Este lunes se le puso la lápida al binominal. Esta noche recordamos algunos casos emblemáticos de quienes se vieron favorecidos y también perjudicados por ese sistema electoral.
Ver entrevista a Mauricio Morales, director del OBPE-UDP en TVN.
El 10 de marzo de 1990 el ex dictador Augusto Pinochet se dirigió por última vez al país a través de un mensaje de radio y televisión. Vestía traje militar de gala blanco y la tradicional banda presidencial. El discurso no duró más de cinco minutos y en la imagen televisiva aparecía solo, sin edecanes o la Junta Militar a sus espaldas. En sus palabras expresó un particular agradecimiento a las Fuerzas Armadas y de orden por su labor y manifestó que siempre estuvo dispuesto a “enfrentar a los enemigos de la libertad y la democracia”, recalcando que lo continuaría haciendo “sin temores ni vacilaciones”.
El discurso no estuvo pensado para la sociedad en general, sino más bien para los mandos militares y los actores políticos. Destacó la “cohesión granítica” de los institutos castrenses y les agradeció haber sentado las bases de una nueva institucionalidad. La visión que proyectó Pinochet aquella noche era de unidad. Realizó un llamado a las nuevas autoridades para respetar la institucionalidad vigente y preservar los logros alcanzados. Pero inmediatamente agregó, alzando la voz frente a las cámaras, que “debemos mantenernos constantemente alertas frente a quienes pretenden socavar las bases del crecimiento y la convivencia pacífica”.
El mensaje era claro. Pinochet se mantendría al mando del Ejército para proteger las bases de la institucionalidad creada y esa noche remarcaba el rol vigilante que continuarían teniendo los militares. Estas bases económicas e institucionales se habían establecido desde fines de la década de los 70, pero se terminaron de demarcar pocos días antes del cambio de mando. Así, a las reformas estructurales en materia laboral, de educación, pensiones, salud, aguas, partidos políticos, gobierno y administración regional, y Constitución, se sumaron en los últimos cuatro meses de la dictadura cambios en materia de aborto, Banco Central, Carabineros, Estado de excepción, Fuerzas Armadas, y Ley Orgánica de Educación. Hasta comienzos de marzo de aquel año 1990 el régimen aprobó leyes orgánicas para atar la transición.
Cumplidos 25 años desde la inauguración de la democracia, los temas que marcan la agenda hoy están en gran parte delimitados por el legado del régimen militar. La sombra de Pinochet sigue acompañándonos en cada uno de los grandes temas que discutimos. Una somera enumeración de la agenda pública y legislativa nos remite con porfía a las bases fundacionales de la dictadura. Hoy debatimos relaciones laborales, sistema electoral, pensiones, salud, educación, derechos de agua, aborto, ley de partidos políticos, descentralización, Fuerzas Armadas y, sobremanera, la cuestión constitucional. Quizás con la sola excepción de temas asociados a transparencia, en todo el resto lo que está en discusión es la revisión del legado de la dictadura.
Entonces, lo que nos divide sigue siendo Pinochet. Quizás no en cuanto figura pública –muy pocos hoy alzan su voz para defenderlo–, pero sí respecto del proyecto ideológico refundacional que impulsó en esos 17 años. No cabe duda que la transformación política más significativa de estos 25 años ha sido el menor peso que han adquirido las Fuerzas Armadas como actores de veto del sistema político. Recordemos que la transición partió con comandantes en jefe inamovibles, militares que se acuartelaban, ex militares designados en el Senado y un Consejo de Seguridad Nacional que tenía la capacidad de bloquear al Presidente. Hoy los militares no tienen ese poder inicial, aunque siguen manteniendo privilegios no eliminados (esto es, Ley Orgánica, pisos mínimos de Presupuesto, Ley del Cobre, Ley de Amnistía, previsión y salud especiales).
La interesante paradoja del caso chileno es esta doble transición: una transición lenta y de larga duración que permitió la transferencia formal de poderes a la civilidad, y una segunda transición más sustantiva y transformadora que ocurre 25 años más tarde y que se atreve a revisar y cuestionar el legado institucional de la dictadura. La gran interrogante para esta y las nuevas generaciones es si serán capaces de borrar la sombra institucional de Pinochet, sentando las bases de un nuevo pacto político y social inspirado en la democracia y la justicia social.
LA OPOSICION enfrentaba el siguiente dilema estratégico: o se sumaba a la propuesta de gobierno para intentar incidir en la forma que adquiriría la reforma electoral, o se excluía y observaba su aprobación desde la galería. El gobierno se esmeró en coordinar sus votos, obtener una mayoría especial en ambas cámaras y aprobar el proyecto. Hace unas semanas la UDI y RN sabían del escenario que enfrentaban y, sin embargo, decidieron que su mejor opción política era no participar del acuerdo.
Lo anterior no se llama aplanadora. Es el ejercicio de la mayoría. Se trata de una práctica a la que no estábamos acostumbrados porque durante 25 años ninguna de las dos principales coaliciones tuvo la supremacía. Pero hoy, con un Congreso mayoritario de gobierno y con actores clave de la derecha, se materializó el principio democrático asociado a que las mayorías mandan.
La respuesta de la oposición-algo ingenua a mi juicio-ha sido cuestionar aspectos sustantivos de la norma aprobada. Sostienen que se trata de un “traje a la medida” de la coalición gobernante. Pero esta crítica es pertinente para cualquier norma que se aprueba en el Congreso, pues toda legislación es fruto de la negociación de intereses. En política, todo es un traje a la medida.
El sistema electoral en esencia es un traje a la medida de la correlación de fuerzas en el poder, al momento de ser definido. ¿Por qué la Alianza no denunció al general Pinochet por definir un traje a la medida con el binominal? ¿Por qué la derecha se negó a firmar un acuerdo político para cambiarlo durante 25 años? La respuesta es simple: no le interesó el cambio porque era un traje “a su medida”. El resultado político que vemos no es otra cosa que la expresión de la correlación de poder, el pragmatismo y la decisión del Ejecutivo de priorizar esta reforma.
Se dice también que esta norma afecta la igualdad del voto al verse favorecidos determinados distritos y circunscripciones, por lo que sería inconstitucional. El mismo argumento-pero con más fuerza-pudo esgrimirse en torno al binominal. Pero nunca vimos a ningún partido desfilar ante el Tribunal Constitucional argumentando que el principio de un voto un escaño no se cumplía con el binominal. ¿Por qué no? Porque en la definición de escaños se tiene en cuenta la proporcionalidad en relación a la cantidad de electores, y otras variables como la representación de regiones y, ahora, de mujeres. El TC debiese aprobar esta norma pues de hecho mejora el principio de igualdad del voto, en relación al sistema actual.
La reforma es expresión de los intereses actuales. Nada más. Veremos mejorada la representación, algo más de competencia y mayor número de mujeres candidatas. Deberemos observar cuidadosamente el impacto que ésta y otras reformas tendrán en las dinámicas políticas, pues facilitar en demasía la formación de partidos estimulará la fragmentación política. Asimismo, tener muchos más candidatos y en listas abiertas fomentará tendencias clientelares. De ahí que la reforma a los partidos y al financiamiento será esencial en lo inmediato.
El gobierno avanza en dos reformas políticas claves. Primero, el cambio al sistema electoral. Segundo, un nuevo sistema de financiamiento de la política. Ambas propuestas van en la dirección correcta, pero requieren de importantes ajustes. Tal como están, podrían generar efectos contrarios a los genuinamente buscados.
Si todo sale bien, en 2017 se aplicará un sistema electoral más proporcional con distritos que reparten entre 3 y 8 escaños, aumentando el número de candidatos. En la última elección de diputados compitieron 470 candidatos. Con la reforma, esa cifra probablemente se duplique. Esto, no sólo porque habrá 155 escaños disponibles, sino porque los distritos serán más grandes y las coaliciones podrán presentar un candidato adicional al número de escaños a repartir en cada distrito y circunscripción. Hasta acá, todo suena razonable.
El problema está en que las reformas incluyen dos aspectos negativos.En primer lugar, la reducción de las barreras de entrada para candidatos independientes. Con la nueva ley, los independientes necesitarán la mitad de firmas, pasando del 0,5% al 0,25%. En segundo lugar, también se reducen las barreras de entrada para formar nuevos partidos, y se hará más difícil disolverlos. Por tanto, podrán surgir partidos regionales con mayor facilidad. ¿Es esto compatible con la estabilidad de régimen? ¿Es posible combinar un sistema presidencial con un multipartidismo exacerbado? Aunque el presidencialismo puede convivir con sistemas multipartidistas, otra cosa es que lo haga con sistemas de partidos atomizados. Es decir, demasiados partidos y con un Congreso desmedidamente variopinto.
La situación se torna más complicada si el gobierno opta por financiar a todos los partidos por igual. No sólo existirá un sistema sumamente permisivo para formar partidos, sino que, además, los nuevos partidos contarán con un financiamiento inmediato. Esta es la peor opción. Seguramente los representantes de partidos pequeños, movimientos e independientes presionarán por esta alternativa, pero es evidente su efecto nefasto en la democracia. Los aportes basales deben ir en función del desempeño electoral de los partidos. No se puede premiar a quienes sólo son capaces de constituir un partido, más aún con las bajas exigencias que sugiere la reforma. Es acá donde hay que poner freno a la situación con la suficiente valentía. Es muy fácil ser cooptado por pequeños grupos o representantes que, a cambio de votar a favor de la reforma, se les facilite el camino para formar partido y, luego, ser financiados. Alguien debe detener este posible Transantiago de la política.
Se ha dicho que para financiar a los partidos el fisco tiene suficientes recursos. Como está votando poca gente, entonces el fisco queda con dinero disponible para solventar estos gastos. A menos participación, menos devolución hacia los candidatos. Si esto es cierto, la situación es grave. Llegaríamos al absurdo de financiar la política debido al desplome de la participación.
Ojalá que el gobierno tome buenas decisiones. Hay que mantener las reglas para formar partidos e inscribir candidatos independientes. Incluso, creo que habría que aumentarlas. Las reformas avanzan descontroladamente hacia un sistema muy permisivo. ¡Cuidado! Hay costos que, más adelante, podríamos lamentar: mayor fragmentación, más actores de veto, aumento en los costos de negociación en el Congreso, estancamiento de la agenda y, por tanto, mayores dificultades para la gobernabilidad democrática. Bastaría con corregir los dos aspectos señalados para que la reforma adquiera los indispensables niveles de moderación. No es correcto dar en el gusto a los más recalcitrantes que buscan abrir indiscriminadamente el sistema, como si eso fuera sinónimo de una mejor democracia cuando, en realidad, no es más que una irresponsabilidad política de envergadura.
Columna publicada el 18 de junio de 2014 en El Mostrador
La sustitución del sistema electoral abre la oportunidad de debatir sobre el tipo de sistema político que desearíamos tener como sociedad. Simplificando las opciones, existen dos grandes alternativas: promover un sistema que incentive el debate de ideas o programas (democracia programática) o incentivar el vínculo directo entre representantes y electores a partir de la personalización de la política (democracia de clientelas).
El sistema político actual favorece la segunda opción, esto es, se exacerban los atributos personales de quienes buscan representarnos y se minimizan los aspectos programáticos. Pensemos en la selección de representantes al Congreso: los votantes deben elegir no sobre la base de ideas o programas sino que por personas específicas que enfatizan sus atributos a la hora de candidatearse. La ley no les exige que deban presentar programas. Tampoco les exige que deban identificarse con los partidos a los que representan. La ley de propaganda electoral es muy limitada y sólo incluye una franja televisiva, descartándose opciones de avisaje gratuito en radio y prensa escrita. Cada cual debe proveerse financiamiento para sus campañas, lo que convierte la competencia en una lucha por obtener recursos y hacerse visible frente al electorado. Quien tiene más recursos económicos puede proyectar con más visibilidad su imagen.
La reforma electoral que propicia el gobierno incentivará la competencia y mejorará los problemas de desigualdad del voto al favorecer un modelo más proporcional. No obstante, la tendencia hacia la personalización de la política se mantendrá intacta o se agudizará. En primer término, la oferta de candidaturas en la papeleta se multiplicará significativamente. En algunos distritos tendremos 40 o quizás 50 candidatos disputándose siete u ocho asientos. Pero, como los electores deben votar por un candidato dentro de una lista, el incentivo de los candidatos y candidatas será el de buscar algún tipo de identificación personal con sus electores.
La enorme cantidad de candidaturas generará un problema de identificabilidad. Ello estimulará un incremento en el gasto electoral, estrategias de búsqueda de nichos electorales, y el desarrollo de más ingeniosas campañas para poder distinguirse de otras decenas de candidaturas. Quien tenga más recursos o sea más conocido en su distrito podrá obtener más votos.
¿Cómo reducir este perverso efecto en nuestro sistema democrático? Sugiero algunas soluciones: primero, permitir que los votantes puedan elegir si votar por candidatos específicos o por listas. Esto incentivaría a las listas a buscar un sello distintivo que, por lo demás, generaría estímulos de cooperación dentro de una determinada lista. Los votos obtenidos por la lista podrían distribuirse proporcionalmente entre los candidatos de ella. Segundo, obligar a que los candidatos y partidos presenten programas de trabajo al momento de inscribir las candidaturas. Dichos programas deberán también hacerse públicos. Tercero, obligar a que todo candidato militante de un partido se identifique claramente en la propaganda. Cuarto, establecer una reforma relevante al actual esquema de financiamiento electoral, permitiendo límites de gasto por partido (y no por candidatura), eliminando el financiamiento reservado y anónimo, y estableciendo acceso público y gratuito de propaganda electoral a otros medios de comunicación que no sean exclusivamente la televisión.
La democracia requiere partidos fuertes, transparentes y capaces de rendir cuentas ante la ciudadanía. La tendencia hacia el personalismo de la política erosiona el sistema democrático. Necesitamos una política que discuta y debata ideas más que una política que sólo se preocupa de sus clientelas.