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Tag Archive: Tribunal Constitucional

1. Resultados de la Encuesta “Radiografía al Congreso: ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas?”

   Enero 7, 2019 9:44 am Leave a Comment

   El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales.  La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.

   En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

   El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:

   • Modificación del período presidencial
   • Límite a reelección de congresistas
   • Voto voluntario/Obligatorio
   • Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
   • Congreso Uni/bicameral
   • Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
   • Reforma vs. Nueva Constitución

   Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas

   Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambio es la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.

   En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.

   En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo).   Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).

   Mayoría favorece el voto obligatorio.        

   Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente).  En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.

   A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.

   Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.

   Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.

   Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.

   Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.

   ¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.

   El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.

   El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.

   Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución

   Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.

   De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.

   Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%

   Ficha técnica Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas).  Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.

   Descargar resultados aquí

2. El que pone la música constitucional

   Mayo 9, 2016 4:26 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Si para ganar las próximas elecciones, la derecha acepta la premisa que Chile necesita una nueva constitución —y no solo reformar la actual— esa victoria tendrá el amargo sabor a derrota.

   Las diferencias en Chile Vamos respecto a cómo reaccionar al intento del gobierno por disfrazar una consulta ciudadana no vinculante como proceso constituyente anticipan una nueva derrota electoral y política para la derecha chilena. Mientras la derecha no se ponga de acuerdo respecto a si se debe promover una nueva constitución o sostener que basta con reformar la actual, la Nueva Mayoría seguirá en el control de la música en este debate constitucional que se convertirá en campo de batalla en las elecciones presidenciales de 2017.

   Si bien nadie cuestiona el origen autoritario de la constitución, hay discrepancias sobre si esa ilegitimidad de origen es razón suficiente para iniciar un proceso constituyente. Los moderados creen que no es necesario botar la casa para construir una nueva. Basta con hacerle remodelaciones para ajustarla a las necesidades de la democracia de hoy. En cambio, los radicales creen que la única forma de lavar el pecado de origen es haciendo una constitución nueva, que albergue a todos los chilenos, con inclusión, participación y todo tipo de adjetivos calificativos con los que nadie puede estar en desacuerdo.

   Aquellos a favor de una nueva constitución —los constituyentes— apuntan a ‘falencias’ en la actual. Pero en realidad les molesta es el origen. Aun si hubiera acuerdo para bajar los cuórums, modificar las atribuciones del Tribunal Constitucional y ampliar los derechos, el problema del origen autoritario seguiría existiendo. En cambio, los que abogan por reformas graduales cuestionan la idea de derribar toda la constitución solo para cambiar algunos artículos. Incluso las trampas constitucionales pueden ser modificadas sin un proceso constituyente. Para ese grupo, el hecho de que la constitución se haya legitimado en democracia importa más que su origen autoritario. El pecado inicial se ha redimido en tanto la democracia se ha consolidado dentro de los márgenes constitucionales. Pudiera ser que la casa ya nos haya quedado chica. Pero es mejor remodelarla y ampliarla que derribarla para construir una nueva (especialmente cuando se avecinan tiempos difíciles por el fin del ciclo de los commodities).

   Como la opinión pública está a favor de una nueva constitución, la derecha parece no querer defender públicamente solo las reformas graduales. Sus principales líderes —incluidos el ex Presidente Piñera— han mantenido una posición ambigua que, por un lado defiende la gradualidad pero, por otro, acepta el concepto de nueva constitución. Al resignarse a una nueva constitución, la derecha acepta que la Nueva Mayoría esté en el control de la música que se toca en la fiesta de este debate constitucional. Por más que la derecha después trate de bailar a otro ritmo, el que tiene el control de la música es el que decide de qué tipo será la fiesta. Al aceptar la premisa de que Chile necesita una nueva constitución, la derecha queda arrinconada a poder influir solo el camino por el cual se va a lograr ese objetivo.

   Los chilenos están mayoritariamente a favor de una nueva constitución por dos razones. Primero, porque gustan del concepto de lo nuevo. La gente no tiene posiciones marcadas sobre las características que deben tener las instituciones de nuestra democracia. Incluso, más que quitarle poderes al Tribunal Constitucional, los chilenos preferirían que se redujera el número de senadores y diputados. El apoyo a la nueva constitución se explica igual que el apoyo a un auto nuevo. Lo nuevo es más atractivo que lo viejo.

   La segunda razón tiene que ver con la asociación entre la nueva constitución y la expansión de derechos. La gente cree que una nueva constitución evitará el abuso y otorgará mayores derechos en salud, educación, pensiones y protección social. Es cierto que una nueva constitución puede explicitar más derechos, pero la actual también puede ser modificada para incorporar más derechos. En ambos casos, la materialización de esos derechos dependerá de nuestra capacidad para retomar la senda del crecimiento. América Latina está llena de constituciones que enumeran derechos que nunca se cumplen.

   Como el apoyo popular a la nueva constitución se basa en premisas falsas, resulta políticamente irresponsable subirse al carro de los que proponen una nueva solo porque es un mensaje popular. En tanto la derecha no hable con una sola voz, rechazando el intento por impulsar un proceso constituyente, la Nueva Mayoría seguirá en el control de la música de esta fiesta que alcanzará su clímax en las elecciones de 2017. Mientras parte de la derecha siga confundiendo el intento de la Nueva Mayoría por promover una Nueva Constitución con la inevitabilidad de un proceso constituyente, el campo de batalla en 2017 será favorable a la lógica refundacional. Si para ganar las próximas elecciones, la derecha acepta la premisa que Chile necesita una nueva constitución —y no solo reformar la actual— esa victoria tendrá el amargo sabor a derrota.

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3. Panel de actualidad política

   Abril 28, 2016 5:20 pm Leave a Comment

   Panel de contingencia política con Max Colodro, docente de la U. Adolfo Ibáñez; y Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP.

   Temas :

   Reforma laboral: Tribunal Constitucional (TC) declara que titularidad sindical es inconstitucional.

   Autonomía del TC – Ahora será más difícil formar sindicatos.

   Es impresentable acudir a una tercera cámara para que se pronuncie sobre decisiones tomadas en el Parlamento.

   El TC del año 70 es diferente al actual.

   Estructura del TC: Se requiere una discusión al respecto.

   Caso inscripción fallida de la Nueva Mayoría en el Servel: ¿De quién fue la falla?

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4. Becas, gratuidad o acceso igualitario

   Diciembre 16, 2015 10:10 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.

   El principal traspié que sufrió el gobierno al intentar establecer la gratuidad —con letra chica— a través de una glosa presupuestaria que discrecionalmente establecía cuáles alumnos vulnerables tendrían acceso a educación superior gratuita no se produjo en la decisión adversa del Tribunal Constitucional. El gobierno de Bachelet tropezó primero cuando la reforma tributaria que impulsó —y que definió como condición necesaria para establecer los alcances de la gratuidad— falló en su diseño e implementación. Ahora que hay que modificar la ley que entregará el financiamiento para la gratuidad en la educación, mientras no se sepa cuánto dinero se va a recaudar, difícilmente se podrá establecer cuántos y cuáles alumnos podrán tener acceso a educación superior gratuita.

   Después de haberlo convertido en el principal tema de la campaña de 2013, la reforma educacional que entregaría acceso gratuito a la educación superior a los chilenos se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno y en la mejor evidencia de que este gobierno hizo promesas sin haberse sentado primero a hacer los cálculos necesarios para saber cómo y de dónde sacaría la plata para cumplirlas.  Apenas asumió el poder, el gobierno de Bachelet anunció que antes de anunciar los alcances de la gratuidad, se necesitaba promulgar una reforma tributaria que permitiera saber cuánto dinero habría disponible para avanzar hacia el ideal de gratuidad universal para la educación superior. Por eso, el gobierno impulsó con apuro, y poca rigurosidad, una reforma tributaria que buscaba que “los poderosos de siempre” pagaran más impuestos para que el gobierno pudiera financiar así su promesa de gratuidad.

   Pero una vez aprobada la reforma tributaria, empezaron a aparecer otras necesidades y el gobierno comenzó a asignar parte de los recursos que se recaudarían a otras prioridades. Así, la promesa de que la gratuidad sería para todos fue llenándose de letra chica restrictiva. Además de ir reduciendo el alcance de los siete a los seis y después a los cinco primeros quintiles (la mitad que menos ingresos tiene), el gobierno también estableció que sólo los estudiantes que asistieran a un determinado tipo de establecimientos tendrían gratuidad. Pero ahora que el Tribunal Constitucional determinó que el criterio de selección definido por el gobierno es inconstitucional, la materialización de la promesa de gratuidad está en el aire. El gobierno insiste en que habrá gratuidad. Pero nadie sabe quiénes serán beneficiados y qué impacto tendrá esta nueva política pública en el sistema de educación superior en su conjunto.

   Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, resulta que ahora el gobierno debe enviar un proyecto de ley que reforme la reforma tributaria. Aunque Hacienda ha insistido en que este proyecto sólo busca corregir errores y simplificar el nuevo sistema tributario, basta con suponer que el gobierno seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido desde que asumió el poder para anticipar que estamos metiéndonos en un nuevo pantano. El enfriamiento de la economía nacional —y las malas noticias que vienen desde fuera, en particular respecto al precio del cobre— permiten anticipar que la situación económica en el país seguirá empeorando antes de que comience a mejorar. Como resulta poco sensato introducir un aumento en la carga tributaria cuando la economía está en declive, hay buenas razones para pensar que la reforma tributaria terminará siendo un poco más que una simplificación a la mala reforma aprobada en 2014. Como siempre ocurre cuando se discuten tributos, todos aprovecharán la oportunidad para introducir pequeñas modificaciones que favorezcan sus intereses con la, justificada, excusa de que eso ayudará a reactivar la economía. Así las cosas, después de que cierre esta nueva ventana de reforma tributaria que pronto debe abrirse, bien pudiera darse el caso que las arcas fiscales terminen con menos dinero de lo que inicialmente se esperaba y, por lo tanto, habrá menos recursos para financiar la gratuidad. Además, ya que las necesidades para financiar programas sociales aumentan cuando la economía se frena y crece el desempleo, la gratuidad en la educación deberá competir con otras prioridades (como salud, vivienda y subsidios a la pobreza) cuando se asignen los recursos adicionales que deberán entrar al sistema una vez que la nueva reforma tributaria entre en vigencia.

   En cierta medida, ahora que se empieza a discutir de nuevo la reforma tributaria, volvemos al punto de partida que el propio gobierno estableció como condición para saber cuáles serían los alcances de la gratuidad. Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.

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5. Judicializando la política

   Diciembre 11, 2015 10:07 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   El recurso ante el Tribunal Constitucional sólo refleja la incapacidad del gobierno para avanzar una de sus promesas más importantes de campaña por el camino de la legislación.

   La decisión de la oposición derechista de llevar la glosa de gratuidad al Tribunal Constitucional ha sido fuertemente criticada por el oficialismo. Además de representar un legítimo derecho de aquellos que dudan de la constitucionalidad de una medida, el recurso ante el Tribunal Constitucional sólo refleja la incapacidad del gobierno para avanzar una de sus promesas más importantes de campaña por el camino de la legislación. El camino para establecer la gratuidad de la educación superior debió haber sido la ley y no el resquicio legal de la glosa presupuestaria.

   Parte del debate sobre la constitucionalidad de la gratuidad responde más bien a los cuestionamientos que existen sobre el papel que debe cumplir el Tribunal Constitucional. Erróneamente sindicado por algunos como un resabio autoritario (también había Tribunal Constitucional antes de 1973), el Tribunal Constitucional chileno se parece a los que existen en otras democracias del mundo (incluidas muchas de las de la OECD, club de países desarrollados al que aspiramos parecernos). Es verdad que algunos de los poderes y atributos del tribunal chileno exceden a los de otros países. Pero eso más bien llamaría a reformar al tribunal más que a abolirlo.

   Otra justificada crítica es la forma en que se eligen sus 10 miembros. Como normalmente están diseñados para que reflejen mayorías diferentes a las que se expresaron en la última elección, sus miembros tienen periodos más largos o para ser nombrados por la Corte Suprema o tener el apoyo de mayorías calificadas en el Congreso. En Chile, sus 10 miembros son nombrados por la Corte Suprema (3), el Presidente de la República (3), el Senado (2) —por mayoría de dos tercios— y por la Cámara de Diputados (2), con acuerdo del Senado. Desde la reforma constitucional de 2005 (que aumentó el número de 9 a 10 y cambió la forma de elección de sus miembros), los nombramientos de los 4 nombrados por el Congreso han sido por cuoteo entre la Alianza y la Nueva Mayoría. En varios casos, los nominados han carecido de las credenciales necesarias para ocupar tan importante cargo.

   La forma liviana y con lógica de cuoteo partidista que ha usado el Congreso para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional ha ayudado a alimentar las críticas a la legitimidad de éste. Pero la irresponsabilidad con que el Congreso ha nombrado a sus miembros no significa que el Tribunal pierda su importancia ni su legitimidad. Si la aerolínea nombra como piloto al primero que va pasando no significa que el puesto del piloto deje de ser importante, sólo evidencia la irresponsabilidad del que lo nombró.

   En muchas democracias del mundo, los problemas políticos a menudo se judicializan. Ya sea porque los afectados deciden cuestionar la constitucionalidad de algunas medidas o porque la clase política es incapaz de ponerse de acuerdo para clarificar los derechos y deberes establecidos en la Constitución, los conflictos políticos a veces terminan siendo solucionados por jueces que nunca fueron electos para representar a nadie ni están mandatados a hacer leyes. En Chile, también hemos sido testigos de la judicialización de problemas políticos. Las decisiones sobre proyectos energéticos o mineros con impacto medioambiental a menudo terminan en manos del poder judicial. Incluso la forma en que se debe regular el alza de las ISAPRES se ha convertido en un tema sobre el que los jueces tienen más poder de decisión que la clase política. Aunque en Chile (pero no en otros países, como Estados Unidos) constituye una rama independiente del poder judicial, el Tribunal Constitucional también está compuesto de personeros que no han sido electos. Su importante rol de dirimir controversias constitucionales no debiera ser confundido con el papel de árbitro de empates políticos.

   La discusión sobre la gratuidad en Chile debe ser abordada por el Congreso Nacional a partir de un proyecto de ley que envíe el Ejecutivo y que sea debidamente debatido en ambas cámaras. Ahí podremos ver cuáles son las posturas de los distintos partidos y cuál es el espacio sobre el cual se puede producir un acuerdo político que permita a la Presidenta Bachelet cumplir una de sus más importantes promesas de campaña. Después de todo, la Nueva Mayoría tiene una amplia mayoría en el Congreso de legisladores que fueron electos al amparo de Bachelet, compartiendo sus promesas de campaña —incluida la gratuidad—. Ninguno de los candidatos de la NM que hoy ocupan escaños se opuso pública y activamente a la promesa de gratuidad hecha por Bachelet en 2013.

   Al optar por el camino del resquicio legal en vez de la vía adecuada de una legislación en el Congreso, el gobierno dio el primer paso para judicializar la que debía ser la más importante de sus reformas. Ahora, la capacidad de la Presidenta Bachelet de cumplir con su promesa de campaña está en manos de una institución que goza de legitimidad institucional pero que fue diseñada para hacer otra cosa.

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6. Algo huele mal

   Marzo 23, 2015 9:40 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Alfredo Joignant

   Partamos por la gran cacofonía en el circo romano y multipliquemos las amalgamas: exculpación del hijo de Carlos Larraín en la muerte de un transeúnte en una noche plagada de sospechas; irrupción del caso Penta al inicio del verano; estallido del caso Caval y propagación de sus secuelas en medio de las vacaciones, convergiendo con el caso Penta en la conversación de cada día; terminado el descanso veraniego, nombramiento del sacerdote Barros como obispo de Osorno en la más completa indiferencia por su condición de cómplice o testigo de las aberraciones de Karadima… Sería fácil multiplicar los escándalos —porque de eso se trata—, y no sólo de affaires para iniciados que ponen a prueba la confianza de los chilenos en sus instituciones y élites. Tironi afirmaba que éste era un traspaso de poder desde las élites a vaya saber quién. Suena bien, popular, pero demasiado fácil.

   Este martes, una sala del Tribunal Constitucional acogió un requerimiento del ex gerente de SQM Patricio Contesse, paralizando de ese modo la investigación de la fiscalía sobre una arista aparentemente aterradora del caso Penta. De acuerdo, es una solución institucional. Pero, en serio, ¿alguien se ha preguntado cómo viven los chilenos comunes y corrientes; es decir ni usted señor lector ni yo mismo, los episodios de estos últimos 60 días? En el mejor de los casos, como chilenos que poco y nada entienden, pero que pese a todo leen, escuchan, miran y asimilan en su escala de pertinencia fragmentos de una realidad que admite todo tipo de opiniones, pero en ningún caso adhesiones a las instituciones y a los actores que las encarnan.

   Si ya es repulsivo intuir que no pocos congresales ganaron sus escaños invirtiendo dinero mal habido, es definitivamente un asco sospechar que diputados y senadores de centroizquierda recibieron aportes (incluso legales) de SQM, una sigla que es encarnada por Ponce Lerou, quien fuese yerno de Pinochet y forjara su prosperidad en dictadura bajo reglas inicuas. Si esta sospecha llegase a comprobarse, ¿cómo explicar entonces que políticos del mundo al que uno pertenece (en este caso, la derecha no me interesa) no se entumecieran ante aportes posiblemente buscados en quienes son, objetivamente, aborrecibles? Esto es un asunto de límites morales, y en el caso de SQM el límite moral estuvo siempre a la vista, con el mismo estatus vomitivo ayer y hoy: ¿qué hacer entonces, de verificarse la sospecha? Ninguna reforma institucional puede redimir comportamientos que, para ser justos y probos, no requerían de normas, sino de conciencia.

   “La deslegitimación institucional estaba tocando piso. El TC le acaba de abrir la puerta al sótano”, afirma el diputado Boric. Tal vez. Es probable que el bien común en la esfera política, la democracia de partidos, exija ser protegida del secreto y la traición. Es cierto. Pero es triste. Insosteniblemente triste.

7. El análisis al cambio del binominal

   Enero 15, 2015 5:21 pm Leave a Comment

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   Luego de una larga jornada, el Senado aprobó la reforma que sustituye el sistema binominal por uno proporcional inclusivo. La iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, al punto que miembros de la UDI anunciaron un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

   En conversación con CNN Chile el director del OBPE UDP, Mauricio Morales, realizó el análisis al debate en general y particular se extendió por más de 21 horas en la Cámara, donde en definitiva de cambiará el distritaje y aumentará a 155 el  número de diputados y a 50 el de senadores.

   VIDEO: Entrevista  Mauricio Morales en CNN Chile