderazgos locales para competir.
Paralelo a esta discusión está el debate en torno al sistema electoral para elegir a los intendentes. He sugerido que ese sistema sea de mayoría calificada del 40%. Tanto los sistemas de mayoría absoluta como los sistemas de mayoría relativa entregan incentivos para una mayor fragmentación. En un sistema de mayoría absoluta, y ante la expectativa de que ningún candidato llegará al 50%, es plausible que explote el número de candidatos en la primera vuelta, facilitando el acceso de outsiders o candidatos populistas a la segunda vuelta. Igual cosa podría suceder con un sistema de mayoría relativa, especialmente en zonas geográficas con mayor volatilidad o inestabilidad en los patrones de votación. Un sistema de mayoría calificada del 40%, en mi opinión, genera los suficientes incentivos para construir coaliciones y, adicionalmente, evitar segundas vueltas innecesarias, frenando -en la medida de lo posible- la consolidación de candidatos exógenos a las coaliciones mayoritarias. Ningún sistema electoral es capaz de bloquear a candidatos populistas, pero algunos -por lo menos- establecen más obstáculos que otros.
Llegó el momento de avanzar sin miedo en esta reforma. Los temerosos deberán dejar atrás sus dinámicas centralistas, y los entusiastas deberán pelear con más fuerza en este último tramo del debate.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Los dichos del ex ministro Jorge Burgos fueron interpretados como un acto reflejo frente a las declaraciones de Ricardo Lagos. Sostuvo que el país estaba descarrilado y que la Nueva Mayoría finalizaba con este gobierno. En el afán por retratar a un Chile al borde del colapso, ambos personeros han sacrificado públicamente al gobierno de Bachelet. La única forma de justificar el regreso de Lagos al poder es creando un escenario de extrema incertidumbre y, al mismo tiempo, distanciándose al máximo de la Presidenta, aunque eso implique barrer con su obra. Lagos y Burgos tienen claro que el 19% de aprobación presidencial inviabiliza un proyecto de continuidad de la Nueva Mayoría. Por tanto, necesitan sacarse de encima a Bachelet y, además, excluir al PC, partido que ya se opuso a la candidatura de Lagos y que no tuvo buenas relaciones con Burgos cuando fue ministro del Interior.
El problema del argumento Lagos-Burgos es que no tiene ningún sustento empírico. Al igual que el grupo de intelectuales que mal asesoró a la Presidenta Bachelet al sugerirle una retroexcavadora en el contexto de un Chile supuestamente incendiado, la dupla Lagos-Burgos comete el mismo error. En ambos casos se reproduce el síndrome del pirómano, una especie de disfrute cuando se gatilla una crisis que, en el corto plazo, abre oportunidades políticas para quienes incentivan el incendio. Chile no necesita retroexcavadoras ni bomberos. Es cierto que el país está desacelerado económicamente y que los partidos no generan la misma adhesión que en los ’90. Pero de ahí a sostener que está en riesgo la democracia o dudar de que Bachelet concluya su mandato es, por decir lo menos, una imprecisión.
En el plano político las declaraciones de Burgos implican un sinceramiento programático del PDC frente a su alianza con el PC. Pero al mismo tiempo, equivale a la claudicación del PDC para competir con un candidato en las elecciones presidenciales de 2017. En lugar de fortalecer a las figuras de su partido, Burgos optó por darles la extremaunción. El mismo Burgos tiene mejores evaluaciones que Lagos según el ranking político de Cadem de julio de 2016. De hecho, Lagos es superado por otros dos líderes DC. Por tanto, resulta incomprensible su apoyo tan incondicional a Lagos teniendo en casa a figuras que perfectamente podrían asumir el desafío presidencial. Incluso, Burgos se puede encontrar con una sorpresa en caso de que Carolina Goic comience a figurar en las encuestas.
Por último, Burgos también mete en problemas al PS. Dado que su aspiración es replicar la antigua Concertación -es decir, sin el PC-, automáticamente obliga al PS a inclinarse por idéntico derrotero. Si para el PDC es difícil tomar la decisión de acabar con la Nueva Mayoría, más complicado será para el PS abandonar un proyecto de izquierda. Así, la dupla Lagos-Burgos no sólo promueve el quiebre de la coalición, sino que también una lucha fratricida dentro de sus respectivos partidos. Puede que la estrategia funcione y se construya una nueva alianza sin el PC, pero la cantidad de heridos que dejará este proceso hará casi inviable el triunfo de Lagos en 2017.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
Después que la promesa de educación de calidad y gratuita para todos realizada por Michelle Bachelet en la campaña presidencial de 2013 no se pudo materializar, la clase política chilena arriesga volver a realizar promesas incumplibles en 2017. Dado el alto descontento que existe con el sistema de pensiones, ya se escuchan voces que hablan de pensiones de calidad para todos, sin especificar de dónde saldrá el dinero (el equivalente de gratuitas). Si bien uno pensaría que el electorado ya aprendió la lección, no hay que desestimar la capacidad de la gente para tropezar de nuevo con la misma piedra de las promesas incumplibles.
En 2013, la principal promesa de Bachelet era la gratuidad en la educación en todos los niveles. Bachelet prometió terminar con el copago, la selección y el lucro en la educación básica y secundaria. La ex Presidenta también prometió avanzar decididamente a la gratuidad en la educación superior, comprometiéndose a cubrir al 70% de los alumnos hacia el fin de su gobierno y llegar al 100% pocos años después. Una vez Presidenta, Bachelet llenó la promesa de gratuidad con letra chica. Aunque se promulgó una ley para la educación básica y secundaria, la implementación de la ley dependerá de futuros gobiernos, por lo que bien pudiera ser que el copago, la selección y el lucro sobrevivan en nuestro sistema educacional. Es más, dado cómo ha evolucionado la matrícula en los últimos años —incluido el periodo en el poder de la NM—, la participación de la educación pública en el sistema educacional chileno se sigue empequeñeciendo. En educación superior, el gobierno ha comenzado a derribar un sistema de mercado que funcionaba mal sin tener ni siquiera los planos de la estructura que pretende construir en su lugar.
Hoy, los aspirantes presidenciales saben que la reforma educacional no es una buena bandera de campaña. Como la gente quiere gratuidad —¿quién no quiere un almuerzo gratis?—, los candidatos no se atreven a sincerar que la gratuidad es una promesa incumplible. Pero como los candidatos necesitan atraer apoyos y quieren ganarse el afecto de los votantes, la estrategia de prometer lo imposible adoptada por Bachelet en 2013 sigue siendo popular. Solo que en 2017, el foco de las promesas imposibles parece estar trasladándose a las pensiones.
Las personas de más edad votan más que los jóvenes. Además, los chilenos nos hemos acostumbrado a las marchas estudiantiles. Una marcha es como un temblor grado 5: solo los extranjeros le ponen atención. Por otro lado, las campañas necesitan diferenciarse de las anteriores. De ahí, como la promesa de gratuidad educacional no se cumplió, los aspirantes se enfrentan al desafío de aceptar que no se pueden hacer promesas incumplibles o bien simplemente prometer algo fantástico pero en una dimensión distinta a la educación. Por eso, varios presidenciables arriesgan caer en la tentación de vender el cuento del tío a desesperados e irreflexivos votantes chilenos cuyas pensiones no les alcanzan para vivir o que están temerosos porque saben que sus dineros ahorrados no serán suficientes para otorgarles una pensión digna.
Ante la creciente preocupación por las pensiones, la clase política no se ha demorado en buscar articulaciones que hagan creer a la gente que se pueden mejorar las pensiones sin que los propios chilenos se tengan que meter la mano al bolsillo. No faltan los que, para financiar un sistema de reparto, piden usar los recursos del cobre (la versión chilena de la gallina de los huevos de oro) o los que piden subir los impuestos (como si las personas no fueran los que los pagan —especialmente dado el peso del IVA en los ingresos fiscales y dados los incentivos tributarios a las personas de más ingresos que amortiguan el efecto progresivo del impuesto a la renta). Luego están aquellos que piden que sean los empleadores los que pongan su parte (como si el aumento en el costo de la mano de obra, sin una mejora en productividad, no fuera a repercutir en los salarios líquidos en el mediano plazo). Los más irresponsables, usando Voodo Economics, piden pasar a un sistema de reparto, alegando que las AFP lucran y que el sistema no ha cumplido con las promesas que se hicieron en su inicio.
El caso es que nadie se atreve a decir a los chilenos que, para mejorar sus pensiones, van a tener que ahorrar más (lo que implica menores sueldos ahora o aceptar que, por la contribución que harán los empleadores a las pensiones, los sueldos subirán menos en el futuro). En cambio, la clase política en su conjunto comienza a articular una versión enchulada de la promesa de gratuidad —mejorar las prestaciones del Estado a cero costo para los ciudadanos—. Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.
Pese a todas las señales que indican que el futuro inmediato se viene más oscuro, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sigue comprometiéndose con promesas incumplibles. En vez de reconocer que pecó de demasiado optimista (mintió), el gobierno quiere seguir haciendo creer a los chilenos que la gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. En vez de reconocer su error, el gobierno de Bachelet se comporta como esos mentirosos que, al ser descubiertos, intentan elaborar una historia aún más inverosímil para tratar de negar lo obvio.
Como candidata en 2013, Bachelet se comprometió a avanzar decididamente hacia la gratuidad universal y efectiva en la educación superior. En su programa de gobierno, Bachelet especificó que en su cuatrienio se llegaría al 70% de cobertura. En una redacción confusa, —que tal vez ya entonces quería esconder la imposibilidad de cumplir la promesa– Bachelet se comprometía con avanzar “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.
Ahora que la realidad del estancamiento económico ha golpeado en la cara a los espíritus fundacionales de la Nueva Mayoría —aunque muchos analistas hacía tiempo venían advirtiendo que los vientos de la economía empezarían a soplar en contra— el gobierno ha tratado de demostrar por un lado una cuota de responsabilidad fiscal, pero por otro ha insistido en que es cosa de tiempo antes de que se convierta en realidad.
Las estimaciones del gobierno indican que para cumplir la promesa de gratuidad se deberá aumentar la carga tributaria del 21,5% del PIB actual a un 29,5%. Esto es, un aumento del 40% en la carga tributaria del país. Para hacerse una idea, la reforma tributaria de 2014-2015 buscaba aumentar la carga tributaria en menos de 3% del PIB. Aunque en realidad solo hará que pase del 21.5% en 2015 a un 23% en 2018. Para cumplir la promesa de gratuidad universal, se necesita una reforma tributaria efectiva 5 veces más grande que la adoptada en 2014.
Además de que es improbable que se pueda realizar una reforma de ese calibre (porque las consecuencias sobre la economía serían desastrosas), por la forma en que el gobierno ha insistido en que vamos en un camino irreversible hacia la gratuidad universal, pareciera que algunos en La Moneda esperan que la carga tributaria siga subiendo gradual pero inequívocamente hasta alcanzar el 29,5% del PIB. Muchos dirán que otros países tienen cargas más altas, pero si consideramos que ese 29,5% excluye las contribuciones de los trabajadores a sus pensiones —cuestión que fácilmente se acerca al 10% del PIB en otros países— entonces podemos ver que la hoja de ruta del gobierno no tiene ni pies ni cabeza.
Condicionar la gratuidad a que el Estado alcance un tamaño determinado del PIB es como condicionar un viaje a Júpiter a que las naves espaciales puedan volar a un millón de kilómetros por hora para recorrer así, en 6 horas, los 588 millones de kilómetros que nos separan de ese planeta. La matemática es impecable. Pero la factibilidad de que eso ocurra en las próximas dos décadas es casi nula.
Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.
Una decisión políticamente más responsable hubiera sido reconocer que, en el entusiasmo de su retorno a Chile, Bachelet prometió algo que jamás podría cumplir. La Presidenta podría reiterar que su intención es avanzar hacia la gratuidad de la misma forma que queremos avanzar hacia ser una sociedad libre de delincuencia y enfermedades. Después de todo, los Presidentes siempre señalan un norte hacia el que quieren avanzar. Las hojas de ruta de los gobiernos siempre tienen un objetivo final que es demasiado ideal como para imaginar que algún día se puedan materializar.
Pero Bachelet optó por seguir hundiéndose en su promesa desmedida e irrealizable. Aunque chuteó la pelota hacia adelante —y deberán ser otros en el futuro los que reconozcan que la promesa nunca iba a poder ser cumplida— Bachelet optó por tomar la posición irresponsable de un líder populista que se aferra a un sueño irrealizable en vez de pagar el costo de asumir el rol de mujer de Estado que dice la verdad, aunque duela.
De haber recordado la canción de Joan Manuel Serrat, Bachelet debió haber aceptado que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. En cambio, la Presidenta optó por pasar a la historia como la mujer que prometió mucho más de lo que se podía cumplir pero nunca quiso reconocer su error.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha optado por comportarse como padres irresponsables que tratan desesperadamente de cumplir la promesa para evitar que los hijos se decepcionen.
No hay promesa más irresponsable —ni mejor ejemplo del populismo— que intentar obligar al próximo gobierno a cumplir un compromiso de cuestionable utilidad pública y poca factibilidad económica. Cuando el gobierno asegura que el 70% de la gratuidad se logrará en 2020, supone que el próximo gobierno aceptará mantener la irresponsable hoja de ruta que ha seguido la administración Bachelet en su intento por cumplir su promesa de gratuidad en la educación superior. Dada la incerteza institucional provocada por el hecho que la gratuidad está financiada solo como una glosa en la ley de presupuesto y considerando que el próximo gobierno tiene todo el derecho —e incluso la obligación— de actuar de forma más responsable en el manejo de los recursos públicos y en el intento por reducir la desigualdad, la gratuidad parece tener la misma fecha de expiración que la Nueva Mayoría: el 11 de marzo de 2018.
Los problemas que enfrenta la promesa de gratuidad se parecen a los problemas que enfrentan unos padres que prometieron a sus hijos ir de vacaciones a Disney World en el verano pero que ahora se enfrentan con un peso devaluado ante el dólar, un aumento sustancial en el costo de los pasajes aéreos y una disminución en sus ingresos mensuales. Dado que las circunstancias cambiaron, lo más responsable sería transparentar la nueva realidad ante los hijos y aprender una lección sobre la inconveniencia de prometer cosas sin tener la certeza de poder cumplir.
Pero el gobierno de la Presidenta Bachelet ha optado por comportarse como padres irresponsables que tratan desesperadamente de cumplir la promesa para evitar que los hijos se decepcionen. Al no poder comprar los pasajes, los papás dicen que irán a Disney en auto. Sin saber hasta dónde podrán llegar, emprenden por la Panamericana Norte esperando ya sea un milagro o sabiendo que, al llegar a la frontera norte de Arica, se producirá el fin del periodo presidencial y el próximo gobierno será el encargado de tener que decirle a los ilusionados hijos que no habrá Disney.
Como los hijos no son tontos —pero han sido engañados por las promesas irreflexivas e irresponsables de los padres—, los muchachos están inquietos en el asiento de atrás del auto. Ellos saben que el camino regular para llegar a Disney es por el aeropuerto, no la Panamericana Norte. Pero como los padres les siguen asegurando que se puede llegar a Disney por este camino alternativo —glosa, en vez de una ley que detalladamente regule las condiciones y establezca los mecanismos de financiamiento para la ansiada gratuidad—, los chicos están divididos entre los que se quieren rebelar denunciando el engaño y los que creen que en la medida que el auto avance hacia el norte, el sueño de llegar a Disney World está cada día más cerca. La parte de atrás del auto está en toma.
Como toda metáfora, la imagen de padres irresponsables que prometen algo que no pueden cumplir no aplica con perfección al irresponsable compromiso de la Presidenta Bachelet de avanzar hacia la educación gratuita universal (no hay nada gratis en la vida). A diferencia de los padres cuyas obligaciones con sus hijos duran más que un periodo presidencial de cuatro años, el gobierno de Bachelet puede seguir haciendo promesas que buscan obligar a futuros gobiernos a llevar adelante una hoja de ruta que no lleva a ninguna parte. Irresponsablemente, el gobierno ha extendido el cumplimiento de su promesa de gratuidad en el tiempo en circunstancias que la democracia supone que cada nuevo gobierno tiene el derecho a revisar la conveniencia de mantener el rumbo, especialmente cuando se trata de promesas inconducentes a reducir la desigualdad y cuyo financiamiento es imposible dadas las nuevas circunstancias económicas.
En el más reciente cambio de versión sobre cuándo se logrará cumplir la promesa de gratuidad para el 70% más vulnerable de los alumnos matriculados en instituciones debidamente acreditadas, la ministra Adriana Delpiano habló de 2020 (cuando el próximo gobierno esté en el tercer año de su periodo) y además condicionó el avance a que haya una tasa de crecimiento de la economía que a estas alturas solo pueden ocurrir con un milagro. Hacer ese tipo de promesas es equivalente a decir que se puede llegar a Disney World por tierra y que, a partir de la frontera en Tacna, serán otros los padres encargados de seguir avanzando para satisfacer las expectativas de los hijos de llegar.
En semanas recientes, varios analistas y observadores han advertido sobre los riesgos de la irrupción del populismo en Chile. Esos analistas parecen no estar poniendo mucha atención a las promesas irresponsables e irrealizables que está haciendo este gobierno y que buscan comprometer al gobierno que deberá asumir el poder a partir de 2018 y que tendrá la dura tarea de anunciar públicamente a los chicos frustrados, pero todavía ilusionados, que reclaman en el asiento de atrás que sus padres le prometieron que los iban a llevar a Disney World.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, el panel conversó acerca del escepticismo de Insulza sobre proceso constituyente, la presentación del magíster de Comunicación Política de la U. Adolfo Ibáñez, las declaraciones de Insulza acerca del proceso constituyente y los objetivos de la Presidenta Bachelet respecto del proceso constituyente.
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El recurso ante el Tribunal Constitucional sólo refleja la incapacidad del gobierno para avanzar una de sus promesas más importantes de campaña por el camino de la legislación.
La decisión de la oposición derechista de llevar la glosa de gratuidad al Tribunal Constitucional ha sido fuertemente criticada por el oficialismo. Además de representar un legítimo derecho de aquellos que dudan de la constitucionalidad de una medida, el recurso ante el Tribunal Constitucional sólo refleja la incapacidad del gobierno para avanzar una de sus promesas más importantes de campaña por el camino de la legislación. El camino para establecer la gratuidad de la educación superior debió haber sido la ley y no el resquicio legal de la glosa presupuestaria.
Parte del debate sobre la constitucionalidad de la gratuidad responde más bien a los cuestionamientos que existen sobre el papel que debe cumplir el Tribunal Constitucional. Erróneamente sindicado por algunos como un resabio autoritario (también había Tribunal Constitucional antes de 1973), el Tribunal Constitucional chileno se parece a los que existen en otras democracias del mundo (incluidas muchas de las de la OECD, club de países desarrollados al que aspiramos parecernos). Es verdad que algunos de los poderes y atributos del tribunal chileno exceden a los de otros países. Pero eso más bien llamaría a reformar al tribunal más que a abolirlo.
Otra justificada crítica es la forma en que se eligen sus 10 miembros. Como normalmente están diseñados para que reflejen mayorías diferentes a las que se expresaron en la última elección, sus miembros tienen periodos más largos o para ser nombrados por la Corte Suprema o tener el apoyo de mayorías calificadas en el Congreso. En Chile, sus 10 miembros son nombrados por la Corte Suprema (3), el Presidente de la República (3), el Senado (2) —por mayoría de dos tercios— y por la Cámara de Diputados (2), con acuerdo del Senado. Desde la reforma constitucional de 2005 (que aumentó el número de 9 a 10 y cambió la forma de elección de sus miembros), los nombramientos de los 4 nombrados por el Congreso han sido por cuoteo entre la Alianza y la Nueva Mayoría. En varios casos, los nominados han carecido de las credenciales necesarias para ocupar tan importante cargo.
La forma liviana y con lógica de cuoteo partidista que ha usado el Congreso para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional ha ayudado a alimentar las críticas a la legitimidad de éste. Pero la irresponsabilidad con que el Congreso ha nombrado a sus miembros no significa que el Tribunal pierda su importancia ni su legitimidad. Si la aerolínea nombra como piloto al primero que va pasando no significa que el puesto del piloto deje de ser importante, sólo evidencia la irresponsabilidad del que lo nombró.
En muchas democracias del mundo, los problemas políticos a menudo se judicializan. Ya sea porque los afectados deciden cuestionar la constitucionalidad de algunas medidas o porque la clase política es incapaz de ponerse de acuerdo para clarificar los derechos y deberes establecidos en la Constitución, los conflictos políticos a veces terminan siendo solucionados por jueces que nunca fueron electos para representar a nadie ni están mandatados a hacer leyes. En Chile, también hemos sido testigos de la judicialización de problemas políticos. Las decisiones sobre proyectos energéticos o mineros con impacto medioambiental a menudo terminan en manos del poder judicial. Incluso la forma en que se debe regular el alza de las ISAPRES se ha convertido en un tema sobre el que los jueces tienen más poder de decisión que la clase política. Aunque en Chile (pero no en otros países, como Estados Unidos) constituye una rama independiente del poder judicial, el Tribunal Constitucional también está compuesto de personeros que no han sido electos. Su importante rol de dirimir controversias constitucionales no debiera ser confundido con el papel de árbitro de empates políticos.
La discusión sobre la gratuidad en Chile debe ser abordada por el Congreso Nacional a partir de un proyecto de ley que envíe el Ejecutivo y que sea debidamente debatido en ambas cámaras. Ahí podremos ver cuáles son las posturas de los distintos partidos y cuál es el espacio sobre el cual se puede producir un acuerdo político que permita a la Presidenta Bachelet cumplir una de sus más importantes promesas de campaña. Después de todo, la Nueva Mayoría tiene una amplia mayoría en el Congreso de legisladores que fueron electos al amparo de Bachelet, compartiendo sus promesas de campaña —incluida la gratuidad—. Ninguno de los candidatos de la NM que hoy ocupan escaños se opuso pública y activamente a la promesa de gratuidad hecha por Bachelet en 2013.
Al optar por el camino del resquicio legal en vez de la vía adecuada de una legislación en el Congreso, el gobierno dio el primer paso para judicializar la que debía ser la más importante de sus reformas. Ahora, la capacidad de la Presidenta Bachelet de cumplir con su promesa de campaña está en manos de una institución que goza de legitimidad institucional pero que fue diseñada para hacer otra cosa.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Cuando deberíamos estar hablando del país que queremos construir, hemos terminado obligados a cantar la canción de los 10 perritos, adivinando que al final nos quedaremos con una gratuidad sin perritos y con un sabor amargo tanto los detractores como los que estaban convencidos que la gratuidad era lo mejor que le podía pasar a Chile.
La promesa de gratuidad en la educación universitaria en Chile se parece cada día más a la canción “yo tenía diez perritos”. Mientras más tiempo pasa, más evidente es que la promesa de avanzar gradualmente hacia la gratuidad universal fue una declaración voluntarista de Bachelet que nunca estuvo acompañada de cálculos serios y de un proceso responsable de diseño de política pública.
En la canción de los 10 perritos, el cantor explica la pérdida gradual de perritos hasta que no le queda ninguno. Aunque cada perrito desaparece por un motivo distinto, la audiencia rápidamente puede anticipar cuál será el final de la canción. En su defensa de la promesa de gratuidad, el gobierno se ha comportado de la misma forma que el dueño de los 10 perritos. A medida que ha ido avanzando la discusión del presupuesto, se ha ido acotando el universo de beneficiarios de la gratuidad hasta el punto que ahora parece que no habrá un aumento en el porcentaje de chilenos que no tendrán que pagar por su educación universitaria.
Por cierto que hay buenas razones para oponerse a la gratuidad universal. La probabilidad de asistir a la universidad es mayor en los quintiles de más ingresos, por lo que la gratuidad terminaría aumentando la desigualdad, no reduciéndola. Como el costo de la educación varía de universidad en universidad, la gratuidad resultaría en subsidios más altos para las instituciones que más cobran (o bien obligaría al Estado a regular precios). Como igual tendría un costo alto, la gratuidad obligaría al Estado a poner límites a la cantidad de semestres que podrán estudiar los alumnos. Las necesidades de regulación aumentarían enormemente los costos de transacción. El Estado deberá diseñar marcos regulatorios que restringirían la innovación y forzarían un modelo único en un sistema educacional que tiene en su diversidad una de sus grandes fortalezas.
Pero también hay buenas razones entre los que defienden la gratuidad. El anhelo de construir una sociedad meritocrática se basa en que exista igualdad de oportunidades. Solo los países que se atreven a soñar en grande logran superar los obstáculos que los separan del desarrollo. Si bien algunos formulan la idea de la educación gratuita como una demanda de derechos sociales, la educación gratuita podría ser el equivalente chileno a lo que fue la misión de llevar un hombre a la luna para Estados Unidos. Visto así, sería un loable proyecto nacional. Si alguna vez el país pudo crear un sistema de educación pública laica y gratuita, el Chile que aspira a ocupar un lugar entre las naciones más desarrolladas del globo también debe atreverse a soñar en grande.
Ya que hay buenas razones para oponerse y para apoyar la gratuidad, lo natural sería que se produjera un debate rico, intenso, respetuoso y fructífero en el que reinara la deliberación inteligente y las personas pudieran ser susceptibles a ser seducidas y convencidas por ideas antagónicas. El país está maduro para debates sin caricaturas y para el intercambio de ideas emanadas de posiciones apasionadas y no de trincheras. Como hay gente inteligente y bien intencionada en ambos lados (y cada campo tiene diversidad y matices en sus posturas), el debate sobre la gratuidad debiera ser una experiencia de democracia participativa y deliberativa que mostrara la madurez de nuestra sociedad. El proceso mismo sería la envidia de nuestros vecinos. Un país que quiere poner la educación al centro de su modelo de desarrollo debe debatir y deliberar sobre el tipo de modelo de financiamiento de esa educación y sobre los componentes que serán incluidos en ese modelo.
Por todo esto, resulta especialmente lamentable que el gobierno de la Presidenta Bachelet haya reducido este debate necesario, saludable y democratizador a una mera glosa presupuestaria. Una reforma de esta envergadura, que tiene un potencial transformador tan profundo y que, de resultar exitoso, marcará un antes y un después en nuestra historia nacional se merecía un debate mucho mayor que el que corresponde a una glosa presupuestaria.
Igual que una familia que considera adoptar un hijo, Chile necesitaba prepararse para este momento. La importancia de la adopción de un hijo no se puede reducir a qué tanto aumentará el gasto mensual del supermercado o cuánta agua adicional se le deberá echar a la sopa. Al reducir el debate sobre la gratuidad a la discusión de la glosa presupuestaria, el gobierno desechó la oportunidad de promover la participación ciudadana, profundizar la democracia y enriquecer el debate en la sociedad. La Moneda decidió reducir el debate a una discusión de presupuesto (importante, pero parcial). Por eso, cuando deberíamos estar hablando del país que queremos construir, hemos terminado obligados a cantar la canción de los 10 perritos, adivinando que al final nos quedaremos con una gratuidad sin perritos y con un sabor amargo tanto los detractores como los que estaban convencidos que la gratuidad era lo mejor que le podía pasar a Chile.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Una serie de lecturas generó ayer el anuncio del inicio del proceso constituyente por parte de la presidenta Bachelet, pero el mundo político se tendió a quedar esencialmente con una: las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017 estarán cruzadas por el debate sobre una reforma a la Constitución en el país.
Es que al delegar en el próximo Congreso la definición del mecanismo para una nueva Carta Magna, la jefa de Estado sugirió parte del contenido de lo que serán las plataformas programáticas de los próximos candidatos a La Moneda y al Parlamento. Lo que no está exento de algunos riesgos.
Así lo interpretaron los mismos parlamentarios. De hecho, para el senador PPD, Felipe Harboe, “no cabe ninguna duda, la próxima campaña presidencial va a estar determinada por las posiciones que los candidatos o candidatas adopten en torno a la nueva Constitución y el contenido de la misma”, dijo, subrayando que en la oferta de propuestas electorales podremos ver temas como “el derecho de propiedad, el tema de agua, el semipresidencialismo, en definitiva, el rol del Estado”.
Mientras el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro coincide con su par del PPD, al señalar que el tema constitucional “va a tener influencia en las elecciones”, el timonel de la UDI, el también senador Hernán Larraín desestima que este debate vaya a tomarse las próximas campañas electorales pues considera que “las convicciones ciudadanas no apuntan en la línea de centrarse en el tema constitucional”.
Es más, el líder del único partido político que a la fecha se resiste a una nueva Constitución, advierte que en el país “hay un malestar ciudadano, mucha pobreza, desigualdades, centralismo, hay inquietudes en temas más sectoriales, como los de la seguridad y la salud, y lo que se requiere es una propuesta que logre resolver el conjunto de estos temas y en eso la incidencia constitucional no es la relevante”.
De ahí que a juicio de Larraín el debate por una nueva constitución además de ser “un tema artificial”, agrega “ciertos factores de inestabilidad institucional que no son positivos”.
Analistas ven ciertos riesgos
Desde la vereda de las ciencias políticas, los expertos coinciden en que las próximas elecciones estarán marcadas por el debate constitucional. Pero algunos ven más riesgos, como que algún caudillo asuma el desafío como sucedió en Venezuela en la década de los 90 o que quien llegue al gobierno clausure el tema y todo sin terminar con la incertidumbre.
Así lo destacó la analista política María de los Ángeles Fernández, para quien “la Presidenta abrió un itinerario, sin tomar una decisión y pensando que con esto va dejando contento a todo el mundo, pero sin amortiguar la incertidumbre, porque será el eje de las próximas campañas como pasó en Venezuela en 1998 que lo tomó Chávez hasta ser presidente”.
Más optimista la cientista política de Chile21, Gloria de la Fuente destaca que “existe la esperanza de que el tema constitucional se transforme en un elemento de movilización electoral en las próximas elecciones. Hay una necesidad imperiosa de movilizar al electorado y una discusión así de importante podría provocar ese giro”.
Un vuelco que a juicio del director de Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, no será tan así pues es “difícil que se revierta la tendencia de abstencionismo que es estructural”.
Mientras que para el analista Antonio Horvath el tema está por verse y dependerá del avance del contenido. “Si no nos quedamos pegados en el mecanismo y se discute contenido, este será un tema muy importante en las próximas elecciones”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En la edición se revisaron las principales noticias de la jornada y un panel analizó el anuncio de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La loable preocupación del gobierno por diseñar políticas públicas cercanas a la gente esconde una equivocada concepción de lo que significa gobernar. En una estructura compleja, cada quien debe hacer un trabajo distinto. Por eso, la obsesión por introducir componentes “ciudadanos” en labores que son esencialmente tecnocráticas y administrativas lleva a que el engranaje deje de funcionar toda vez que en lugar de que todos hagan trabajos distintos para conseguir un objetivo común, las distintas áreas del gobierno terminen haciendo todas lo mismo y el país se estanca.
Después del Consejo de Gabinete de ayer, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés declaró que la Presidenta Bachelet los había instado a “tener un enfoque más ciudadano” y había anunciado que en el presupuesto de 2016 tendrían prioridad aquellos temas “más cercanos a la gente”. La declaración de Valdés pasó sin pena ni gloria, reflejando la poca influencia que tiene el ministro de Hacienda. A diferencia de su predecesor, que tenía una cercanía incuestionable con Bachelet, Valdés ha confirmado que su principal logro ha sido, con la salida de Arenas, evitar que desde Hacienda sigan saliendo iniciativas mal diseñadas y peor implementadas. Pero Valdés difícilmente logrará que el país retome el sendero del desarrollo y el crecimiento.
En las palabras de Valdés se esconde el error conceptual que tiene la Presidenta Bachelet respecto a las tareas que deben tener los distintos miembros de su equipo. Preocupada de acercar el gobierno a la gente, Bachelet quiere que todos los ministros se dediquen a la misma tarea. Como es imposible distinguir una gestión en Hacienda con componente ciudadano de una gestión sin componente ciudadano, la petición de la Presidenta bien pudiera ser entendida como letra muerta. Pero la directiva de Bachelet desnuda un problema más de fondo. Bachelet parece no entender que los gobiernos funcionan como equipos en los que distintos actores tienen tareas distintas.
Resultará fácil concordar en que la gestión de un ministro de Hacienda será bien evaluada cuando, dado las circunstancias externas, el país crezca por sobre lo que espera el mercado. Eso permitirá que haya más creación de empleos, más oportunidades y más recursos públicos para programas sociales e inversión en el futuro de Chile. Nada más ciudadano que tener un ministro de Hacienda cuyo desempeño siempre lleve a corregir las estimaciones de crecimiento y empleo al alza. Si en cambio el ministro es ampliamente conocido por su esfuerzo en reducir la desigualdad y en estar cerca de los que sufren por la pobreza, las inundaciones o la marginalidad, pero la economía se comporta por debajo de lo esperado, su desempeño no tiene nada de “ciudadano”, aunque el ministro sea cercano a la gente.
Un buen gobierno no es aquel en que todos los ministros tienen un alto nivel de conocimiento y una buena valoración de su gestión. Un equipo de ministros exitoso es como un equipo de fútbol, algunos meten goles y otros hacen un trabajo que no siempre resulta en cercanía con la galería o en conocimiento popular. Pedir a todos los ministros que incorporen componentes ciudadanos en su desempeño es tan errado como exigir a todos los jugadores que metan goles. Para que el equipo pueda jugar bien ofensivamente, hay que tener bien cubierta la defensa y el mediocampo. Ocurre lo mismo con la preocupación por los componentes ciudadanos, para que el gobierno esté cerca de la gente, hay que cuidar las tareas defensivas de generación de condiciones para el crecimiento, buena gestión y evitar errores no forzados. Un país es mejor —y un gobierno es más cercano a la ciudadanía— cuando no hay listas de espera para atención médica en el sistema público, aunque nadie conozca el nombre del ministro de Salud, que cuando la gente se muere esperando ver a un especialista y todos conocen el nombre de una ministra que declaró que en las clínicas del barrio alto se hacen abortos clandestinos.
La Presidenta Bachelet correctamente quiere poner el foco de la gestión en el bienestar de los chilenos y en combatir la desigualdad. Después de todo, por eso ganó abrumadoramente en 2013. Pero poner el foco en la ciudadanía no quiere decir que todos los ministros deben salir a la calle. Cuando el gobierno genera las condiciones para que el país crezca por sobre las estimaciones de los expertos, logra eficiencia en la gestión y diseña políticas públicas innovadoras y efectivas, la cercanía permite dotar de un relato a una administración.
Cuando solo hay cercanía, sin buenos resultados, por más que el país le tenga aprecio, la aprobación del gobierno estará por el piso. El gobierno ha cumplido 44 semanas con más reprobadores que aprobadores. Tres de cada cuatro chilenos rechazan a Bachelet. Tal vez sea el momento de que Bachelet entienda que la cercanía es el resultado y no la causa de un gobierno exitoso, capaz de generar las condiciones para que el país crezca y para que los que menos tienen crezcan más rápido.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Más que un cónclave, el gobierno de la Nueva Mayoría necesita un capitán que se haga cargo del timón del barco y decida cuál es la dirección en que avanzará el país en los próximos años.
De poco servirá el cónclave de la Nueva Mayoría si no se establece un mecanismo para solucionar las diferencias al interior del conglomerado. Como las discrepancias son públicamente conocidas, en tanto no tiene ningún poder de resolución, el cónclave del lunes 3 de agosto ratificará la existencia de diferencias pero no establecerá una nueva hoja de ruta que guíe al gobierno en los difíciles dos años que le quedan.
Desde que llegó al poder con un irresponsablemente ambicioso programa de gobierno, la administración de Michelle Bachelet ha buscado demostrar lo que significa gobernar fumando opio. Desconociendo la realidad internacional de un ciclo negativo para los países exportadores de materias primas e insistiendo que las leyes de la economía no aplicaban para la realidad chilena, el gobierno se empeñó en impulsar un paquete de reformas mal diseñado que buscaba solucionar enfermedades que el país no tenía. En vez de hacer un diagnóstico serio sobre los desafíos que enfrentaba el país, Bachelet se compró los dogmas prevalentes en los think tanks de la izquierda caviar y en movimientos sociales que se toman la calle arrogándose la representación popular. Así, el gobierno creyó que los problemas de la educación tenían que ver con el lucro, que la crisis de salud pasaba por terminar con las licitaciones de nuevos hospitales y que una reforma tributaria que complejizara el sistema impositivo iba a aumentar la recaudación sin tener efecto negativo. Después de apurar reformas en múltiples áreas, el gobierno parece recién venir despertando a una realidad menos auspiciosa que la que imaginó cuando impulsó un programa de muchos derechos y pocas responsabilidades. Aunque ahora el gobierno abandonó el discurso contra los poderosos de siempre de 2014, el realismo sin renuncia quedó a medio camino. Después de abandonar la hoja de ruta apresurada y mal diseñada de su primer año, La Moneda no se ha animado a adoptar una nueva hoja de ruta. Eso es un error. Si bien es bueno no seguir avanzando en la dirección equivocada, el estancamiento y la inacción tampoco ayudarán a Chile a enfrentar la crisis que se viene.
El cónclave pudiera ser una oportunidad para que los partidos de la Nueva Mayoría se pongan de acuerdo respecto a cuál debe ser la hoja de ruta a seguir. Pero en un sistema político caracterizado por el presidencialismo fuerte y en un contexto de una NM creada en torno a la popularidad de Bachelet, el problema sobre cuál debe ser la hoja de ruta a seguir no pasa porque los partidos de la coalición de gobierno se pongan de acuerdo. La decisión pasa por que la persona que corta el queque —la Presidenta de la República— muestre liderazgo que convoque y que, arriesgándose políticamente, empiece a avanzar en alguna dirección. Habiendo escogido a Bachelet para que distribuyera mejor la abundancia, los chilenos se inquietan y se ponen ansiosos ante la realidad de que la gallina de los huevos de oro se puso clueca. Pero como el gobierno parece mejor capacitado para distribuir la riqueza que para generar las condiciones que permitan crear más riqueza, el enfriamiento de la economía ha dejado a La Moneda paralizada e incapaz de dibujar una hoja de ruta alternativa que le permita salir adelante en dos años que le restan.
Las divisiones al interior de la coalición gobernante son ampliamente conocidas. Es innegable la existencia de una disputa entre los que quieren cumplir con las promesas del programa independientemente de la nueva realidad de desaceleración y los que promueven la necesidad de abandonar el programa cual si fuera un barco que se hunde. Realizar un cónclave para sincerar una realidad que todo el mundo conoce y que nadie pone en cuestionamiento es un ejercicio inútil. Distinto sería realizar una cumbre destinada a zanjar diferencias y concordar una hoja de ruta común. Pero lamentablemente, dicha cumbre es imposible de realizarse sin que haya un mecanismo que permita que alguien corte el queque sobre qué hacer.
Igual que en su propuesta de una nueva constitución —donde la ambigüedad sobre el mecanismo se mezcla con la ingenuidad de propuestas como los cabildos—, la Presidenta Bachelet ha demostrado que su liderazgo no pasa por hacer uso de su potestad de cortar el queque. La Mandataria ha demostrado una especial habilidad para sacarle el cuerpo a la difícil tarea de zanjar diferencias entre miembros de su coalición y jugársela por una opción. Esmerándose en querer dejarlos contentos a todos, Bachelet no se la juega por ninguna de las alternativas. De ahí que parece improbable que el cónclave del lunes 3 vaya a terminar con la puja entre distintos sectores de la Nueva Mayoría que legítimamente aspiran a imponer sus posturas sobre cuál debe ser la hoja de ruta a seguir.
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.
Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.
Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.
En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.
Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.
Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Analistas plantean que hacer públicos los informes realizados a la empresa de Martelli era necesario, pero que de comprobarse un posible plagio debe renunciar.
Examinando la situación que atraviesa el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, dos son las materias en que los analistas Max Colodro y Mauricio Morales tienen plena coincidencia: en que la crisis política puede agravarse drásticamente, y que de confirmase el plagio del ministro éste tendría que renunciar inmediatamente.
Y mientras Morales dice que la situación del jefe de gabinete es “crítica”, Colodro plantea que el ministro “a estas alturas no tiene ninguna credibilidad”.
Para Morales, director del Observatorio UDP, “Peñailillo debiese poner a disposición pública la totalidad de los informes y no hacerlo por goteo. Si hay plagio, no le quedará otra que renunciar”.
En la misma línea, el docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Colodro, plantea que “la Presidenta debe exigir que se ejerzan ciertas responsabilidades políticas, partiendo por la renuncia del ministro del Interior”.
Para el analista político de la UDD, Gonzalo Muller, “un ministro del Interior dedicado a dar explicaciones poco le sirve al Gobierno. A estas alturas el ministro debiera evaluar si su continuidad favorece o no a La Moneda y no esperar a que le pidan la renuncia”.
Pero entre los expertos también hay diferencias, por ejemplo, en relación a las acciones que puede emprender Peñailillo. Para Colodro este “no tiene salida”, pero para Morales, el jefe de gabinete “no ha quemado sus últimos cartuchos”.
Además, según Colodro, “Peñailillo está haciendo daño a la autoridad presidencial y la Presidenta Bachelet se está haciendo daño a sí misma manteniendo a Peñailillo en esta situación en la cual todo el país sabe que las explicaciones que se están dando no son fidedignas. El ministro sin ninguna duda está faltando a la verdad”.
Y sobre un eventual ajuste ministerial, Morales dice que “si se logra comprobar el plagio, el cambio de gabinete es inevitable. Sería el peor escenario para un cambio de este tipo, pero sería ejemplificador que la Presidenta sea capaz de sacrificar a su hijo político en beneficio de la transparencia. No será fácil para Bachelet salir de La Moneda con la cabeza de Peñailillo en la mano, pero si la situación es insostenible, tendrá que hacerlo”.
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Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP.
Para el director de Cadem, Roberto Izikson y el director del Observatorio UDP, Mauricio Morales, el modo en que la Presidenta gestione la tragedia en el norte tendrá efectos en su aprobación, aunque nada asegura que estos sean permanentes.
Sobre las consecuencias que la tragedia podrían generar para la Presidenta Bachelet, el cientista político Mauricio Morales remarca que los Gobiernos son calificados según su eficiencia.
Así, en el actual escenario y con los casos Penta, Caval y SQM, Morales plantea que “ninguna tragedia sirve como excusa para tapar los casos de corrupción. Pero las tragedias sirven para poner a prueba la capacidad de reacción del Gobierno. Dado que los gobiernos son evaluados según su eficiencia, las crisis de este tipo pueden impactar en los niveles de aprobación”.
El director del Observatorio Electoral de la UDP recuerda además lo sucedido con catástrofes anteriores. “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con el terremoto en Tocopilla y en el norte en general, donde los partidos tradicionales se han deprimido de manera muy acelerada. Contabilizando las regiones XV, I, II y III, el 80% de su población está gobernada por alcaldes que no pertenecen a las listas o pactos más tradicionales”, dice.