Tag Archive: Programa de Gobierno

  1. La verdad no tiene remedio

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Pese a todas las señales que indican que el futuro inmediato se viene más oscuro, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sigue comprometiéndose con promesas incumplibles. En vez de reconocer que pecó de demasiado optimista (mintió), el gobierno quiere seguir haciendo creer a los chilenos que la gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. En vez de reconocer su error, el gobierno de Bachelet se comporta como esos mentirosos que, al ser descubiertos, intentan elaborar una historia aún más inverosímil para tratar de negar lo obvio.

    Como candidata en 2013, Bachelet se comprometió a avanzar decididamente hacia la gratuidad universal y efectiva en la educación superior.  En su programa de gobierno, Bachelet especificó que en su cuatrienio se llegaría al 70% de cobertura. En una redacción confusa, —que tal vez ya entonces quería esconder la imposibilidad de cumplir la promesa– Bachelet se comprometía con avanzar “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.

    Ahora que la realidad del estancamiento económico ha golpeado en la cara a los espíritus fundacionales de la Nueva Mayoría —aunque muchos analistas hacía tiempo venían advirtiendo que los vientos de la economía empezarían a soplar en contra— el gobierno ha tratado de demostrar por un lado una cuota de responsabilidad fiscal, pero por otro ha insistido en que es cosa de tiempo antes de que se convierta en realidad.

    Las estimaciones del gobierno indican que para cumplir la promesa de gratuidad se deberá aumentar la carga tributaria del 21,5% del PIB actual a un 29,5%.  Esto es, un aumento del 40% en la carga tributaria del país.  Para hacerse una idea, la reforma tributaria de 2014-2015 buscaba aumentar la carga tributaria en menos de 3% del PIB. Aunque en realidad solo hará que pase del 21.5% en 2015 a un 23% en 2018.  Para cumplir la promesa de gratuidad universal, se necesita una reforma tributaria efectiva 5 veces más grande que la adoptada en 2014.

    Además de que es improbable que se pueda realizar una reforma de ese calibre (porque las consecuencias sobre la economía serían desastrosas), por la forma en que el gobierno ha insistido en que vamos en un camino irreversible hacia la gratuidad universal, pareciera que algunos en La Moneda esperan que la carga tributaria siga subiendo gradual pero inequívocamente hasta alcanzar el 29,5% del PIB.  Muchos dirán que otros países tienen cargas más altas, pero si consideramos que ese 29,5% excluye las contribuciones de los trabajadores a sus pensiones —cuestión que fácilmente se acerca al 10% del PIB en otros países— entonces podemos ver que la hoja de ruta del gobierno no tiene ni pies ni cabeza.

    Condicionar la gratuidad a que el Estado alcance un tamaño determinado del PIB es como condicionar un viaje a Júpiter a que las naves espaciales puedan volar a un millón de kilómetros por hora para recorrer así, en 6 horas, los 588 millones de kilómetros que nos separan de ese planeta. La matemática es impecable. Pero la factibilidad de que eso ocurra en las próximas dos décadas es casi nula.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad.  En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Una decisión políticamente más responsable hubiera sido reconocer que, en el entusiasmo de su retorno a Chile, Bachelet prometió algo que jamás podría cumplir.  La Presidenta podría reiterar que su intención es avanzar hacia la gratuidad de la misma forma que queremos avanzar hacia ser una sociedad libre de delincuencia y enfermedades.  Después de todo, los Presidentes siempre señalan un norte hacia el que quieren avanzar.  Las hojas de ruta de los gobiernos siempre tienen un objetivo final que es demasiado ideal como para imaginar que algún día se puedan materializar.

    Pero Bachelet optó por seguir hundiéndose en su promesa desmedida e irrealizable. Aunque chuteó la pelota hacia adelante —y deberán ser otros en el futuro los que reconozcan que la promesa nunca iba a poder ser cumplida— Bachelet optó por tomar la posición irresponsable de un líder populista que se aferra a un sueño irrealizable en vez de pagar el costo de asumir el rol de mujer de Estado que dice la verdad, aunque duela.

    De haber recordado la canción de Joan Manuel Serrat, Bachelet debió haber aceptado que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.  En cambio, la Presidenta optó por pasar a la historia como la mujer que prometió mucho más de lo que se podía cumplir pero nunca quiso reconocer su error.

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  2. El freno a mano

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    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Luego de sólo un año en el gobierno la Presidenta se vio obligada a remover a los ministros de Interior y de Hacienda de sus cargos. Bachelet no tuvo otra opción cuando se dio a conocer la cercanía de Peñailillo con los escándalos de financiamiento irregular y se hizo ineludible la responsabilidad de Arenas en la inestabilidad de la economía. En sus lugares, la Presidenta nombró a Burgos y a Valdés. A diferencia de sus antecesores los nuevos ministros no conformaban parte del círculo cercano de Bachelet. De hecho, eran todo lo opuesto. Llegaron para ponerle freno a mano al ambicioso programa de gobierno.

    La reciente renuncia de Burgos no sorprende a nadie. La corta pero intensa historia de desencuentros entre el ex ministro del Interior y Bachelet se produjo a vista y paciencia de todo el país. No es necesario describir cada uno de los hechos que fueron separando el camino de ambos. Basta con decir que no había otra opción que renunciar. Burgos reinó cansado y frustrado. Aunque llegó para apaciguar el mercado político, el ímpetu del gobierno fue más fuerte. El renunciado ministro del Interior no pudo llevar al barco de vuelta al rumbo que cómodamente navegaba la Concertación.

    Si bien la relación personal entre Bachelet y Burgos no parece haber sido mala, sus roles institucionales los pauperizó. Mientras que la Presidenta buscaba seguir adelante a paso firme sin renunciar al programa del gobierno, el ex ministro del Interior intentaba poner la cuota de realismo. Sería mentir decir que Burgos no logró absolutamente nada. Junto con Valdés no sólo lograron dar una señal de estabilidad en un momento de descalabro político, pero además lograron poner pausa a algunas de las reformas que en un principio parecían ser inevitables.

    Pero también sería mentir decir que Burgos logró su objetivo. Las grandes reformas estructurales siguen en pie. Tal vez con más cautela y mayor reflexión que en un principio, pero siguen adelante. En ningún momento el gobierno ha abandonado su objetivo ulterior de transformar estructuralmente al país en sólo cuatro años. Desde la oposición da la sensación de que Burgos sí puso la pelota en el piso, y logró detener el juego. Pero desde el oficialismo es distinto. Para ellos Burgos sólo llegó a hacer tiempo para que pudieran hacer su juego más tranquilos.

    El freno a mano se rompió, y pusieron a otro. Mario Fernández llega a cumplir el mismo rol que Burgos, dar una señal de tranquilidad en un escenario donde constantemente se pronostica una tormenta. La gran pregunta es cuánto durará. Si Fernández toma un rol activo para frenar el avance del gobierno, la Nueva Mayoría se lo va comer. Si trata de funcionar como un engranaje de freno, se terminará rodando al igual que Burgos. En cambio, si busca tejer alianzas claves con otros actores oficialistas y de oposición que persiguen en mismo objetivo, tendrá mayor suerte.

    Si el rol de Fernández es poner la cuota de realismo, como se anticipa, debe exprimir su habilidad política. Estar en Interior es por esencia un juego de estrategias. Fernández llega a cumplir un rol nada de grato en una coalición de gobierno extremadamente ambiciosa. Deberá navegar cautelosamente alrededor de figuras como Aleuy y Uriarte que buscan imponer el programa de gobierno y la voluntad de la presidenta a como de lugar. No será fácil, pero Fernández es un buen hombre para el trabajo. Si llega hasta el final del cuatrienio, podrá cantar victoria.

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  3. La precampaña de Bachelet

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    La ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral establece que el período de campaña presidencial abarca desde la declaración de candidaturas hasta el día de la elección, totalizando 90 días. En todo ese período se contabiliza el gasto. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del PS han señalado fechas incorrectas, que van desde los 30 días (período en que se inicia la propaganda) hasta los dos meses.Por tanto, si dos importantes representantes no conocen las reglas del juego, ¿qué se le puede pedir al ciudadano común y corriente? ¿Están nuestros diputados y senadores en condiciones de calcular su gasto en campaña -e incluso opinar sobre este tema- si no tienen clara las fechas de inicio y término del período?

    Despejado el punto, ¿qué se entiende por precampaña?  La precampaña es el conjunto de actividades que realizan los candidatos antes de oficializar su postulación ante el Servel. Esto implica -entre otras cosas- la constitución de equipos y la generación de ideas para el programa de gobierno. ¿Hay algo de malo en aquello? No. Sin embargo, el ministro Díaz insiste en esconder lo evidente: la precampaña es connatural a toda candidatura, salvo situaciones excepcionales como la de Matthei en 2013, que por razones de fuerza mayor debió asumir en reemplazo de Longueira. Las precampañas pueden hacerse a través de los medios de comunicación (Parisi), marchas o manifestaciones ciudadanas (Jackson, Cariola, Vallejos), primarias de partidos (Orrego), asambleas de partidos (Gómez), o incluso convocando a expertos para que discutan sobre el futuro programa (Piñera).

    Por lo anterior, es absurdo pensar que sólo una vez que el político ha declarado sus intenciones de ser candidato, entonces arme las ideas de su programa y los equipos de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Bachelet, ella anunció su candidatura a fines de marzo de 2013. ¿Eso implica que nadie trabajó con ella previo a esa fecha para avanzar en un programa? ¿Significa que nadie colaboró con ella para decidir la competencia en las primarias de la Nueva Mayoría?

    Las candidaturas para la primaria presidencial se inscribieron a inicios de mayo de 2013. La ley establece que la campaña se extiende desde los 60 días antes de la elección, siendo los últimos 30 días para la propaganda. Para esa primaria el límite de gasto sobrepasó los 923 millones de pesos. En la Nueva Mayoría, Bachelet gastó 621 millones de pesos, Velasco 213 millones de pesos, Orrego 217 millones de pesos y Gómez 14 millones de pesos. Por la Alianza, Longueira sobrepasó los 885 millones de pesos, mientras que Allamand superó los 400 illones de pesos. De acuerdo al número de votos obtenidos, Bachelet “pagó” 392 pesos por voto, Velasco 869 pesos, Orrego 1.148 pesos, Gómez 129 pesos, Longueira 2.137 pesos y Allamand 1.028 pesos. De los montos señalados, los aportes reservados representaron un 51% en el caso de Bachelet, 64% en Velasco, 83% en Orrego, 0% en Gómez, 80% en el caso de Longueira, y 68% en Allamand. ¿Esto significa que los candidatos recién comenzaron a recolectar recursos al momento de declarar sus candidaturas? Lo más seguro es que no. Parte importante de esos recursos fueron solicitados con antelación. Es decir, durante la precampaña.

    Todo lo anterior lleva a una conclusión muy clara. La precampaña es una muestra de seriedad de los candidatos, que preparan su programa y constituyen equipos con la debida antelación. Los trabajos que ahí se realizan pueden ser voluntarios, bajo la expectativa de que si el candidato gana, entonces -muy legítimamente- ese funcionario tendrá un puesto en el nuevo gobierno. Otra cosa es el financiamiento de esa precampaña. No todos los cercanos a un candidato tienen el dinero para trabajar meses ad honorem en el programa, o para realizar actividades que implican una inversión de tiempo. Seguramente, esas actividades deberán ser remuneradas de alguna manera. El problema es el mecanismo. Dado que en 2013 los partidos no contaban con financiamiento estatal permanente, la única forma de apoyar estas actividades era recurriendo a la ayuda de privados. Así de simple.

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