De seguridad y tortura
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Sebastién Dubé
Era un secreto a voces. Agentes de la CIA practicaron la tortura con motivo de obtener informaciones por parte de individuos cautivos desde los atentados de las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001. El informe del Senado de los Estados Unidos, que oficializa que la Agencia le mintió al Congreso, levanta una serie de cuestionamientos jurídicos, éticos y políticos.
Jurídicamente, lo más grave para la política interna es que la CIA negó la verdad a los Congresistas. En el marco de la política internacional, la presión sobre el Gobierno de Obama es más bien simbólica. Torturar es condenable moralmente, pero Estados Unidos está fuera de cualquier convención o tratado que le pudiera provocar consecuencias en virtud del derecho internacional. La administración de Bush (2000-2008) fue muy cautelosa en crear el concepto de “combatientes enemigos”, para referirse a los terroristas de Al Qaeda, precisamente para evitar reconocerles los derechos que se les concede a los soldados de los ejércitos nacionales regulares según las convenciones internacionales.
Éticamente, los cuestionamientos son de dos tipos. En primer lugar, existe un sinnúmero de estudios que demuestran que la tortura sirve de poco, dado que la información obtenida por esa vía tiene altas probabilidades de resultar completamente falsa. Por lo mismo, varios militares de alto rango en los propios Estados Unidos han expresado su escepticismo con respecto a dicha práctica. Por otro lado, los defensores del uso de la tortura argumentan que violar los derechos humanos de un individuo, sospechoso de querer matar a la mayor cantidad de personas inocentes posible, es en sí mismo justificado aunque no dé los “resultados” esperados en términos de seguridad y defensa. En segundo lugar, el tema ético merece ser planteado en la medida en que en los Estados Unidos se otorga el derecho a torturar en su lucha por la defensa de sus ideales… de democracia, de estado de derecho y de libertad.
Finalmente, los cuestionamientos políticos conciernen la “eficacia” de dicha estrategia para mantener la defensa y la seguridad del país y de sus ciudadanos. Es decir, la pregunta política es si la tortura practicada por agentes de Estados Unidos aumenta la seguridad o, al contrario, el riesgo de ataques en su contra. Aquí también el debate queda abierto. Por un lado, los asesores que abogan por la tortura plantean que no hubo repeticiones después del 11/09 gracias a la tortura. Por otro lado, sus opositores afirman que los organismos de inteligencia han sido más eficaces y que la tortura en varios casos solo confirmó lo que ya sabían. Además, estos últimos plantean que la mala imagen que proyecta el país solo multiplica el número de aquellos que lo quieren combatir. Y solo en el caso del Estado Islámico, se estima que son 1.000 nuevos yihadistas que adhieren al grupo terrorista cada mes.
Puesto en una perspectiva más amplia, el principal problema de los Estados Unidos y de su política exterior en el Medio Oriente y con los países de población musulmana es que está alineado – por motivos estratégicos y energéticos – con dictaduras que se auto legitiman por la necesidad de combatir el terrorismo islámico. Lo que esa política produce son alianzas entre los que luchan contra las dictaduras sin contar con apoyo occidental con grupos terroristas islámicos mejor organizados. Ahora, para los Estados Unidos y los países occidentales, esa estrategia causa desconfianza y aumenta el nivel de amenaza contra sus instituciones y poblaciones. De ahí que la espiral de violencia y amenazas tiene pocas probabilidades de verse interrumpida a corto plazo, y la práctica de la tortura tampoco.
Revisa la columna original en El Dínamo
