Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, Max Colodro, analista político y profesor U. Adolfo Ibáñez y Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, conversaron acerca de la elección de gobernadores regionales, sus facultades y la desconcentración del poder territorial.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.
La forma en que se ha producido el debate sobre la despenalización del aborto bajo tres causales hace añorar la desprestigiada democracia de los acuerdos. Porque existen muchos puntos de encuentro entre los que se oponen a despenalización del aborto y los que la apoyan, la polarización del debate y la caricaturización de las posturas poco ayuda para avanzar hacia el objetivo razonable de reducir el número de embarazos no deseados y evitar así que haya mujeres que se vean obligadas a tener que decidir si quieren abortar o llevar un embarazo a término.
De más está decir que el debate sobre la legalización del aborto llegó con varios años de atraso. La negativa de sectores conservadores a discutir el tema reflejaba un cierto aire autoritario de los que apoyaban el statu quo. Cuando uno cree tan profundamente en ciertos principios, nunca debiera negarse a debatirlos. Es más, cada debate debiese ser visto como una oportunidad para lograr que otros conozcan tus puntos de vista y potencialmente cambiar sus propias posiciones gracias a argumentos presentados de forma razonable, articulada y empática.
Si bien la reacción eufórica de muchos que creen en el derecho de la mujer a decidir el fin de un embarazo es también innecesaria y no se condice con la realidad de que cada aborto es una decisión difícil a la que ninguna mujer quisiera verse enfrentada, las celebraciones que vimos ayer responden a la acumulación de años de frustraciones de personas que pedían tener un debate y cuyos argumentos razonables fueron sistemáticamente ignorados por gobiernos de derecha, centro e izquierda.
El proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado dista de ser una legalización del aborto o de establecer acceso universal y de libre disponibilidad al aborto en Chile. Solo despenaliza el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, embarazo por violación y peligro en la vida de la mujer. Los detractores de este proyecto de ley comprensiblemente argumentan que esas tres causales abrirán la puerta para que se justifique cualquier aborto, usando alguna de esas causales. Si bien es claro que hecha la ley, hecha la trampa, es injusto atribuir al gobierno y a los defensores de la despenalización la intencionalidad de querer legalizar todos los abortos usando un resquicio legal.
Al caricaturizar la postura del gobierno, los detractores del proyecto de ley han adoptado un discurso extremista que resulta a su vez fácilmente caricaturizable por aquellos que quieren despenalizar el aborto. La polarización de las posturas, construidas a partir de caricaturas —abortistas versus opresores de la mujer— hace difícil que se escuchen muchas voces razonables que han participado del debate y que han construido las bases para consensos razonables que son ampliamente compartidos por la población.
Cuando los que defienden la despenalización son catalogados como pro-abortistas, su reacción inmediata es acusar a los que se oponen a la despenalización como trogloditas que no reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. A su vez, cuando los que subrayan los derechos de los que están por nacer son caricaturizados como fanáticos religiosos que quieren imponer sus propias definiciones de cuándo empieza la vida, estas personas reaccionan acusando a los que están en la otra trinchera como asesinos de bebés. En ese debate, a menudo nos terminamos olvidando de las víctimas de cada embarazo no deseado o inviable que se produce en el país —las mujeres y, para algunos, los bebés que están por nacer—.
Ahora que el proyecto de ley pasa al Senado, las voces razonables tienen la oportunidad para ampliar el debate sobre la despenalización del aborto para que incluya políticas públicas que ayuden a reducir el número de embarazos no deseados. Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.
Si somos lo suficientemente valientes para aceptar que los que piensan distinto no son monstruos ni fanáticos retrógrados, nos daremos cuenta de que hay mucho espacio para avanzar en políticas públicas que promuevan la educación sexual, la protección de los derechos de la mujer y programas de salud que conviertan a cada embarazo en una buena nueva y no en una mala noticia que los ponga en uno de los predicamentos más difíciles que debe enfrentar una mujer.
Porque podemos aspirar a ser un país donde los abortos en estas tres causales sean legales, seguros y muy pocos, aprovechemos la oportunidad que da el paso de este proyecto de la Cámara al Senado para dejar atrás las caricaturas y, volviendo a la democracia de los acuerdos, forjar un consenso que ayude a reducir el número de embarazos no deseados que se producen cada año en el país. Debemos aspirar a que cada vez que un test de embarazo sea positivo, los involucrados se llenen de alegría y gozo, no de angustia o dolor.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Al ser parte del proceso, concluyo que si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución.
Me tocó participar muy activamente en el proceso de reforma al sistema electoral binominal. Fue un trabajo académico y político. Junto al grupo de asesores del ministro Peñailillo, poco a poco se fue generando un discurso común. Si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución. Por ejemplo, en un principio se sugería que las listas pudieran presentar el doble de candidatos por distrito. En un distrito que repartiera seis escaños, las listas podrían competir con 12 candidatos. Eso, a mi juicio, era un exceso. Al final, se acordó el mecanismo de “M+1”. Es decir, las listas podían presentar un candidato adicional según el número de escaños a repartir por distrito.
Lo más difícil de esa reforma fue la supresión de los subpactos entre partidos. Eso generó polémica dentro de la Nueva Mayoría, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Subrayo que en este proceso se escuchó la voz de expertos, académicos y, por cierto, de los legisladores. Por ningún motivo se les dejó fuera de la discusión, a pesar del desprestigio -bien ganado en algunos casos- en la opinión pública. Los presidentes y directivas de partidos fueron integrados al debate. Lo que quiero decir es que la reforma fue participativa y lentamente consensuada. No fue de un día para otro ni impuesta por la soberbia.
En lo que sí estuve en total desacuerdo era en la rebaja en las barreras de entrada para formar partido. Si bien sirvió como moneda de cambio para obtener el apoyo de Amplitud, tal modificación iba en contra de una cuestión esencial: evitar la proliferación de partidos caudillistas y escasamente representativos. Al rebajar al 0.25% el número de firmas y permitir la constitución de partidos en una sola región, daba espacio para situaciones extremas. Por ejemplo, que en Aysén un partido pudiera constituirse con 94 firmas, o en Arica y Parinacota con 178. ¿Cuáles serían los efectos de una reforma así? Claro está que generaba incentivos para la emergencia de nuevos partidos, pero también para la fractura de algunos. Un grupo de militantes podría salirse de su partido, formar otro, presentar candidatos, abultar exageradamente las papeletas de votación, y aumentar los costos de información para el votante. En lugar de estimular la unión de los partidos, tal rebaja en las barreras de entrada generaría incentivos para la fractura. De haber aprobado esta normativa, Chile -en el contexto latinoamericano- habría quedado como uno de los sistemas más permisivos para la constitución de partidos.
En cuanto a las leyes de cuota, siempre estuve de acuerdo, en especial con su vigencia temporal. Hoy se propone que dichas cuotas también apliquen para las dirigencias de los partidos. Según Geppal (Género y partidos políticos en América Latina), esta iniciativa es poco usual. Los países donde se implementan cuotas obligatorias -es decir, con sanciones en caso de que no se cumplan- son dos: Costa Rica y Honduras. En Costa Rica se exige una cuota del 50%, mientras que en Honduras es del 30%. En otros países como Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Paraguay; esas cuotas existen, pero no hay sanción por incumplimiento. En promedio, las cuotas son del 37.5%. Lo que se propone en Chile es una cuota del 40%. Algunos partidos -que ya se sienten invadidos con la cuota de candidatas- se han manifestados dudosos. Incluso, en la base de militantes es usual encontrar opiniones cruzadas respecto al tema. En algunos casos, las mismas mujeres manifiestan la tensión entre la cuota y el mérito personal para acceder a candidaturas. ¿Qué sucederá si finalmente el Senado aprueba la cuota para dirigencias partidarias? Seguramente serán las mismas diputadas o senadoras las que deberán asumir esos cargos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las legisladoras verían recargada su agenda de trabajo, pudiendo descuidar su distrito y hacer peligrar su re-elección. Dado que es un grupo de representantes menos voluminoso que el de los hombres, el trabajo partidario quedaría a cargo de muy pocas legisladoras.
¿Qué se podría hacer como medida alternativa? Si hay respaldo en el Senado para la cuota femenina en las dirigencias partidarias, sería razonable que ésta entrara en vigencia luego de las legislativas de 2017. ¿Por qué? Si efectivamente la cuota de candidatos funciona y hay más mujeres electas, entonces el trabajo partidario se podrá distribuir de manera más equitativa, equilibrando las funciones propias de las legisladoras con las funciones propias de su cargo como dirigente partidario.
En la última década, en las regiones de Arica y Tarapacá han sido cuatro los parlamentarios, cuatro los alcaldes, más de una decena de concejales y una veintena de funcionarios públicos, de todos los partidos, los que han sido indagados -con distinto resultado- por delitos como fraude al Fisco, cohecho, negociación incompatible, estafa, desvío de asignaciones parlamentarias y falsificación de documentos, entre otras faltas que han sido revisadas por la Contraloría y el Ministerio Público.
En los apenas cuatro días en que Jaime Orpis retomó sus labores en el Congreso en las últimas dos semanas, tras el fin de una licencia médica por un infarto al miocardio y una fuerte depresión, el parlamentario ya advertía a sus compañeros en el Senado que lo saludaron a su regreso que sus pasos por la Cámara Alta podrían ser los últimos en mucho tiempo.
El jueves 14, el temor del renunciado senador, ex UDI, se hizo realidad cuando la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó la solicitud de desafuero tras las acusaciones de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco, que lo convirtieron en el segundo parlamentario desaforado de la zona norte en los últimos 10 años y el primero en Chile por causas que tienen que ver con financiamiento irregular de campañas.
El nombre de Orpis se sumó a una extensa lista de autoridades de la circunscripción que representa -Arica y Parinacota y Tarapacá- que se han visto envueltas en diversos casos de escándalos, irregularidades y corrupción en los últimos años.
En la última década, en esta zona han sido cuatro parlamentarios, cuatro alcaldes, más de una decena de concejales y una veintena de funcionarios públicos, de todos los partidos, los que han sido indagados -con distinto resultado- por delitos como fraude al Fisco, cohecho, negociación incompatible, estafa, desvío de asignaciones parlamentarias y falsificación de documentos, entre otras faltas que han sido revisadas por la Contraloría y el Ministerio Público.
Antes de que Orpis, en 2010 el entonces diputado Iván Paredes (PS) fue el primer desaforado de la zona por la Corte Suprema, aunque a raíz de una querella por injurias y calumnias interpuesta por su ex compañero de lista Orlando Vargas (PPD), a quien había vinculado por un presunto tráfico de drogas en 1993, del cual fue absuelto por falta de méritos.
Paredes fue destituido hasta el término de su período parlamentario y Vargas lo reemplazó en la Cámara en 2010, tras aventajarlo en las elecciones.
Otro caso emblemático de controversias en el norte es el de la ex diputada independiente Marta Isasi, quien esta semana fue liberada de los cargos por uso irregular de asignaciones parlamentarias denunciadas el 2011, aunque sigue siendo investigada por presunto cohecho y fraude al Fisco por sus vínculos con la empresa Corpesca durante los últimos años en que ejerció funciones en el Congreso.
Isasi perdió su reelección en los comicios de 2013.
Sin la representación en el Senado de Orpis, el otro representante de la circunscripción, Fulvio Rossi -quien suspendió su militancia en el PS-, también vive días complicados.
El parlamentario estuvo el año pasado cuatro meses ausente de sus labores legislativas por una licencia médica debido a un cáncer de tiroides. Rossi regresó a mediados de diciembre de 2015 al Congreso en medio de la polémica por haber solicitado aportes presuntamente irregulares de campaña a SQM, razón por la que declaró en calidad de imputado el miércoles 6, cuando usó su derecho a guardar silencio.
La puerta que abrió Soria
“La combinación -por un lado- de la distancia de la capital con una estructura social caracterizada por pequeños enclaves, fuerte dispersión, altos niveles de pobreza y desigualdad, además de la derrota de los partidos tradicionales, generaron un cuadro de nuevos caudillos locales que marcan la escena política”, sostiene el cientista político Claudio Fuentes, al intentar explicar el fenómeno que existe en el norte.
Uno de los casos emblemáticos y que ha establecido una suerte de patrón en la zona -donde los líderes locales cambian permanentemente de partido y repostulan a cargos distintos tras enfrentar escándalos- es el del actual alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien renunció recientemente a su militancia en el MAS y ha pasado por más de seis colectividades desde los inicios de su carrera política.
“El Choro” fue destituido como edil de Iquique en 2006, debido a una condena en su contra por fraude al Fisco que ascendía a $ 137 millones de pesos. Seis años después, Soria fue absuelto por la Corte Suprema al no comprobarse los hechos, lo que le permitió volver a postularse en las municipales de 2012, las que ganó con un 51% de los votos, completando su quinto mandato en la comuna.
En Arica, en tanto, los ciudadanos han sido testigos de cómo dos de sus últimos tres líderes comunales han debido abandonar sus cargos por estar involucrados en casos de corrupción.
Carlos Valcarce (RN), ex diputado y alcalde de la ciudad entre el año 2000 y 2008, fue destituido casi al término de su período, al ser declarado culpable por el delito de fraude al Fisco. Sin embargo, fue absuelto tras varios juicios y hoy es parte del Consejo Regional de Arica y Parinacota.
El sucesor de Valcarce fue el ex PPD Waldo Sankán, quien debió dejar su cargo de alcalde en 2012 tras ser sentenciado, junto a cinco concejales, por la defraudación de más de $ 3.000 millones a la municipalidad del norte. El caso dejó a esa comuna virtualmente sin autoridades locales, en un hecho inédito. Hoy, Sankán cumple condena de cuatro años de libertad vigilada.
Los nombramientos de gobierno a nivel regional en la zona más extrema al norte del país tampoco han estado exentos de polémicas denuncias.
La ex intendenta de la Región de Tarapacá y ex diputada DC Antonella Sciaraffia fue involucrada en el llamado “caso muebles”, que investigó irregularidades detectadas en la adquisición de mobiliario en colegios municipales de Iquique y Arica en el año 2008 por más $ 1.300 millones, aunque fue absuelta de los cargos que se le acusaron el año 2013.
Dentro de los últimos escándalos, el cambio en el nombramiento de Mitchel Cartes (PS) como intendente de Tarapacá, en medio de una investigación por presuntas irregularidades mientras se desempeñó en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y luego que se revelaran una serie de polémicos mensajes con otras autoridades locales, dio paso a que el gobierno de Michelle Bachelet nombrara a Claudia Rojas para ocupar el cargo de intendenta en julio del año pasado.
Incertidumbre electoral
Las reiteradas denuncias sobre sus autoridades y representantes han tenido efecto en la participación electoral de la zona.
Entre los años 2009 y 2013, en Arica y Parinacota hubo una caída del 74% a un 41% en las votaciones parlamentarias y, en el mismo período, en Tarapacá, las cifras fluctuaron entre un 80% y un 39% .
Aunque en un escenario de voto voluntario -como fue en 2013-, lo que implicó una baja de participación generalizada en el país, la zona norte registró los niveles más altos de abstención.
En el caso de la última elección municipal, mientras en 2008 en Arica se registró un 74% de participación, el 2012 la cifra disminuyó a un 34% en los comicios que dieron el triunfo al actual alcalde y ex diputado Salvador Urrutia (PRO). “Todo indica que va a haber una gran abstención en octubre, porque algo que está por los suelos, en cuanto a prestigio, es la actividad política”, dice Urrutia respecto de los riesgos de una nueva baja en la cantidad de votantes.
El caso de Iquique, en tanto, no es diferente, luego que la votación en la última elección municipal descendiera de 70% en 2008 a un 49% en 2012, comicios que marcaron el regreso de Jorge Soria a la alcaldía.
“Hay mucho clientelismo y creo que los liderazgos de fuera no han roto con esas redes, como que van administrando las redes de caudillos locales y liderazgos verticales con esto de buscar financiamiento para los candidatos de más abajo, por ejemplo”, afirmó el diputado Vlado Mirosevic (PL), quien logró imponerse, pese al sistema binominal, en 2013.
“Hay un cierto acostumbramiento a liderazgos acabronados, jerárquicos y verticales”, remata.
Esta situación podría explicar la ascendencia -por ejemplo- de Soria, quien ya selló un acuerdo con el diputado comunista Hugo Gutiérrez para presentarse como candidato a senador en 2017. “El ha tenido la suficiente generosidad política de apoyarme en mi candidatura a diputado. Me parece de la mínima ética política que si el quiere ser senador yo lo apoye”, explicó Gutiérrez.
Tras el desafuero de Orpis y aun cuando Rossi ya señaló que buscará su reelección senatorial, el interés de diversas figuras por conquistar el respaldo del norte ha aumentado: entre ellas, los diputados Gabriel Silber (DC), Patricio Melero (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Marcela Sabat (RN), entre otros, han manifestado intenciones de explorar una candidatura.
En las municipales, en tanto, los liderazgos históricos de la zona preparan su ascenso o regreso a la primera línea política, tal es el caso del ex intendente Mitchel Cartes, quien prepara su candidatura a la alcaldía de Iquique, y de Iván Paredes, quien buscará su regreso como edil de Arica.