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  1. Resultados de la Encuesta “Radiografía al Congreso: ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas?”

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    El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales.  La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.

    En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

    El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:

    • Modificación del período presidencial
    • Límite a reelección de congresistas
    • Voto voluntario/Obligatorio
    • Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
    • Congreso Uni/bicameral
    • Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
    • Reforma vs. Nueva Constitución

    Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas

    Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambio es la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.

    En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.

    En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo).   Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).

    Mayoría favorece el voto obligatorio.        

    Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente).  En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.

    A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.

    Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.

    Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.

    Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.

    Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.

    ¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.

    El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.

    El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.

    Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución

    Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.

    De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.

    Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%

    Ficha técnica

    Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas).  Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.

    Descargar resultados aquí

  2. Limite a la reelección: un paso en la dirección correcta

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    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de autoridades colegiadas nacionales, autoridades ejecutivas regionales y locales, y autoridades colegiadas regionales y locales. La comisión específicamente propuso limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años en el poder),la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de consejeros regionales y concejales a dos veces (12 años).

    La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta.  Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos.

    En términos concretos, es mucho más probable que un legisladorque lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.

    El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder.  Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.

    Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.

    No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.

    La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.

    A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.

    Ver Columna en La Tercera