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1. Resultados de la Encuesta “Radiografía al Congreso: ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas?”

   Enero 7, 2019 9:44 am Leave a Comment

   El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales.  La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.

   En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

   El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:

   • Modificación del período presidencial
   • Límite a reelección de congresistas
   • Voto voluntario/Obligatorio
   • Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
   • Congreso Uni/bicameral
   • Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
   • Reforma vs. Nueva Constitución

   Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas

   Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambio es la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.

   En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.

   En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo).   Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).

   Mayoría favorece el voto obligatorio.        

   Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente).  En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.

   A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.

   Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.

   Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.

   Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.

   Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.

   ¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.

   El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.

   El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.

   Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución

   Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.

   De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.

   Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%

   Ficha técnica Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas).  Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.

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2. ¿Quién le teme a la elección directa de intendentes?

   Agosto 25, 2016 10:44 am Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   La Presidenta Bachelet tiene una oportunidad inmejorable para cumplir una de sus promesas de campaña. La elección directa de los intendentes no sólo dará mayor vigor a las regiones, sino que también resolverá la particular dualidad del sistema político local: intendentes designados y consejeros regionales elegidos. ¿Por qué no se avanza más decididamente en esta reforma? ¿Quién le está colocando el freno de mano? ¿Cuál es el miedo? O, más bien dicho, ¿quién tiene miedo?

   Más allá de los beneficios para la gestión local y para la provisión de políticas públicas hacia las regiones, mis respuestas apuntan a la dimensión estratégica de la reforma. Mi argumento es que los opositores a la elección de los intendentes no lo hacen en función de las eventuales atribuciones y competencias de la nueva autoridad, sino que temen quedar debajo de la mesa en materia de representación regional. Adicionalmente, ese miedo también viene de parte de algunos diputados. Según ellos mismos sostienen en privado, los intendentes serán figuras que opacarán a los congresistas. Dado que ese intendente tendrá más votos que cualquier diputado e incluso que un senador, entonces los congresistas quedarán al final de la cadena de mando. Esta es una excusa poco atendible. Los legisladores debiesen pensar en cómo hacer más eficiente su gestión y en cómo mejorar sus niveles de aprobación ciudadana en lugar de bloquear una reforma que impone mayores niveles de competencia electoral. Son estos argumentos los que tienen al Congreso en los últimos lugares de confianza institucional.

   ¿Quién le teme a la reforma? Naturalmente, los partidos -antes de tomar esta importante decisión- evalúan costos y beneficios. Los partidos que tienen mayor fuerza territorial y que cuentan con estructuras organizativas institucionalizadas estarán mejor aspectados para enfrentar la elección de los intendentes. Los partidos más personalistas, en tanto, tenderán a restar sus apoyos a la reforma, pues se sienten en desventaja frente a los partidos con mayor tejido social. Sin embargo, desde estos partidos personalistas se critica justamente que la elección de los intendentes contribuirá a elevar los niveles de personalización de la política. Por tanto, hay una inconsistencia en el argumento. Quizás, sería razonable transparentar las opciones hacia la reforma, evaluando si en realidad lo que se critica es el personalismo o si se trata de un problema práctico de estos partidos. Es decir, que no cuentan con liderazgos locales para competir.

   Paralelo a esta discusión está el debate en torno al sistema electoral para elegir a los intendentes. He sugerido que ese sistema sea de mayoría calificada del 40%. Tanto los sistemas de mayoría absoluta como los sistemas de mayoría relativa entregan incentivos para una mayor fragmentación. En un sistema de mayoría absoluta, y ante la expectativa de que ningún candidato llegará al 50%, es plausible que explote el número de candidatos en la primera vuelta, facilitando el acceso de outsiders o candidatos populistas a la segunda vuelta. Igual cosa podría suceder con un sistema de mayoría relativa, especialmente en zonas geográficas con mayor volatilidad o inestabilidad en los patrones de votación. Un sistema de mayoría calificada del 40%, en mi opinión, genera los suficientes incentivos para construir coaliciones y, adicionalmente, evitar segundas vueltas innecesarias, frenando -en la medida de lo posible- la consolidación de candidatos exógenos a las coaliciones mayoritarias. Ningún sistema electoral es capaz de bloquear a candidatos populistas, pero algunos -por lo menos- establecen más obstáculos que otros.

   Llegó el momento de avanzar sin miedo en esta reforma. Los temerosos deberán dejar atrás sus dinámicas centralistas, y los entusiastas deberán pelear con más fuerza en este último tramo del debate.

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3. Pensiones: “No habrá reformas radicales en Chile”

   Agosto 1, 2016 11:22 am Leave a Comment

   

   Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP

   Deutsche Welle habló con Cristóbal Rovira Kaltwasser, de la Universidad Diego Portales, con sede en Santiago, sobre la historia y el posible desenlace del conflicto en torno al sistema privado de pensiones en Chile.

   Las deficiencias de los sistemas de pensiones y la sostenibilidad de los mismos, de cara al aumento de la expectativa de vida de la población, es objeto de intensos debates en muchos países, no solamente en Chile, donde entre medio millón y un millón de personas marcharon en diversas ciudades para protestar contra las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP), las empresas privadas que administran el dinero de los cotizantes. Lo que hace del chileno un sistema de capitalización individual singular es la historia de su origen.

   Chile es una de las naciones latinoamericanas que con mayor celeridad implementó la reforma neoliberal del Estado en los años ochenta. Los tres pilares de ese proceso se erigieron en los ámbitos de la educación, la salud y las pensiones con la privatización de los mismos, impuesta por la cúpula política de la época. El fenómeno que se registra en Chile desde mediados del decenio pasado apunta en dirección contraria: se trata de la politización de la desigualdad generada por aquellos cambios, aplicados a la fuerza durante la dictadura de Augusto Pinochet.

   Los actores sociales que hoy presionan desde abajo claman por que se desmonten o se modifiquen las reformas de hace tres décadas, que tuvieron secuelas positivas para la economía nacional y otras más bien nefastas para la población chilena. El crecimiento económico del país no se ha detenido; su problema es cada vez menos el índice de pobreza en sí y cada vez más la desigualdad entre pobres y ricos. Así lo explica, en entrevista con DW, Cristóbal Rovira Kaltwasser, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales, con sede en Santiago, e investigador invitado del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

   Deutsche Welle: ¿Por qué se intensifica ahora el rechazo hacia un sistema de pensiones que ya tiene 35 años en marcha?

   Cristóbal Rovira Kaltwasser: Las primeras personas que empezaron a cotizar bajo ese sistema comenzaron a recibir sus pensiones hace poco. El Estado prometió que el sistema sería la panacea al evitarle déficits al Estado y garantizarle grandes cantidades de dinero a los cotizantes. Después de todo, las cotizaciones serían invertidas con miras a producir ganancias. Hoy día vemos que el grueso de los jubilados recibe pensiones sumamente bajas, en muchos casos equivalentes o menores al sueldo mínimo. Eso las hace poco sostenibles a largo plazo.

   ¿Qué se hizo en el pasado y qué se propone ahora para evitar el empobrecimiento sostenido de los jubilados?

   En Chile se hizo una pequeña reforma para ofrecerle una pensión mínima –equivalente a 200 euros al mes, aproximadamente– a quienes nunca cotizaron o cotizaron muy poco. En el debate actual se están planteando las siguientes alternativas: la opción radical es eliminar por completo las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y regresar a un sistema solidario controlado por el Estado, similar al sistema de pensiones socialdemócrata europeo. La opción conservadora es mantener y optimizar el mecanismo de las AFP.

   Una de las cosas que se pueden hacer para mejorar el funcionamiento de las AFP es fomentar la competencia entre las seis que existen en Chile. De ahí que se hable de crear una AFP estatal que, al cobrar comisiones más bajas, obligue a las privadas a bajar las suyas. No creo que esta idea llegue a implementarse este año, pero va a estar en la agenda de discusión. También se ha exigido que se regule más severamente la actuación de las AFP: los parámetros que aplican a la hora de cobrar y en qué sectores pueden o no invertir, por ejemplo.

   El Ejecutivo chileno creó una comisión, bautizada Comisión Bravo en alusión al economista que la dirige: David Bravo. Este recopiló datos y analizó información sobre el funcionamiento de los sistemas de pensiones en otros países del mundo, y luego le explicó al Gobierno qué aspectos del sistema de pensiones chileno deben modificarse o no. Bravo mencionó, por ejemplo, la necesidad de elevar progresivamente la edad a partir de la cual los ciudadanos pueden jubilarse y aumentar los aportes de los empleadores a las cotizaciones.

   La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) recomendó promover planes de ahorro previsional voluntario, como los implementados en Alemania desde principios de siglo: las llamadas “pensiones Rürup” o “pensiones Riester”…

   Esos planes ya se aplicaron en Chile y creo que llevan ese mismo nombre: Ahorro Previsional Voluntario (APV). La “gracia” de los planes de APV es que cobran comisiones relativamente bajas. El problema es que el sector de la población chilena que tiene suficiente dinero al final de mes para pagar un APV –la clase media y la media-alta– es muy pequeño; el grueso de la sociedad tiende a cobrar sueldos muy bajos y a estar muy endeudado. Dada la estructura social de Chile, los APV no son la solución para el problema de las pensiones.

   A sus ojos, ¿cuál de estas propuestas tiene mayor probabilidad de ser implementada?

   Las presiones que ejerce la sociedad civil para que la reforma del sistema de pensiones tenga lugar están siendo procesadas por el sistema político; pero los interesados en mantener el status quo son muy fuertes. El retorno al sistema de reparto previo a 1981 no tiene posibilidad alguna de consumarse. Los cambios que se harán serán puntuales, no sistémicos. Las AFP seguirán en pie y su funcionamiento será ‘optimizado’ mediante una mayor injerencia del Estado y otras medidas como las que describí anteriormente.

   Las AFP fueron muy astutas al incluir a políticos activos en sus directorios, cuyos cargos son muy bien pagados. Muchos de esos políticos son miembros de la Nueva Mayoría, la coalición de Gobierno que encabeza la presidenta Michelle Bachelet. Eso deja en evidencia el conflicto de intereses prevalente. Los políticos que forman parte de los directorios de las AFP no tienen incentivo alguno para hacerle grandes modificaciones al sistema y mucho menos para promover la desaparición de las AFP.

   Además, la Nueva Mayoría es una alianza heterogénea; sus integrantes van desde comunistas hasta demócrata cristianos. Sus posiciones comunes son mínimas. Hasta marzo de 2018, cuando termina el mandato de Bachelet, no habrá reformas radicales. Después, cuando entre en vigor el nuevo sistema electoral –que propiciará una mayor diversidad en el Parlamento–, podrían emerger nuevos tipos de alianzas… Aún así, me cuesta imaginar que esas nuevas coaliciones obtengan la cantidad de votos suficiente como para desmontar el sistema privado de pensiones y fundar uno cien por ciento estatal.

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4. “Lo digital es una gran ficción”

   Junio 16, 2016 11:19 am Leave a Comment

   

   Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.

   Analista explica que un trending topic puede sumar 1.500 tuits, mientras un punto de rating equivale a llenar el Estadio Nacional.

   El director del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, Fernando García Naddaf, fue uno de los expositores en el IX Congreso Mundial de Comunicación Política en Buenos Aires. Una de las cosas que lo impresionaron en ese congreso fue la cantidad de veces que Chile y la Presidenta Michelle Bachelet fueron usados como ejemplo por su llegada al poder en el primer gobierno, y no con el actual.

   -¿Cuál es la diferencia entre Bachelet 2009 y la actual?

   -En su primer gobierno hubo un cuento, desde ser la primera mujer Presidenta y que no era la que representaba a la élite política. Era la mujer que prometía un cambio, que daba garantías. Ese relato inspiró a mucha gente, y este segundo mandato no lo tiene. La gran deuda es su ausencia de liderazgo. Una decepción.

   -¿En qué se ve esa ausencia?

   -Cuando tienes liderazgo, construyes un relato con el cual inspiras a los ciudadanos, creas un consenso con valores y retórica. Aquí no hay un cuento. Como en el 21 de mayo, donde siempre hay operaciones simbólicas: evocar el pasado buscando identidad de la comunidad, interpretándolo con el presente y dando una imagen de futuro. Este año vimos una Bachelet pusilánime, débil, falta de energía. Y más que operaciones simbólicas, pequeños clichés.

   -Pero su campaña con reformas que la devolvió a La Moneda. ¿No era relato?

   -Fue un collage de imágenes, porque la coalición es muy dispar. Un líder le tiene que dar forma, interpretar la realidad, inspirar, tener un trabajo conceptual, dar argumentos. Esas cosas no están ocurriendo. ¿Cómo con esas reformas tan importantes no eres capaz de moverlas desde abajo, darles sentido? Tiene que resignificar el mensaje para quienes votaron por ella. ¡No me cabe en la cabeza que la Presidenta no salga a defender al proceso constituyente con inspiración!

   -¿La culpa es de sus asesores?

   -El problema de Bachelet no es de comunicación, es político. Los asesores comunicacionales tienen la peor pega: si lo hace mal el político, es culpa del asesor, si lo hace bien el político, es porque es buen político.

   -Ella no tiene redes sociales personales, como Macri, Correa o Piñera. ¿Le juega en contra?

   -Lo digital es una gran ficción. Un trending topic pueden ser 1.500 tuits, pero un punto de rating en la TV son 65.000 personas, un Estadio Nacional lleno. Su único valor es cuando un tuit pasa a los medios tradicionales, como una caja de resonancia. En Chile tenemos un récord, porque el político más tuitero de América Latina es Tomás Jocelyn-Holt, con 117 mil tuits. Pero también tiene el récord de ser el presidenciable chileno menos votado en la historia. Sus tuits triplican a sus votantes, esa es la ficción. Algunas veces tener redes no genera más adeptos.

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5. Ninguna reforma más, salvo por la nueva constitución

   Mayo 30, 2016 1:38 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional.

   En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la obra gruesa de su gobierno estaba casi terminada. Pero en tanto su gobierno continúe haciendo fuerza para poner en marcha un proceso constituyente, seguirá reinando la incertidumbre respecto al futuro de la principal obra gruesa sobre la que se sustenta la institucionalidad de Chile.

   Ante las crecientes críticas en el país sobre la conveniencia de ponerle freno al espíritu fundacional de este gobierno, Bachelet declaró que “la mayor parte de la obra gruesa terminó y ahora viene la fase de implementación”. Buscando tranquilizar a los que acusan al gobierno de promover la incerteza jurídica y la incertidumbre respecto al marco institucional que regirá la actividad económica en los próximos años, Bachelet quiso aclarar que el periodo de reformas ya estaba llegando a su fin.

   Pero la tranquilizadora frase inmediatamente fue contradicha por la evidencia. La Presidenta anunció que en el mes de junio enviaría el proyecto de ley que regulará el sistema de gratuidad en la educación superior. En estos días también han sido notorias las discrepancias en el gobierno sobre cómo responder a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical. El gobierno está considerando buscar una reforma constitucional que establezca la titularidad sindical o introducir un veto sustitutivo para eliminar aspectos a favor de la flexibilidad laboral que habían sido introducidos como monedas de cambio por la implementación de la titularidad sindical. La iniciativa de reforma política que busca la elección directa de los intendentes no puede sino ser catalogada como obra gruesa. De hecho, sería el paso más significativo en pro de la descentralización tomado desde el retorno de la democracia.

   Pero no hay evidencia más incuestionable sobre la persistencia del espíritu fundacional de la Nueva Mayoría que el esfuerzo al que se ha abocado el gobierno para dar marcha a un proceso constituyente. Es cierto que hasta ahora, el proceso no es sino un gran focus group que recogerá las visiones de los que quieren participar para lo que en definitiva será una propuesta de nueva constitución redactada por el gobierno. Los encuentros locales que se están realizando son solo instancias consultivas sin poder resolutivo. Si bien el gobierno ha declarado que las conclusiones de estos encuentros serán tomados en cuenta, la falta de especificidad sobre cómo serán tomados en cuenta en la propuesta que Bachelet haga al Congreso —y que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 en ambas cámaras— levanta justificadas dudas. Es bueno sentarse a conversar con otros sobre el Chile que queremos, pero no tiene mucho sentido creer que esa conversación tiene poder resolutivo sobre el texto de propuesta constitucional que el gobierno presentará al Congreso.

   Con todo, aunque el proceso constituyente no sea tal, el solo hecho de que el gobierno haya decidido darle ese nombre refleja el compromiso con una nueva constitución para Chile. Como fue una promesa de campaña de Bachelet —tal vez la más importante—, nadie puede sentirse engañado de que la Presidenta esté intentando impulsar un proceso constituyente. Aquellos que en 2013 restaban valor a la promesa de Bachelet de que impulsaría una nueva constitución se equivocaron. Muchos en el PDC y en el empresariado que entusiastamente apoyaban la candidatura de Bachelet decían, en privado, que no habría nueva constitución, solo reformas a la actual. De hecho, incluso hoy, algunos aliados de la Presidenta prefieren hablar de reforma constitucional en vez de aceptar que el gobierno de la coalición de la que forman parte está profundamente comprometido con lograr remplazar la Constitución de 1980.

   Ya que Bachelet lo prometió en campaña y su gobierno ahora intenta cumplir esa promesa, el esfuerzo por impulsar un proceso constituyente que resulte en una nueva constitución será la principal iniciativa del gobierno en los próximos meses. Pero, por eso mismo, resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional. Desde la posibilidad de establecer la titularidad sindical en la constitución hasta la disputa sobre si la educación superior deberá ser declarada como un derecho al que todos tendrán acceso gratuitamente, la nueva constitución reabrirá el debate sobre todos los puntos que el gobierno considera como parte de su obra gruesa y sobre todos los otros valores e instituciones que son parte de una constitución.

   Uno puede o no estar de acuerdo con que Chile necesita un nuevo texto fundamental. Pero aquellos que creen que el país precisa de una nueva constitución —y que están activamente trabajando para impulsarla— no pueden decir también que la obra gruesa del gobierno está casi terminada.

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6. Para hacer reformas, nosotros o el caos

   Abril 5, 2016 3:33 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   La frase de Bachelet recuerda la del propio Pinochet, cuando, al buscar diferenciarse de sus opositores, dijo que las opciones que tenía Chile eran él o el caos.

   Cuando la Presidenta Bachelet declaró que “nuestros adversarios no saben hacer reformas, pero sí saben desmantelarlas”, dejó entrever una visión autoritaria. Si bien Bachelet tiene todo el derecho a creer que la derecha hará malas reformas, arrogarse el monopolio de las reformas —sin un mea culpa sobre los errores cometidos en las reformas que ha impulsado— refleja una errada concepción de que ella es dueña de la verdad absoluta.

   Si bien en política, como en cualquier mercado competitivo, los oferentes deben competir por destacar sus fortalezas y subrayar las debilidades de sus rivales, el discurso que se construye a partir de la descalificación de los rivales —y no las virtudes propias— es profundamente antidemocrático. Después de todo, si los rivales no tienen legitimidad para gobernar, ¿qué capacidad de elegir tendrán los chilenos en la próxima elección?

   En democracia, los ciudadanos ejercen su derecho a premiar a los que ostentan el poder o castigarlos, escogiendo alguna alternativa de oposición para hacerse cargo del país. La idea de que hay solo un partido con superioridad moral para gobernar es propia de los autoritarismos. Si bien en los años inmediatamente posteriores a la dictadura militar, la derecha chilena tuvo que cargar con el lastre de haber apoyado al régimen autoritario, hoy ninguna coalición tiene superioridad moral sobre la otra. Los que creen que la derecha o la Nueva Mayoría están descalificadas para gobernar poseen valores impropios en un sistema democrático. Uno puede perfectamente preferir a una coalición sobre la otra, o creer que el país avanzará en una dirección equivocada si gana el sector con el que no nos identificamos. Pero creer que solo una coalición es capaz de hacer reformas refleja una concepción equivocada sobre cómo funcionan las democracias.

   De más está aclarar, por cierto, que no basta con hacer reformas. Hay que hacerlas bien. Aun aceptando que distintos gobiernos harán sus propias reformas —un gobierno de derecha hará reformas compatibles con su visión de sociedad mientras que uno de izquierda hará reformas que avancen en la dirección opuesta—, las reformas pueden ser evaluadas respecto a su capacidad para alcanzar los objetivos anunciados al momento de implementarlas. Así, por ejemplo, si un gobierno realiza una reforma tributaria prometiendo que los nuevos dineros financiarán la gratuidad en la educación superior, podemos evaluar el cumplimiento de esa reforma si efectivamente logra su cometido.

   Así, dejando de lado el debate sobre la conveniencia de introducir la gratuidad en la educación superior, podemos evaluar la calidad de la reforma implementada por el gobierno de Bachelet a partir de los resultados que ha producido. Como se prometió que se recaudaría mucho más dinero y que la gratuidad alcanzaría para muchas más personas que las que han sido beneficiadas, es apropiado concluir que la reforma educacional que impulsó Bachelet fue una mala reforma, ya que no alcanzó el objetivo prometido. Más aún, como hubo que hacer una reforma a la reforma tributaria, surgen fundadas dudas sobre la solidez del diseño sobre el que se sustenta la promesa de educación superior gratuita universal.  No se trata entonces solo de discrepar sobre la conveniencia de construir el edificio que se buscaba construir. Los cuestionamientos a la reforma educacional de Bachelet también se pueden hacer sobre la viabilidad de que ese edificio se mantenga en pie dada la forma en que fue construido. De ahí que resulte especialmente paradojal que el propio gobierno esté hablando de que la obra gruesa de las reformas ya ha sido terminada. Más allá de las legítimas discrepancias sobre la conveniencia de construir el edificio de reformas que Bachelet prometió construir, hoy abundan dudas sobre la solidez de la obra gruesa de las reformas que ha impulsado este gobierno.

   Es indiscutible que este gobierno no ha sabido hacer bien sus reformas. Pero incluso si las reformas hubieran sido bien hechas —esto es, si hubieran permitido modificar el modelo de libre mercado que ha existido en Chile desde el retorno de la democracia—, descalificar a los adversarios argumentando que ellos no saben hacer reformas —solo desmantelarlas— supone que existe solo un tipo de reformas o una sola hoja de ruta por la que puede avanzar el país. En democracia, los partidos y las coaliciones presentan distintas hojas de ruta y los electores optan por cuál de ellas el país seguirá avanzando.

   Cuando un político argumenta que solo su sector sabe cómo hacer reformas o que la única hoja de ruta posible es la propia, ese político desnuda una preocupante tendencia autoritaria. De hecho, ese tipo de declaraciones recuerdan la advertencia del dictador Pinochet, cuando descalificaba a sus adversarios sugiriendo que no sabían hacer reformas. De hecho, la frase de Bachelet recuerda la del propio Pinochet, cuando, al buscar diferenciarse de sus opositores, dijo que las opciones que tenía Chile eran él o el caos.

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7. Expertos advierten que única salida de Bachelet es cambiar el rumbo

   Septiembre 3, 2015 3:01 pm Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Mandataria dijo que las reformas seguirán adelante; mientras que ministro Burgos asume como “una mala radiografía” los resultados del sondeo.

   “Citando a Einstein: para obtener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas”. Esa es la conclusión del analista de la UAI, Max Colodro, ante los magros resultados arrojados por la encuesta GFK Adimark de agosto dada a conocer ayer, y que arrojó 24% de apoyo a la gestión de la mandataria y 72% de desaprobación. Según la encuestadora estas cifras son las más bajas de la línea histórica obtenidas por un presidente desde el inicio de esta evaluación en 2006.

   Diversas son las causas que, según analistas consultados por DF, explican la sostenida caída de la adhesión ciudadana de la mandataria y que se ha observado con tono creciente desde el estallido del caso Caval en febrero de este año. Exceso de expectativas, incertidumbre, indefinición, inconsistencia y un mal manejo del actual vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, son algunos de los factores que explican estas malas cifras para La Moneda.

   ¿Posibilidad de repunte? Sólo si de forma certera y convincente la mandataria logra cambiar el rumbo de las reformas y acercarse a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos.

   La caída

   “El problema de Bachelet y de este gobierno se basa en una política y estrategia de la indefinición, de la inconsistencia. Frente a las grandes reformas y problemas estructurales de larga data, la receta de la Moneda y de la Presidenta no es coherente, clara, convencida y convincente”, señala el director del magíster en Comunicación Estratégica de la UAI, Juan Cristóbal Portales. Agrega que la sostenida caída presenta, entre otros factores, la desilusión que existe en los sectores de estratos más bajos de la población: “Durante el primer año de gobierno de Bachelet (abril a diciembre de 2014, supuestamente su gran mes), su aprobación bajó de 53 a 40%. La desaprobación subió de un 32 a un 53%. Luego, durante este año su aprobación ha ido cayendo persistentemente de un 39% al 24% actual. Quienes más castigan a Bachelet son los segmentos más vulnerables”.

   Colodro apunta en este sentido a que existe una “desafección” con la ciudadanía dada por el exceso de expectativas que hubo ante las reformas: “El gobierno está viviendo una crisis de expectativas muy profundas. Hay aquí una desafección y un escepticismo, una caída en la confianza que tiene que ver con las expectativas que se generaron con las reformas que el gobierno planteó durante la campaña y que de algún modo no se han visto cumplidas en la medida en que las mismas reformas han generado muchas incertidumbre”. El analista cree que el factor económico se está transformando en algo central ante una “caída de la inversión el empleo y una creciente inflación”.

   Los expertos coinciden en que una de las salidas para mejorar esta situación es que la Presidenta simplemente se dé cuenta de la realidad y cambie el rumbo. “Parte de ese apoyo y cariño es posible de recuperar si y solo si, la Presidenta abandona de manera definitiva la tesis refundacional que la ha tenido en un pedestal en comparación a lo que hizo en su primer gobierno, donde su estrategia era muy de calle y de contacto directo con la ciudadanía”, sostiene el académico de la UDP, Mauricio Morales. Portales agrega que la única salvación es que comience a “diseñar reformas en clave de responsabilidad, no de slogan, asumiendo y explicando a la ciudadanía el carácter gradual y pertinente de las transformaciones”.

   ¿Problemas de vocero?

   Morales agrega que hay un responsable con nombre y apellido que ayuda a este mal momento: el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. “Tenemos un vocero que no es capaz de transmitir de manera correcta lo que está haciendo el gobierno. Elizade lo que hacía era comunicar, quizás no defender como lo hace un mowat, o como lo hace un pánzer, pero por lo menos comunicaba, no defendía. En el caso de Díaz pareciera que siempre anda volando en las nubes en lugar de defender y comunicar no hace bien ni lo uno ni lo otro”.

   Portales, en tanto, cree que Díaz es preso de las “indefiniciones del gobierno”, pues “es quien está expuesto a la balas y visibiliza la precariedad del liderazgo bacheletista y de su plan reformista”.

   La preocupación de Burgos y la convicción de Bachelet

   La Presidenta sin aludir directamente a la encuesta señaló ayer que el camino de las reformas no tiene freno: “En la vida hay que seguir adelante, sin importar los cálculos mezquinos de unos pocos”, agregando que el programa continuará -y en especial la reforma educacional- sin importar las “trampas en el camino”, ni los “rumores infundados”.

   Mientras que el ministro del Interior, Jorge Burgos, encendió las alarmas ante las magras cifras: “Es una mala fotografía, sin duda, y no hay que echarle la culpa al cartero. En consecuencia, es un desafío permanente de que la próxima encuesta sea mejor”.

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8. Comentario de la actualidad política: Alfredo Joignant

   Agosto 31, 2015 2:51 pm Leave a Comment

   

   Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales

   En entrevista con Mesa Central, de Radio Tele13, Alfredo Joignant, doctor en ciencia política y profesor de la U. Diego Portales, además de investigador del Centro para la Cohesión Social y el Conflicto, se refirió a temas de la contingencia política, como la polémica por la llegada de Sergio Bitar al consejo consultivo para la educación, algo que se origina por su gestión como ministro de Ricardo Lagos. Otro de los temas en discusión, fueron los problemas de la conducción política del Gobierno en las diversas reformas que se pretenden implementar.

    

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9. La nueva Constitución que prometió Michelle Bachelet

   Julio 28, 2015 8:46 am Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   No una reforma, sino una nueva Constitución fue lo que prometió Michelle Bachelet en su campaña ¿Ha perdido fuerza esta idea? En una conversación con Francesco Gazzella, en Cadena Nacional,  el cientista político Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la U. Diego Portales, da a conocer cuáles son los nuevos propósitos de la Nueva Mayoría, y la crisis que atraviesa el gobierno.

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10. ”Quedan dudas respecto de la capacidad de diálogo con los parlamentarios”

    Julio 27, 2015 3:12 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    -¿Qué análisis se puede  hacer de la gestión del gobierno tras la compleja aprobación de la carrera docente?

    -Al final logró ordenar los votos y obtener la aprobación, cosa que había estado en problemas. Sin embargo, a la coalición de gobierno le hace falta generar espacios de diálogo y de solucionar conflictos internos. Quedan dudas respecto a la capacidad de coordinación y de diálogo con los parlamentarios que es fundamental. Eso va ser vital que se mejore. Es un buen resultado sacar el proyecto, pero con una mala imagen de cómo se hizo el procedimiento interno para llegar a la aprobación del texto.

    -¿Nicolás Eyzaguirre está cumpliendo con la premisa de mayor diálogo con la que llegó a este gabinete?

    -Es muy temprano para evaluar eso. Se está instalando. Más que Eyzaguirre es la coordinación que hay entre los distintos ministerios políticos y sectoriales.

    -¿En qué posición queda la NM tras las divisiones internas vistas la semana pasada?

    -Evidentemente hay una diferencia importante programática dentro de la NM que van a tener que resolver: cuánto realismo y cuánta renuncia que es lo clave que tienen que definir, porque lo que demuestra el caso de la carrera docente es que hay diferencias en los énfasis, los procedimientos y la profundidad de las reformas.

    -¿Se puede solucionar eso en un cónclave?

    -Independientemente del cónclave va existir roces, porque hay diferencias programáticas muy sustantivas dentro de la coalición y, por lo tanto, el cónclave no va a ser una resolución de una tensión interna programática que van a tener que aprender a negociar y administrar dentro de los conflictos internos dentro de la coalición.

    -¿Este protocolo de acuerdo que se firmó con la derecha puede significar una nueva forma de actuar de La Moneda?

    -Eso debería pasar, estructurar un marco básico en algunos temas claves, si  no vamos a estar todas las semanas discutiendo cuál es la renuncia y cuál es el realismo.

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11. Cuando los lobos huelen debilidad

    Julio 22, 2015 11:29 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.

    Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.

    Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.

    En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.

    Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.

    Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.

    Ver columna en El Líbero

12. Corruptos y malos legisladores

    Junio 16, 2015 11:30 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La reforma tributaria deja una lección para el Congreso: es mejor hacer bien las tareas que de manera apresurada.

    A la percepción generalizada de que el Congreso está mayoritariamente habitado por personas carentes de sentido común para entender la existencia de conflictos de interés —e incluso uno que otro abiertamente corrupto— debemos sumar dudas fundadas sobre qué tan responsables son cuando votan las leyes.

    La declaración del presidente del Senado, Patricio Walker, de que es probable que se necesite hacer una nueva ley para corregir los errores de la reforma tributaria de 2014 constituye un reconocimiento tácito de que el primer año del gobierno de Bachelet estuvo dominado por el apresuramiento en el proceso legislativo. Reabrir el debate tributario a menos de un año de haberlo declarado cerrado alimenta todavía más los ya altos niveles de incertidumbre en el país. Peor aún, sugerir que sea el Congreso —conformado por el mismo grupo de irreflexivos legisladores y con una reputación todavía peor— el encargado de corregir su propia mala ley siembra fundadas dudas sobre qué tan buenos serán los ajustes. Igual que un maestro chasquilla que promete (ahora sí) arreglar las cosas después de dejar la embarrada, el presidente del Senado advierte que van a tener que entrar a picar (de nuevo) sin asumir la responsabilidad institucional por enviar una mala ley al Ejecutivo para su promulgación.

    El sistema político chileno es fuertemente presidencial. Solo el Ejecutivo tiene facultad para iniciar legislaciones en cuestiones que involucren presupuesto. De ahí que cualquier reforma tributaria solo puede emanar de un mensaje presidencial. Además, el Congreso debe legislar de acuerdo a las urgencias establecidas por el Presidente. El sistema es tan presidencial que el Ejecutivo puede decretar que una legislación debe tener discusión inmediata, lo que obliga a la cámara respectiva a votar la iniciativa en tres días. Pero el Congreso tiene una enorme capacidad de bloquear al Ejecutivo. Como casi todas las leyes significativas tienen requisitos de súper mayoría —que van de 4/7 a 2/3—, el Congreso puede ejercer presión sobre el Ejecutivo con la amenaza de votar en contra del proyecto. Si bien la reforma tributaria solo requería de mayoría simple, el solo hecho que hubiera voces que expresaron reparos a algunos elementos de la reforma obligó al Ejecutivo a negociar en el Senado.

    En la Cámara primó la borrachera de la retroexcavadora y los diputados irresponsablemente actuaron con la misma premura de una comisión legislativa en tiempos de la dictadura, aprobando lo que envió el Ejecutivo sin cuestionar nada. Pese a los abultados sueldos que reciben, los diputados demostraron una enorme incapacidad para hacer bien su pega de legislar.

    Si bien el Ejecutivo se vio obligado a hacer concesiones —tanto para lograr el apoyo de los senadores díscolos del PDC como para buscar que la reforma fuera aprobada también con votos de derecha—, el Senado no fue capaz de usar su amenaza de bloqueo para lograr que la reforma tributaria alcanzara el objetivo de recaudación y mantuviera el razonable principio de que las mejores reformas tributarias son aquellas que simplifican el código. Buscando minimizar el impacto sobre las pymes, la reforma creó dos sistemas de tributación, generando cuestionamientos inmediatamente entre los expertos tributarios. Pero como La Moneda estaba inspirada por la promesa de “reformas y no reformitas”, el gobierno se obstinó y el Senado terminó por validar y legitimar una reforma que ahora el propio presidente del Senado reconoce que necesita ser sometida a cirugía.

    Si bien es comprensible que el gobierno haya entrado apurado a la cancha, por la presión que tenía para cumplir sus ambiciosas promesas fundacionales, no había motivo para que el Senado se contagiara con la locura del apresuramiento irreflexivo. El Senado se renueva por mitades cada cuatro años precisamente para evitar que todo el Congreso caiga víctima de las pasiones temporales generadas por la politización propia de las campañas presidenciales. Pero el Senado incumplió su tarea de reflejar los intereses de las mayorías de 2013 —que quería reformas— con la mayoría de 2009 —que quería reformas que apuntaban en otra dirección—. En 2014, el Senado se intoxicó con la creencia de que las reformas rápidas eran mejores que las reformas bien hechas. Esa intoxicación incluyó a los legisladores de la Alianza (y a varios de sus dirigentes y líderes que no tienen escaños en el Congreso) que también se embriagaron con la creencia de que las reformas debían hacerse en forma apresurada.

    Hoy, que se empieza a imponer la percepción de que, respecto a la reforma tributaria de 2014, se va a tener que entrar a picar de nuevo, antes de que la reforma se haya terminado de implementar, la lección para el Congreso debiera ser que es mejor hacer bien las tareas que hacerlas apresurado. Para el resto del país, la lección es que no se puede confiar que este Congreso produzca buenas leyes.

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