Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la U. Adolfo Ibáñez conversaron acerca del proyecto de reforma a la educación superior, su tramitación en el Congreso, la falta de respaldo del proyecto y la falta de regulación de las universidades.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Aunque el pesimismo de Büchi sobre la dirección en la que va el país sea justificado, las bases del modelo que él ayudó a fundar y que la Concertación ayudó a crecer son mucho más profundas como para que las destruya una retroexcavadora operada por un gobierno poco hábil, crecientemente impopular y al que rápidamente se le acaba el tiempo.
El reciente anuncio de Hernán Büchi de que se irá del país debido a la creciente incerteza jurídica dice tanto sobre lo que ha ocurrido en el país en estos dos años como sobre lo que parte de la derecha anticipa va a ocurrir en la elección presidencial de 2017. Como algunos en la derecha dudan de la profundidad de las raíces del modelo de libre mercado, temen que un gobierno pueda arrancar con una simple retroexcavadora las raíces de la economía de mercado. Afortunadamente, los chilenos quieren terminar con el abuso y la corrupción, no con el modelo que se basa en la feroz competencia en una cancha pareja donde todos tengan iguales oportunidades.
Ante la polémica que generó una entrevista a Hernán Büchi en la revista Capital, el propio Büchi salió a explicar las razones de por qué le duele Chile. Si bien es comprensible que un connotado hombre de derecha vea con malos ojos lo que está pasando en el país desde que la Nueva Mayoría llegó al poder en marzo de 2014, pareciera ser que el ex ministro de Hacienda olvida un elemento esencial en toda democracia. Los gobiernos son finitos y las políticas que impulsan —por más fundacionales que busquen ser— pueden ser modificadas por futuros gobiernos.
Varias de las políticas que dan pie para que Büchi hable de falta de certezas jurídicas dependen de la voluntad del próximo gobierno para sobrevivir. La reforma tributaria de 2014, ya modificada en 2015, probablemente será sometida a nuevas modificaciones cuando entre en régimen. Es más, si hay una certeza jurídica en cada democracia desarrollada es que los resultados de las elecciones tienen impacto en los regímenes tributarios. Cuando gana la izquierda, a menudo aumentan los tributos para financiar el gasto social. Pero cuando gana la derecha, a menudo los tributos disminuyen para promover el emprendimiento y el crecimiento económico.
El futuro de la reforma educacional de 2014, que terminará gradualmente con el lucro, el copago y la selección en la educación básica y secundaria dependerá también de la voluntad del próximo gobierno. Si aumentan las objeciones a la dirección que toma la reforma, el próximo gobierno podrá cambiar la dirección. La reforma que establece la gratuidad en la educación superior tiene una base aún más débil, en tanto ni siquiera hay una ley que la regule. El proceso constituyente que impulsa el gobierno no pasa de ser, para los efectos legales, una consulta no vinculante que alimentará una propuesta de cambio constitucional que hará el gobierno más impopular desde el retorno de la democracia justo antes de irse.
De ahí que el pesimismo de Büchi parece injustificado cuando se toma en cuenta que este gobierno ya está en la segunda mitad de su periodo. En menos de un año, ya tendremos candidatos presidenciales haciendo activamente campaña para las primarias de sus respectivas coaliciones. En dos años, el nuevo gobierno estará impulsando su propia agenda de reformas.
Pero tal vez el pesimismo de Büchi responde a la expectativa de que el próximo gobierno seguirá por el mismo camino que ha tomado la administración de Bachelet. El ex ministro parece tener pocas esperanzas de que las elecciones de 2017 resulten en un giro del electorado hacia un gobierno más comprometido con el modelo del libre mercado y la competencia. Aunque las encuestas muestran que el candidato favorito para ganar las elecciones de 2017 es el ex Presidente Piñera (y su rival más probable es el ex Presidente Lagos, otro amigo del mercado), Büchi parece menos convencido del posible retorno de la derecha al poder o de la capacidad de un gobierno de derecha para profundizar el modelo y emparejar la cancha de tal forma de evitar que los estatistas retrógrados —o algunos capitalistas abusadores o coludidos— lo destruyan.
Afortunadamente, las bases del modelo son más profundas que lo que se necesita para desmantelarlas con una retroexcavadora. Es cierto que Chile pasó por una fiesta refundacional que se inició con la victoria de Bachelet en 2013 y continuó con reformas bien intencionadas, pero apresuradas y mal diseñadas. Pero hoy ya sentimos la resaca de una fiesta que devino en nulo crecimiento y creciente desempleo. Con el fin del boom de los commodities, nos encontramos con un desafío que nos obliga a repensar las prioridades del gasto público. Los chilenos quieren que la riqueza se reparta mejor y haya menos abuso, pero no quieren matar la gallina de los huevos de oro para repartirse la carne. Ahora que la gallina se asustó y ha dejado de poner huevos, los chilenos se comienzan a decepcionar de los cantos de sirena refundacionales.
Aunque el pesimismo de Büchi sobre la dirección en la que va el país sea justificado, las bases del modelo que él ayudó a fundar y que la Concertación ayudó a crecer son mucho más profundas como para que las destruya una retroexcavadora operada por un gobierno poco hábil, crecientemente impopular y al que rápidamente se le acaba el tiempo.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
El principal traspié que sufrió el gobierno al intentar establecer la gratuidad —con letra chica— a través de una glosa presupuestaria que discrecionalmente establecía cuáles alumnos vulnerables tendrían acceso a educación superior gratuita no se produjo en la decisión adversa del Tribunal Constitucional. El gobierno de Bachelet tropezó primero cuando la reforma tributaria que impulsó —y que definió como condición necesaria para establecer los alcances de la gratuidad— falló en su diseño e implementación. Ahora que hay que modificar la ley que entregará el financiamiento para la gratuidad en la educación, mientras no se sepa cuánto dinero se va a recaudar, difícilmente se podrá establecer cuántos y cuáles alumnos podrán tener acceso a educación superior gratuita.
Después de haberlo convertido en el principal tema de la campaña de 2013, la reforma educacional que entregaría acceso gratuito a la educación superior a los chilenos se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno y en la mejor evidencia de que este gobierno hizo promesas sin haberse sentado primero a hacer los cálculos necesarios para saber cómo y de dónde sacaría la plata para cumplirlas. Apenas asumió el poder, el gobierno de Bachelet anunció que antes de anunciar los alcances de la gratuidad, se necesitaba promulgar una reforma tributaria que permitiera saber cuánto dinero habría disponible para avanzar hacia el ideal de gratuidad universal para la educación superior. Por eso, el gobierno impulsó con apuro, y poca rigurosidad, una reforma tributaria que buscaba que “los poderosos de siempre” pagaran más impuestos para que el gobierno pudiera financiar así su promesa de gratuidad.
Pero una vez aprobada la reforma tributaria, empezaron a aparecer otras necesidades y el gobierno comenzó a asignar parte de los recursos que se recaudarían a otras prioridades. Así, la promesa de que la gratuidad sería para todos fue llenándose de letra chica restrictiva. Además de ir reduciendo el alcance de los siete a los seis y después a los cinco primeros quintiles (la mitad que menos ingresos tiene), el gobierno también estableció que sólo los estudiantes que asistieran a un determinado tipo de establecimientos tendrían gratuidad. Pero ahora que el Tribunal Constitucional determinó que el criterio de selección definido por el gobierno es inconstitucional, la materialización de la promesa de gratuidad está en el aire. El gobierno insiste en que habrá gratuidad. Pero nadie sabe quiénes serán beneficiados y qué impacto tendrá esta nueva política pública en el sistema de educación superior en su conjunto.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, resulta que ahora el gobierno debe enviar un proyecto de ley que reforme la reforma tributaria. Aunque Hacienda ha insistido en que este proyecto sólo busca corregir errores y simplificar el nuevo sistema tributario, basta con suponer que el gobierno seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido desde que asumió el poder para anticipar que estamos metiéndonos en un nuevo pantano. El enfriamiento de la economía nacional —y las malas noticias que vienen desde fuera, en particular respecto al precio del cobre— permiten anticipar que la situación económica en el país seguirá empeorando antes de que comience a mejorar. Como resulta poco sensato introducir un aumento en la carga tributaria cuando la economía está en declive, hay buenas razones para pensar que la reforma tributaria terminará siendo un poco más que una simplificación a la mala reforma aprobada en 2014. Como siempre ocurre cuando se discuten tributos, todos aprovecharán la oportunidad para introducir pequeñas modificaciones que favorezcan sus intereses con la, justificada, excusa de que eso ayudará a reactivar la economía. Así las cosas, después de que cierre esta nueva ventana de reforma tributaria que pronto debe abrirse, bien pudiera darse el caso que las arcas fiscales terminen con menos dinero de lo que inicialmente se esperaba y, por lo tanto, habrá menos recursos para financiar la gratuidad. Además, ya que las necesidades para financiar programas sociales aumentan cuando la economía se frena y crece el desempleo, la gratuidad en la educación deberá competir con otras prioridades (como salud, vivienda y subsidios a la pobreza) cuando se asignen los recursos adicionales que deberán entrar al sistema una vez que la nueva reforma tributaria entre en vigencia.
En cierta medida, ahora que se empieza a discutir de nuevo la reforma tributaria, volvemos al punto de partida que el propio gobierno estableció como condición para saber cuáles serían los alcances de la gratuidad. Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En una entrevista con Iván Valenzuela, en Teletrece Radio, el Doctor en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Alfredo Joignant, se refirió a la nueva crisis que enfrenta el gobierno de Michelle Bachelet y las críticas de la oposición.
Además se refirió a las declaraciones del Presidente de RN, Cristián Monckeberg, respecto a las ineficiencias que ha tenido el gobierno en los proyectos políticos 2015. Joignant hace hincapié, que hasta el 2011 era impensado la magnitud de las reformas que se iban a realizar en el país, además de los nuevos cambios del gobierno, refiriéndose al nuevo Ministro Vocero de gobierno, Marcelo Díaz, y al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El académico señala que “vivimos un momento cero en varios sentidos. Un fenómeno inusual de desplome de todos los partidos, un fenómeno de parálisis y mutismo del Gobierno, un fenómeno de parálisis y con ribetes incluso humorísticos de la oposición”.
La semana pasada el ex presidente Ricardo Lagos insinuó que existe una notoria carencia de cooperación económica entre el gobierno y el sector privado. Sus dichos no pasaron desapercibidos en el gobierno. Esta semana el operador político Gutenberg Martínez sugirió que la DC debe levantar un candidato presidencial propio cuanto antes. Sus dichos tampoco pasaron inadvertidos en La Moneda. Tanto Lagos como Martínez implícitamente critican a Bachelet y su programa de gobierno. Mientras Lagos insinúa que la agenda económica debe ser más cooperativa, Martínez sugiere que la conducción política debe ser más moderada.
Las criticas de Lagos y Martínez presagian un quiebre en la centroizquierda. Los dichos de ambos personeros apuntan a que hay un conjunto de personas dentro de la coalición que no se siente cómoda con la agenda económica y conducción política del gobierno. Mientras que el primero advierte que las políticas económicas progresistas del gobierno podrían dañar la economía, el segundo insinúa que la estrategia legislativa radicalizada podría polarizar el sistema de partidos. Tanto Lagos como Martínez apuntan a revivir a la Concertación. Para ambos el modelo cooperativo y moderado de la Concertación es superior al modelo progresista y radical de la Nueva Mayoría.
En el contexto económico actual, un quiebre en la centroizquierda podría ser fatal. Pues la estanflación (simultaneidad del alza de precios, aumento del desempleo y estancamiento económico) podría herir de muerte al gobierno. Las encuestas ya muestran un rechazo de la ciudadanía a la reforma tributaria. Esto, sumado a la pasividad de los empresarios, podría convertir la crisis económica en una crisis política. Una opción del gobierno para evitar esa crisis es abandonar la ruta progresista de la Nueva Mayoría para retomar la senda moderada de la Concertación. Aquello necesariamente implica renunciar a la agenda económica expansionista y retomar el diálogo con los empresarios.
El reciente anuncio del Ministro de Hacienda –de tender puentes con los privados– sugiere que esta será la nueva ruta. Pero la pregunta importante es si la moderación en la conducción económica será suficiente para revertir la estanflación y prevenir sus potenciales efectos políticos. Por una parte, el diálogo promete restituir la relación del gobierno con los empresarios. Pero por otra, si no hay medidas concretas –como una revisión a la reforma tributaria– será una estrategia fútil. Todo depende de la rigidez del gobierno, de cuánto está dispuesto a ceder. Si es poco –como lo ha sido hasta ahora– la situación económica sólo promete propagarse al sistema político.
Una alternativa es adoptar una conducción política más moderada, en línea con lo que sugiere Martínez. Esto no significa potenciar a un candidato presidencial de la DC, simplemente implica mostrar una señal de mesura. Un cambio de gabinete que favorezca a la DC y al sector más moderado de la izquierda serviría para tales efectos; un cambio de gabinete que reemplace a ministros progresistas de la Nueva Mayoría por ministros moderados de la Concertación. Es un recurso probado, pues el gobierno de Piñera tuvo que hacer un enroque similar. Sólo pudo producir resultados después de reclutar a Allamand, Chadwick, Longueira y Matthei.
Un cambio de gabinete serviría para complementar la decisión de tender puentes con el empresariado. Si Bachelet sólo toma medidas económicas, no detendrá el problema. Pues el origen del problema es político, no económico. Un cambio de gabinete generaría garantías desde el sector político para el empresariado. Si las personas a cargo de conducir las reformas tienen una agenda progresista, en contra de los intereses del sector privado, será difícil revertir la situación económica. El gobierno debe considerar reemplazar a los ministros que no han estado a la altura del conflicto. Sobre todo a aquellos que han estado encargados de la transformaciones más progresistas y radicales.
