Tag Archive: Revista Qué Pasa

  1. ¿Y los intendentes?

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    El proyecto de elegir directamente a intendentes y gobernadores goza, en teoría, de consenso en la coalición de gobierno. Resulta difícil entender que no se le haya puesto urgencia. Aunque se pueden imaginar algunas razones.

    Resulta un tanto inexplicable que el gobierno no ponga urgencia a proyectos que implican cambios relevantes y, al menos de acuerdo al discurso público de los representantes de la Nueva Mayoría, están ampliamente consensuados, como la elección directa de los intendentes o gobernadores regionales. La idea de legislar fue aprobada casi por unanimidad en el Senado. ¿Por qué no aprovechar este apoyo legislativo y sacar adelante una reforma concreta que además cuenta con un sólido respaldo ciudadano? Las encuestas de la UDP de 2013 y 2014 muestran que tanto los ciudadanos de regiones como de Santiago le asignan una alta importancia a esta reforma. Algunos pensarán que esta reforma estará incluida en la nueva Constitución. Pero esa nueva Carta no está garantizada, y menos con un gobierno que cosecha cerca de un 30% de aprobación.

    Resulta curioso que la reforma cuente con un apoyo legislativo tan evidente, pero más curioso aún es la postura de algunos legisladores que públicamente respaldan la reforma, pero que en privado se muestran —por decirlo de manera elegante— timoratos. Para los legisladores, los miedos pasan fundamentalmente porque la elección directa de los intendentes desordenaría el mapa de poder. Los diputados quedarían al final de la cadena de mando. Hoy son esos diputados los que inciden en la nominación de los intendentes.

    Probablemente, en sus mentes esté la idea de que si el intendente es electo, será él quien vise las listas de candidatos a diputados.

    Algo similar pasa con los senadores, que ven en un intendente electo la competencia directa. Ese intendente tendría más votos que cualquier senador, accediendo a una vitrina única para alzarse como figura presidencial. En consecuencia, los miedos de algunos legisladores poca relación tienen con el diseño institucional y las atribuciones o competencias del intendente electo. Más bien, sus sospechas se concentran en la distribución de poder.

    ¿Cuáles son los beneficios políticos de la elección directa de los intendentes? Primero, un intendente electo podría contribuir a sacar de la modorra electoral a los ciudadanos, y en especial a los de regiones. Segundo, los liderazgos presidenciales no provendrían exclusivamente de la Región Metropolitana. Tercero, los partidos podrían reactivarse territorialmente, concentrando sus esfuerzos más allá de la presidencial o de las legislativas. Incluso, si se aplicara un sistema electoral de doble voto simultáneo, las comunas pequeñas de las regiones serían muy relevantes. Por tanto, las campañas no se focalizarían solamente en los grandes centros urbanos. En este sistema electoral es electo el candidato más votado del pacto o lista más votada. Las coaliciones pueden competir con más de un candidato. Idealmente, uno por partido. Eso incrementaría la oferta y la competencia, generando escenarios de mayor incertidumbre electoral y, teóricamente, de mayor participación. Dado que bajo esta fórmula cuesta más anticipar al ganador, la definición puede ser muy estrecha. Por tanto, las comunas pequeñas adquirirán un inusitado protagonismo. Cuarto, los intendentes actuales no gozan de legitimidad popular, a diferencia de los consejeros regionales. Quinto, dado que en promedio los intendentes duran poco más de dos años en sus cargos, se anula todo plan de desarrollo regional de más largo plazo. Sexto, el intendente estará sujeto alaccountability de los ciudadanos, desahogando así al presidente. Si lo que Chile necesita es un presidencialismo menos exacerbado, son los intendentes electos los llamados a procesar las demandas ciudadanas, descongestionando la agenda presidencial.

    En términos estratégicos, las coaliciones debiesen impulsar la reforma. Si hay elección de intendentes en 2017, la coalición con mayor chance de ganar la presidencial sentirá que también puede ganar todas las intendencias. En tanto, la coalición perdedora verá en las intendencias el único lugar donde refugiarse por cuatro años. Si el intendente no es electo, esa coalición perdedora queda con cero ganancia.

    Muchos han argumentado que el intendente electo oficiará como una especie de faraón, lleno de atribuciones y recursos. Lo que ignoran es que ese intendente deberá relacionarse con el poder central. La presidenta debiera ponerle urgencia al proyecto, para que las nuevas autoridades sean electas en 2017. Esperar una nueva Constitución es postergar y eventualmente sacrificar uno de los cambios institucionales más importantes de la agenda.

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  2. Lanzamiento Encuesta Coes: Un país desconfiado

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    Publicado por Revista Qué Pasa el viernes 20 de marzo de 2015. Ver aquí.

    Esta semana, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, un cuerpo creado para dar un diagnóstico académico al descontento social de los últimos años, liderado por sociólogos y economistas de la U. Católica, la U. de Chile, la U. Diego Portales y la U. Adolfo Ibáñez, presentó su primer estudio sobre confianza en las instituciones. Sus datos son reveladores: sólo dos de cada cien chilenos dicen tener bastante o mucha confianza en los partidos políticos.

    El objetivo era complejo, y tardaron tres meses en definir cómo abordarlo. Era comienzos de 2013, y Conicyt, a través de su Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, había ofrecido un presupuesto inaudito para un proyecto de ciencias sociales: US$ 1.3 millones anuales durante un lustro, para crear un centro especializado en cohesión y conflicto. La idea, que le comentó por teléfono el cientista político Alfredo Joignant, de la UDP, al economista de la U. de Chile Dante Contreras, era dar una mirada científica y multidisciplinaria a la presunta crisis política y social que se había instalado en parte de la opinión pública. “Estábamos con la tensión de las marchas estudiantiles, había mucha incertidumbre del futuro, una sensación de descontento social, mucho ruido intelectual y suposiciones, pero poco conocimiento”, cuenta Contreras, quien rápidamente comenzó a hacer las llamadas pertinentes.

    Empezaron a sumar gente, y líneas de investigación: para el área de dimensiones socioeconómicas del conflicto, al economista de la U. de Chile Daniel Hojman; para interacciones grupales e individuales, a los sociólogos de la U. Católica Juan Carlos Castillo y Matías Bargsted; para conflicto político y social, a Patricio Navia y al abogado Javier Couso; para geografía del conflicto, a la directora de Sociología de la U. Diego Portales, María Luisa Méndez, y al director del Centro de Inteligencia Territorial de la U. Adolfo Ibáñez, Luis Valenzuela. Desde esas cuatro patas, tras ganar el proyecto, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que hoy suma a más de 30 investigadores y decenas de estudiantes de doctorado, posdoctorado y magíster, se lanzó detrás de dos grandes preguntas: cuán conflictiva y cuán cohesionada es la sociedad chilena.

    Esta semana arrojaron sus primeras luces. Luego de realizar entre septiembre y octubre de 2014 una encuesta con más de 300 variables referentes a todas sus líneas de investigación, con una muestra de 2 mil casos presenciales en 72 comunas del país, este jueves el COES lanzó su primer estudio sobre confianza en las instituciones políticas en Chile (el resto de la encuesta irá generando otros estudios durante el año). La elección no fue casual: la agitada coyuntura política, luego de los escándalos de los casos Penta y Caval, reforzó la idea de tomar ese foco como puntapié inicial del centro. Los resultados -pese a ser anteriores a esos dos casos- fueron tomados con preocupación entre los investigadores. “El diagnóstico es bastante pesimista”, dice Dante Contreras. “Estamos muy lejos de legitimar a nuestras instituciones y tener confianza en ellas. Chile está muy lejos de meterse en una trayectoria que nos permita transformarnos en un país desarrollado”.

    CRISIS DE CONFIANZA
    El dato es revelador: sólo el 2.7% de las personas que contestaron la encuesta señalaron tener bastante o mucha confianza en los partidos políticos, la institución menos valorada de todas. El 8.6% dijo tenerla en el Congreso, el 11.9% en los tribunales y el 13.2% en el gobierno. En el otro extremo, un 41% señaló confiar en Carabineros, y un 36.5% en las Fuerzas Armadas. Los investigadores del COES coinciden en que la bajísima confianza en las instituciones políticas -al margen de las municipalidades, con un 26.4%-es la caída final de una variable que viene bajando en las encuestas hace más de un lustro, y que los escándalos políticos de 2015 difícilmente podrán hacer caer más. “Ante la magnitud de estos números, podríamos decir que la desconfianza en Chile tiene algo de universal, transclase, lo cual es bien dramático”, dice Alfredo Joignant. “Difícilmente  las encuestas van a ser útiles de ahora en adelante para medir desconfianza, porque es imposible registrar bajas mayores. Estamos llegando al límite del instrumento, al piso. Es una amenaza muy grave”.

    Como referencia, hace cuatro años la Encuesta Mundial de Valores había marcado para Chile un 16,9% en la suma de las opciones bastante o mucha confianza en los partidos políticos, un 33,6% en el gobierno, un 26,2% en los tribunales y un 24,7% en el Congreso. Los sociólogos del COES Juan Carlos Castillo y Matías Bargsted creen que una de las claves a tener en cuenta es el hecho de que, pese a la caída de confianza en todas las instituciones políticas, hay otras instituciones del Estado que permanecen con niveles elevados, como las fuerzas de orden. “Es interesante el contraste, uno no podría pensar que la gente no confía en nada, pero sí hace la diferencia”, dice Bargsted. “Estamos ante una sociedad donde hay elevados niveles de desafección política, pero no hacia las instituciones en general”.

    Invitada por el COES al lanzamiento de su estudio, la cientista política alemana Sonja Zmerli, autoridad mundial en temas de confianza política e interpersonal, señala que lo más extraño del caso chileno es la gran diferencia en la percepción que la gente muestra de los tribunales, respecto a la de Carabineros. “Por lo general, los dos elementos se correlacionan muy fuertemente, como instituciones imparciales y regulatorias”, dice la académica de la Universidad Goethe de Frankfurt. “Esto es muy inusual y obliga a preguntarse por qué el sistema judicial se ve afectado”.

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    LA MERITOCRACIA
    Uno de los principales objetivos, explican en el COES, era medir la relación entre la confianza hacia las instituciones políticas, y la confianza de la sociedad respecto a sí misma. Los resultados fueron rotundos: frente a la pregunta “¿Diría que se puede confiar en la mayoría de las personas o hay que tener cuidado con ellas?”, sólo un 22% de los encuestados señaló que se podía confiar, frente a un 78% que indicó que hay que tener cuidado con las personas. Dentro del primer grupo, la confianza promedio en instituciones políticas fue de casi 2,3 (donde 1 es nada y 5 es mucha confianza), mientras que en el segundo se quedó en 2. “Hay una conexión fuerte entre creerles a las instituciones políticas y creerle al otro de forma genérica. Eso es superinteresante, y en sociología es como el problema del huevo o la gallina: qué viene primero”, dice Matías Bargsted. “Con el tiempo se ha empezado a enfocar al revés: las sociedades donde las instituciones son dignas de  confianza van alimentando confianza entre las personas”.

    Otra variable relevante en esta línea, señala el sociólogo y subdirector del COES Juan Carlos Castillo, era medir la percepción de desigualdad respecto a la confianza política. Y en esa línea, uno de los indicadores principales que consideraron fue el mérito. Frente a la pregunta “¿En Chile las personas obtienen lo que merecen?”, un 68% dijo estar en desacuerdo, frente a un 22% que sí lo estuvo. El otro 10% no se declaró ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por su parte, la confianza en las instituciones políticas de quienes no estuvieron de acuerdo no llegó al 2, mientras que en el caso contrario superó el 2,3. “Aquellas personas que confían más en las instituciones creen en este principio de que si te esfuerzas, progresarás, y hay una relación entre confianza baja y pensar que no opera”, dice Castillo. “El mérito es lo que te permite legitimar las desigualdades en las sociedades modernas, si desconfías de que funcione, te puede llevar a buscar vías alternativas, extrainstitucionales”.

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  3. Lanzamiento Encuesta Coes: Un país desconfiado

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    Publicado por Revista Qué Pasa el viernes 20 de marzo de 2015. Ver aquí.

    Esta semana, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, un cuerpo creado para dar un diagnóstico académico al descontento social de los últimos años, liderado por sociólogos y economistas de la U. Católica, la U. de Chile, la U. Diego Portales y la U. Adolfo Ibáñez, presentó su primer estudio sobre confianza en las instituciones. Sus datos son reveladores: sólo dos de cada cien chilenos dicen tener bastante o mucha confianza en los partidos políticos.

    El objetivo era complejo, y tardaron tres meses en definir cómo abordarlo. Era comienzos de 2013, y Conicyt, a través de su Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, había ofrecido un presupuesto inaudito para un proyecto de ciencias sociales: US$ 1.3 millones anuales durante un lustro, para crear un centro especializado en cohesión y conflicto. La idea, que le comentó por teléfono el cientista político Alfredo Joignant, de la UDP, al economista de la U. de Chile Dante Contreras, era dar una mirada científica y multidisciplinaria a la presunta crisis política y social que se había instalado en parte de la opinión pública. “Estábamos con la tensión de las marchas estudiantiles, había mucha incertidumbre del futuro, una sensación de descontento social, mucho ruido intelectual y suposiciones, pero poco conocimiento”, cuenta Contreras, quien rápidamente comenzó a hacer las llamadas pertinentes.

    Empezaron a sumar gente, y líneas de investigación: para el área de dimensiones socioeconómicas del conflicto, al economista de la U. de Chile Daniel Hojman; para interacciones grupales e individuales, a los sociólogos de la U. Católica Juan Carlos Castillo y Matías Bargsted; para conflicto político y social, a Patricio Navia y al abogado Javier Couso; para geografía del conflicto, a la directora de Sociología de la U. Diego Portales, María Luisa Méndez, y al director del Centro de Inteligencia Territorial de la U. Adolfo Ibáñez, Luis Valenzuela. Desde esas cuatro patas, tras ganar el proyecto, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que hoy suma a más de 30 investigadores y decenas de estudiantes de doctorado, posdoctorado y magíster, se lanzó detrás de dos grandes preguntas: cuán conflictiva y cuán cohesionada es la sociedad chilena.

    Esta semana arrojaron sus primeras luces. Luego de realizar entre septiembre y octubre de 2014 una encuesta con más de 300 variables referentes a todas sus líneas de investigación, con una muestra de 2 mil casos presenciales en 72 comunas del país, este jueves el COES lanzó su primer estudio sobre confianza en las instituciones políticas en Chile (el resto de la encuesta irá generando otros estudios durante el año). La elección no fue casual: la agitada coyuntura política, luego de los escándalos de los casos Penta y Caval, reforzó la idea de tomar ese foco como puntapié inicial del centro. Los resultados -pese a ser anteriores a esos dos casos- fueron tomados con preocupación entre los investigadores. “El diagnóstico es bastante pesimista”, dice Dante Contreras. “Estamos muy lejos de legitimar a nuestras instituciones y tener confianza en ellas. Chile está muy lejos de meterse en una trayectoria que nos permita transformarnos en un país desarrollado”.

    CRISIS DE CONFIANZA
    El dato es revelador: sólo el 2.7% de las personas que contestaron la encuesta señalaron tener bastante o mucha confianza en los partidos políticos, la institución menos valorada de todas. El 8.6% dijo tenerla en el Congreso, el 11.9% en los tribunales y el 13.2% en el gobierno. En el otro extremo, un 41% señaló confiar en Carabineros, y un 36.5% en las Fuerzas Armadas. Los investigadores del COES coinciden en que la bajísima confianza en las instituciones políticas -al margen de las municipalidades, con un 26.4%-es la caída final de una variable que viene bajando en las encuestas hace más de un lustro, y que los escándalos políticos de 2015 difícilmente podrán hacer caer más. “Ante la magnitud de estos números, podríamos decir que la desconfianza en Chile tiene algo de universal, transclase, lo cual es bien dramático”, dice Alfredo Joignant. “Difícilmente  las encuestas van a ser útiles de ahora en adelante para medir desconfianza, porque es imposible registrar bajas mayores. Estamos llegando al límite del instrumento, al piso. Es una amenaza muy grave”.

    Como referencia, hace cuatro años la Encuesta Mundial de Valores había marcado para Chile un 16,9% en la suma de las opciones bastante o mucha confianza en los partidos políticos, un 33,6% en el gobierno, un 26,2% en los tribunales y un 24,7% en el Congreso. Los sociólogos del COES Juan Carlos Castillo y Matías Bargsted creen que una de las claves a tener en cuenta es el hecho de que, pese a la caída de confianza en todas las instituciones políticas, hay otras instituciones del Estado que permanecen con niveles elevados, como las fuerzas de orden. “Es interesante el contraste, uno no podría pensar que la gente no confía en nada, pero sí hace la diferencia”, dice Bargsted. “Estamos ante una sociedad donde hay elevados niveles de desafección política, pero no hacia las instituciones en general”.

    Invitada por el COES al lanzamiento de su estudio, la cientista política alemana Sonja Zmerli, autoridad mundial en temas de confianza política e interpersonal, señala que lo más extraño del caso chileno es la gran diferencia en la percepción que la gente muestra de los tribunales, respecto a la de Carabineros. “Por lo general, los dos elementos se correlacionan muy fuertemente, como instituciones imparciales y regulatorias”, dice la académica de la Universidad Goethe de Frankfurt. “Esto es muy inusual y obliga a preguntarse por qué el sistema judicial se ve afectado”.

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    LA MERITOCRACIA
    Uno de los principales objetivos, explican en el COES, era medir la relación entre la confianza hacia las instituciones políticas, y la confianza de la sociedad respecto a sí misma. Los resultados fueron rotundos: frente a la pregunta “¿Diría que se puede confiar en la mayoría de las personas o hay que tener cuidado con ellas?”, sólo un 22% de los encuestados señaló que se podía confiar, frente a un 78% que indicó que hay que tener cuidado con las personas. Dentro del primer grupo, la confianza promedio en instituciones políticas fue de casi 2,3 (donde 1 es nada y 5 es mucha confianza), mientras que en el segundo se quedó en 2. “Hay una conexión fuerte entre creerles a las instituciones políticas y creerle al otro de forma genérica. Eso es superinteresante, y en sociología es como el problema del huevo o la gallina: qué viene primero”, dice Matías Bargsted. “Con el tiempo se ha empezado a enfocar al revés: las sociedades donde las instituciones son dignas de  confianza van alimentando confianza entre las personas”.

    Otra variable relevante en esta línea, señala el sociólogo y subdirector del COES Juan Carlos Castillo, era medir la percepción de desigualdad respecto a la confianza política. Y en esa línea, uno de los indicadores principales que consideraron fue el mérito. Frente a la pregunta “¿En Chile las personas obtienen lo que merecen?”, un 68% dijo estar en desacuerdo, frente a un 22% que sí lo estuvo. El otro 10% no se declaró ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Por su parte, la confianza en las instituciones políticas de quienes no estuvieron de acuerdo no llegó al 2, mientras que en el caso contrario superó el 2,3. “Aquellas personas que confían más en las instituciones creen en este principio de que si te esfuerzas, progresarás, y hay una relación entre confianza baja y pensar que no opera”, dice Castillo. “El mérito es lo que te permite legitimar las desigualdades en las sociedades modernas, si desconfías de que funcione, te puede llevar a buscar vías alternativas, extrainstitucionales”.

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