Tag Archive: Reforma electoral

  1. Ejercicio de la mayoría

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    LA OPOSICION enfrentaba el siguiente dilema estratégico: o se sumaba a la propuesta de gobierno para intentar incidir en la forma que adquiriría la reforma electoral, o se excluía y observaba su aprobación desde la galería. El gobierno se esmeró en coordinar sus votos, obtener una mayoría especial en ambas cámaras y aprobar el proyecto. Hace unas semanas la UDI y RN sabían del escenario que enfrentaban y, sin embargo, decidieron que su mejor opción política era no participar del acuerdo.

    Lo anterior no se llama aplanadora. Es el ejercicio de la mayoría. Se trata de una práctica a la que no estábamos acostumbrados porque durante 25 años ninguna de las dos principales coaliciones tuvo la supremacía. Pero hoy, con un Congreso mayoritario de gobierno y con actores clave de la derecha, se materializó el principio democrático asociado a que las mayorías mandan.

    La respuesta de la oposición-algo ingenua a mi juicio-ha sido cuestionar aspectos sustantivos de la norma aprobada. Sostienen que se trata de un “traje a la medida” de la coalición gobernante. Pero esta crítica es pertinente para cualquier norma que se aprueba en el Congreso, pues toda legislación es fruto de la negociación de intereses. En política, todo es un traje a la medida.

    El sistema electoral en esencia es un traje a la medida de la correlación de fuerzas en el poder, al momento de ser definido. ¿Por qué la Alianza no denunció al general Pinochet por definir un traje a la medida con el binominal? ¿Por qué la derecha se negó a firmar un acuerdo político para cambiarlo durante 25 años? La respuesta es simple: no le interesó el cambio porque era un traje “a su medida”. El resultado político que vemos no es otra cosa que la expresión de la correlación de poder, el pragmatismo y la decisión del Ejecutivo de priorizar esta reforma.

    Se dice también que esta norma afecta la igualdad del voto al verse favorecidos determinados distritos y circunscripciones, por lo que sería inconstitucional. El mismo argumento-pero con más fuerza-pudo esgrimirse en torno al binominal. Pero nunca vimos a ningún partido desfilar ante el Tribunal Constitucional argumentando que el principio de un voto un escaño no se cumplía con el binominal. ¿Por qué no? Porque en la definición de escaños se tiene en cuenta la proporcionalidad en relación a la cantidad de electores, y otras variables como la representación de regiones y, ahora, de mujeres. El TC debiese aprobar esta norma pues de hecho mejora el principio de igualdad del voto, en relación al sistema actual.

    La reforma es expresión de los intereses actuales. Nada más. Veremos mejorada la representación, algo más de competencia y mayor número de mujeres candidatas. Deberemos observar cuidadosamente el impacto que ésta y otras reformas tendrán en las dinámicas políticas, pues facilitar en demasía la formación de partidos estimulará la fragmentación política. Asimismo, tener muchos más candidatos y en listas abiertas fomentará tendencias clientelares. De ahí que la reforma a los partidos y al financiamiento será esencial en lo inmediato.

    Ver columna en La Tercera.

  2. Binominal: el problema no son las cuotas, es el poder

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    Claudio Fuentes

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    Ver columna original de El Mostrador aquí.

    La representación de mujeres en el Congreso Nacional constituye a todas luces un hecho bochornoso para el país si se observan otros sistemas democráticos en el mundo. No se condice su nivel de desarrollo y la presencia de mujeres en altas posiciones de poder, incluyendo su Presidenta, con esta presencia inferior a la media latinoamericana. Por esta razón, parece muy acertada la decisión del gobierno de proponer un sistema transitorio de cuotas en el sistema electoral, de modo de incentivar la presencia de mujeres en puestos de representación popular.

    La duda que queda es si los mecanismos propuestos lograrán el objetivo esperado (más mujeres en el Congreso). Y aquí es donde la letra chica de las propuestas y contrapropuestas afecta al eventual resultado. La propuesta original del Ejecutivo establece que, en la nómina total de postulantes al Congreso, los partidos debían cumplir con el requisito de que ningún sexo estuviese representado por sobre el 60% ni por debajo del 40% del total. Se trata de una norma transitoria, que sería aplicable a las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029. Además, se contemplaba un incentivo extraordinario para los partidos políticos de 500 UF (unos $12 millones) por cada candidata electa.

    Como el sistema electoral propuesto es con listas abiertas (uno vota por un candidato o candidata dentro de la lista), y como los partidos podrían cumplir con el requisito de la cuota colocando a mujeres en distritos menos competitivos para ellos, entonces el gobierno decidió poner un incentivo extra a los partidos (las 500 UF), a fin de promover que las tiendas políticas optaran por mujeres para distritos donde tuvieran efectivas posibilidades de ganar.

    Varios legisladores e invitados(as) a la Comisión de Constitución de la Cámara advirtieron problemas en esta propuesta. Se sostuvo que el incentivo económico estaba mal utilizado. Primero, se trata de un recurso totalmente marginal en el contexto de lo que los partidos necesitan para financiar campañas políticas, por lo que en la práctica no constituye un verdadero incentivo. Segundo, el problema no lo tienen tanto las mujeres electas sino las candidatas que desean competir por un cupo legislativo. Tercero, el incentivo debiese dirigirse directamente a las mujeres que compiten y no tanto a los partidos que las apoyan.

    El Ejecutivo, entonces, modificó su parecer. Entregaría 200 UF a los partidos a que pertenecieran las mujeres electas y 300 UF para las candidatas electas. Esto no sería un “bono extra”, sino que un monto de recursos que permitiría pagar los gastos electorales efectuados por las candidatas.

    Como esta segunda propuesta tampoco convencía a muchos, el Ejecutivo finalmente se comprometió a mantener la idea original (las 500 UF) y estudiar una nueva propuesta de entregar a todas las candidatas un monto de recursos del Estado algo superior a lo que actualmente les entrega a los hombres por voto obtenido. En este escenario, si un candidato recibe $700 por voto obtenido, una candidata recibiría $1.000. Esta propuesta estaría mucho más en sintonía con la idea de igualar la cancha de competencia, porque sabemos que el problema está en el punto de partida. Ahora bien, tal cual demuestran los estudios del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, quienes enfrentan mayores inconvenientes para competir son las desafiantes y no tanto las incumbentes mujeres. Una propuesta que atienda verdaderamente a la desigualdad de oportunidades de competencia debiese colocar especial atención en las candidatas desafiantes. A ellas hay que apoyarlas.

    Otro problema es que el sistema de cuotas está pensado para el conjunto de candidaturas por partido, siempre y cuando no haga primarias. Si un partido realiza primarias, entonces aquellas candidaturas no debiesen regirse por la disposición de las cuotas. Aquí enfrentamos otro problema: como el incentivo por candidata electa es muy bajo (500 UF), los partidos seguramente no modificarán su conducta anterior y seguirán privilegiando colocar hombres (usualmente incumbentes) en distritos donde les resulte probable obtener un triunfo. Además, si esos partidos establecen primarias, quedarían fuera del requisito de establecer cuotas.

    ¿Cuál es la solución? Los países que han avanzado decididamente en la inclusión de mujeres en el sistema político han tomado acciones decididas y eso es lo que falta en Chile. Se requiere de un esfuerzo comprehensivo, coherente y multinivel para estimular la participación de mujeres en espacios públicos y privados. Ello implica acciones como reforma a la ley de partidos y ley de primarias para incorporar cuotas obligatorias en las distintas posiciones de poder; reforma a la ley de financiamiento electoral para establecer instrumentos de apoyo efectivo a las mujeres candidatas; establecimiento de mecanismos de acción afirmativa en otros espacios del aparato público (tribunales, organismos autónomos, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, universidades, Banco Central, etc.); condicionamiento de licitaciones públicas a la presencia de mujeres en directorios de empresas que contraten servicios con el Estado, etc.

    El problema no es sólo la ausencia de mujeres en el Congreso Nacional, el problema es la ausencia de mujeres en posiciones de poder. La única manera de cambiar esto es mediante una revisión comprehensiva de los distintos cuerpos legislativos, con el fin de transformar aquellas relaciones de poder. El problema no es la cuota, el problema es la desigualdad en el acceso al poder.