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  1. Colgada del travesaño

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    En 2012, Carolina Tohá logró prácticamente una hazaña al ganar la alcaldía de Santiago frente a Pablo Zalaquett. Obtuvo 42.520 votos, equivalentes al 50,6%, mientras que Zalaquett no alcanzó los 37 mil votos (44%).

    Siempre es difícil derrotar a un incumbente, más aún con el poder de gasto en campaña que en esos comicios desarrolló Zalaquett con más de 193 millones de pesos declarados. El arma de Tohá no sólo estuvo en aprovechar la baja aprobación del gobierno de la época, sino que también en su capacidad para recolectar recursos. Tanto así, que su gasto declarado superó los 170 millones de pesos. El 84% de ese gasto -147 millones- provino de aportes reservados. La sospecha, desde la oposición,es que estos recursos llegaron directamente desde SQM como parte de un apoyo sistemático de la empresa al PPD.

    Adicionalmente, en 2012 la comuna de Santiago tuvo variaciones anormales en el comportamiento de su padrón. Al 31 de enero de 2012 -con la inscripción automática en marcha-, el número de habilitados para votar fue de 245.515 electores, cifra que creció a 266.963 al momento de cerrar el padrón. Es decir, un incremento de más de 21 mil votantes. Esto también se produjo en otras comunas, como Providencia y Recoleta, lo que hace pensar en un posible traslado de electores a fin de potenciar el apoyo para los candidatos de centroizquierda. De hecho, en las tres comunas -Santiago, Providencia y Recoleta- se impuso la Nueva Mayoría. Si bien esta práctica no es necesariamente ilegal, sí genera evidentes distorsiones.

    Para 2016 las cosas serán distintas. Las restricciones al financiamiento y la eliminación de los aportes reservados han llevado a campañas más austeras, aunque con menores niveles de información. Por otro lado, el universo de potenciales votantes de la comuna creció a 302 mil. Si el padrón a nivel nacional aumentó en cerca del 6%, en Santiago lo hizo en un 13%. Aunque es factible que nuevamente haya existido movilización de votantes de otras comunas, el bajo interés en participar hace pensar que ese incremento es producto de las variaciones naturales de la población.

    Otra diferencia con 2012 está en el número de candidatos en competencia. Para esos comicios, Tohá enfrentó a un candidato del PRI y a otros dos de izquierda. Estos candidatos exógenos a las dos grandes coaliciones acumularon un 5,4%. Para 2016, los votos del PRI se suman a los del pacto Chile Vamos, favoreciendo la candidatura de Alessandri. A todo esto se añade otro factor. El PRO presenta como candidata a la presidenta del partido. La votación del PRO en la elección de concejales de 2012 totalizó un 3,6%, y en 2013 ME-O alcanzó casi el 16%. Aunque la imagen de ME-O ya está lo suficientemente deteriorada, sabe que su única oportunidad para ir reconquistando a sus electores pasa por el trabajo en terreno. Por tanto, en ningún caso puede arriesgarse a que la presidenta de su propio partido sufra una humillación electoral. Si ME-O logra que su candidata llegue a los dos dígitos, lo interpretará como una especie de renacimiento, aunque eso implique llevarse por delante a Tohá y favorecer la posibilidad de que la derecha retorne al sillón municipal de Santiago.

    Por todo lo anterior, Tohá juega este partido colgada del travesaño. Las denuncias de financiamiento irregular hacia su partido, la mala aprobación del gobierno y la presencia de un tercer candidato que “presidencializará” la elección son obs-      táculos difíciles de salvar.Aunque reciba el respaldo de Lagos y Allende, y que Piñera esté con Alessandri, lo decisivo en esta elección será el factor ME-O.

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  2. El dilema de Tohá

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Cuando se trata de transparencia, no basta con declarar inocencia a través de los medios de comunicación. Es legítimo preguntarse si hay alguna relación entre el financiamiento de SQM al PPD y el alto volumen de aportes reservados hacia la candidatura de Tohá en 2012. Sería bueno aclararlo. La alcaldesa tiene la palabra.

    Carolina Tohá debe decidir si repostular o no a la alcaldía de Santiago. Tal decisión está cruzada por las denuncias en torno al financiamiento sistemático que el PPD recibió de SQM. Versiones de prensa indican que, en realidad, Tohá sí se reunía con Patricio Contesse, por lo que la entonces presidenta del PPD estaba al tanto de los movimientos financieros del partido. La otra versión -de la propia alcaldesa- es que ella no sabía absolutamente nada respecto al financiamiento de SQM hacia el partido y que, por tanto, sólo le cabría reconocer su responsabilidad política en el suceso. En caso de que se llegara a comprobar que Tohá sí mantenía vínculos con Contesse, entonces habría mentido en su declaración original, razones más que suficientes para bajar su candidatura a la reelección por Santiago.

    Si se observan los datos de gasto en campaña que reporta el Servel para los comicios de 2012, no deja de sorprender el alto volumen de recursos con que contó la entonces candidata. Mientras Zalaquett reportó un gasto de 193 millones 60 mil pesos, Tohá no se quedó tan atrás, declarando un gasto de 170 millones 334 mil 151 pesos. Al observar la composición de los recursos que recibió cada candidato para hacer su campaña, el volumen de aportes reservados que declaró Zalaquett equivale al 100% del total de sus ingresos, mientras que en el caso de Tohá es de 84,3% (147 millones de pesos). Por otro lado, y dado que Tohá obtuvo 42 mil 520 votos, cada voto- en función del gasto declarado- le habría costado casi cuatro mil pesos. Tales datos contrastan con el gasto declarado por Tohá en la elección de diputados de 2005. El ingreso total para su campaña fue de 39 millones 958 mil 259 pesos. De ese dinero, sólo dos millones 320 pesos correspondieron a aportes reservados. Es decir, el 5% del total de sus ingresos. Su compañero de lista, Ricardo Hormazábal, gastó poco más de nueve millones de pesos.

    Estos datos, más allá del volumen, llevan a pensar en el mecanismo que utilizó la candidata no sólo para aumentar rápidamente su caudal económico en el financiamiento de sus campañas, sino que también la magnitud de los aportes reservados, que de una elección a otra aumentaron del 5% al 84,3% en función del total de los ingresos. Si en 2005 gastó alrededor 2.400 Unidades de Fomento, en 2012 ese gastó se empinó a casi 7.600. Por cierto, estos valores están determinados por el tipo de elección. El gasto no tiene el mismo efecto en un sistema electoral de mayoría relativa en comparación con otro de representación proporcional. Para la elección de diputados de 2005 Tohá era amplia favorita, lo que en parte explica su bajo volumen de gasto aunque cuadruplicando el de su compañero de lista. En 2012, y desafiando a un incumbente de la UDI, Tohá no tuvo más opción que empujar su nivel de gasto.

    Si Tohá realmente estuviera dispuesta a dar señales de transparencia y hacer creíble su afirmación respecto a que desconocía el mecanismo de financiamiento de SQM al PPD, entonces debiese dar información respecto del alto volumen de recursos que recibió por concepto de aportes reservados en la elección de alcaldes 2012. Ya no sirve argumentar que tal información no existe, o que ella nunca supo quién entregó esos aportes para su campaña. Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, ha desafiado a los otros candidatos presidenciales de 2013 a abrir sus cuentas electorales a fin de despejar definitivamente este asunto. Dada la difícil situación de Tohá, ella debiese hacer lo propio sin necesidad de llamar a los otros candidatos a tomar idéntica decisión. Cuando se trata de transparencia, no basta con declarar inocencia a través de los medios de comunicación. Tohá fue presidenta del PPD entre agosto de 2010 y junio de 2012, casi encima de la declaración de candidaturas municipales para octubre de ese año. ¿Habrá alguna relación entre el financiamiento de SQM al PPD y el alto volumen de aportes reservados hacia la candidatura de Tohá? Sería bueno aclararlo. La alcaldesa tiene la palabra.

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  3. Panel habla sobre la eventual repostulación de Tohá y los aportes de SQM al PPD

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En esta edición de Mesa Central se abordó la repostulación de Tohá y aportes de SQM al PPD. Dentro de las aristas conversadas se encuentra:

    – Carolina Tohá dijo que no tiene problemas para presentarse a la reelección por el municipio de Santiago.

    – PPD ligada a dineros provenientes de SQM.

    – Alcaldesa dice asumir la responsabilidad política

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  5. Panel habla sobre el caso Longueira

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    Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales

    Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales

    El panel comentó acerca de variados temas de la contingencia política nacional, entre ellos:
    – Resultados de la encuesta Plaza Pública-Cadem.
    – 82% de los encuestados cree que Longueira buscó beneficiar a SQM durante la tramitación de la ley del royalty.
    – Renuncia de Longueira a la UDI.
    – Las figuras emergentes como Boric y Jackson.
    – Revolución Democrática y sus serios problemas.

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  7. Longueira y la presunción de inocencia

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    No se debe confundir los estándares éticos más elevados al que deben ser sometidos los políticos con la renuncia a la presunción de inocencia.

    La de Pablo Longueira de renunciar a la UDI a partir de las filtraciones de correos electrónicos que indican una relación de cercanía y cooperación entre el entonces senador UDI y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse subraya una vez más la tensión que existe entre la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho y la rapidez con que la opinión pública llega a juicios. Si bien los políticos deben estar sujetos a criterios más exigentes que el resto de los ciudadanos, las personas siguen siendo legalmente inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario. Pero como muchos miembros de la propia clase política se han apresurado en olvidarse de la presunción de inocencia cuando se trata de acusar a sus rivales o de proponer medidas populistas para ganar adeptos entre los votantes, el legítimo reclamo demandando presunción de inocencia que realizan ahora los defensores de Longueira resulta extemporáneo.

    La decisión de Longueira de renunciar a la UDI es un duro golpe para el partido. Como miembro fundador, ex presidente, ex secretario general, diputado (1990-2006), senador (2006-2011), ministro del gobierno de Piñera y ganador de las primarias presidenciales de 2013 de la Alianza, Longueira es el líder más importante del partido más conservador del espectro político. El avezado político ha sido un actor clave en muchos de los momentos importantes de la política chilena en los últimos 26 años. No hay otro líder en la UDI que genere tanta mística, lealtad y también tanta polémica como Longueira. Como recientemente vivió la traumática experiencia de ver caer a Jovino Novoa, otro de sus líderes históricos, la UDI recibe la salida de Longueira como un golpe especialmente duro en un momento de debilidad.

    Como ha sido el partido con más legisladores en la última década, el tropiezo de la UDI es visto como una oportunidad por sus competidores —al interior de Chile Vamos y en los partidos de izquierda, que aspiran a correr el cerco ideológico que tan efectivamente había defendido la UDI—. Mientras algunos lloran la caída de Longueira y otros la celebran, muchos parecen olvidar las implicaciones que tiene la forma en que cayó el caudillo UDI sobre la presunción de inocencia y las repercusiones que tendrá el éxito de la estrategia de lograr la sentencia de culpabilidad popular antes de que se pronuncien los tribunales.

    La evidencia que hasta ahora se conoce —con la complicidad de la fiscalía, que permite que se violen los derechos de los imputados cuando se filtra información que debiera estar protegida por el secreto de la investigación— es que Longueira tenía una relación especialmente cercana con Patricio Contesse. Como hay evidencia de que Longueira y su círculo íntimo recibieron pagos de SQM por servicios no prestados, la fiscalía ha anunciado que investiga un posible delito de cohecho. Si bien el Ministerio Público deberá primero acusar formalmente a Longueira y luego demostrar fehacientemente ante un juez que existió tal delito, la sola filtración de los emails ha sido suficiente para que muchos en la opinión pública se anticipen a dictar sentencia.

    Entregar información sesgada para que la gente se forme una opinión antes de tener toda la evidencia ha sido práctica cotidiana en la arena política. Desde que estalló el escándalo por acusaciones sobre el presunto consumo de drogas en el Congreso a comienzos de los 90, los escándalos políticos más impactantes se han construido a partir de información parcial, sesgada e incompleta. En varias ocasiones, líderes de la UDI han participado activamente en linchamientos públicos similares a los que ahora ha sido sometido Longueira. Pero si bien la UDI pudiera estar bebiendo ahora una sopa de su propio chocolate, muchos de los que en otros momentos han alzado la voz para recordar que debe aplicarse el principio de presunción de inocencia ahora brillan por su ausencia.

    Es verdad que la clase política debe ser sometida a estándares más exigentes que el resto de los ciudadanos, porque viven cómodamente con sueldos pagados por nuestros impuestos, y porque sus posiciones de liderazgo requieren estándares más elevados en su comportamiento. Los privilegios de los que gozan implican también responsabilidades adicionales que deben aceptar.

    Pero no se debe confundir los estándares éticos más elevados al que deben ser sometidos los políticos con la renuncia a la presunción de inocencia. Longueira renunció porque su comportamiento alimenta sospechas sobre la independencia de sus acciones en cuestiones que afectaban directamente a SQM. Por las implicaciones políticas de sus actos, la renuncia es justificada y necesaria (y además útil para ayudar a la UDI a salir de la crisis en que se encuentra). Pero la renuncia de Longueira no significa que ahora él deba dedicarse a demostrar su inocencia. En un estado de derecho, los imputados gozan de la presunción de inocencia y la fiscalía es la que debe demostrar su culpabilidad.

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  8. Panel habla sobre el caso Longueira

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En el panel de actualidad, se conversó acerca del tema central que ha marcado la contingencia política: el caso Longueira. Los tópicos tratados fueron:
    – Medida tomada por Pablo Longueira.
    – Detalles de cuando se discutía el royalty minero.
    – No afrontó preguntas de la prensa.
    – Posibilidad de probar el cohecho.
    – Ley de lobby.
    – Relación dinero-política.

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  9. La reinvención de ME-O

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    En esta nueva etapa que enfrenta ME-O, la peor estrategia sería mantenerse al margen de los partidos tradicionales.

    Luego de su incursión electoral presidencial de 2009, ME-O ha sido uno de los políticos mejor evaluados por los chilenos. A pesar de haber reducido su apoyo electoral en 2013, sistemáticamente fue visto como uno de los políticos con más futuro. Compitiendo con la elite más tradicional, ME-O siempre destacó como una figura novedosa, a veces disruptiva, pero creíble y transparente. Eso lo llevó, incluso, a tener de rodillas a la Concertación en 2009 y a cosechar apoyos dentro de la Nueva Mayoría para incluirlo en la primaria presidencial de 2017.

    Su vinculación con el caso SQM y la respectiva emisión de boletas ha producido una caída importante en sus niveles de apoyo, lo que se vio reflejado en la última CEP. Para algunos, dicha caída es irreversible dado que el capital político de Me-O ha sido, precisamente, su desmarque de la clase política más tradicional, incluyendo el arsenal de malas prácticas en materia de financiamiento. Para otros, este descenso era esperado y, por ende, ME-O tendrá que seguir remando para recuperar esos apoyos.

    A diferencia de los políticos tradicionales, Andrés Velasco y ME-O son más duramente sancionados por los electores cuando se ven envueltos en situaciones anormales que ellos mismos criticaron y denunciaron como una mala práctica. Esto genera desilusión y frustración en sus bases de apoyo. Ambos candidatos fueron más la excepción que la regla, pero hoy aparecen mezclados con los políticos tradicionales. ¿Por qué Piñera y Lagos no experimentan cambios significativos en sus volúmenes de respaldo? En el caso de Piñera, la situación es clara: la gente lo votó conociendo y aceptando sus antecedentes. En lugar de confirmar a la Concertación en 2009, el electorado optó por un representante poco transparente, pero que tenía credenciales para sacar al país adelante. En el caso de Lagos, no deja de sorprender que a pesar del fiasco del Transantiago, aún permanezca en los primeros lugares. Probablemente, los electores asocien el fracaso del plan a Bachelet y no a Lagos, pero seguro en una campaña presidencial esta información le será sacada en cara.

    En este contexto, ¿qué podría hacer ME-O? En primer lugar, colaborar con la Fiscalía y, si es necesario, reconocer su eventual responsabilidad. En segundo lugar, insistir en un acuerdo por omisión con la Nueva Mayoría en algunas comunas para las municipales de 2016 a fin de potenciar a la centro-izquierda. En tercer lugar, seguir abriendo puertas en la Nueva Mayoría para ser incluido en la primaria presidencial. No tiene mucho sentido que compita en la primera vuelta, a no ser que la Nueva Mayoría se quiebre y se presente con dos candidatos. En ese escenario, la fractura del pacto de gobierno podría empujar a ME-O a una eventual segunda vuelta. En cuarto lugar, y asociado al pacto municipal por omisión, ME-O debiese hacer esfuerzos para que el PRO entre a la Nueva Mayoría. De esta manera, el PRO podría potenciar su representación, concentrando los esfuerzos en algunos distritos y circunscripciones. Dado que el nuevo sistema electoral supone que las listas pueden presentar un candidato adicional al número de escaños que reparte cada distrito, la Nueva Mayoría podría abrirle espacio al PRO. Es cosa de sentarse y negociar.

    En esta nueva etapa que enfrenta ME-O, la peor estrategia sería mantenerse al margen de los partidos tradicionales. La marca de SQM será difícil de borrar, y como en la Nueva Mayoría hay pocos que pueden renegar del apoyo de empresas a sus campañas, ME-O no destiñe. El foco debe estar puesto en derrotar a la derecha en 2017. Para eso, ME-O debe desechar el camino propio y sumarse a la Nueva Mayoría. El primer acercamiento será en la municipal. Si el PRO se omite en favor de la Nueva Mayoría, y la Nueva Mayoría hace lo propio en las comunas que le interesan al PRO, esta nueva alianza habrá adquirido la solidez suficiente para aspirar a gobernar nuevamente el país.

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  12. Impúdicos

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos.

    Después de haber estado bajo cuestionamiento debido a las revelaciones sobre financiamiento ilegal de campañas, la clase política chilena parece haber perdido el pudor. Ya que el electorado tiene la convicción de que todos los partidos están involucrados en algún tipo de irregularidad, los políticos están haciendo la pérdida y aceptando que su comportamiento siempre será causa de sospecha. Por ello, como lo ejemplificó a la perfección el senador Jorge Pizarro en su defensa de por qué se fue al mundial de rugby después del terremoto, muchos políticos se comportan con la despreocupación del condenado que sabe que una falta más no agravará la categórica sentencia que ya existe en su contra.

    Después de haber experimentado por años un gradual declive en su valoración positiva, los escándalos Caval, Penta y SQM han constituido un golpe de gracia que dejará a la clase política en una posición de permanente cuestionamiento por parte de una opinión pública que ya no espera que sus líderes políticos sean virtuosos.

    Es saludable que la sociedad sepa que ganar una elección popular no otorga superioridad moral ni es garantía de probidad. Cuando la gente sabe que los políticos están sometidos a las mismas tentaciones que todos, la democracia se inocula de la irrupción de mesías refundadores que prometen soluciones milagrosas. No hay mejor remedio contra el populismo y el autoritarismo personalista que la convicción generalizada de que los políticos son tan imperfectos como el resto de los ciudadanos y que, por lo tanto, es mejor institucionalizar trabas y limitaciones al poder discrecional. La confianza excesiva depositada en la capacidad de una persona para cambiarlo todo —como lo que pasó con Bachelet en 2013— desaparece cuando la gente cree que todos los políticos son susceptibles a privilegiar sus intereses personales por sobre la búsqueda del bien común. Por eso, aunque la democracia chilena sea ahora más triste y tenga menos candidatos a santos, es también más resistente al populismo que históricamente ha amenazado a América Latina.

    Esta nueva realidad —que la gente espera poco de sus políticos— no está exenta de problemas. Como participantes en un reality de televisión que, al poco andar, pierden la vergüenza y se comportan como si nadie estuviera mirando, los políticos chilenos han perdido el pudor. Las respuestas y explicaciones que ha dado el senador Pizarro a las críticas recibidas por haber viajado al mundial de rugby días después de que un terremoto golpeara duramente a la región que él representa reflejan esa pérdida de pudor. Pizarro ha dicho que su viaje no fue a un concierto musical, sino a algo mucho más importante. Pudiera ser que para Pizarro, el rugby sea menos frívolo que un concierto, pero es inaceptable plantear que los hobbies son más importantes que las obligaciones profesionales. Un futbolista fanático de los automóviles no se puede ausentar de la liga de su país sólo porque tiene un hobby. Un profesor no se puede ausentar de sus clases para asistir a un evento deportivo alegando que es su pasión. El trabajo de Pizarro no consiste sólo en legislar. También debe acompañar a sus representados cuando pasan por un mal momento. Como presidente del PDC, Pizarro también representa al partido más importante del oficialismo. Su ausencia del país, cuando muchos camaradas sufrían, no puede ser entendida como otra cosa que una frivolidad.

    Felizmente, hay soluciones de diseño institucional que ayudan a evitar que políticos no virtuosos cometan desatinos. Los referendos revocatorios para senadores a mitad de sus períodos de ocho años harían que ellos piensen mejor antes de privilegiar sus hobbies por sobre lo que importa a sus electores. Como Pizarro tendrá que enfrentar a sus votantes recién en 2021, le importa poco ofenderlos. Si en cambio existiera la posibilidad de un referendo revocatorio en 2017, Pizarro lo pensaría dos veces antes de irse de vacaciones después de un terremoto.

    Limitar la reelección de los legisladores, en cambio, solo incentivará más comportamientos como el de Pizarro. Los legisladores en su último periodo no tendrán para qué preocuparse de lo que piensen sus electores. Además de irse a pasear por el mundo, esos legisladores en su último periodo se dedicarán a usar sus cargos para buscar su siguiente trabajo. Dejar contentos a futuros empleadores será más importante que satisfacer las necesidades de sus distritos.

    Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos. Ya nadie deposita en los políticos el tipo de fe ciega que alimenta el populismo. Los políticos no pueden atribuirse superioridad moral por haberse opuesto a la dictadura o por una supuesta vocación de servicio público. Ahora que sabemos que vivimos en un reino de impudicia, en vez de lamentarnos, corresponde diseñar instituciones que establezcan mecanismos de control e incentivos para que los impúdicos trabajen por el bien de sus electores.

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  13. Cuando los lobos huelen debilidad

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.

    Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.

    Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.

    En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.

    Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.

    Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.

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  14. ”La Presidenta está más sola que nunca y no se ve por dónde revertir ese proceso”

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    Manuel Vicuña, Decano y académico de la facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales

    Manuel Vicuña, Decano de la facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales

    Para el decano de Historia de la UDP, Bachelet está pagando los costos de su forma de liderazgo.

    Hoy el trabajo del historiador  Manuel Vicuña (45) depende de la amabilidad del escritor y editor Matías Rivas.

    Como la facultad de Ciencias Sociales e Historia de la U. Diego Portales, de la que es decano, está en toma, se quedó sin oficina. Por eso está ocupando la  del director de Publicaciones de la universidad, ubicada en  la señorial casa central de calle Ejército.

    Es ahí donde Vicuña, uno de los principales cultores del ensayo en la academia -autor de ocho libros-, se sienta a repasar el momento que vive la Presidenta Michelle Bachelet, en medio de una crisis política  que no parece terminar.

    Su juicio a su figura es lapidario.

    -Se dice que la Presidenta está sola políticamente. ¿Está de acuerdo?

    -De partida, cualquier cargo de autoridad implica una cuota de soledad. En el caso de la Presidenta al día de hoy eso se ha radicalizado, está más sola que nunca y no se ve por dónde pueda revertir ese proceso. Ella siempre ha sido  muy desconfiada, se ampara en un círculo cerrado y ese círculo se le desbarató con la salida de Rodrigo Peñailillo. Hoy está rodeada de ministros, como por ejemplo Jorge Burgos, con los cuales prácticamente no mantiene relación. No tiene gente en la cual confía y, a diferencia de presientes previos, nunca se ha esforzado por tener una relación fluida con los  partidos políticos.

    -¿ Está pagando los costos de su forma de ejercer liderazgo?

    -Totalmente, porque en el fondo al momento de los problemas no hay nadie que venga a socorrerla. Súmale que ella construyó  su liderazgo sobre la base de los afectos, de los atributos blandos y ahora que se produjo un cortocircuito con la ciudadanía y perdió esos atributos, también se quedó sola, no sólo con respecto a su gobierno, a los partidos, sino que también  al vínculo que mantenía con la mayoría de la ciudadanía.

    -Desde su perspectiva, ¿Bachelet responde a cierta tradición en el ejercicio del poder presidencial?

    -Creo que lo suyo es más bien nuevo. Es mujer y eso supone una relación distinta con la ciudadanía y también con los propios partidos, que son fundamentalmente un mundo masculino y no muy moderno en relaciones de género. Son famosas las reuniones de directivas de partido donde no convocan a las mujeres, aún cuando ejerzan algún cargo en esa directiva.

    Es un liderazgo basado en el carisma, algo que no es del todo novedoso, pero sí muy raro. Uno puede pensar en un antecedente, salvando las diferencias: Arturo Alessandri en 1920, que establece ese vínculo carismático con sectores populares, prescindiendo de los partidos. Otra diferencia es que Bachelet se trata de una Presidenta que, en general, tiene una actitud más bien prescindente respecto del día a día del Gobierno, es la antítesis de Lagos o de Piñera, que manejaban en detalle la información de Gobierno.

    –Hablaba de la soledad del poder. Quizás sea una constante en el caso de los presidentes chilenos: uno puede pensar en Allende al momento de su suicidio y Pinochet la noche del plebiscito, absolutamente solos ante la historia.

    -Uno puede pensar en Balmaceda también, aunque quizás no haya mucho punto de comparación. El caso de Allende es el más extremo, porque si bien contaba con el apoyo popular siempre su gobierno, de alguna u otra, fue boicoteado por su propio partido. Eso es totalmente distinto a lo de Pinochet, que, aún cuando se quedó solo esa noche, contaba con el apoyo irrestricto  de una parte importante de la ciudadanía. Su figura más bien es la del dictador que se siente traicionado.

    -Usted estudió la Belle  Epoque chilena y uno de los presidentes de ese período, Pedro Montt, se apoyaba mucho en su mujer.¿La familia sirve como apoyo en momentos de crisis?

    -En el caso del Presidente Montt, su mujer, Sara del Campo, era un  poder oculto en la sombra, era de cierta manera una operadora política a través del salón y de los vínculos sociales que establecía.

    Respecto a Bachelet, yo en el ámbito también la veo muy sola. Me parece que el gran puntal ha sido su madre, quién además tiene olfato político. Pero después  de Caval las relaciones de confianza, el trato cotidiano con su hijo se debe haber visto debilitado.

    La paranoia y la desconfianza

    -Habla de cierto machismo. ¿A un Presidente hombre le harían estas críticas?

    -Yo hablo de cierto machismo en las estructuras partidarias, pero no creo que uno tenga que recurrir constantemente al machismo para explicarse cualquier visión crítica a la Presidenta. Me parece que es un recurso que hay desestimar a estas alturas del baile.

    -¿Ella tiene alguna oportunidad de cambiar esta situación?

    -Lo veo difícil, está como ida en cierta manera. No ha logrado retomar la agenda, no ha logrado volver a ejercer una conducción política;  se la ve muy golpeada, muy sobrepasada por la situación. Tampoco le ha dado a su nuevo gabinete el                                       ‘voto de confianza’ para que ejerza con cierta autonomía la conducción política que ella no esta dispuesta a poner en práctica. Por eso uno ve ministros que parecen caminar siempre al borde de la cornisa, sin dar directrices claras,  siempre respondiendo a la agenda de cada día.

    -¿Habrá cierta ‘psiquis presidencial’ que haga que un Jefe de Estado se sienta solo o traicionado constantemente?¿ La Presidenta se sentirá traicionada en estos momentos: su hijo, Peñailillo?

    -Hay gente más proclive a la paranoia, pero no hay que atribuirlo al cargo en sí mismo. Difícil saber si se siente traicionada. Es muy difícil saber qué piensa sobre los problemas del país, más difícil saber es elucubrar qué pasa por su cabeza con respecto a este tipo de sentimientos.

    -¿Usted sugiere entonces que la Presidenta es un poco paranoide?

    -La República Democrática Alemana, donde se exilió, funcionaba sobre una estructura paranoide. Ahí los vínculos de confianza, incluso las relaciones afectivas, tenían un doble fondo: la persona a quién más tú estimas te podía estar traicionando con los servicios de seguridad.

    Si uno piensa en cómo ella ejerce el poder y cómo intenta blindarse con un círculo de confianza, no digo que suponga paranoia, pero sí un principio de desconfianza más allá de lo habitual, incluso con las fuerzas políticas que la apoyan.

    -Hoy algunos que  le piden a Bachelet  que ejerza un liderazgo fuerte ‘estilo Ricardo Lagos’, por ejemplo, pero muchos se olvidan de que cuando  él dejó la presidencia, en 2006, su estilo molestaba a muchos.

    -Representan liderazgos disímiles. Bachelet marca un cambio de época, abría la posibilidad de un tipo de liderazgo más empático con la ciudadanía, que daba la impresión de un trato más horizontal y que prometía una renovación de la clase política.

    En caso de que vuelva un liderazgo fuerte es más bien una respuesta a lo que ha ocurrido en este Gobierno. Por decirlo así: lo que pasa con Bachelet no es sólo que al día de hoy, dadas las circunstancias, empiece aparecer la añoranza de un liderazgo fuerte ‘tipo Lagos’, lo que ocurre es que ella no ha logrado poner en práctica el tipo de liderazgo que la ciudadanía esperaba de ella.

     

    Ver entrevista en lasegunda.cl

  15. La inacción del gobierno y el sueño neoliberal

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La lógica del minimalismo forzado por la impericia de La Moneda no deja contentos ni siquiera a los libertarios que creen en un gobierno minimalista.

    La inacción que ha caracterizado al gobierno desde que en febrero estalló el escándalo Caval se ha convertido en la materialización del sueño de un gobierno minimalista. Porque La Moneda ha hecho poco en los últimos cuatro meses, la derecha “libertaria” debiera ser la más contenta con el minimalismo en el que ha caído (contra su voluntad) el gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero así como el sueño libertario de gobierno mínimo hace imposible que el capitalismo funcione bien, la inacción en el gobierno pone en riesgo tanto la trayectoria de crecimiento que tuvo Chile en las últimas décadas como la promesa de reducir la desigualdad que llevó a Bachelet a ganar la elección presidencial de 2013.

    En el irónico discurso que dio en la cena anual de los corresponsales en la Casa Blanca en 2006, el comediante Stephen Colbert ironizó sobre el tipo de gobierno que lideraba el Presidente George W. Bush. Adoptando el discurso de extrema derecha de su personaje televisivo, el comediante dijo “yo creo que el gobierno que gobierna mejor es el gobierno que gobierna menos. Con ese estándar, puedo decir que hemos hecho un gran trabajo en Irak”. La ironía de Colbert se basaba en el argumento de la derecha libertaria (“Libertarian” en la nomenclatura política estadounidense) que aspira a un gobierno minimalista. Si bien esa derecha también se opone a que el gobierno se inmiscuya en la vida privada de las personas en temas de orientación sexual o uso de drogas —lo que la acerca a posiciones liberales en algunas dimensiones—, los libertarios creen que los mercados desregulados funcionan mucho mejor. Por cierto, un Estado mínimo, naturalmente, requerirá de impuestos bajos para su financiamiento.

    La postura libertaria es popular especialmente entre aquellos de mejor situación económica, que necesitan menos de la red de protección social del Estado. Pero su ideal de gobierno es impracticable. Porque los mercados tienen imperfecciones, porque hay desigualdades de origen que generan una cancha dispareja y porque es moralmente imperativo tener un contrato social que garantice mínimos a todos los ciudadanos, las sociedades modernas tienen estados que hacen mucho más que las funciones minimalistas que preferirían los libertarios. Después de todo, la vida en sociedad requiere que todos cedamos algo de libertad para poder vivir mejor colectivamente.

    Desde que estalló el caso Caval, el gobierno de Bachelet ha sido incapaz de salir del hoyo en que cayó cuando la Presidenta y su círculo cercano no reaccionaron a tiempo —y después reaccionaron mal— ante el escándalo de especulación inmobiliaria en el que estuvo involucrado el primogénito de la Presidenta.  Las ramificaciones del escándalo Penta, que terminaron en arrastrar a miembros del círculo íntimo de Bachelet por sus vinculaciones con SQM, contribuyeron a que el gobierno se hundiera más en el intento por superar la crisis a través de la negación y de vanos esfuerzos por deslindarse de sus responsabilidades.

    Los escándalos han dominado las noticias en los últimos cuatro meses. El gobierno ha perdido el control de la agenda política y la percepción generalizada en el país es que somos un barco que navega a la deriva en un ambiente económico adverso. La incertidumbre reinante ha repercutido negativamente sobre la economía y, cada vez que aparecen estimaciones sobre lo que va a pasar, las expectativas se tornan más oscuras. Cada día son más las voces que anuncian que este gobierno ya está en etapa terminal. Como la selección de Brasil en aquel histórico partido frente a Alemania en el Mundial de 2014, el segundo tiempo del gobierno será un mero trámite cuyo final se anticipa con ansias —o resignación—.

    Dado que los ímpetus fundacionales del gobierno se han hundido con la caída en la aprobación de Bachelet, algunos en la oposición esperan que el nuevo gabinete sea capaz de enmendar rumbo, corrigiendo algunos errores cometidos en la acelerada aprobación de la reforma tributaria y revirtiendo el impopular aumento de legisladores que acompañó a la reforma electoral. Pero si el gobierno no tiene habilidad para seguir impulsando su agenda, tampoco tendrá capacidad para poner marcha atrás en las reformas que se implementaron hasta enero de 2015. Si el piloto no tiene capacidad de conducción, el auto no podrá salir del hoyo para seguir avanzando, pero tampoco podrá poner marcha atrás.

    Lo único que podemos esperar para los próximos meses es que el gobierno siga involuntariamente cumpliendo el sueño de los libertarios de gobernar lo menos posible. Pero la sociedad necesita que haya un gobierno que ejerza el poder y dirima conflictos entre distintos grupos de interés que ejercen legítima presión para avanzar sus objetivos. Por eso, la lógica del minimalismo forzado por la impericia de La Moneda no dejará contento ni siquiera a los libertarios que creen en un gobierno minimalista, pero eficiente en las pocas cosas que intenta hacer.

    Ver columna en ellibero.cl

  16. Carlos Huneeus por SQM: es una bomba de racimo que explotará cuando declare Martelli

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

     

    La forma en que las distintas colectividades políticas han reaccionado frente a los cuestionamientos que se les han realizado por sus militantes involucrados en presuntos casos de emisión de boletas para el financiamiento de campañas políticas, fue criticada por expertos quienes consideran que ha sido de manera defensiva e incluso hablan de parálisis de parte de partidos como la DC o la UDI.

    Las nuevas revelaciones surgidas en torno de las asesorías realizadas por el senador DC Andrés Zaldívar a Aguas Andinas, volvió a activar los cuestionamientos a la Falange, partido que ha debido enfrentar las críticas a su presidente, el senador Jorge Pizarro por las boletas entregadas por sus hijos a la empresa SQM, y que la misma minera no metálica reconoció que fueron por trabajos no realizados, y presumiblemente fueron a parar al financiamiento de campañas.

    Si bien se explicó que la situación del senador Zaldívar es distinta a la de los casos que hasta ahora se han ventilado en la prensa, ya que serían trabajos realizados de forma privada y en un período en el cual no ejercía un cargo público, sí se cuestiona la forma en que el partido, así como la UDI en su momento, ha reaccionado ante las revelaciones sobre sus militantes que se han visto envuelto en el financiamiento irregular de campañas políticas.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, sostuvo que la manera en que han enfrentado, tanto en la DC como en general los partidos políticos que se han visto involucrados en los casos Penta y SQM, ha implicado el defenderse frente a los cuestionamientos que se les han realizado, en vez de tomar la iniciativa a través, por ejemplo, de la convocatoria de sus tribunales supremos para tratar estos casos.

    “Creo que en general los actores políticos han sido bastante defensivos respecto de este tipo de conductas, intentando primero negar que existe algún tipo de vínculo, o cuando ya se hace evidente el vínculo tratar de responder defensivamente frente a este tipo de acusaciones, intentando minimizar el tema, o hacer este tipo de declaraciones que son informes verbales, y todo lo que ha venido a continuación”.

    Fuentes señala que los partidos políticos que han visto a alguno de sus militantes involucrados en este tipo de irregularidades, no han sido lo suficientemente activos para enfrentar estos problemas, y en este sentido expone que las medidas a tomar implicarían “activar a los tribunales supremos para ver si hay algún tipo de involucramiento, suspender militancias hasta que no se resuelva el caso, y hay distintas graduaciones respecto de las decisiones que un partido pueda hacer internamente”.

    Para Carlos Huneeus, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Chile, la DC está paralizada ante las revelaciones sobre sus militantes que han sido cuestionados con sus vínculos con la emisión de boletas falsas, como son los casos del diputado Roberto León y el ex embajador Marcelo Rozas, y sostiene que estas situaciones son una bomba de racimo que pueden seguir afectando a la clase política en general, y que se podrían acentuar después que la próxima semana tenga que acudir a declarar el ex recaudador de fondos de la Concertación, y quien ha sido vinculado a SQM, Giorgio Martelli.

    “No solamente la Democracia Cristiana está bastante paralizada porque aquí estamos sobre una bomba de racimo. Cuando hable el señor Martelli van a producirse más hallazgos, porque el señor Martelli o el señor Harold Correa tienen que explicarnos cómo financiaban los pagos que le hicieron a importantes personalidades políticas”.

    Pese a ello, Huneeus asegura que la situación de la DC, en particular la del senador Pizarro, no es comparable con lo sucedido en la UDI, en donde existió “un subsidio masivo e importante de parte de un grupo económico muy vinculado a ellos, centralizado en una figura tan importante como el senador Jovino Novoa”.

    El sociólogo y presidente de la fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz hace hincapié en el desgaste en la vocación democrática de las élites políticas tras conocerse estos casos, y el hecho de cómo los han tratado de resolver, de espaldas a la ciudadanía y situándolas sólo en el ámbito judicial.

    “Lo que sí está quedando cada vez más en evidencia, es el agotamiento de la vocación democrática de las élites de la transición, porque tratar de buscar la solución o reducir algo que debería ser de deliberación pública, de deliberación ciudadana, deliberación política informada y culta, rica en definitiva, determinante está siendo secuestrada en una especie de judicialización de la discusión. Y, al revés, yo no tengo ningún reparo en que se establezcan las culpas que estén aquí involucradas”.

    Ruiz señaló además que la crisis que se ha generado con los casos de emisión de boletas falsas, ha servido para encubrir una crisis más profunda de la política nacional y que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones que conforman el sistema, por lo que sería un error centrarse sólo en esta dimensión del problema.

  17. Claudio Fuentes por rol de Insunza en empresa de lobby: “En este contexto hubiera pensado dos veces ese nombramiento”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Para el miembro de la entidad, que en sus propuestas incluyó mayor regulación al lobby –especialmente tomando en cuenta la puerta giratoria entre profesionales que pasan de la gestión de intereses privados al mundo público–, la designación del ex diputado en la Segpres, que entre sus funciones tendrá justamente la de impulsar la Agenda para la Transparencia y la Probidad en Negocios y Política, no fue la más deseable, dado el actual clima generado por la relación impropia entre el dinero y la política.

    La llegada del ex diputado Jorge Insunza (PPD) a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), ha generado alerta entre algunos sectores debido a que  encarna la criticada puerta giratoria entre el mundo privado, vinculado al lobby, y el sector público.

    De hecho, tras asumir como titular de la Segpres –que tiene a su cargo hacer de enlace entre La Moneda y el Congreso durante la tramitación de las leyes–, Insunza tuvo que referirse al eventual conflicto que enfrentará en sus nuevas funciones a causa de su trabajo en una de las empresas más relevantes de la industria del lobby: Imaginaccion, del ex ministro Enrique Correa.

    Las explicaciones del secretario de Estado fueron para aclarar que su trabajo en Imaginacción -donde fue enrolado en 2011 como gerente de Comunicación Estratégica, papel que mantuvo hasta mediados de 2013, cuando inició su candidatura al Parlamento– no fue hacer lobby a favor de SQM, que era parte de la cartera de clientes de la consultora, sino que desarrollaba asesorías de comunicación, una de las áreas que tiene la compañía.

    “No digo que a partir de eso no buscáramos obviamente construir una influencia, pero eso es también un ejercicio de legítima influencia que se basaba en el resguardo de identidades corporativas”, dijo el martes a CNN Chile.

    Entre las tareas que deberá asumir Insunza está impulsar la agenda para la Transparencia y la Probidad en Negocios y Política presentada por Michelle Bachelet el lunes y derivada del trabajo de la Comisión Engel, que entre los puntos que analizó incluyó justamente el lobby.

    “Creo que en un ambiente político tan sensible a los temas del vínculo de dinero y política generar este tipo de situaciones, sin que se aclare muy bien el rol que cumplió en distintos momentos, generará problemas más que favorecerlo. Por eso requiere clarificar muy bien cuál fue su rol, de modo de no empañar cualquier duda de lo que hizo respecto a sus funciones cuando estuvo en el sector privado”.

    Según explica el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que fue miembro de dicha Comisión, “propusimos dos cosas: una, que se regulara de modo estricto el hecho de que lobbistas o gente que ha participado en temas vinculados al lobby ejerza cargos públicos con inhabilidad de un año –en el caso de Insunza si esto se regulara así, no cabría esa inhabilidad porque lleva de diputado más tiempo–; la segunda dimensión tiene que ver con la evaluación y revisión de la ley”.

    “Un problema que existe hoy es que la definición de lo que es unlobbista es muy amplia, y se define como un gestor de intereses, por lo que un abogado podría caber en ella”, agrega Fuentes.

    En su opinión, “se requiere una definición más acotada y específica de quién es el lobbista. Hoy solo por el registro llegas a la conclusión de quién gestiona intereses. Al definir si un ministro u otros son lobbistas, es una definición muy laxa”.

    Por eso –y añade que su visión es personal y no desde su papel en la Comisión Engel– cuando Insunza “dice que no estaba a cargo de hacer lobby sino de comunicación estratégica, lo que plantea es que hay una ambigüedad respecto de qué es el lobby en Chile. Y eso es un gran problema”.

    –Jorge Insunza, se ha mantenido en una puerta giratoria entre cargos públicos y privados dedicados al lobby, ¿cuál es la señal que se transmite con que alguien en esa condición sea el encargado de impulsar la agenda para la transparencia y la probidad derivada del trabajo de la Comisión Engel?
    -Creo que en un ambiente político tan sensible a los temas del vínculo entre dinero y política generar este tipo de situaciones, sin que se aclare muy bien el rol que cumplió en distintos momentos, generará problemas más que favorecer esa agenda. Por eso requiere clarificar muy bien cuál fue su rol, de modo de no empañar cualquier duda de lo que hizo respecto a sus funciones cuando estuvo en el sector privado.

    Por ejemplo, si comparas la situación de Insunza con Marcelo Díaz, en este último caso, él ha sido cercano a Correa, trabajó con este en la Segegob en los 90. ¿Es eso un vínculo poderoso para pensar algo si ni siquiera era creada Imaginaccion? Creo que esa vinculación es demasiado débil para decir que es un hombre de Correa. Hay que ser muy cuidadoso. Me preocupa eso de englobar todo en un paquete cuando efectivamente hay uno que sí trabajó, en este caso, Insunza.

    -¿Lo sorprendió su designación en ese cargo por encarnar el tema del lobby? 
    -En el contexto político y social que vivimos, particularmente por la agenda de probidad que estamos viviendo y sensibilidad social, hubiera pensado dos veces ese nombramiento.

    –Por otra parte, las asesorías prestadas por Insunza a clientes mientras estaba en Imaginaccion no son públicas –salvo las mencionadas en algunas entrevistas–, ya que la cartera de clientes de la consultora es secreta. En la práctica, ¿considera que esto deja flancos abiertos a la hora en que el ministro impulse la agenda legislativa de reformas?
    -En la legislación actual no se puede saber. En este caso hay contratos de confidencialidad y está bien que funcione así. El problema es que la actividad está mal regulada. Efectivamente se pueden plantear dudas respecto a su gestión en el Gobierno, pero no hay resolución jurídica de lo que significa hacer lobby, porque la ley es muy ambigua en ese sentido. Con una normativa distinta, que obligara a las empresas de lobby a generar un registro, establecer cartera de clientes, etcétera, sería distinto. La única posibilidad es generar inhabilidades para que quien hizo lobby ejerza cargos públicos. Lo razonable es uno o dos años.

    -¿Por qué provoca conflicto que alguien que ha trabajado como lobbista luego ocupe un influyente cargo público?
    -Podría hipotéticamente mantener algún tipo de vinculación con las empresas en que se hizo ese tipo de trabajo. La actividad del lobby en otros contextos y países es súper legítima, no debiese ser recriminada socialmente. Creo que es muy bueno que se explicite, el problema es que en Chile eso no está sucediendo.

    El espíritu del consejo asesor es generar inhabilidades porque se genera un potencial conflicto de interés por alguien que trabajó en ese ámbito específico, generando recomendaciones para una empresa o haciendo gestiones a nivel privado, que después llega a un cargo público. Es necesario regular con mayor claridad la definición del lobby.

    -Por otra parte, en la declaración de intereses así como de patrimonio de Insunza en la Cámara Baja no incluyó su trabajo en Imaginaccion, ni los clientes que tuvo ni tampoco sociedades a las que estuvo ligado, por ejemplo, Sistema Consultores Limitada, que hoy lleva su esposa. Entiendo que esto no es ilegal, ¿pero cuál es el parámetro mínimo que se espera de quien impulsará la agenda para la transparencia?
    -Es necesario que aparezca, así como qué funciones específicas cumplió dentro de la empresa. Lo que pasa es que uno de los problemas que vimos en la Comisión es que la declaración no incluía, por ejemplo, a su entorno familiar inmediato. No debería ser solo del sujeto. En este nuevo cargo el ministro deberá hacer una declaración más extendida por las nuevas exigencias administrativas que el Gobierno impulsó.

  18. Cuestionamientos a Michel Jorratt tensionan al Gobierno

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    Fernando García, Director del Magíster Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales

    Fernando García, Director del Magíster Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales

    Continúan los cuestionamientos hacia el director del SII Michel Jorratt por sus vínculos con Giorgio Martelli. Esta vez las críticas emergieron desde el interior del fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza quien criticó su actuar en relación con la investigación al ex recaudador de fondos de la Concertación. Mientras que expertos hacen hincapié en el contrasentido de mantener a Jorratt en su cargo, a pocos días que la Presidenta hiciera un cambio de gabinete con el objetivo de evitar reproches hacia la probidad y transparencia de las autoridades.

    La situación de Michel Jorratt como director del Servicio de Impuestos Internos se está haciendo cada vez más compleja, luego de que este miércoles el ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza señalara en una entrevista radial que no existe una explicación razonable para que se inhabilitara para investigar el caso de Giorgio Martelli, y luego presentara una querella en contra del ex recaudador de fondos la Concertación –y a quien Jorratt le prestó servicios entre 2012 y 2013- lo que fue interpretado como el retiro de su respaldo a la labor de Jorratt.

    Luego, desde el movimiento político Amplitud, pidieron al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés que remueva de su cargo al director del SII, y que en caso contrario van a reunir las firmas necesarias en la Cámara Baja para interpelar a Jorratt, para lo cual esperan que se sumen desde la Nueva Mayoría, y comprobar que están por la transparencia.

    “Ya que está de moda, queremos darle 72 horas al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para que saque al señor Jorratt del Servicio de Impuestos Internos, porque, si no, lo que va a hacer Amplitud es reunir las firmas para poder interpelar al ministro en el Congreso”, señaló el diputado Joaquín Godoy.

    Ante este emplazamiento realizado por la colectividad de oposición, el diputado (PS) Osvaldo Andrade los emplazó a presentar la interpelación de manera inmediata, si es que poseen los argumentos necesarios para hacerlo.

    “Si Amplitud estima que hay suficiente argumentación, o hay un arsenal conceptual de antecedentes de datos que les permitan hacer una interpelación, y si además todos estamos de acuerdo en que la interpelación es un buen ejercicio democrático, yo los invito a que la hagan al tiro. Me resisto a tener que esperar 72 horas para una expresión democrática tan interesante como la interpelación que va a hacer Amplitud. Lo que pido es que no sea como la anterior, porque la otra fue media fomeque”.

    El diputado (PPD) Pepe Auth, hizo un llamado a que no se politizara la situación de Michel Jorratt al frente del SII, y criticó a los miembros de Amplitud por la petición hecha al ministro de Hacienda de removerlo de su cargo, considerando que Jorratt fue escogido a través de la Alta Dirección Pública y que es atribución exclusiva del ministro Valdés decidir el futuro del director del SII.

    “Esta es una atribución exclusiva del Ministro de Hacienda, sin embargo, Jorratt acaba de ser seleccionado por la Alta Dirección Pública en el primer lugar y, en consecuencia, son muchos los que opinaron que era la mejor carta para dirigir el Servicio y está demostrando con los hechos que tiene la mesura, la discreción y la objetividad requerida para ejercer esa responsabilidad”.

    Por su parte, el Ministerio de Hacienda, a través de una declaración pública, respondió a estas críticas y emplazamientos, incluidas las del ministro Insunza, señalando que “Michel Jorratt, actual director del SII, es un profesional de larga trayectoria y no hay novedades que informar respecto de su permanencia en el cargo”, enfatizando en la atribución exclusiva del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de remover de su cargo, eventualmente, a Jorratt.

    “Los cambios de todas las jefaturas de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda los resuelve esta cartera”, se puede leer en la declaración, la cual finaliza señalando que el titular de esta cartera “hace evaluaciones permanentes de los jefes de servicio”, en referencia a la situación de Michel Jorratt y el SII, que dependen de esta cartera.

    Por su parte, analistas políticos hicieron énfasis en la compleja situación en que el gobierno se encuentra a partir del caso de Michel Jorratt, debido al reciente cambio de gabinete que tuvo entre sus objetivos, dar una señal hacia el país de iniciar una segunda etapa de administración, dejando atrás los cuestionamientos a miembros del equipo ministerial, y al mismo tiempo continuar con el respaldo al director del SII.

    Fernando García, director del Magíster de Política y Gobierno UDP, hizo hincapié en el contrasentido que significa que la Presidenta haya hecho un reciente cambio de gabinete, buscando dar una señal frente a la crisis política que vive nuestro país, sacando a personeros que estuvieran involucrados en entrega de boletas a SQM, pero mantuviera a Jorratt, que también está siendo cuestionado en este sentido.

    “El objetivo político de la Presidenta era, a través de un cambio de gabinete, dar un golpe de timón a cómo se estaba conduciendo la crisis política, esto evidentemente no son buena señales, es un contrasentido de la institucionalidad política. Sacar o no a Jorratt yo creo que era un punto importante. Hay demasiados cuestionamientos. Cuando hay cuestionamientos de este tipo, y tú quieres fortalecer tu imagen de gobierno, evidentemente tú tienes que recoger esos cuestionamientos, actuar lo antes posible, y tratar de limpiar esa imagen, y ese no es el camino que está tomando”.

    Alberto Precht, director de Chile Transparente también se refirió en términos similares a la situación que atraviesa el director del SII, ya que sostiene que el mantener a Jorratt en su cargo, no va en la dirección que la Presidenta impuso luego del cambio de gabinete, en el sentido de tener en su equipo de gobierno a personas que no tengan a cuestas cuestionamientos de ningún tipo.

    “Claramente, el director del SII no está colaborando en esa dirección, debido a todas las dudas que se han generado constantemente, algunas malas explicaciones que se han dado, también, algunas que han sido insuficientes, o incluso algunas explicaciones que ni siquiera se han dado. Más hoy día cuando uno escucha al ministro de la Segpres que hace estos mismos cuestionamientos, claramente parecería que lo adecuado sería avanzar a esa dirección”.

     

  19. Claudio Fuentes: “Hay una disputa ideológica instalada en la sociedad chilena”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Hoy en Desde Zero escuchamos y comentamos las peculiares declaraciones de Erika Silva, la ex jefa de gabinete de Sebastián Dávalos. Hablamos con el diputado DC René Saffirio sobre la instalación del nuevo gabinete, el rol de Burgos en Interior y el conflicto de Jorge Pizarro a la cabeza de la DC por la vinculación de sus hijos con boletas de SQM.

    René Saffirio dijo:

    “No hay procedimiento más democrático que una Asamblea Constituyente”

    “Pizarro no tiene ninguna posibilidad de ejercer liderazgo en la DC en tanto no aclare su vinculación con SQM”

    “En política no hay casualidades”

    “Creo que la Presidenta debió haber tomado la decisión de pedir la renuncia del Ministro Undurraga”

    Además tuvimos de invitado al cientista político, director de ICSO UDP, y también miembro de la Comisión Engel, Claudio Fuentes, para conversar sobre la relación entre las demandas ciudadanas y las reformas que plantea el gobierno de Michelle Bachelet. Algunos de los planteamientos de Fuentes – @mechitasdeclavo– al respecto:

    “Tenemos una sociedad muy fragmentada donde el invidualismo cala hondo”

    “En Chile tenemos uno de los niveles de desconfianza interpersonal más altos en América Latina”

    “Tuvimos dos transiciones: una política que empieza en los 90 y otra transición social, que empieza en 2001-2002″

    “El ciclo político de los enclaves terminó con el gobierno de Lagos”

    “La crispación de hoy día es sobre el abuso de poder”

    “El problema es que la transformación social no se equipara con una transformación política”

    “La única forma de cambio político en Chile es la escisión”

    “Hay una disputa ideológica instalada en la sociedad chilena”

    “El cambio de gabinete a mi juicio se llama basicamente SQM, Caval… Eso gatilla la crisis”

    “Burgos es el epítome del servidor público que no tiene vínculos con el sector empresarial”

    “Muchos temas de los que trabajó la comisión (Engel) requieren un rediseño constitucional”

     

     

  20. Agenda de transparencia y lucha contra la corrupción marcan un cambio en las prioridades presidenciales de Chile

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Hasta hace unos meses, la reforma educativa era la columna vertebral de la presidencia de Michelle Bachelet y una promesa electoral que la ayudó a recuperar la ocupación del palacio presidencial de Chile.

    Desde el pasado martes como consecuencia de los recientes escándalos de corrupción y tráfico de influencias que han barrido a través de la clase política de Chile – incluso a través de propio patio trasero de Bachelet, que pueden ya no ser el caso.

    En un discurso a la nación rara transmitido por todos los canales de televisión el 28 de abril, Bachelet reveló la transparencia y la agenda anticorrupción su gobierno perseguirá en respuesta a la crisis actual, que marca un cambio importante en las prioridades del presidente.

    ” Ese será el sello de mi gobierno y el legado principal de mi presidencia: dejando una democracia más transparente, ético y legítimo a los ojos de sus ciudadanos “, Bachelet dijo a sus compatriotas durante el discurso de dos horas.

    El gobierno ha reconocido la importancia de las últimas reformas del presidente, refiriéndose al plan anunciado como “quinta reforma de Bachelet”, junto a impuestos, la educación, el trabajo y las reformas constitucionales.

    Para Mauricio Morales, director del Observatorio de Política y Electoral de la Universidad Diego Portales, el enfoque del gobierno de Bachelet ha cambiado radicalmente, que corre el riesgo de descarrilar el progreso de las reformas educativas.

    “En el corto plazo, no puedo ver ningún espacio para el tema de la educación a resurgir, y aún menos espacio para el proceso de reforma constitucional”, dijo Morales Corresponsal América .

    “Por ahora parece poco probable reformas educativas resurgir del poder ejecutivo”, dijo.

    El analista político agregó, sin embargo, que la reactivación de la agenda educativa puede provenir de las calles.

    “Puede parecer exagerado, pero una ola de protestas masivas a favor de una educación de calidad está en el interés del gobierno. Si el ejecutivo no puede cambiar el rumbo de la agenda, que las calles lo hacen “, dijo Morales.

    Reformas constitucionalmente consagrados-

    Las reformas más esperadas entre las medidas anunciadas afectan el financiamiento político y la relación entre la política y los negocios.

    Donaciones anónimas serán desguazados, mientras que el presidente se mantuvo intransigente cuando se trataba de donaciones corporativas.

    “Las empresas no podrán realizar donaciones en absoluto y la transgresión de estas normas se considera un crimen”, dijo Bachelet, haciendo hincapié en que el Estado sería el de financiar los partidos políticos.

    Partes a su vez ser objeto de controles estrictos y sanciones más amplias también se centrarán en el fraude fiscal, así como la corrupción y el soborno.

    A la luz de las revelaciones en curso sobre conglomerados empresariales canalizar ilegalmente dinero a las campañas políticas, tres meses después el hijo de Sebastián Dávalos Bachelet fue acusado de tráfico de influencias , las reformas anunciadas pueden resonar con un público desilusionado.

    Pero el gobierno puede golpear una pared en la implementación de las reformas. En un movimiento audaz, Bachelet ha consagrado las próximas reformas en el diseño de una nueva Constitución – una de sus promesas de campaña, sin embargo, un tema que había permanecido en la oscuridad hasta ahora y que se espera que cause desacuerdo no sólo entre la oposición, sino también dentro de la coalición gobernante.

    En septiembre, el gobierno planea lanzar el “proceso constitucional”, mediante el cual los ciudadanos podrán ser consultados en el diseño de una nueva Constitución, aunque Bachelet ha mantenido vago en la forma que el proceso de consulta se llevará.

    Debido a que la actual Constitución fue heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet, muchos consideran ilegítimas y han estado pidiendo su reforma.

    De Bachelet anuncio: éxito o táctica política?

    Para ciertos columnistas de tendencia derechista medios de comunicación, la elaboración de las reformas dentro de la discusión de una nueva Constitución, con pocos detalles específicos, no fue una coincidencia, sino una estrategia bien planificada diseñada para desviar la atención de la verdadera crisis – y un caballo de Troya impulsar las ambiciones constitucionales iniciales de Bachelet.

    “Ahora el gobierno buscará para descomprimir la crisis política por abrir el debate sobre un tema que queda desprovisto de cualquier definición sustantiva y por lo tanto es ampliamente abierto”, el sociólogo Max Colodro escribió en  La Tercera .

    Mauricio Morales cree que el gobierno está destinado a fracasar en su intento de torcer su agenda política.

    “Comprensiblemente, el gobierno está haciendo todo lo posible para salir de la crisis, pero las últimas encuestas trae muy mala noticia. Es imposible que un gobierno impopular para hacer sus reformas popular “, dijo Morales.

    Las últimas encuestas de abril indican que el 64 por ciento de la población desaprueba el gobierno actual, el índice de desaprobación más alto  desde que Bachelet asumió el poder.

    Una prensa más izquierdista también lee el anuncio de Bachelet como un movimiento meticulosamente planeado, pero lo presenta como un “todo o nada”, momento en el que podría restaurar su liderazgo, que ella había estado recuperando progresivamente desde su aparición en las regiones del norte devastadas por las inundaciones.

    Si el foco sobre una nueva constitución afectará el progreso de otras reformas impulsadas por el gobierno aún no está claro.

    Un proyecto de ley que busca reformar la profesión docente entró en su proceso legislativo en el Congreso el 20 de abril, semanas después de Bachelet dijo a los periodistas: “No vamos a apresurar las cosas [con la reforma], pero no se nos va a detener, tampoco.”

    Sin tener en cuenta la reforma de la educación sería suicida para una coalición cuya circunscripción ha puesto grandes esperanzas en el programa educativo . Pero dejando a un lado los temas aparentemente menos urgentes como la despenalización del aborto o la reforma que tanto necesita de los servicios de emergencia es políticamente factible y puede ser ya una realidad.

    Sin embargo, los funcionarios del gobierno aparecen confianza en el camino de la reforma, destacando que las normas previstas pondrán Chile a la par con los estándares internacionales. Como  ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo puso: “Simplemente no hay vuelta atrás.”

    Ver entrevista en Latincorrespondent.com

     

     

  21. Mal anuncio que arruina la buena noticia

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    Académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

      Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

    La forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.

    Para nadie era un secreto que el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet no daba para más. Aunque tardío, el anuncio del cambio de gabinete representó un paso en la dirección correcta. Pero la forma en que la Presidenta hizo el anuncio, el plazo de 72 horas que se autoimpuso y la declaración de que todavía no tiene decidido a quién remplazar y qué nuevos nombres integrarán el gabinete; alimenta las dudas sobre su capacidad de liderazgo y su manejo político. Por eso, aunque la noticia sea positiva, la forma en que se hizo pública amenaza con diluir el impacto positivo que debiera tener un recambio en el gabinete.

    Después de demorarse más de seis meses en realizar el ajuste de gabinete —con excusas tan burdas e infantiles como que ella hacía todo lo contrario a lo que le sugerían por los medios de comunicación— la Presidenta Bachelet finalmente se decidió a firmar el acta de defunción de su primer gabinete de gobierno.  Aunque cada cambio de ministros constituye una derrota para el Presidente en ejercicio, los beneficios que puede traer alejar a los miembros del gabinete desgastados, cuestionados o que simplemente no dieron el ancho a menudo superan ampliamente los costos. Aunque algunos miembros del gabinete venían desgastados desde mediados de 2014, el escándalo Caval y la desprolija forma en que el gobierno reaccionó ante los escándalos Penta y SQM hicieron insostenible la permanencia del gabinete actual.

    La señal de alivio que se respira en el ambiente político chileno está inevitablemente acompañada de una percepción de preocupación e incertidumbre. Como la Presidenta Bachelet anunció que le había pedido la renuncia a todo el gabinete, nadie sabe muy bien quién partirá y quién seguirá en sus puestos en 72 horas más. Tan desprolijo fue el anuncio de Bachelet, que el propio gobierno debió salir horas después a anunciar la confirmación en su cargo de Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores que actualmente está defendiendo la soberanía nacional en La Haya. Si hubiera reflexionado sobre el anuncio que hizo en el programa de Don Francisco, la Presidenta debió haber excluido a Muñoz de la petición de renuncia.

    Pero la forma en que se producirá este cambio de gabinete también subraya la improvisación y falta de manejo político. Como bien dijera la Presidenta en un par de declaraciones anteriores, los cambios de gabinete no se anuncian, se realizan. La propia Presidenta, en la primera y única entrevista que había dado para aclarar el escándalo de especulación inmobiliaria en el que participó su hijo y su nuera, había advertido que cuando realizara el cambio, no lo anunciaría por televisión. Desmintiéndose dos semanas después, Bachelet anunció su cambio de gabinete en entrevista con el popular animador de televisión Don Francisco.

    La Presidenta también confidenció que “no he tenido tiempo de sentarme a pensar a quién cambio y quién llega”. A diferencia de los hábiles líderes que anuncian sus decisiones después de tomarlas, Bachelet inconscientemente invitó a la opinión pública a un reality de 72 horas de especulación, negociación con las cúpulas partidistas de su coalición y tira y afloja con potenciales candidatos para entrar al gabinete.  Al renunciar a la discreción que permiten las negociaciones y sondeos de personas sin haber realizado el anuncio de un nuevo gabinete —y sin autoimponerse un plazo de 72 horas para anunciar los nuevos nombres— Bachelet limita sustancialmente su campo de acción y queda secuestrada ante los partidos que lucharán por mantener sus cuotas de poder en el equipo de gobierno. Peor aún, como Bachelet además debe cuidar el balance de género en el nuevo gabinete, las limitantes que tendrá la Presidenta para armar su nuevo equipo neutralizarán el efecto del golpe de timón que ella busca dar.

    Los partidos ya han demostrado su enorme capacidad para influir sobre la formación del gabinete. En su primer gabinete, solo semanas después de haber logrado la votación más alta en la historia del Chile moderno, Bachelet anunció su primer equipo reclamando que a ella le hubiera gustado nombrar más mujeres. Presumiblemente, la capacidad obstructora de los partidos evitó que la Presidenta lograra su objetivo. Si cuando recibió el 62% de la votación no pudo nombrar al gabinete que ella quería, ahora que tiene un 30% de aprobación difícilmente podrá imponer su voluntad sobre los partidos de su coalición.

    En su entrevista con Don Francisco, Bachelet habló de su compromiso con Chile y de su ideal de construir una sociedad sin abusos. Si bien nadie puede dudar de la nobleza de los objetivos de la Presidenta, la forma en que ha conducido su gobierno y el estilo de liderazgo que ha privilegiado en su segundo período han hecho que la mayoría de los chilenos crea ahora que el país avanza por el camino equivocado. Lamentablemente, la forma en que la Presidenta anunció su golpe de timón constituye una preocupante señal sobre la capacidad que tendrá Bachelet de lograr que el país vuelva a avanzar por un buen camino.

     

  22. El rumor de la renuncia

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    patricio navia

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.

    El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.

    Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.

    Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.

    Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.

    Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.

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  23. ¿Quién lleva la batuta?

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    patricio navia

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.

    En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.

    El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.

    Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.

    Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.

    El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.

    En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.

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  24. ¿Qué efectos políticos podría tener la catástrofe para Bachelet?

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP.

    Para el director de Cadem, Roberto Izikson y el director del Observatorio UDP, Mauricio Morales, el modo en que la Presidenta gestione la tragedia en el norte tendrá efectos en su aprobación, aunque nada asegura que estos sean permanentes.

    Mauricio Morales – Director del Observatorio UDP

    Sobre las consecuencias que la tragedia podrían generar para la Presidenta Bachelet, el cientista político Mauricio Morales remarca que los Gobiernos son calificados según su eficiencia.

    Así, en el actual escenario y con los casos Penta, Caval y SQM, Morales plantea que “ninguna tragedia sirve como excusa para tapar los casos de corrupción. Pero las tragedias sirven para poner a prueba la capacidad de reacción del Gobierno. Dado que los gobiernos son evaluados según su eficiencia, las crisis de este tipo pueden impactar en los niveles de aprobación”.

    El director del Observatorio Electoral de la UDP recuerda además lo sucedido con catástrofes anteriores. “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con el terremoto en Tocopilla y en el norte en general, donde los partidos tradicionales se han deprimido de manera muy acelerada. Contabilizando las regiones XV, I, II y III, el 80% de su población está gobernada por alcaldes que no pertenecen a las listas o pactos más tradicionales”, dice.

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  25. Autoridad moral de Bachelet

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    patricio navia

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.

    Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.

    El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.

    Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.

    Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina. Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.

    Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.

    Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.

    Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.

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  26. Algo huele mal

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    alfredo joignant

     

     

     

     

     

     

     

    Alfredo Joignant

    Partamos por la gran cacofonía en el circo romano y multipliquemos las amalgamas: exculpación del hijo de Carlos Larraín en la muerte de un transeúnte en una noche plagada de sospechas; irrupción del caso Penta al inicio del verano; estallido del caso Caval y propagación de sus secuelas en medio de las vacaciones, convergiendo con el caso Penta en la conversación de cada día; terminado el descanso veraniego, nombramiento del sacerdote Barros como obispo de Osorno en la más completa indiferencia por su condición de cómplice o testigo de las aberraciones de Karadima… Sería fácil multiplicar los escándalos —porque de eso se trata—, y no sólo de affaires para iniciados que ponen a prueba la confianza de los chilenos en sus instituciones y élites. Tironi afirmaba que éste era un traspaso de poder desde las élites a vaya saber quién. Suena bien, popular, pero demasiado fácil.

    Este martes, una sala del Tribunal Constitucional acogió un requerimiento del ex gerente de SQM Patricio Contesse, paralizando de ese modo la investigación de la fiscalía sobre una arista aparentemente aterradora del caso Penta. De acuerdo, es una solución institucional. Pero, en serio, ¿alguien se ha preguntado cómo viven los chilenos comunes y corrientes; es decir ni usted señor lector ni yo mismo, los episodios de estos últimos 60 días? En el mejor de los casos, como chilenos que poco y nada entienden, pero que pese a todo leen, escuchan, miran y asimilan en su escala de pertinencia fragmentos de una realidad que admite todo tipo de opiniones, pero en ningún caso adhesiones a las instituciones y a los actores que las encarnan.

    Si ya es repulsivo intuir que no pocos congresales ganaron sus escaños invirtiendo dinero mal habido, es definitivamente un asco sospechar que diputados y senadores de centroizquierda recibieron aportes (incluso legales) de SQM, una sigla que es encarnada por Ponce Lerou, quien fuese yerno de Pinochet y forjara su prosperidad en dictadura bajo reglas inicuas. Si esta sospecha llegase a comprobarse, ¿cómo explicar entonces que políticos del mundo al que uno pertenece (en este caso, la derecha no me interesa) no se entumecieran ante aportes posiblemente buscados en quienes son, objetivamente, aborrecibles? Esto es un asunto de límites morales, y en el caso de SQM el límite moral estuvo siempre a la vista, con el mismo estatus vomitivo ayer y hoy: ¿qué hacer entonces, de verificarse la sospecha? Ninguna reforma institucional puede redimir comportamientos que, para ser justos y probos, no requerían de normas, sino de conciencia.

    “La deslegitimación institucional estaba tocando piso. El TC le acaba de abrir la puerta al sótano”, afirma el diputado Boric. Tal vez. Es probable que el bien común en la esfera política, la democracia de partidos, exija ser protegida del secreto y la traición. Es cierto. Pero es triste. Insosteniblemente triste.