El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política UDP renovó su sitio web, con un nuevo diseño y contenidos sobre el Proceso Constituyente en Chile.
En el interés de aportar al debate público sobre proceso constituyente se pone disposición de la comunidad académica y sociedad civil una serie de contenidos que incluyen material audiovisual, material didáctico para apoyar la enseñanza de temas constitucionales y documentos de trabajo.
Todo el material publicado es elaborado por una red multidisciplinaria de expertos en materia constitucional.
Rodrigo Cordero, académico de la Escuela de Sociología y director del Núcleo Teoría Social UDP, realiza una estadía de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la New School for Social Research de Nueva York, Estados Unidos; con el objetivo de estudiar procesos constituyentes y comprender los conceptos de sociedad que producen.
¿Cuál es el tema de investigación al que te dedicarás?
Viajé para realizar una estadía de investigación como Visiting Scholar en el departamento de ciencia política de la New School for Social Research. Durante el primer semestre de 2017 estaré trabajando en un nuevo proyecto que estudia las relaciones entre momentos de fundación política (momentos constituyentes) y dinámicas de cambio conceptual, tomando como caso el proceso de redacción de la Constitución chilena de 1980 realizado por la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución entre 1973 y 1978. Específicamente, lo que busco es comprender los “conceptos de sociedad” que se producen y dan forma en el proceso de creación constitucional. La apuesta de este proyecto consiste en explorar el sitio y volver al momento en que el trabajo jurídico de fundación de un nuevo orden constitucional de la nación se entrelaza con un proceso profundamente político de reprogramación de los fundamentos de lo social.
A través de dicho estudio me interesa abordar dos problemas: primero, el problema teórico acerca de cómo el “poder constituyente” se construye a sí mismo a través de prácticas de cambio conceptual que crean un espacio de significado, normatividad y acción; segundo, el problema empírico de cómo las fundaciones y formas de lo social se transforman en un objeto de reflexión, cuestionamiento e intervención constitucional.
Esta aproximación a la Constitución de 1980 es significativa en varios planos, de los cuales me gustaría destacar dos. Primero, me interesa problematizar la idea de que las constituciones sean meros objetos jurídicos de un rango superior, en los que se fundan derechos, establece la arquitectura del Estado y asegura la legitimidad del poder publico. Sociológicamente hablando, las constituciones nos remiten al problema de la “auto-fundación” de la estructura normativa de la sociedad y al carácter constitucional de lo social propiamente tal. Segundo, considero central –sobre todo dada la naturaleza del debate constitucional actual en el país– deconstruir el mito de “la Constitución” como fuente originaria y llave maestra de todos los dilemas de la sociedad chilena. Parte del desafío consiste, a mi juicio, en problematizar el carácter naturalizado de los regímenes conceptuales que dan forma a las instituciones sociales. Pues lo cierto es que la fuerza vinculante de la Constitución de 1980 ya no se encuentra en su letra, sino en el movimiento disperso de sus conceptos en la vida social. Trazar el origen de ese movimiento, metafóricamente hablando, es el propósito que persigo.
¿Cuál es el proceso de investigación?
Estoy desarrollando una importante etapa de investigación teórica acerca de momentos constituyentes y cambio conceptual. El propósito es avanzar en el desarrollo de una sociología de los conceptos y una teoría crítica del cambio conceptual, ello bajo la premisa de que el estudio y crítica de la sociedad no puede estar divorciado del estudio y crítica de los conceptos a través de los cuales la sociedad adquiere forma e inteligibilidad.
Ahora, parte fundamental del tiempo está destinado a avanzar en el estudio y análisis empírico de las Actas de la Comisión Ortúzar, las que por sí mismas constituyen un material voluminoso y muy complejo de trabajar (11 volúmenes que registran más de 400 sesiones durante cinco años). El foco inicial de esta indagación es modesto: reconstruir el diagnóstico histórico de la crisis de la sociedad chilena que se articula en los debates de la Comisión, y explorar su relación con la búsqueda de formas jurídico-políticas para organizar, intervenir y reprogramar el concepto de sociedad.
Actualmente, me encuentro escribiendo el manuscrito “Giving society a form: Constituent power and practices of conceptual change in the drafting of Chile’s 1980 Constitution”, el cual ofrece una primera aproximación a las concepciones de sociedad que se producen y circulan en el proceso de creación constitucional. Aquí demuestro que lo que encontramos en la Constitución de 1980 no es un concepto de sociedad totalmente coherente, fijo y homogéneo sino que la compleja articulación de una serie de movimientos, desplazamientos y relaciones conceptuales entre al menos tres nociones de sociedad: “culturalista” (fundada en la identidad cultural), “metafísica” (fundada en el derecho natural) y “epistémica” (fundada en un orden público económico). En el artículo reconstruyo la formación y anudamiento de cada una de estas nociones en el proceso de creación constitucional.
Paralelamente, estoy comenzando a trabajar en un segundo artículo más específico, una suerte de genealogía del concepto de “orden público económico”. Este concepto es central para comprender lo que a menudo se considera como el corazón de la concepción neoliberal de sociedad inscrita en la letra de la Constitución de 1980. En este artículo busco (1) reconstruir las raíces histórico-intelectuales del concepto en el derecho y la economía, (2) comprender cómo aparece, moviliza y adapta en el debate chileno como una manera de entender las relaciones sociales, y (3) observar su concreción en el proceso de creación constitucional como respuesta a la crisis del concepto de sociedad. ¿A que equipos de investigación se encuentra vinculado tu proyecto?
Mi proyecto de investigación se inscribe dentro de una línea de investigación sobre “crisis, ley e intervenciones normativas” en la sociedad que hemos desarrollado en el Núcleo Milenio “Modelos de Crisis”, del cual soy investigador asociado. Durante mi estadía en la New School he estado discutiendo mi trabajo con el profesor Andreas Kalyvas (editor de la revista Constellations y reconocido por sus contribuciones a la teoría democrática y poder constituyente) y el profesor Carlos Forment (profesor de sociología y director del Jany Programe in Latin American Studies).
The New School es reconocida a nivel internacional como uno de los centros más importantes en el pensamiento social y político contemporáneo. Su comunidad académica se distingue por cultivar un ambiente de experimentación y pensamiento crítico. Además, en los departamentos de ciencia política y sociología trabajan colegas cuyas áreas de investigación se relacionan directamente con mi trabajo: teoría política, teoría crítica, teoría democrática y constitucional, etnografía política.
¿Cómo surgió la idea de postular a este periodo sabático? ¿En qué te beneficia como académico?
Luego de concluir mi libro Crisis and Critique: On the Fragile Foundations of Social Life (Routledge: 2017), se hizo cada vez más evidente la necesidad de expandir mi reflexión teórica acerca de los momentos de ruptura hacia casos empíricos en los que pudiera observar la manera en que la sociedad tematiza sus propios fundamentos. En efecto, esta interrogación no es un ejercicio filosófico sino que un resultado socio-histórico de cómo los actores sociales definen lo que la sociedad es, interpretan su funcionamiento e imaginan lo que debería ser.
La idea específica acerca de estudiar los conceptos de sociedad en la Constitución de 1980 se comenzó a gestar en el marco de una conferencia sobre momentos de ruptura que organicé el año 2014 en la UDP con mi colega Wolfhart Totschnig. En dicha oportunidad, discutí la idea con Andreas Kalyvas quien luego me invitó a trabajar en el proyecto a la New School.
El sabático es una gran oportunidad para contar con el tiempo y la concentración para un proyecto que de otra forma sería muy difícil comenzar. Pues el proyecto no se reduce a profundizar preocupaciones teóricas ya existentes, sino que para mi significa una apertura a temas y metodologías que fortalecerán mi agenda de investigación, ampliarán mis posibilidades de publicación y pondrá en contacto con nuevas redes de colaboración.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, publicó el informe “Análisis preliminar del Proceso Participativo Constituyente”, cuyo autor es Claudio Fuentes Saavedra.
En el documento expresa que durante cuatro meses del 2016 tomó lugar en Chile lo que se denominó la fase ciudadana del “proceso constituyente” y que consideró cuatro dimensiones: respuestas insectioniduales a una consulta o encuesta de carácter estructurado insectionidual; la realización de 8.092 encuentros locales auto-convocados (ELAS) y que cualquier ciudadano podía organizar; la realización de 71 cabildos provinciales organizados por un comité establecido por el gobierno; y la realización de 15 cabildos regionales también organizado por aquel comité.
El perfil de las personas que participaron en los ELAS, señala el texto, fue el que más se acercó en a la edad promedio nacional, salvo en aquellos entre 18- 27 años que participaron un poco menos de igual segmento nacional y de entre 14-17 años, que participaron un poco más de ese tramo a nivel nacional. Respecto de los cabildos provinciales y regionales, vemos que en ellos participaron menos personas menores de 27 años y más personas mayores de 48 años que la proporción nacional. Lo anterior parece totalmente esperable de un proceso pensado en diferentes estructuras de participación: personas de menor edad se involucraron o insectionidualmente (vía consulta) o en su ámbito más próximo (ELAS), y personas mayores lo hicieron a partir de espacios de participación pública.
Luego, respecto de la metodología de trabajo del proceso, se indica que en cada etapa se repetía una metodología similar de trabajo. La ciudadanía podía responder una encuesta o consulta online, que solicitaba priorizar siete valores o principios, deberes o responsabilidades, derechos e instituciones de una lista pre-establecida de opciones. Se podían fundamentar dichas opciones, incluir otros conceptos y, además, para la memoria histórica del proceso, se estableció un segmento de respuesta abierta donde las personas podrían escribir sus aspiraciones. Pero, para propósitos del proceso participativo se establecería una lista amplia de conceptos que organizarían la discusión en las distintas etapas.
Sobre los resultados, se destaca por el informe que una primera característica del proceso es la alta estabilidad en el ranking de prioridades de una etapa a otra. Esto podría ser interpretado de dos formas: o bien existiría un fuerte consenso social entre quienes participaron de las diferentes etapas o bien, esta alta consistencia en las prioridades reflejan el impacto de una metodología que fue diseñada precisamente para discutir en base a un listado pre-establecido.
En el caso de los Derechos, el orden de preferencia es muy homogéneo entre las regiones. Educación, Salud y vivienda digna aparecen prácticamente en todas las regiones en los primeros lugares. Se observa así una fuerte concentración y gran homogeneidad. Las excepciones son la región 5 y 10 que colocan la seguridad social como principal prioridad, la región 6 que coloca a Medio Ambiente, y la región 9 que coloca a “vida”. Posteriormente analizaremos el significado que adquieren algunas de estas prioridades
De otro lado, en relación a los conceptos debatidos, se expone por la investigación que las prioridades insectioniduales analizadas en cada etapa, las diferencias regionales y el análisis de clusters nos permiten definir una primera orientación de las grandes temáticas discutidas en el proceso constituyente. Sin embargo, todo aquello no nos entrega una orientación más nítida sobre el significado de los conceptos que se debatieron.
En la sección de instituciones, el listado propuesto por el Comité Organizador del proceso constituyente estableció en una sola categoría la idea de “reforma o cambio constitucional”. Esta opción obtuvo 27.896 menciones en la encuesta insectionidual (5º lugar, 34,1%), 2.650 menciones en los ELAS (8º lugar, 35,5%), 393 menciones en los cabildos provinciales (8º lugar, 59,9%), y 283 menciones en cabildos regionales (9º lugar, 57,6%).
Se precisa por el documento que el fraseo de la opción que se presentó a la ciudadanía, “reforma o cambio constitucional”, contiene en realidad tres ideas: reforma a la Constitución—que usualmente se entiende como mantener el texto actual y someterlo a ciertas revisiones, cambio a la Constitución—que usualmente se interpreta como establecer una nueva Constitución, y la opción negativa de rechazo de un cambio o reforma.
En cuanto al derecho a la vida, por ejemplo, se llama la atención que en los cabildos de la Araucanía haya obtenido el mayor número de menciones ubicándose en primer lugar entre los principios seleccionados por los participantes de aquellos cabildos. Al observar las fundamentaciones entregadas por los grupos observamos que el significado que adquiere es muy sectionerso, desde interpretaciones más generales como “derecho a la vida digna”, “derecho a la salud”, o un valor o derecho esencial (así de genérico); hasta dimensiones específicas como el derecho al aborto o la protección del ciclo de vida desde la concepción hasta la muerte. El tema alcanzó el primer lugar de prioridad en dicha región, pero al considerar las fundamentaciones se advierte que es un tema importante para los participantes pero altamente sectionisivo.
De ese modo, la investigación concluye expresando, en esencia, que el proceso participativo constituyente generó una enorme batería de información que aún está en proceso de sistematización y que sin duda generará un rico material de estudio y análisis. Se quiso explorar algunas dimensiones para contribuir al debate sobre el proceso mismo, su metodología y resultados.
La metodología que se estructuró para orientar las discusiones (pre-definición de ciertos criterios que se repetían en las diferentes etapas) parece que tuvo un impacto relevante en el orden de prioridades en todas las etapas del proceso.
Sin embargo, se expone que al observar más detenidamente la organización del debate por regiones (lo hicimos solo con la información disponible de cabildos provinciales), advertimos que en algunas dimensiones (principios e instituciones) se remarcan interesantes diferencias territoriales que convendría remarcar.
A partir de todo lo cual, la investigación llama poderosamente la atención respecto de la riqueza de algunas de las propuestas, la complejidad de los debates y la especificidad de las recomendaciones en algunos temas particulares. Así, conviven en el proceso constituyente ciudadano dos lógicas que convendría tener en cuenta: una primera de síntesis de prioridades y que adquiere una dimensión más cuantitativa, y una segunda de debate y propuestas que abre en cada uno de los temas tratados ricas dimensiones de análisis que sin duda merecen ser profundizados.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El Laboratorio Constitucional UDP realizó una observación etnográfica a los cabildos provinciales organizados por el Gobierno, en el contexto del Proceso Constituyente. En esta actividad participaron estudiantes, junto al académico de la Escuela de Sociología, Rodrigo Cordero, el director de la Escuela de Ciencia Política, Claudio Fuentes y la asistente de investigación, Josefina Abarzúa. Ñuñoa, Vitacura e Independencia fueron las comunas analizadas en esta oportunidad.
Claudio Fuentes relata las conclusiones preliminares, la participación de los estudiantes y la recepción que ha tenido en la ciudadanía este proceso.
¿Qué diferencias más significativas encontraron en las comunas estudiadas?
Como es un estudio cualitativo, uno podría hacer algunas inferencias a partir de la observación que hicimos. Yo creo que la primera tiene que ver con lo que se llama las identidades, es decir, cómo te presentas socialmente. Con esto me refiero a que mucha de tu identificación como persona en relación a otros, depende mucho de la forma en que te introduzcas. Cuando los grupos se presentaban, en el caso de Independencia era mucho más una adscripción territorial, yo soy de tal población o vivo en tal calle. En Ñuñoa tenía que ver con organizaciones sociales. Yo he trabajado en esta junta de vecinos, en este movimiento, en esta ONG. Por último, en Vitacura era una adscripción mucho más profesional, en donde te identificas por tu profesión. Esto tiene que ver con el capital social y cultural.
¿Cuál fue la recepción de la ciudadanía a los Cabildos?
En general fue buena. La gente venía con ganas de participar, particularmente en los sectores populares y medios. Había una necesidad de expresarse, de decir cosas y estaban bastante bien predispuestos a una conversación, a ser escuchados. Esto de hacer grupos aleatoriamente sirvió. Después de romper el hielo la gente empieza a decir lo que siente, lo que quiere expresar. Como experiencia eso es bueno.
¿En qué consistió la participación de los estudiantes del equipo?
Nos repartimos cada uno en distintos grupos, de modo de dar una cobertura mayor. Ellos participaron en un taller de preparación de cómo hacer una etnografía, entonces había un objetivo docente de prepararnos, de aprender una técnica de investigación y después ellos realizarán un reporte. Además nos interesa hacer una publicación con ellos.
¿Qué conclusiones preliminares poseen sobre el Proceso Constituyente?
Es muy temprano para hacer conclusiones porque estamos recién partiendo, pero yo creo que el proceso así como se ha diseñado, enfrenta una serie de barreras para la participación. Segundo, es un proceso bien contracultural, porque en general nuestra sociedad es muy individualista, cada uno resuelve sus problemas solo.
¿Cuál es su siguiente etapa de trabajo?
Vamos a producir ciertas publicaciones a partir de la información recabada. Estamos realizando el seguimiento de prensa que hay vinculada al Proceso Constituyente y seguramente el próximo año vamos a seguir el proceso más político que tiene que ver con el debate en el Congreso sobre proyectos de ley, reforma a la Constitución.
¿Cuál es la principal deficiencia que ha tenido el Proceso Constituyente?
El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, con la colaboración de Revolución Democrática, organizan el Foro “Reflexiones sobre la participación en el Proceso Constituyente: Resultados y continuidad”.
La actividad se realizará el jueves 4 de agosto de 18:00 a 20:45 hrs., en la sala A-33 del Aulario ubicado en Ejército 326, Santiago.
Quienes estén interesadas/os en asistir, deben confirmar su asistencia escribiendo a: [email protected]
Programa:
Bienvenida
18:00-18:15
Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política, UDP
Análisis Resultados de la Etapa Local
18.15-19.00
Expone: Gloria Maira Vargas, Economista, egresada de Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Género de FLACSO-Ecuador.
Comenta: Ruth Olate. Presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (FESINTRACAP) y participante del Cónclave Social por una Nueva Constitución. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente
Preguntas
19.00-19.15
Debate: Continuidad de la participación en el Proceso Constituyente 19.15-20.00
Debaten: Hernán Larraín Matte, Abogado, Master en Ciencia Política y Master en Políticas Públicas. Director ejecutivo de Horizontal Chile. Fue asesor de Comunicaciones estratégicas del Ex Presidente Piñera. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente
Giorgio Jackson, Ingeniero civil industrial, Presidente FEUC 2011 y actual Diputado de la República por el distrito 22 (Santiago). Fundador y militante del partido político Revolución Democrática. Modera: Rocío Donoso, Coordinadora Comisión de Participación Ciudadana, RD
El pasado 21 de mayo, el Laboratorio Constitucional de la UDP realizó en el Parque Forestal de Santiago lo que se conoce como “juego de cartas”. En un panel se expusieron 10 fotografías representando a personas de diferentes características. Además se colocó un espejo.
A personas que pasaban por el lugar, se les invitó a elegir quién le gustaría que cambiara la Constitución. Si seleccionaban el espejo, es porque deseaban ellos mismos participar del proceso. Todas las personas que participaron de este video lo hicieron voluntariamente y completaron un consentimiento informado. Y en el video podemos ver algunas de las respuestas.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Hubo valiosas reacciones frente a mi columna sobre el carácter clasista y centralista del proceso constituyente. Me voy a referir a las críticas argumentativas más que a la discusión normativa o ideológica que a veces deslinda con la histeria y la desesperación ante un fracaso evidente.
En primer lugar, se dice que el sesgo de clase en el proceso constituyente no dista de lo que sucede en las elecciones locales o nacionales. Incorrecto. En la última elección local el porcentaje de participación en las comunas del sector socioeconómico más alto de la Región Metropolitana duplicó a la participación de La Pintana. En la primera vuelta presidencial, en tanto, en Providencia votó el 52.3%, mientras que en La Pintana lo hizo el 40.1%. La brecha sigue siendo alta. Sin embargo, en este proceso constituyente Providencia pesa 15 veces más que La Pintana. Por tanto, el sesgo ha aumentado ostensiblemente.
En segundo lugar, se me critica el hecho de comparar la participación de las primarias PDC para alcaldes y concejales en 67 comunas con la participación del proceso constituyente. Se argumenta que son dos métricas distintas. Concedo este punto. No son comparables por lo siguiente. Las primarias del PDC se hicieron con financiamiento mínimo, sin campaña, sin propaganda, con una marca desprestigiada que terminó con la renuncia de su presidente, y en un partido que ha perdido más de un millón de votos desde 1989. En cambio, el proceso constituyente ha tenido inyección directa de recursos del Ejecutivo -casi 2 mil 900 millones de pesos según la DIPRES-, con amplia cobertura de prensa, con un Consejo de Observadores, y con ministros claramente comprometidos con dicho proceso. Por tanto, es cierto que son procesos distintos y no comparables. La primaria del PDC se realizó en condiciones paupérrimas, mientras que el proceso constituyente se ha desarrollado con recursos del Estado. Para algunos, la primaria PDC es distinta porque se elegían candidatos, lo que generaba mayor movilización. Mi respuesta es que en el proceso constituyente se definen -según sus propios promotores- los contenidos de la nueva Constitución. Por eso mismo, el proceso debiese ser ampliamente movilizador. Eso no ha sucedido. Resta señalar que para ambos casos el contexto de desafección y desaceleración económica ha aplicado de igual manera.
En tercer lugar, se me critica el hecho de trabajar con datos a nivel comunal y no con datos individuales. Acá no hay solución. Los datos están a nivel agregado. No obstante, las encuestas -datos individuales- muestran que el interés de los sectores bajos en el proceso constituyente es 10 puntos menos que en el resto. Eso es lo que señala la última encuesta Adimark. No entiendo por qué Adimark excluye la pregunta más importante y que refiere a si el encuestado ha participado o no de un encuentro local. Con eso se despejarían varias dudas. Es cierto que pueden existir encuentros locales en mayor proporción en Santiago, Providencia y Ñuñoa y que a esos encuentros vaya gente de comunas periféricas. Cuesta pensar, eso sí, que una persona de San Ramón, San Bernardo o La Pintana pague un pasaje e invierta una hora y media en viajes para ir a un encuentro local. ¿No sería más fácil que la elite de las comunas acomodadas vaya a la periferia y organice ahí los encuentros?
En cuarto lugar, se estima que una participación de 100 mil personas -que es la cifra que se espera alcanzar de aquí al final de esta etapa del proceso- es un buen volumen. Si bien es difícil ponerse de acuerdo respecto a qué es alta o baja participación, me parece que un 0.6% no es una cifra para festejar. Por algo desde algunos partidos y desde el propio gobierno hay interés en aumentar el plazo para realizar encuentros locales. Sería insólito que así sucediera.
En quinto lugar, se dice que si se eliminaran del análisis las comunas más ricas, no habría sesgo de clase. Mi respuesta es que si elimináramos Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, se terminaría la desigualdad en Chile.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
En su discurso del 21 de mayo la Presidenta señaló que en el proceso constituyente- hasta ese momento- participaron más de 60 mil personas. Esa cifra hoy es mayor, bordeando los 70 mil. En https://www.unaconstitucionparachile.cl/datos se reportaron- hasta el mediodía de ayer- 7.760 encuentros locales, incluyendo 143 realizados en el extranjero. Sin embargo, el volumen de participación sigue siendo extraordinariamente bajo. Sólo como comparación, en las primarias del PDC para elegir candidatos a alcalde y concejal – un partido debilitado electoralmente y en un contexto de primarias sin recursos ni propaganda- la participación fue de 78 mil personas. Es más, esas primarias se realizaron en 67 comunas que representan aproximadamente el 35.5% de la población.
Al analizar el número de encuentros locales por comuna, la preocupación no sólo responde al bajo volumen, sino que también a su composición socioeconómica. Del total de encuentros locales, el 22.3% se ha realizado en las comunas de mayores ingresos, incluyendo a Vitacura y Las Condes. Las otras comunas son Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Santiago, Ñuñoa. Si ponderamos estas cifras según la población de 14 años y más estimada por el INE para 2016, en Providencia, por ejemplo, hubo un encuentro local por cada 372 personas, cifra que asciende en Santiago a 626, y a 701 en Ñuñoa. En Vitacura hubo un encuentro local por cada 693 personas y en Las Condes la cifra pasa a 900. En cambio, en las comunas con mayores niveles de pobreza de la Región Metropolitana las cifras, definitivamente, no acompañan. En La Pintana hubo un encuentro local por cada 5 mil 189 personas, mientras que en San Ramón el número aumenta a 4 mil 44. La cifra se dispara en Pudahuel, donde hubo un encuentro local por cada 6 mil 618 ciudadanos, pasando a 8 mil 157 en Renca.
Para ser justos, también hay comunas pequeñas que, dado su volumen poblacional, presentan altas tasas de participación. Por ejemplo, en O’Higgins se han realizado 2 encuentros locales. La población de 14 años y más estimada por el INE para 2016 fue de 536 personas. Es decir, hubo un encuentro local por cada 268 personas. Algo similar ocurre con Putre, Timaukel y Lago Verde. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el sesgo de clase es evidente. Providencia, por ejemplo, pesa casi 11 veces más que San Ramón y 14 veces más que La Pintana en este proceso constituyente. Incluso, está muy por encima de Maipú, donde se realizó un encuentro local por cada 4 mil 719 personas, aunque algo más cerca de Puente Alto con una cifra de dos mil 544. Si bien es cierto que los resultados de este proceso son irrelevantes en términos institucionales dada su naturaleza no vinculante, no deja de sorprender tan marcado sesgo de clase. En especial, las cifras llaman la atención si pensamos que los promotores del proceso constituyente- los mismos que diseñaron el programa de gobierno- han insistido en su diagnóstico respecto a una ciudadanía politizada, polarizada y que demanda mayor participación.
Probablemente, sus esperanzas estén puestas en los resultados de la última encuesta Adimark, donde un 61% se mostró interesado en participar del proceso. El problema de aquello es que se confunde una actitud o predisposición con la real conducta de los ciudadanos.
Este sesgo socioeconómico del proceso constituyente- hay más encuentros locales en comunas ricas que en comunas pobres- convive con un sesgo territorial. Del total de encuentros locales, el 46.1% ha sido realizado en la Región Metropolitana, en circunstancias de que la RM concentra al 40.6% de la población de 14 años y más. Las regiones más sub-representadas son Bío Bío y Araucanía.
Todo esto lleva a pensar que el proceso constituyente no hace más que reproducir las brechas socioeconómicas y sociodemográficas de la representación. Acá se debiesen concentrar los esfuerzos a fin de lograr que en un proceso amplio y participativo- que fue la promesa inicial- se rompan las tradicionales barreras de acceso.
“Para la Constitución, una Conversación” es el llamado que en esta etapa del proceso constituyente ha realizado el Gobierno, invitando a todas y todos a sumarse en sus distintas etapas, principalmente en encuentros locales autoconvocados y/o respondiendo una consulta individual.
Más allá de sus críticas a su etapa informativa, de difusión y que todo este proceso no es vinculante, hemos observado como organizaciones de mujeres y feministas, de la sociedad civil, estudiantes, juntas de vecinos, académicas y académicos, entre otros actores y actoras, han hecho suyo el llamado a pensar y entregar lineamientos sobre lo que las y los chilenos quieren para este nuevo texto legal.
Con especial énfasis las mujeres consideramos que esta es una oportunidad histórica, ya que por primera vez estamos participando de este proceso. Hoy las mujeres tenemos la posibilidad de reflexionar y debatir -en las distintas etapas del proceso constituyente-, respecto de cuáles son las bases que definen la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y el tipo de democracia a la que aspiramos.
Entrevista exclusiva a Tomás Jordán, abogado y coordinador del Proceso Constituyente
“Organizarse con personas que compartan los mismos temas de interés permite que haya paridad en el Proceso Constituyente”
Por Marcela Tapia
Este 21 de mayo y en el marco de la Cuenta Pública, la presidenta Michelle Bachelet reiteró la importancia de que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en el Proceso Constituyente, afirmando además que será un proceso transparente y sin manipulaciones.
Un mes antes, el ejecutivo habilitó en el sitio webwww.unaconstitucionparachile.cl la ficha de inscripción que dio inicio a la etapa participativa de este proceso, el que se está desarrollando a nivel local para dar paso posteriormente a sus etapas en lo provincial y regional. Este primer paso, es la etapa previa para modificar la Carta Magna y para que la ciudadanía pueda ser partícipe de este cambio. Hasta ahora, se han inscrito más de 5 mil encuentros autoconvocados en todo el país.
Tomás Jordán es abogado, trabajó en la comisión constitucional que elaboró parte de la propuesta programática de Bachelet y actualmente se desempeña como coordinador de todo el proceso destinado a elaborar una nueva Constitución. Jordán marcó “AC” en su voto en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, es partidario de una reforma para que se decida el mecanismo que permitirá contar con un nuevo ordenamiento para Chile y en democracia.
Como parte del equipo del Proceso Constituyente para Tomás Jordán la participación pública de la ciudadanía es fundamental a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, por eso confía en que esta fase participativa que Chile está viviendo cumpla con todos sus objetivos.
La clave de la metodología: la participación
Tomás Jordán explica que a la hora de pensar en una metodología para llevar a cabo el Proceso Constituyente fue fundamental el concepto de participación. “La participación pública cumplía un objetivo bastante clave dentro del diseño, que era tener la visión de las personas, reencontrar el sistema político con la ciudadanía, que es la instancia de confianza”, explica el abogado.
Cuenta Jordán que para llevar a cabo este objetivo existían 2 formas de hacerlo. Una, que se hiciera una propuesta de texto y que esa propuesta se consultase a la ciudadanía. O la segunda alternativa, era tener esas visiones para que las personas pudiesen libremente expresar cuáles eran los ejes de sus miradas constitucionales. “Nosotros optamos por la segunda opción, por eso el proceso participativo es previo a un diseño más institucional en términos de un proyecto más concreto”, reafirma.
El abogado dice que de esta manera se diseñó el Proceso Constituyente actual. “Con una etapa participativa, una deliberación constituyente y una tercera etapa que tiene relación con el plebiscito final ratificatorio”, cuenta.
Desde que se dio a conocer públicamente el método de cómo se está llevando a cabo el proceso, hasta ahora, Tomás Jordán percibe que, “como equipo han visualizado que las personas valoran el deliberar públicamente sobre asuntos de relevancia y en este caso afortunadamente es una deliberación pública y abierta. Nosotros tenemos un objetivo trazado y se ha ido mostrando que la gente valora esa posibilidad”, afirma el abogado.
Diagnóstico, lecciones y paridad
Tomás Jordán asegura que antes de plantear la metodología con la que se iba a llevar a cabo el Proceso Constituyente, como equipo hicieron un diagnóstico sobre cómo se impulsaron las reformas constitucionales anteriores en Chile.
A través de ese análisis se dieron cuenta que la Constitución actual adolece de un gran defecto.“Las reformas constitucionales que se hicieron en Chile fueron correctas y exitosas en términos de reformas, pero lo que no se pudo producir es un factor de legitimidad en el proceso de cambio de la Constitución”. Es por esto que Jordán asegura, que “el defecto que tiene la Carta Magna, es que las personas no la sienten propia y nosotros diagnosticamos que esto se debía a que hay una distancia entre personas y proceso de cambio constitucional. Por eso la inspiración para crear la metodología de este proceso tiene que ver en cómo reducimos esa brecha”.
De esta manera Tomás Jordán explica que al incorporar la participación ciudadana en el modelo del proceso constitucional, se puede estrechar esa distancia entre los actores. “Ese es el gran desafío de toda deliberación, que sea incidente y que el resultado de esa conversación conlleve en el compromiso de que esto se traduzca en un texto constitucional”.
Otro de los desafíos más difíciles que tiene el proceso previo para modificar la Constitución, es la información. Jordán, explica que desde su inicio y hasta ahora, ha podido ver “que hay que informar más y de mejor manera a la ciudadanía”.
“A medida que las personas se informan, se produce directamente una relación con la voluntad de participar. Por lo tanto, esa brecha de desconocimiento es la que pudo haber existido al inicio y la que generó inhibición en la participación. Sin embargo, una vez que los ciudadanos han tomado conocimiento, han querido estar presente y participado”, cuenta Jordán
Algunas organizaciones de mujeres y feministas han declarado públicamente que el proceso constitucional no asegura paridad en esta etapa y que nuevamente los derechos humanos de las mujeres podrían quedar fuera de la discusión. Sin embargo, para el abogado y coordinador del Proceso Constituyente, la metodología sí asegura paridad y diversidad.
“El hecho de que los grupos se organicen entorno a sus propias áreas temáticas de interés permite que haya paridad. La auto-organización permite que las personas junten a gente de su propio mundo para organizar encuentros en los cuales releven sus temas de interés”, explica Jordán.
Además, asegura que “nosotros queremos que los ciudadanos puedan ir a dar a conocer su punto de vista y que las distintas miradas -las más pluralistas posibles- pueden estar contenidas en un modelo de cambio constitucional”.
Existen 4 maneras de participar en el Proceso Constituyente. A través de la participación individual, de encuentro locales, de cabildo provincial y mediante el cabildo regional. Cada etapa tiene su tiempo y fecha determinada para participar. Sin embargo, el coordinador del proceso Tomás Jordán sostiene que las bases ciudadanas para una Nueva Constitución se podrían entregar a fines de octubre a la Presidenta Michelle Bachelet.
Francisca Pérez, directora de La Morada:
“Este proceso constituyente no está considerando las particularidades de las mujeres”
Por Nancy Muñoz
En octubre de 2015 la presidenta Michelle Bachelet anunció la ruta del gobierno para instalar las bases de una nueva Constitución. Diálogo ciudadano a nivel local, regional y nacional; entrega de las bases ciudadanas para un posterior proyecto de ley, discusión parlamentaria del mecanismo constituyente y un plebiscito de ratificación son hasta ahora los pasos propuestos por el Ejecutivo.
A la fecha, el proceso constituyente– cuyo objetivo principal es redactar una nueva Carta Fundamental– se encuentra en su fase inicial: la etapa participativa que busca recoger las diferentes visiones que conforman la identidad del país y bases de una nueva Carta Fundamental. De esta forma, hasta el 23 de junio se llevará a cabo la etapa local donde se contempla la participación de la ciudadanía a nivel individual a través de una plataforma web y una encuesta, además de diferentes encuentros autoconvocados.
Sin embargo, el inicio del proceso no ha estado exento de polémicas por parte de la coalición opositora y de gobierno, implicando cambios en las exigencias relativas a las reuniones locales por mencionar un ejemplo. Francisca Pérez, feminista, psicóloga de la Universidad de Chile y directora de la Corporación Casa de la Mujer La Morada asegura que, si bien este proceso de cambio es una oportunidad y un gran desafío para los diferentes grupos sociales y políticos, “en este proceso constituyente no hay una consideración de las particularidades de las mujeres, de las brechas de género ni de las desigualdades en nuestro país”.
La docente de la UMCE manifiesta que se vuelve indispensable que los diferentes grupos feministas y de mujeres se articulen, se congreguen y trabajen en conjunto para poder proyectar una labor con fundamentos contundentes que permitan concluir este proceso con la elaboración de una nueva Constitución basada en la diversidad de sujetos existentes en el país.
Proceso Constituyente
Para que los diálogos se realicen de manera libre y transparente, el Ejecutivo estableció un Consejo Ciudadano de Observadores cuyo fin principal es velar por el correcto funcionamiento de todo el proceso constituyente participativo. Esta entidad está conformada por 15 personalidades del mundo empresarial, social y político. Sólo dos mujeres lo integran. Para Francisca Pérez el que haya un número establecido de mujeres en los encuentros no es fundamental; una o más no tienen por qué ser representativas del resto de las mujeres de la sociedad. “Me parece que es importante que haya mujeres, pero me parece más importante aún que hayan representantes de una perspectiva de género y de una perspectiva feminista– que no es lo mismo– y acá eso no se está dando”, asegura.
Por lo mismo, para la directora de La Morada el proceso constituyente tiene un sinnúmero de falencias: “es muy difícil pensar¬– en lo que va del proceso– en una orgánica que pueda dar cuenta de las necesidades, los planteamientos y las reflexiones de grupos importantes de mujeres y de feministas”.
Para ella, el principal error en lo que va del proceso hacia una nueva Constitución es no reconocer la existencia de sujetos sociales como feministas, trabajadores, profesores, entre otros; que no son sólo grupos manifestándose, proponiendo y demandando; sino que también son actores políticos a los que se les debería dar el espacio necesario dentro de una discusión que es de carácter político. Para Pérez “este proceso constituyente no está considerando la existencia o participación de esos sujetos, por lo tanto, no está tomando en cuenta el reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes”.
La psicoanalista cree que el proceso constituyente debiese haber contado desde un principio con la presencia de aquellos sujetos sociales-políticos que sí se encuentran organizados para plantear sus propuestas y no, por ejemplo, con “un jugador de fútbol que si bien llama la atención de las personas, no es un sujeto político sino un representante de una masa que gusta de un deporte en específico”. “Me parece que se intenta neutralizar algo que es político. Este proceso debiese haber considerado desde el primer momento al sujeto político, a nosotras como feministas, por ejemplo, entendiendo que no tenemos una mirada neutra frente a este tema”, asegura la actual directora de La Morada.
Reconocimiento de la diferencia
Francisca Pérez es enfática para calificar el proceso constituyente. Cree que es un mecanismo que evidencia la precariedad de la vida en común que llevan los ciudadanos de Chile, aludiendo a que invita– lamentablemente– a mirar la vida social como algo individual. “Es un mecanismo que no reconoce la necesidad y el desafío fundamental que implica todavía hoy restablecer vínculos– que son políticos– para nuestra convivencia”, dice.
La Casa de la Mujer La Morada, creada en 1983, es una organización que desde su inicio marca una doble vocación: por un lado, de trabajo con las mujeres desde las complejidades del pensamiento feminista y, por otro, un quehacer político que pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres, denunciar discriminaciones y contribuir a modificar las prácticas políticas y culturales sexistas. Desde el punto de vista de La Morada, Pérez asegura que como institución feminista lo que esperan es “establecer un nuevo pacto de convivencia que reconozca y considere a una sujeta mujer, con diferencias, que no pueden confundirse con desigualdad o discriminación”.
Para La Morada, la nueva Carta Fundamental debe garantizar necesariamente el reconocimiento de la igualdad ante la ley. Sin embargo, Francisca Pérez dice que esto no implica la negación de la diferencia entre sujetos ni mucho menos que esa diferencia debiese significar la desigualdad en el ejercicio de los derechos. “Nos parece que un punto básico y necesario es contemplar la diversidad de sujetos que existen en nuestro país y que implica considerar las diferencias étnicas y políticas, por ejemplo, hasta las diferencias relativas al género”, dice.
Para la psicóloga, esa diferencia tiene que ser reconocida, legitimada y respetada desde la igualdad de derechos en los diferentes ámbitos que la Constitución determine. “Una igualdad que resguarda la diferencia– es la gracia de eso– no una igualdad para que todos sean iguales sino que una igualdad de derecho ante esta ley fundamental que es la que debiera poder amparar y albergar realmente a todos y no favorecer a uno”, asegura.
Desde La Morada advierte que para asegurar que aquellas cualidades de la diferencia no impliquen desigualdad, una nueva Constitución no sólo debe contemplar los derechos, sino que también establecer los mecanismos que asegurarán su ejercicio. “El gran desafío de un proceso constituyente como este es apuntar al horizonte de establecer un modo de convivencia que no perpetué la desigualdad y las brechas en el género, en la economía, en la cultura, en la educación”.
La Asamblea Feminista
Para que la igualdad de derechos, el reconocimiento de las diferencias y la consideración de un sujeto político sea contemplado en este proceso constituyente, Francisca Pérez asegura que es fundamental no sólo la participación individual o grupal con un mínimo de 10 personas, también la generación de diálogos entre las distintas organizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos del país.
Es por esto que La Morada, junto a otras agrupaciones feministas, a mujeres independientes y a otras pertenecientes a partidos políticos, desde hace unos meses se encuentran articulando una Asamblea Feminista que pretende identificar, demandar y proponer algunos de los puntos esenciales que debiesen contemplarse en una nueva Carta Fundamental. Junto a esto, la iniciativa pretende distinguir las metodologías de asociación, de discusión y de implementación necesarias para que un proceso constituyente como este llegue a un buen fin.
Francisca Pérez asegura que si bien esta Asamblea Feminista ha tenido distintas instancias de diálogos, siguen trabajando para lograr– durante el proceso constituyente– un estado de articulación importante tanto a nivel regional como a nivel nacional y así levantar no sólo demandas sino que también diferentes propuestas. “Para nosotras como Asamblea Feminista es muy importante hacer visible lo que pueda surgir ahí como demanda, como propuesta y como presencia masiva. Es importante también buscar la manera de darle a todo lo que allí surja una continuidad de trabajo en el tiempo”, dice la actual directora de La Morada.
Francisca Pérez afirma que trabajarán para que las demandas de La Morada y de la Asamblea Feminista sean visibles, atendibles e innegables aunque está consciente de las limitaciones del entorno político. En ese sentido, cree que este proceso constituyente es una oportunidad, un desafío y puede llegar a ser un hito para que los problemas y las propuestas de las mujeres sean conceptualizados como un problema político, vinculado al género. “El feminismo no tiene fecha de vencimiento en la medida en que los derechos no estén siendo asegurados. Esto es una pelea día a día, por eso hay que estar atentas para que sí se tomen en cuenta las cosas que se están pidiendo y proponiendo”.
Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política UDP:
“Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente”
Por Jocelyn Escárate
En el último trimestre del año pasado se comenzó a desarrollar una de las grandes promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet para su segundo mandato: el cambio a la Constitución. Mucha especulación hubo de cuál sería el mecanismo para llevar a cabo este cambio, sin embargo, se optó por un proceso de varias etapas que culminará el 2018 con un plebiscito.
Luego de 7 meses de haber comenzado con él, Claudio Fuentes –Doctor en Ciencia Política y Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) – afirma que “en el marco de una coalición dividida y con una derecha que todavía es muy relevante en el proceso político chileno, creo que el camino que escogió la presidenta era menos malo que esperar hasta el 2018 para recién empezar a discutir sobre una nueva Constitución”.
Según Fuentes, lo que hizo el gobierno fue poner en marcha el proceso a través de un mecanismo de participación no vinculante, de modo de generar condiciones políticas para que los chilenos comenzaran a hablar de la Constitución. Pero asegura que “la forma en que se ha desplegado este proceso ha tenido muchos problemas”. Esto, porque en su opinión la implementación se hizo bastante improvisadamente en las etapas iniciales: “una campaña de educación cívica con la que no pasó nada, muy mal diseñada, con pocos recursos y con poca posibilidad dedesplegarse nacionalmente”.
Por otro lado, afirma que siempre existió mucha resistencia de parte de los grupos más conservadores de la derecha, de los empresarios y de los políticos que decían que no era necesaria una nueva Constitución y que frenaban cualquier opción de cambio. Y también que existieron problemas operativos que tenían que ver con el tipo de formulario que se utilizaría o con la cantidad mínima de personas que tenían que participar del encuentro autoconvocado, lo que repercutió en que el proceso estuviera bastante desorganizado en un comienzo. “Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente o un plebiscito en el que la ciudadanía defina qué mecanismo es más apropiado”, asegura.
Encuentros locales autoconvocados: ¿el único espacio de participación ciudadana?
El diseño de la etapa de encuentros locales autoconvocados está hecho para que la ciudadanía tenga la posibilidad de decir: “me gustaría que tal tema estuviera en la Constitución” y no para ser un espacio de representatividad, explica Claudio Fuentes. De acuerdo a lo argumentado por el doctor en Ciencia Política, “estos espacios están pensados para socializar y abarcar un espectro de gente que usualmente no se sienta un día sábado a conversar sobre la Constitución. Su objetivo no es de representación, sino que es de discusión y de conversación”.
Actualmente, nadie puede tener certeza de que la discusión en estos encuentros vaya a ser considerada en una nueva Constitución. Sin embargo, y a pesar de que los encuentros no son vinculantes, lo que se concluya en ellos se traducirá en unas “Bases ciudadanas para una nueva Constitución”, en las que se recopilarán las ideas que resulten de esta etapa, transformándolas en insumos para las discusiones posteriores. Claudio Fuentes asegura que, para que el próximo Congreso ponga en la agenda los temas que resultaron relevantes en esta etapa, va “depender de la capacidad de la ciudadanía para presionar por que estos temas entren en la discusión política”.
La ciudadanía no sólo debe empoderarse y presionar a los legisladores/as para que los temas que crean relevantes se consideren en una nueva Constitución. También deben estar preparados para las discusiones que se vienen como, por ejemplo, la decisión que debe tomar el Congreso durante el próximo año para determinar cuáles serán los mecanismos de reforma de la nueva Constitución.
Según explica Fuentes “este es un proceso de incidencia ciudadana” y si los chilenos y chilenas no están atentos, pueden terminar aceptando un mecanismo de reforma constitucional que no es el que ellos consideran más idóneo. “No es que ahora en julio terminen los encuentros, terminen los cabildos y nos vayamos para la casa y dejemos al Congreso decidiendo, porque la historia no termina ahí. La historia va a seguir y va a depender mucho de la ciudadanía que siga en favor de abrir los espacios de participación. Eso es lo que creo que todavía no se comprende”, dice.
Laboratorio Constitucional UDP: un nuevo espacio de trabajo
Hoy, Claudio Fuentes está a cargo del Laboratorio Constitucional de la UDP, que busca –a través de redes sociales, de su página web y de apariciones en los medios de comunicación– difundir contenidos sobre el actual proceso constituyente que está viviendo Chile.
El director de la Escuela de Ciencia Política UDP dice que el trabajo que se está realizando se divide en 3 grandes áreas: la primera, es la de sistematización de contenidos, en la que se busca levantar información de toda la dinámica del proceso constituyente. “Aparte de la información de prensa, estamos haciendo análisis de cómo evolucionan los debates. También vamos a hacer etnografías en los cabildos, vamos a observar cómo se experimenta la participación, cómo se despliega, quiénes son los que hablan –hombres, mujeres o indígenas– y por qué se conversan ciertos temas”, cuenta.
La segunda área de trabajo del Laboratorio Constitucional es la relacionada con generar un vínculo con el medio. Según comenta Claudio Fuentes, se les pidió a los estudiantes de dos colegios que redactaran un artículo de la Constitución referente al reconocimiento de los pueblos originarios. La idea es que los alumnos y alumnas investiguen y luego presenten sus conclusiones en la UDP para que deliberen acerca de la redacción de un artículo que puede ser parte de una nueva Constitución de acuerdo a la información que encontraron. Además del trabajo con los establecimientos educacionales, las personas que colaboran en este Laboratorio realizan talleres para juntas de vecinos en los que explican para qué sirve y por qué es importante una Constitución y, también, para aclarar de qué se trata el proceso constituyente que vivimos actualmente.
Finalmente, la tercera área que aborda es la de hacer trabajo de incidencia. “Esto quiere decir que en el contexto de las discusiones públicas nacionales, estamos tratando de mostrar dimensiones que no están siendo tocadas”, asegura Fuentes. Por ejemplo, afirma que muchos actores han señalado que acá sólo se discute el mecanismo para una nueva Constitución y no el contenido de ella. Entonces desde el Laboratorio sistematizaron todos los seminarios que se han realizado en los últimos dos años para ver qué es lo que se discute y descubrieron que en realidad casi la mitad de ellos hablaba sobre el mecanismo y la otra mitad sobre el contenido. Lo que buscan con este trabajo es “desvirtuar ciertos discursos que hay en el ambiente y que muchas veces son contrarios a lo que la realidad muestra”.
Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de Corporación Humanas
“El proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal”
Por Marcela Tapia
En octubre del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet anunció cómo se llevaría a cabo el proceso para cambiar la actual Constitución. A través de una cadena nacional mencionó que eran 4 los métodos propuestos para avanzar en este cambio.
Actualmente, Chile está viviendo un Proceso Constituyente, una etapa previa y participativa para modificar la Carta Magna. Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de la Corporación Humanas se refiere a él y a cómo se están organizando las mujeres y feministas para que los derechos humanos de las mujeres no queden fuera de este debate.
Carolina Carrera explica que el mecanismo con el que se está llevando a cabo este Proceso Constituyente “costó entenderlo en un comienzo, la primera presentación que hizo la Presidenta fue difusa en términos de cuál era el sentido del diálogo, es decir, qué tan vinculante iba hacer el proceso. Incluso, llegaba a ser contradictorio cuando se leía”.
Uno de los objetivos del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) es dar ecuanimidad al proceso en los encuentros locales y cabildos provinciales y regionales. Sin embargo, Carolina Carrera afirma que “el proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal. Una vez más se optó mayoritariamente por abogados y constitucionalistas (en la integración del CCO) cuestión que desvirtúa el sentido del proceso”.
Los problemas del proceso constituyente
Si bien es cierto para Carolina Carrera el Proceso Constituyente sí es un proceso participativo advierte que tiene diversos problemas que resolver. “Es un problema el corto tiempo pensado para la realización de los encuentros autoconvocados, son 2 meses y eso es muy poco para llevar a cabo esta primera etapa”.
Para Carrera, otra gran dificultad que tiene el proceso es su mecanismo digital. La única forma para inscribirse en los encuentros autoconvocados es a través de la plataforma webwww.unaconstituciónparachile.cl“Entiendo que la metodología apunta a sacar conclusiones en un mismo mecanismo de diálogo y participación, pero finalmente las actas hay que subirlas y para eso hay que tener acceso al mundo de la tecnología y saber ocuparla”, explica Carolina Carrera.
Además, es enfática en decir que “en el caso de muchas mujeres eso es una complicación, porque sabemos que existe aproximadamente un 40% de mujeres que no usa tecnología (SIC). Lo mismo ocurre con los sectores rurales también tendrán una mayor dificultad para poder ser parte de este proceso”.
La presidenta de la Corporación Humanas explica que respecto a la metodología y la búsqueda permanente de un consenso, el proceso también es un problema. “Esta búsqueda de consenso no ayuda a que exista un diálogo entre distintos actores. En definitiva, la tendencia es que, si yo quiero que efectivamente los derechos humanos de la mujeres queden en este documento final, tengo que hacer muchos encuentros autoconvocados y promoverlos”.
Ejemplifica diciendo que “para que los derechos sexuales y reproductivos queden en el documento final, necesito de ese consenso. Entonces no podemos decir: hagamos un diálogo entre quiénes no estamos de acuerdo, muy por el contrario, la tendencia será realizar encuentros que propicien los acuerdos”.
Las Constituyentes
Hace algún tiempo y desde que se informó sobre la metodología para avanzar en el Proceso Constituyente, distintos grupos y feministas se organizaron para reflexionar sobre el proceso que se está desarrollando en Chile.
Carolina Carrera, junto a otras mujeres crearon el grupo “Las Constituyentes”https://www.facebook.com/NosotrasLasConstituyentes El primer paso que dieron como organización fue reflexionar y realizar un profundo análisis frente a los temas que surgen en torno a una Nueva Constitución; al método para cambiarla, las etapas y el proceso construido por el Ejecutivo.
“Determinamos que íbamos a tener una participación crítica porque una serie de derechos no quedaron incorporados en la metodología que se estaba llevando a cabo. Es decir, los derechos de las mujeres no estaban a priori en este proceso”, explica la psicóloga Carolina Carrera.
Como organización “Las Constituyentes” escribieron un documento explicando de diversos conceptos y fundamentos “realizamos este trabajo porque sabíamos que no estaría incluido en esta etapa, por eso comenzamos a trabajar por los principios de valor, pero fundamentándolo; como la igualdad sustantiva, la no discriminación, la democracia paritaria”, detalla Carolina Carrera.
Además explica que la importancia de este documento y el trabajo que han hecho como grupo“nos permite sociabilizar con las mujeres para que cuando hagan eventos autoconvocados o participen de éstos, los derechos mínimos que nos interesan queden representados (…) Si nosotras no realizamos esto, sabemos que la voz de las mujeres una vez más quedaría invisibilizada”, enfatiza Carrera.
Por último, la presidenta de Corporación Humanas asegura que el trabajo que están haciendo como mujeres y como parte de la agrupación “Las Constituyentes”, no sólo será en esta etapa del proceso. “Vamos a seguir peleando para que efectivamente quedemos con una constituyente paritaria”, cuenta.
“Nosotras no terminamos el trabajo en agosto, cuando se entreguen las bases (SIC) sino que vamos a seguir en debate y exigiendo al próximo Congreso -quienes serán los encargados de definir el mecanismo para una Nueva Constitución- una posición frente a la metodología y cómo van a incorporar el trabajo de las mujeres en una nueva Carta Magna”, reafirma Carolina Carrera.
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En este programa de Mesa Central, los panelistas Gonzalo Cordero, abogado de la Universidad Católica, experto en asuntos públicos y uno de los socios fundadores de Azerta y Alfredo Joignant, doctor en Ciencia Política y profesor Escuela Ciencia Política de la U. Diego Portales e investigador del COES comentaron acerca del proceso constituyente. Dentro de este tema se debatió sobre:
El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.
Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.
La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.
Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).
La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.
En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.
“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.
¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.
Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.
Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).
¿Qué factores inciden?
El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.
“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.
Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.
“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.
CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”
– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?
– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores. – ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?
– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron. – ¿Qué reflejan estas cifras?
– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El miércoles en un seminario en la Universidad Adolfo Ibáñez el agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, cuestionó el proceso constituyente, asegurando que “este proceso de debate no va a llegar muy lejos”. Y aunque luego rectificó, sus dichos generaron molestia en la NM y el Ejecutivo, e incluso se ausentó de la cuenta pública de la Cancillería de ayer.
El agente de Chile ante la Haya, José Miguel Insulza, debía llegar ayer en la mañana, a la cuenta pública de Cancillería, donde se hizo un balance de las relaciones de Chile con los países vecinos, entre ellos Bolivia. Sin embargo, Insulza no apareció. El día anterior, en una seminario en la Universidad Adolfo Ibáñez, el pánzer había cuestionado el proceso constituyente iniciado por el Gobierno, señalando que “este proceso de debate no va a llegar demasiado lejos”.
Las declaraciones se dieron un día después de que la Presidenta Michelle Bachelet, a través de cadena nacional, invitara a la ciudadanía a participar en el proceso.
El episodio activó las alertas de inmediato en La Moneda, donde la molestia, reconocen fuentes de Palacio, fue evidente: esa misma noche personeros de Gobierno se habrían comunicado con Insulza para reprocharle el tono de sus declaraciones.
“Probablemente lo dije mal, estoy claro en eso. Pido excusas, no fue mi intención ni debilitar ni criticar un proceso que apoyo plenamente”, señaló Insulza al otro día, retractándose de sus dichos.
Esta no era la primera vez que el Gobierno ponía el ojo en las declaraciones de Insulza respecto a la contingencia política, luego que en febrero pasado defendiera a Pablo Longueira tras conocerse los correos que intercambió con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, durante la tramitación de la Ley del Royalty.
Pese al disgusto generado en el Ejecutivo estas nuevas declaraciones, La Moneda optó durante la jornada de ayer por bajar el perfil a la polémica.
“Todos sin excepción tenemos derecho a opinar sobre nuestro marco constitucional, pero de todas maneras me quiero quedar con las declaraciones que posteriormente hizo José Miguel Insulza, en las que se retractó y reafirmó su compromiso y su respaldo al proceso constituyente”, señaló el vocero de Gobierno Marcelo Díaz.
En la misma línea titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, aseguró que “es una opinión legítima, pero la Presidenta estimó que es importante que esto partiera con una opinión genuina, desde las bases”.
Más escueto fue, en tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien al término de su cuenta pública señaló que “yo no voy a pronunciarme a cada rato sobre las opiniones que emita José Miguel Insulza a título ciudadano”.
Nueva Mayoría llama al orden al Gobierno
Pese a la decisión del Gobierno de no hacer escalar el tono de las críticas, los parlamentarios de la Nueva Mayoría hicieron ver su preocupación por los dichos de Insulza e hicieron un llamado a la Presidenta, a “poner orden” en el Gobierno.
“Esto refleja un síndrome, que es la falta de unidad en la Nueva Mayoría. Por lo tanto, es necesario que la Presidenta ordene al Gobierno y a sus ministros, para que no existan voces disonantes que perjudican y dañan la magnitud del proceso de reforma constitucional”, señaló el jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro.
Más crítico fue el diputado PPD, Jorge Tarud, quien indicó que primero, “el agente de Chile en La Haya se transforma en defensor del ex ministro Longueira. Posteriormente apoya al ex presidente de Brasil, Lula da Silva(…)le hago en consecuencia un nuevo llamado al Gobierno para que le exija a Insulza dedicación exclusiva a La Haya o que de lo contrario dé un paso al costado y, de ser el caso, se nombre a un jurista experto en derecho internacional, puesto que Insulza no lo es”.
Tarud recordó también en su calidad de miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que ésta citó en marzo a Insulza por sus declaraciones respecto a la contingencia y que su respuesta había sido “que él opinaba de lo que quería y cuando quería”.
Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, evitó calificar el episodio y junto con destacar las disculpas de Insulza invitó al ex ministro a realizar un cabildo con “gente de derecha”.
“Yo invitaría a que el compañero Insulza haga ese gesto, invite a unos quince o treinta amigos (…) a lo mejor ahí podría aprovechar de meter a gente de derecha, hagan ese esfuerzo y esperaré con gusto cuáles fueron las conclusiones de esa asamblea”.
“El Gobierno está casado con su decisión”
Para el analista Max Colodro, el panorama no es sencillo para el Ejecutivo. “El Gobierno tomó la decisión de poner a un político que ha jugado un rol muy relevante en los últimos años en la historia del país”, explica, agregando que “es difícil pensar que Insulza, estando en Chile, no iba a opinar de política contingente”.
A esto, suma Colodro, se da el hecho de que su nombre suena como eventual candidato presidencial de la Nueva Mayoría. “Esto lo pone en la primera línea de la política y era inevitable que terminara siendo un actor relevante”, asegura.
Con este panorama dice Colodro, “hay una inevitable dificultad ya que su rol como agente debiera inhibirlo de opinar y eventualmente buscar una proyección política”.
Sin embargo, para el analista las opciones que tiene el Ejecutivo no son muchas. Cualquier movimiento o conflicto dentro del equipo que defiende a Chile puede ser un mal precedente y afectar la imagen de Chile ante el tribunal. Más delicado es el tema si se trata del agente a cargo del proceso.
“El Gobierno en esto está casado con su propia decisión, en el sentido de que no puede sacar a Insulza del cargo en las actuales circunstancias. Sería un costo muy grande para la imagen de Chile frente al Tribunal de la Haya, por lo tanto, no va a haber muchas posibilidades de que el Gobierno logre inhibir a Insulza”, concluye el analista.
“El Ejecutivo conoce a las personas que nombra”
El analista y académico de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, cree que en este tema “no hay que rasgar vestiduras”.
Para él las declaraciones de Insulza son “razonables” y sostiene que “nadie a estas alturas piensa que el proceso constituyente es ordenado”.
El problema dice, está en que el Gobierno sabía quién era Insulza y que “no puede desconocerlo ahora”.
“Cuando tomaron la decisión de pedirle que tuviera un rol protagónico en La Haya, sabían de quién estaban hablando” explica, y recuerda que es una persona que ha tenido conflictos en otras ocasiones, como sucedió con el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
“El Ejecutivo conoce a las personas que nombra”, plantea, por lo que comenzar a hacer reproches públicos a esta altura sería “llorar sobre la leche derramada”.
Respecto a las salidas que tiene el Gobierno, tampoco es optimista. Primero, por la figura que representa Insulza en la política nacional y por “el rol que ha jugado en la Concertación”
Segundo, asegura, porque “este Gobierno no se caracteriza por tomar estas decisiones”. Y pone el ejemplo del ex embajador en Uruguay Eduardo Contreras.”Se demoraron seis meses en sacarlo”, indica y acota que “lo que le conviene al Gobierno es que esta cuestión se aplaque un poco y dejar pasarla no más”, sentencia.
“Es inconveniente políticamente para la Presidenta”
“Legalmente no es incompatible”, dice el académico UDP, Claudio Fuentes, sobre la situación del ex ministro Insulza.
Sin embargo asegura que las declaraciones respecto al proceso constituyente “ponen en una situación muy incómoda a la Presidenta, porque es una iniciativa presidencial”.
Fuentes incluso va más allá en medio de la polémica. “Al criticar un proceso como el que está planificando el Gobierno, criticó la decisión de la Presidenta de la República”, asegura.
Por eso para el analista el comportamiento de Insulza en su cargo de agente de Chile ante el la Corte Internacional de Justicia “es inconveniente políticamente para el Gobierno y la Presidenta en particular”.
Por eso es enfático en señalar que José Miguel Insulza “no tiene que hacer declaraciones en temas que vayan en contra de las decisiones presidenciales, es inconveniente políticamente que él comente asuntos donde el Gobierno ya tomó una decisión”.
Sobre una eventual renuncia de Insulza, dice que no le corresponde manifestarse. Sin embargo el analista asegura que lo que correspondía, efectivamente, era pedir disculpas: “Si rectificó lo dicho y dijo que apoya el proceso, es lo que le corresponde hacer, porque es una decisión presidencial y él tiene la confianza de la residenta”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, el panel conversó acerca del escepticismo de Insulza sobre proceso constituyente, la presentación del magíster de Comunicación Política de la U. Adolfo Ibáñez, las declaraciones de Insulza acerca del proceso constituyente y los objetivos de la Presidenta Bachelet respecto del proceso constituyente.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
A mediados del año pasado, varias fuerzas políticas pro gobierno presionaban por postergar el debate constitucional. Querían que un nuevo Congreso discutiera una nueva Constitución. Sin embargo, desde la Presidencia de la República se insistió en establecer un cronograma que generaría condiciones sociales y políticas para resolver el tema constitucional. El itinerario escogido contempló un momento de educación cívica (que pasó inadvertido), un momento de participación ciudadana (que recién se anunció), la presentación ante el Congreso de un proyecto para establecer mecanismos de reemplazo constitucional (2017), y un momento de decisión –también del Congreso– respecto del mecanismo que se utilizará para hacer el cambio (2018).
Así, nos encontramos inaugurando un momento preconstituyente. Aún no estamos debatiendo lo que serán los contornos de la nueva Constitución. Lo único que se hará es una consulta no vinculante para recoger la opinión ciudadana respecto de los temas que debiesen considerase al elaborar un nuevo texto.
¿Por qué realizar este ejercicio cívico no vinculante? La razón es simple: como en la coalición de gobierno existe una división profunda respecto del mecanismo para establecer una Nueva Constitución (cambio desde el Congreso versus Asamblea Constituyente), a la autoridad presidencial no le quedó otro camino que intentar abrir el debate hacia la ciudadanía. Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
La decisión ha provocado varios efectos. Primero, las fuerzas políticas e intelectuales comenzaron rápidamente a elaborar borradores de textos constitucionales para delimitar los márgenes de la discusión. Segundo, los empresarios marcaron rápidamente sus banderas de preocupaciones (propiedad privada, subsidiariedad, libertad de emprender). Tercero, el tenor de la discusión ha ido evolucionando desde la necesidad de establecer una nueva Constitución hacia un debate sobre las condiciones en que se dará tal transformación. La propuesta del Ejecutivo está provocando paulatinamente un momento constitucional.
El Gobierno estableció un Consejo de Observadores y allí se representaron sensibilidades de izquierda, centro y derecha. Resultaba clave sumar a la derecha en este esfuerzo. Aunque pocos consejeros son militantes de partidos, ellos reflejan y proyectan afinidades ideológicas muy nítidas. Pero además, al transcurrir las semanas, en este Consejo comenzaron a discutirse y delimitarse los contornos del debate constitucional: ¿Debe intervenir el Gobierno? ¿Deben participar facilitadores que son militantes? ¿Debe discutirse sobre “valores” en los cabildos? ¿Debe discutirse sobre el mecanismo? ¿Quién escribirá la síntesis de las deliberaciones ciudadanas? Los Consejeros no solo quisieron “observar” sino además incidir en las definiciones centrales del proceso.
Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas.
Entonces, los encuentros autoconvocados locales no deben ser evaluados como espacios con “representatividad” o que deben ser considerados como vinculantes, porque ese no es su objetivo. Lo que se busca es animar un debate, abrir puertas para que se formulen preguntas sobre la Constitución que queremos. Dinamizar oportunidades para la acción colectiva. Este ciclo de participación ciudadana contiene la secreta esperanza de que la gente salga de sus casas y se anime a discutir. Se dará un modesto paso que busca provocar condiciones para un debate amplio y plural sobre la Constitución. Políticamente, la coalición gobernante no tuvo espacio para mucho más.
Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas. En la metodología, por ejemplo, dependerá de los participantes levantar la mano y sugerir discutir el mecanismo mediante el cual se podría establecer una nueva Constitución. Las preguntas orientadoras no consideran una que diga explícitamente: “¿Qué mecanismo le gustaría o considera más relevante para establecer una nueva Constitución?”. Lo que seguramente pasará es que un grupo de actores levantará la mano y sugerirá discutir el tema del mecanismo en aquellos cabildos.
El proceso, entonces, contiene una cuota de incertidumbre. Seguramente los cabildos reproducirán las disputadas ideológicas y políticas presentes en la sociedad en relación con el Estado, el mercado, el reconocimiento de pueblos originarios, los recursos naturales, la propiedad, la forma o mecanismo para definir la Constitución, etc. etc. En definitiva, independientemente de la representatividad que alcancen estos cabildos, ellos establecerán un hecho, una realidad política. La pregunta es quién o quiénes aprovecharán ese espacio para plasmar sus intereses. Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de intereses y poder.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Conoce las posiciones frente al polémico debate generado por el plan anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha el martes su plan comunicacional sobre el proceso constituyente. Lo hizo a través de una cadena nacional y spots televisivos. Sin embargo, no todos comparten la estrategia. Algunos, como el Consejo Nacional de Televisión, dicen que lo expuesto es de alto interés público y nacional, mientras que otros sostienen que no quieren una “nueva Constitución”, y que el Ejecutivo sólo “está imponiendo sus consignas”. Revisa acá las diferentes posiciones en el polémico debate:
“Es una campaña de interés público que envía la Secretaría General de Gobierno al CNTV para que nosotros la aprobemos o la rechacemos. Siete de los consejos votaron a favor (de su emisión) y uno en contra. La nueva ley de TV digital también señala que los canales deben tener (en su programación) horas para campañas de interés público, y ésta lo es”. Oscar Reyes Presidente del Consejo Nacional de Televisión
“El docurreality no nos garantiza que sea un proceso objetivo (…) Están entrando en el camino de la manipulación de los medios de comunicación, para tratar de influir en el proceso de la forma como el Gobierno quiere”. Hernán Larraín Presidente de la UDI
“Esta nueva Constitución no sólo debe ser nueva en su contenido, sino que también debe ser nueva en la manera en que se discute y elabora”. Michelle Bachelet Presidenta de la República
“Pareciera que la campaña constitucional que promueve el Gobierno excede el alcance de la Ley del CNTV, la que establece que son de interés público las campañas que busquen proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas (…) Esta campaña, según el presidente del CNTV, busca motivar la participación ciudadana en el proceso constituyente e informar sobre los diálogos ciudadanos”. Francisco López Coordinador Programa Legislativo Libertad y Desarrollo
“Nunca nos informaron de esta nueva fase (comunicacional) y de las características específicas (…) Le pregunté al ministro Díaz si el docurreality era parte del presupuesto del proceso constituyente (…) Que nos diga que hará particulares tipos de actividades, no basta para que nosotros demos por aprobada una iniciativa de esta envergadura”. Francisco Soto (PPD) Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores
“Pensamos que el abuso de las franjas obligatorias (de TV) recuerda el modelo chavista de imponer a través de los medios de prensa las consignas de gobierno. Nosotros no creemos que sea ajusto imponerles a los medios de comunicación chilenos cargas de esta naturaleza”. Presidentes de Chile Vamos (UDI, RN, PRI y Evópoli)
“Todos los productos (del proceso constituyente) han sido generados por la vía de la licitación pública (…) El docurreality forma parte de los recursos que el propio Congreso le asignó al Gobierno para la promoción y difusión del proceso constituyente. Convocamos a los chilenos a discutir de una nueva Constitución, por lo que queremos que se informen, que puedan saber cómo, dónde y de qué modo participar y por tanto vamos a destinar esos recursos, que no son muchos, precisamente a poder difundir al máximo posible el proceso”. Marcelo Díaz Ministro Secretario General de Gobierno
“Si el gobierno establece una franja para promover que la ciudadanía participe de los encuentros locales y cabildos, dicha acción es de alto interés nacional. La discusión de la Constitución es de la mayor relevancia pues ella es la que fija las reglas del juego de nuestra vida social y política”. Claudio Fuentes Director de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
“Es un proceso constituyente que obliga a un acuerdo político y social. Esa es la intención de esta opción que tomó la Presidenta”. Esa es la definición que para el cientista político, Claudio Fuentes, le da sentido a la propuesta anunciada la semana pasada por la Presidenta Michelle Bachelet y que busca converger consensos entre oficialismo, oposición y ciudadanía en torno a una nueva Constitución.
En conversación con La Nación, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y coautor del libro la Solución Constitucional lanzado recientemente, considera que pese a que es una promesa de campaña que se autoimpuso y que la ciudadanía la está cobrando, la apuesta de la Mandataria es una salida al problema que se genera al interior de la Nueva Mayoría, ya que son muy distintas las visiones respecto del mecanismo que debe elegirse para dar forma la Carta Fundamental que reemplazará la 1980 y que, por otra parte, la derecha más dura, en este caso la UDI, se resiste al cambio.
– ¿Qué opinión tiene del proceso constituyente anunciado por la Presidenta?
– Creo que es una propuesta realista desde el punto de vista de la configuración de fuerzas políticas hoy día. El problema de la Presidenta es que tiene una coalición dividida respecto de qué tipo de mecanismo optar para establecer una nueva Constitución. Hay unos que quieren la vía del Congreso, otros la de Asamblea Constituyente, y por lo tanto, frente a esa división interna no tiene los votos suficientes para avanzar en una sola propuesta.
– Entonces, ¿en qué sentido va esa solución y qué pretende?
– Pienso que solución planteada busca dos objetivos. Por un lado, ganar tiempo, pasarle la pelota a los partidos políticos en el Congreso y, segundo, integrar o desafiar a la derecha a que tome una postura sobre el tema. Al señalar que va a enviar un proyecto de ley a este Congreso obliga a la derecha a posicionarse y eso creo que va a generar un debate muy fuerte en la oposición.
– ¿Ve más división en la oposición o en el oficialismo? Se lo pregunto porque RN y la UDI pidieron garantías para que el proceso no se transforme en un adoctrinamiento político y en una venta de pomada que extienda por años la discusión?
– Acá lo que hay es que Evopoli, Amplitud, Horizontal y todos estos grupos nuevos, más un segmento importante de Renovación Nacional están dispuestos a debatir una nueva Constitución y eso hace 3 años no era así, y por lo tanto es un paso importante. Lo que aísla a la UDI es que tiene una postura de que no es necesario cambiar la constitución, eso ya es un escenario que nos mostrará en 2017 cuán unida estará la derecha en si va a aceptar la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente, a un plebiscito, o simplemente decir: ‘no, solamente vamos a aceptar la comisión bicameral y punto’, y que eso se plebiscite, que esa es la solución de RN.
Por lo tanto, más que a la Nueva Mayoría la pregunta el 2017 va a ser para la derecha y ahí se va a centrar el debate con una derecha que en materia constitucionalista está dividida. En ese sentido creo que Bachelet lo que hizo estratégicamente es ganar tiempo.
– ¿De quién fue la decisión, Bachelet la tomó sola, compartida, quiso estar bien con Dios y con el diablo?
– No creo que ella quiso estar bien con Dios y con el diablo. Yo no sé si la tomó sola o se asesoró por alguien, pero básicamente al ver la pluralidad de opciones dentro de su coalición y de la derecha, creo que optó por un camino de tratar de generar una ruta que forzara un acuerdo político el 2017 y creo que eso es lo que está buscando.
“Creo que sí se allana el camino para que así sea, porque con las declaraciones de la oposición estamos mucho más cerca de un acuerdo político y sus actores están viendo que los van a considerar y eso creo que es lo que esperaba la derecha”, añadió.
LEGITIMACIÓN DEL PROCESO CON LA CIUDADANÍA
Para el experto, el análisis a la forma en que la Jefa de Estado abordó el tema la legitimación del proceso es crucial para tener el respaldo ciudadano y obligar a los partidos a hacerse participar y lograr un consenso y que siga su curso más allá de este período presidencial.
“El gran desafío para el Gobierno va en relación a legitimar este proceso, a que la educación cívica, los diálogos, los cabildos incorporen a todos los sectores de modo que se vaya legitimando el cambio constitucional”, enfatiza.
– ¿Entonces la estrategia de Michelle Bachelet es instalar el tema que es su promesa de campaña pero no involucrarse más allá de lo que le permite su periodo de Gobierno?
– Si tú tienes una elite divida respecto a cuál va a ser el mecanismo para llegar a una nueva constitución, ella lo que hace es llevarlo primero a la ciudadanía, constitucionalizar y politizar el debate a nivel social, y de ahí generar un acuerdo político en el Congreso, y que después se discuta en el Congreso ya renovado. Creo que es lo más pertinente que se puede hacer.
– ¿Cómo lo proyecta si esta materia inevitablemente o ex profeso se va a topar con la elección de 2018?
– Ahí hay dos temas o dos desafíos. Por un lado, la capacidad de los grupos sociales como Marca AC, de presionar al sistema político para lograr una salida participativa al proceso constituyente, porque hoy las fuerzas políticas en su mayoría DC, RN, UDI, están porque el Congreso resuelva. Entonces, en el año 2018, si estas fuerzas se mantienen igual la solución más probable sea esa. Y la pregunta para los movimientos sociales es ¿hasta dónde ellos pueden presionar para que sea un mecanismo lo más participativo posible’. Por eso el debate es constitucionalizar en la línea de tener un Congreso pro asamblea constituyente.
– Independiente del sector político, ¿el próximo candidato presidencial también debiera tener una postura pro cambio a la Constitución?
– Sí, claramente, aunque va a depender, por ejemplo, de qué candidato lleve la derecha. Si es Sebastián Piñera, va a tener que posicionarse frente al tema porque en general RN ha estado por un cambio constitucional. Hay que recordar las conversaciones entre la DC y RN sobre esta materia y de tener un régimen semi presidencial, o las propuestas del senador Andrés Allamand en torno a eliminar algunas leyes orgánicas.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
El anuncio presidencial sobre el proceso constituyente es un singular e inútil giro de 360 grados por parte del gobierno. Precisamente porque el gran obstáculo para modificar la constitución ha sido el requisito de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras —lo que obliga a la construcción de grandes consensos—, el anuncio de la Presidenta, condicionando la viabilidad del plan a construir un apoyo mayoritario de 2/3 en el Congreso deja al gobierno en el mismo punto de partida que obstaculiza las reformas a la constitución.
La Presidenta insistió en la necesidad de tener una nueva constitución sin molestarse en explicar cuáles son los elementos de la constitución actual que hacen que todo el documento deba ser remplazado. Como no sabemos cuáles son las objeciones, no podemos evaluar si se necesita derribar todo el edificio o si basta con arreglar cuestiones puntuales. En otras ocasiones, Bachelet ha hablado de la necesidad de reconocer a los pueblos originarios, de su disconformidad con las mayorías calificadas y del ahora extinto sistema electoral. Pero la suma de esas objeciones no parece justificar construir un texto desde cero. Bastaría con promulgar reformas específicas que solucionen esos problemas puntuales.
El gobierno alega que la necesidad de tener mayorías de 2/3 para las reformas importantes dificulta la materialización de esos cambios. Pero ese mismo argumento hace pensar que conseguir la mayoría calificada para iniciar un proceso constituyente será todavía más difícil.
Por cierto, los requisitos de mayoría calificada son perfectamente democráticos. La importancia de la constitución radica, en parte, precisamente en que sea un texto difícil de cambiar. Pretender eliminar ese requisito pudiera no ser una buena idea. En Chile, hoy, el requisito de las mayorías calificadas resulta favorable para aquellos que quieren mantener el statu quo y los valores que la dictadura impuso en la constitución. Si yo establezco las reglas del juego y estas incluyen barreras para que en el futuro se puedan cambiar esas mismas reglas, difícilmente voy a lograr que otros acepten mi marco institucional. Pero en Chile, la forma en que se dio la transición a la democracia llevó a la Concertación a aceptar las reglas impuestas por la dictadura. A partir de 1990, sucesivos gobiernos lograron modificar esas reglas gradualmente, siempre construyendo grandes consensos que incluían a la derecha.
Una vez escogido el camino de aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, la única forma de eludir el cerrojo de los dos tercios es a través de un quiebre institucional. Lo que propone Bachelet, que la derecha concurra con su apoyo a un proceso que partirá de cero para un nuevo proceso constituyente no pasa de ser, como diría la propia Presidenta, wishful thinking. Pedirle eso a la derecha es como pedirle al PC que reconozca que Cuba es una dictadura, pedirle a la UDI que reconozca que Pinochet fue un dictador o pedirle al PS que reconozca que defendió a Pinochet en Londres.
Al hacer su anuncio, Bachelet reconoció que la principal objeción que tiene la Nueva Mayoría contra la constitución es su origen autoritario y por lo tanto ilegítimo. Si el proceso constituyente produjera una constitución idéntica a la actual, ésta sería aceptable por su origen democrático. Hay una metáfora (violenta) que ayuda a entender las objeciones a la constitución. La constitución de 1980 es hijo de una violación. Treintaicinco años después, este hijo resultó ser un buen ciudadano (imperfecto, pero con muchas más fortalezas que debilidades). Lamentablemente, el hijo se parece físicamente al violador. Eso le duele a la Concertación, que ha sido un loable padre adoptivo y que es responsable de que ese hijo haya crecido para convertirse en un buen ciudadano. Por eso, en medio de una crisis de identidad, la Concertación ahora niega su responsabilidad en ayudar a convertir esta constitución de origen ilegítimo en una carta fundamental que se ha legitimado en democracia. Pero no basta con cambiar de nombre para eludir la responsabilidad en legitimar en democracia una constitución de origen ilegítimo.
Con todo, en su anuncio, Bachelet combinó un intento por introducir mayor participación ciudadana sin poder resolutivo con una salida institucional (que acepta el cerrojo de los 2/3). Pero no se puede ser rupturista e institucional a la vez. Pedir una nueva constitución es un acto rupturista. Alegar que se va a respetar la vía institucional significa reconocer que los votos no están para avanzar. Mencionar a la AC como una opción en una bifurcación improbable del camino busca dejar contentos a los sectores más izquierdistas de la NM. Pero al intentar dejar contentos a todos, Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En la edición se revisaron las principales noticias de la jornada y un panel analizó el anuncio de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó.
No sabemos si fue por accidente o a propósito, pero los anuncios de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente de hecho ya provocaron su partida. Los actores rápidamente han tomado posiciones y se alistan argumentos, estrategias y alternativas de cara a lo que será una de las luchas políticas más encomiables que recuerde la historia política republicana.
La Presidenta ha realizado tres movimientos: dijo que se requiere una nueva constitución; dijo que en septiembre se iniciaría el proceso constituyente participativo; y dijo que se requería un acuerdo político amplio. Estos gestos parecen tímidos, notoriamente insuficientes para quienes hemos defendido la idea de una asamblea constituyente. Sin embargo, estos tres pasos son cruciales en un contexto donde no existe un acuerdo intra-coalición sobre el camino que debe recorrerse y donde las vías institucionales son limitadas. Bachelet no ha hecho otra cosa que generar condiciones para abrir y resolver el problema constitucional.
Partamos por señalar que la élite está dividida en este asunto. Un primer grupo plantea que lisa y llanamente no se requiere una nueva Constitución (UDI). Un segundo segmento quiere resolver el tema siempre y cuando sea en el Congreso Nacional donde se escriba el nuevo texto (aquí ubicamos a parte de RN, parte de la DC y hasta parte del PS). Finalmente, el tercer segmento de los asambleistas plantea la idea de convocar a un plebiscito y que sea la ciudadanía la que dirima el camino que se tomará (algunos liberales, algunos DC, el PRSD, el PC, algunos PS, otros PPD, y otros movimientos de izquierda).
La división recorre a Palacio. Tomemos a modo de ejemplo algunas declaraciones. Jorge Burgos (DC) sostuvo que “tendremos oportunidad de debatir para crear condiciones de participación y que después la propuesta sea conocida por el Congreso Nacional”. Esta noción es defendida por el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga (PS), quien lideró la redacción del programa en el tema constitucional, y que consideró que la opción estratégica más viable era una reforma total en el Congreso Nacional. En contraste, los ministros Díaz e Insunza han señalado que el debate está abierto y no han querido ni descartar ni confirmar una u otra vía. “La Presidenta resolverá”, dicen.
En este contexto, si hoy Bachelet patrocinara el proyecto de ley permitiendo la convocatoria a plebiscito, probablemente no obtendría los votos y dividiría a la coalición. Ella seguramente lo sabe, por lo que optó por el camino largo: iniciar el proceso de debate constituyente de modo de forzar a los actores a tomar posiciones, a generar debates, a levantar propuestas.
Ahora bien, la crisis de legitimidad ha contribuido a aglutinar a las fuerzas pro-constituyente. Si el año pasado no más de 30 legisladores se la jugaban por la asamblea constituyente, hoy alcanza a cerca de 70. Los escándalos de corrupción de hecho favorecen un cuestionamiento cada vez más profundo sobre el arreglo constitucional, y de ahí que no parece tan disparatada la opción de ganar tiempo y observar cómo se van delineando las alternativas. Porque el proceso constituyente no es otra cosa que generar las condiciones políticas y sociales necesarias para establecer un nuevo pacto constitucional.
Advertíamos que el proceso se había iniciado. ¿Qué indicadores tenemos? Primero, desde la sociedad civil se han venido articulando desde hace varios años diversas iniciativas pro asamblea constituyente que han presionado al sistema político cada vez con más fuerza. Segundo, se estructuró una “bancada AC” en el Congreso que ha venido ganando más adeptos(as). Tercero, la intelectualidad constitucionalista se ha reunido a debatir el tema y ya no como un asunto teórico, sino que abordando temáticas muy específicas. El CEP organizó un grupo de discusión constitucional que se encuentra en un esfuerzo de acumulación de conocimiento y de recomendaciones de contenido. El ex presidente Lagos impulsó una iniciativa similar reuniendo a un variopinto grupo de abogados constitucionalistas. Renovación Nacional reactivó un grupo de estudios constitucionales encabezado por el senador Alberto Espina.
Lo interesante, entonces, es que mientras la Presidenta envía señales al mundo político para generar una nueva Constitución, las reacciones de algunos partidos es pedirle a ella que tome una decisión —que los conduzca por una senda que nadie sabe muy bien cómo hay que recorrerla—. Salvo aquellos legisladores que ya optaron por el camino del plebiscito, el resto de las dirigencias no asumen el desafío de realizar propuestas, de demarcar sus posturas, de atreverse a señalar qué es lo que quieren.
Y en realidad, no existe mucha incertidumbre dado que las rutas están más o menos delineadas: la primera implica un proceso de consulta ciudadana seguido de un acuerdo político de una reforma total a la Constitución en el Congreso Nacional y un eventual plebiscito ratificatorio. La segunda implica aprobar el mecanismo de plebiscito y consultarle a la ciudadanía qué opción desea escoger (AC, Comisión de expertos, comisión bicameral, o nada).
Unos quieren ser ellos los que definen las reglas, mientras otros optan por un mecanismo vinculante con la ciudadanía. Cualquier fórmula requiere de un importante grupo de actores políticos y sociales dispuestos a jugársela por una u otra. El asunto es que ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó y quien no lo entienda así, se quedará en el camino.
