Alejandra Ramm, Directora del Observatorio de Desigualdades
Al escuchar las coloridas e incendiarias arengas de algunos diputados en contra del aborto, me pregunto ¿dónde estaban estos paladines de los niños de Chile cuando nuestro Código Civil dejó a una porción sustantiva de ellos sin padre? En el siglo XIX el Código Civil y la ley de Matrimonio Civil prohibieron la investigación de paternidad. Gracias a esto, los hombres tuvieron por más de 100 años, hasta que se dictó la Ley de Filiación en 1998, la posibilidad de desentenderse de los hijos que procrearan fuera del matrimonio. Se calcula que a fines del siglo XIX uno de cada tres niños estaba en esta situación. En ese entonces la elite gobernante –exclusivamente masculina- legisló para restringir significativamente la paternidad. Estableció el aborto paterno. Todos los niños que nacían fuera del matrimonio tenían un padre, un padre de carne y hueso. Sin embargo, nuestra legislación amparaba la decisión de cualquier hombre a no ser padre de tales hijos. Los legisladores del siglo XIX argumentaban que buscaban proteger el honor del padre. Ciertamente no legislaban a favor del más débil ni de la parte más necesitada, sino en función de favorecerse a sí mismos (quienes estaban en el poder).
Al parecer la llegada del siglo XX no alteró mayormente este proceder, y solo ya casi entrando en el siglo XXI, y luego de años de debate en el congreso se logró aprobar la Ley de Filiación, que restituyó el derecho de los niños de este país a tener un padre.
Me imagino que en ese debate los que hoy atacan el aborto, defendieron enérgicamente la obligación que todo padre tiene para con todos sus hijos. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado a ninguno. Entonces yo me pregunto ¿a favor de quién están legislando quienes se oponen a la despenalización del aborto en tres causales? Ellos dicen hacerlo en pos de defender la vida. Yo me pregunto: ¿la vida de quién?
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.
La forma en que se ha producido el debate sobre la despenalización del aborto bajo tres causales hace añorar la desprestigiada democracia de los acuerdos. Porque existen muchos puntos de encuentro entre los que se oponen a despenalización del aborto y los que la apoyan, la polarización del debate y la caricaturización de las posturas poco ayuda para avanzar hacia el objetivo razonable de reducir el número de embarazos no deseados y evitar así que haya mujeres que se vean obligadas a tener que decidir si quieren abortar o llevar un embarazo a término.
De más está decir que el debate sobre la legalización del aborto llegó con varios años de atraso. La negativa de sectores conservadores a discutir el tema reflejaba un cierto aire autoritario de los que apoyaban el statu quo. Cuando uno cree tan profundamente en ciertos principios, nunca debiera negarse a debatirlos. Es más, cada debate debiese ser visto como una oportunidad para lograr que otros conozcan tus puntos de vista y potencialmente cambiar sus propias posiciones gracias a argumentos presentados de forma razonable, articulada y empática.
Si bien la reacción eufórica de muchos que creen en el derecho de la mujer a decidir el fin de un embarazo es también innecesaria y no se condice con la realidad de que cada aborto es una decisión difícil a la que ninguna mujer quisiera verse enfrentada, las celebraciones que vimos ayer responden a la acumulación de años de frustraciones de personas que pedían tener un debate y cuyos argumentos razonables fueron sistemáticamente ignorados por gobiernos de derecha, centro e izquierda.
El proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado dista de ser una legalización del aborto o de establecer acceso universal y de libre disponibilidad al aborto en Chile. Solo despenaliza el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, embarazo por violación y peligro en la vida de la mujer. Los detractores de este proyecto de ley comprensiblemente argumentan que esas tres causales abrirán la puerta para que se justifique cualquier aborto, usando alguna de esas causales. Si bien es claro que hecha la ley, hecha la trampa, es injusto atribuir al gobierno y a los defensores de la despenalización la intencionalidad de querer legalizar todos los abortos usando un resquicio legal.
Al caricaturizar la postura del gobierno, los detractores del proyecto de ley han adoptado un discurso extremista que resulta a su vez fácilmente caricaturizable por aquellos que quieren despenalizar el aborto. La polarización de las posturas, construidas a partir de caricaturas —abortistas versus opresores de la mujer— hace difícil que se escuchen muchas voces razonables que han participado del debate y que han construido las bases para consensos razonables que son ampliamente compartidos por la población.
Cuando los que defienden la despenalización son catalogados como pro-abortistas, su reacción inmediata es acusar a los que se oponen a la despenalización como trogloditas que no reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. A su vez, cuando los que subrayan los derechos de los que están por nacer son caricaturizados como fanáticos religiosos que quieren imponer sus propias definiciones de cuándo empieza la vida, estas personas reaccionan acusando a los que están en la otra trinchera como asesinos de bebés. En ese debate, a menudo nos terminamos olvidando de las víctimas de cada embarazo no deseado o inviable que se produce en el país —las mujeres y, para algunos, los bebés que están por nacer—.
Ahora que el proyecto de ley pasa al Senado, las voces razonables tienen la oportunidad para ampliar el debate sobre la despenalización del aborto para que incluya políticas públicas que ayuden a reducir el número de embarazos no deseados. Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.
Si somos lo suficientemente valientes para aceptar que los que piensan distinto no son monstruos ni fanáticos retrógrados, nos daremos cuenta de que hay mucho espacio para avanzar en políticas públicas que promuevan la educación sexual, la protección de los derechos de la mujer y programas de salud que conviertan a cada embarazo en una buena nueva y no en una mala noticia que los ponga en uno de los predicamentos más difíciles que debe enfrentar una mujer.
Porque podemos aspirar a ser un país donde los abortos en estas tres causales sean legales, seguros y muy pocos, aprovechemos la oportunidad que da el paso de este proyecto de la Cámara al Senado para dejar atrás las caricaturas y, volviendo a la democracia de los acuerdos, forjar un consenso que ayude a reducir el número de embarazos no deseados que se producen cada año en el país. Debemos aspirar a que cada vez que un test de embarazo sea positivo, los involucrados se llenen de alegría y gozo, no de angustia o dolor.
