Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El sistema político chileno observa evidentes síntomas de agotamiento. La desconfianza política se convirtió en una constante, crece el desinterés por ir a votar, y se incrementan los grupos que no se identifican ni con partidos ni con tendencias políticas.
No obstante, es muy probable que la oferta política presidencial sea más o menos la misma que hemos conocido en los últimos años. Del amplio listado de precandidatos presidenciales (Lagos, Allende, Muñoz, Insulza, Piñera, Guillier, Tarud, Walker, Espina, Velasco, Lagos W., Ossandón, Kast F., Chahuán, Goic, Enriquez-Ominami, y Kast J.A.), el único que no tiene un domicilio político conocido es Alejandro Guillier. El resto o milita o nació al amparo de un partido tradicional. Nada nuevo bajo el sol.
Pero, además, se trata de la generación de la transición política que continúa interesada en administrar el poder. 9 de los 17 nombrados tendrían más de 60 años de edad al momento de asumir la Presidencia. Los tres personajes más nombrados para tomar la banda presidencial (Lagos, Allende y Piñera), tendrían más 74 años de edad en promedio si asumen el mando. Los más jóvenes del grupo (Felipe Kast, Marco Enríquez-Ominami y Carolina Goic) no aparecen como cartas descollantes a la luz de la opinión pública.
La posibilidad de un reemplazo generacional no se dará en el año 2018. Aquella oportunidad llegará en las siguientes elecciones, en el año 2022, y por una razón muy sencilla: la Constitución establece que quien asuma la Presidencia de la República debe tener 35 años de edad cumplidos.
Y veamos: Gabriel Boric cumplirá 35 años el año 2021, Giorgio Jackson lo hará en febrero de 2022 y Camila Vallejo en abril de 2023. Es decir, a partir de la siguiente elección dos líderes significativos de la generación del recambio podría materialmente optar a la Presidencia de la República.
Dadas estas circunstancias, a esta nueva generación le queda muy poco tiempo para prepararse para ser gobierno. Su primer desafío será obtener un mayor número de escaños parlamentarios el próximo año (¿10 o 15%?). Luego, deberán convertirse en una alternativa de gobierno creíble y prepararse para gobernar. Independientemente de quién gane la próxima elección (La Nueva Mayoría o Chile Vamos), deberán madurar sus propuestas, ampliar sus esferas de influencia política y plantearse efectivamente como una alternativa de poder.
Aquello requerirá ideas en una variedad importante de temas, capturar el interés ciudadano y la capacidad de conquistar mayores espacios de poder en el Congreso y municipios. Le queda muy poco tiempo a esta generación de reemplazo. El cambio no llegará el próximo año. La opción se abrirá en el año 2022, pero sabemos que en política las oportunidades escasean y se marchan demasiado pronto.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Esta lógica que con más o menos matices se ha hecho presente en el movimiento estudiantil, se articula como una aparente solución a la crisis de representación que vive el sistema político. Como las instituciones ya no son representativas, entonces se debe retornar a la base.
Las experiencias de las tomas en universidades públicas y privadas reflejan el rechazo de los estudiantes a procedimientos tradicionales para resolver conflictos. Este rechazo es radical. Se cuestiona no solo el sistema de representación formal del Congreso Nacional, sino que también los espacios de decisión universitaria, incluyendo muchas veces a los propios centros de estudiantes. Como se desconfía de que el “representante” efectivamente represente intereses propios, se retorna a las bases, bajo la ilusión de que estas bases representarán un sentido esencial del colectivo.
Desde hace ya varios años hemos visto dos mecanismos procedimentales predominantes entre los estudiantes:
El asambleísmo. La Asamblea de estudiantes se transforma en el espacio privilegiado y casi único para tomar decisiones. Se plantea que la verdadera forma de recoger el sentido del conjunto de la comunidad es en un espacio abierto. En la Asamblea se toman las decisiones relevantes. La discusión y deliberación iluminarán las mejores decisiones. Aquellas decisiones se realizan a mano alzada después de varias horas de debate y confrontación de planteamientos.
Las vocerías. Una vez que la asamblea haya decidido, los y las voceras son canales de comunicación para resolver las demandas. No se trata de un representante que podría tomar decisiones autónomamente una vez que está negociando con las autoridades. Los voceros carecen del mandato para representar. Solo pueden transmitir lo que la Asamblea acordó. Cualquier tema que emerja de otros espacios, deberá volver a la Asamblea para ser discutido. Los voceros vuelven, las Asambleas debaten y deciden, y muchas veces nuevos voceros regresan a transmitir un mensaje a las autoridades.
Esta lógica que con más o menos matices se ha hecho presente en el movimiento estudiantil, se articula como una aparente solución a la crisis de representación que vive el sistema político. Como las instituciones ya no son representativas, entonces se debe retornar a la base.
Pero ¿resulta adecuado este camino como solución al viejo problema de la representación? Me temo que no y por varias razones.
La primera, y más evidente, se refiere a las desigualdades que se provocan en una Asamblea. Por lo general, en ella adquieren una ventaja considerable los grupos organizados por sobre individuos que concurren con la mejor voluntad, pero que no tienen un apoyo de un colectivo. Digas lo que digas, las definiciones de los grupos organizados al interior de estos espacios tenderán a predominar.
Además, como el desarrollo de habilidades de oratoria está mal distribuido en la sociedad, tenderán a dominar la conversación quienes poseen mayor información y adquirieron tempranamente esas habilidades. Sería iluso no pensar que las marcadas desigualdades presentes en nuestra sociedad no se reproducen en cada espacio de decisión social o política.
Pero, asimismo, un proceso de estas características implica una fuerte inversión de tiempo y recursos –financieros, intelectuales, logísticos, etc.– que solo podrán enfrentar quienes cuentan con mayores recursos.
El hecho de que las grandes decisiones sean sometidas a mano alzada plantea un segundo problema, que se asocia con el control social que se ejerce con ese procedimiento. La creación del voto secreto y en urna buscaba precisamente terminar con el control y hasta coerción que podría ejercerse cuando se conocía la preferencia de un individuo.
El voto secreto en urna fue una revolución, por cuanto planteaba no un formalismo sino un ideal de igualdad ante la ley. El asambleísmo, al menospreciar el voto secreto en urna restablece mecanismos de control social respecto de las preferencias de los individuos, una regresión en términos de la igualdad frente a nuestros pares.
Un tercer problema se asocia con el tema de la legitimidad. Las convocatorias a paros, que usualmente son votadas por mayorías significativas, se traducen posteriormente en tomas que son revalidadas con cuórum de participación cada semana más reducidos.
Como la voz legítima es la asamblea y como concurren a ella el 10, 20 o 30% de los estudiantes, entonces una minoría termina decidiendo por sobre la mayoría. En casos extremos de falta de cuórum, las asambleas acomodan la interpretación a las normas que ellos mismos anteriormente definieron para regular sus procedimientos.
Un cuarto problema involucra a los otros estamentos de la comunidad universitaria. Los estudiantes han levantado correctamente, a mi juicio, la preocupación por el acceso y calidad de la educación. La demanda incluye triestamentalidad y revisión del gobierno universitario, entre otros puntos. Sin embargo, dicha demanda en muchos casos no involucra un diálogo previo con los otros estamentos de la universidad.
Más que involucrarse en un proactivo diálogo triestamental para avanzar en ello, se imponen condiciones ex-ante para la conversación. Como en muchas universidades las comunidades de profesores y funcionarios no están lo suficientemente organizadas, el resultado suele alienar más que estimular compromisos de cambio y transformación que beneficien al conjunto de la comunidad universitaria.
Todavía más, las autoridades universitarias suelen establecer “normas” para regular los momentos de paro. No se toma asistencia, no se realizan evaluaciones, etc. ¿El resultado? Lo que es un mecanismo de fuerza se “naturaliza” al interior de las universidades, es decir, se despolitiza. Los estudiantes salen a protestar como un acto casi de “recreo académico”. Las instituciones se adaptan a las protestas, despolitizando estos actos que teóricamente son de disrupción.
De esta forma, la democracia estudiantil, en su ilusión por democratizar y transformar la sociedad, termina ahuyentando a potenciales aliados, erosionando una ya fragmentada sociabilidad e incrementando las desigualdades. El ciclo de los paros y tomas suele fragmentar a los estudiantes, dividir a profesores y estudiantes, y afectar sensiblemente a quienes presentan mayores vulnerabilidades socioeconómicas. La toma o el paro dejan de cumplir su rol disruptivo al transformarse en un ritual, en una rutina institucionalizada.
Pero ¿existen soluciones para este dilema de representación y acción política?
Un camino es el agotamiento y la alienación al incrementarse los costos de las protestas y reducirse los beneficios de una esperada reforma que tardará en llegar. La apatía producto del cansancio podría ser un camino que muchos estudiantes podrían buscar.
Otro camino es la modificación de las prácticas democráticas y la toma de conciencia de las desigualdades que genera.
Una tercera se refiere a la búsqueda de una nueva forma de dialogar al interior de los recintos universitarios, donde profesores, estudiantes y funcionarios pensemos nuevas formas de vinculación.
La pregunta no es solo sobre la violencia en las marchas o el renovado repertorio para las manifestaciones. Lo que debiésemos discutir también es la forma en que normas y prácticas de representación están evolucionando en nuestras propias instituciones universitarias. Y me temo que la evolución reciente contribuye a reproducir más que reducir las desigualdades.
La última edición de LASA-Forum (de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Estados Unidos), contiene una viva discusión sobre las principales problemáticas y agenda de investigación de las ciencias sociales en América Latina. En uno de los trabajos, el director de la Escuela de Ciencia Política de nuestra Universidad, Claudio Fuentes, sostiene que “desde el punto de vista teórico, no cabe duda que asistimos a un intenso debate de re-conceptualización de clásicos conceptos de democracia, ciudadanía y democratización”. Agregando que los ya clásicos estudios sobre transición y consolidación democrática dieron paso a una revisión de la forma en que conceptualizábamos tales procesos, lo que nos llevó a la famosa “democracia con apellidos”: democracia iliberal, democracia delegativa, y hasta el más reciente “autoritarismo electoral”.
El profesor sostiene que la rica batería de conceptos no ha logrado capturar una serie de procesos políticos y sociales simultáneos que caracterizan a nuestros sistemas políticos. Tampoco el fin normativo esperado (tener “democracias consolidadas”) es alcanzado. Y señala que “los estudiosos que imaginaron condiciones necesarias y suficientes para la consolidación democrática se enfrentan hoy a paradojas que develan la debilidad de los marcos analíticos por construidos. Quizás el ejemplo más evidente de ello es el caso de Chile. Hasta hace cinco años, Chile era observado como una democracia consolidada que se graficaba en una transición pacífica unido a un proceso de modernización económica y social exitosa. ¿Qué explicaba este proceso? La fuerte institucionalidad de los partidos, una cultura política de negociación y acuerdo, y la tecnificación de las élites que condujeron el proceso, entre otros factores”.
Indica que la irrupción de protestas sociales en el año 2011 y sucesivos escándalos de corrupción en el sector público y privado derribaron rápidamente los supuestos sobre los que se construyó el paradigma chileno. Recientes estudios han mostrado la debilidad institucional de los partidos, la fuerte captura de ciertos grupos políticos por parte del gran empresariado, el personalismo o clientelismo político a nivel local, y la emergencia de nuevos movimientos sociales completamente desconectados de la “vieja política”. Ni la democracia chilena era tan “democrática”, ni su proceso político estaba tan “consolidado”. Solo unos pocos lograron anticipar la crisis de legitimidad del sistema político actual. Así, “hoy revisamos nuestra conceptualización de democracia y de consolidación democrática a la luz de procesos sociales emergentes que golpean al sistema político como un todo”–concluye el autor.
Columna publicada el 18 de junio de 2014 en El Mostrador
La sustitución del sistema electoral abre la oportunidad de debatir sobre el tipo de sistema político que desearíamos tener como sociedad. Simplificando las opciones, existen dos grandes alternativas: promover un sistema que incentive el debate de ideas o programas (democracia programática) o incentivar el vínculo directo entre representantes y electores a partir de la personalización de la política (democracia de clientelas).
El sistema político actual favorece la segunda opción, esto es, se exacerban los atributos personales de quienes buscan representarnos y se minimizan los aspectos programáticos. Pensemos en la selección de representantes al Congreso: los votantes deben elegir no sobre la base de ideas o programas sino que por personas específicas que enfatizan sus atributos a la hora de candidatearse. La ley no les exige que deban presentar programas. Tampoco les exige que deban identificarse con los partidos a los que representan. La ley de propaganda electoral es muy limitada y sólo incluye una franja televisiva, descartándose opciones de avisaje gratuito en radio y prensa escrita. Cada cual debe proveerse financiamiento para sus campañas, lo que convierte la competencia en una lucha por obtener recursos y hacerse visible frente al electorado. Quien tiene más recursos económicos puede proyectar con más visibilidad su imagen.
La reforma electoral que propicia el gobierno incentivará la competencia y mejorará los problemas de desigualdad del voto al favorecer un modelo más proporcional. No obstante, la tendencia hacia la personalización de la política se mantendrá intacta o se agudizará. En primer término, la oferta de candidaturas en la papeleta se multiplicará significativamente. En algunos distritos tendremos 40 o quizás 50 candidatos disputándose siete u ocho asientos. Pero, como los electores deben votar por un candidato dentro de una lista, el incentivo de los candidatos y candidatas será el de buscar algún tipo de identificación personal con sus electores.
La enorme cantidad de candidaturas generará un problema de identificabilidad. Ello estimulará un incremento en el gasto electoral, estrategias de búsqueda de nichos electorales, y el desarrollo de más ingeniosas campañas para poder distinguirse de otras decenas de candidaturas. Quien tenga más recursos o sea más conocido en su distrito podrá obtener más votos.
¿Cómo reducir este perverso efecto en nuestro sistema democrático? Sugiero algunas soluciones: primero, permitir que los votantes puedan elegir si votar por candidatos específicos o por listas. Esto incentivaría a las listas a buscar un sello distintivo que, por lo demás, generaría estímulos de cooperación dentro de una determinada lista. Los votos obtenidos por la lista podrían distribuirse proporcionalmente entre los candidatos de ella. Segundo, obligar a que los candidatos y partidos presenten programas de trabajo al momento de inscribir las candidaturas. Dichos programas deberán también hacerse públicos. Tercero, obligar a que todo candidato militante de un partido se identifique claramente en la propaganda. Cuarto, establecer una reforma relevante al actual esquema de financiamiento electoral, permitiendo límites de gasto por partido (y no por candidatura), eliminando el financiamiento reservado y anónimo, y estableciendo acceso público y gratuito de propaganda electoral a otros medios de comunicación que no sean exclusivamente la televisión.
La democracia requiere partidos fuertes, transparentes y capaces de rendir cuentas ante la ciudadanía. La tendencia hacia el personalismo de la política erosiona el sistema democrático. Necesitamos una política que discuta y debata ideas más que una política que sólo se preocupa de sus clientelas.
