Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición del programa “Mejor hablar de ciertas cosas”, los panelistas conversaron acerca de los meses fuera de la UDI de José Antonio Kast, el acuerdo de vida en pareja y el conflicto en la Araucanía.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la U. Adolfo Ibáñez conversaron acerca de la formalización de Laurence Golborne, la serie de formalizaciones que afecta a la UDI, casos Orpis y Longueira y
el financiamiento irregular de campañas políticas.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Tras 20 años de militancia, el diputado José Antonio Kast presentó su renuncia a la UDI. Además de él, 30 militantes presentaron su renuncia a lo largo del día.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Con la renuncia de Kast a la UDI ya son cuatro los diputados que han renunciado a sus partidos el último mes. Según analistas, son diversos los factores que influyen en que parlamentarios opten por dejar sus colectividades y, con ello, competir como independientes.
La renuncia del diputado José Antonio Kast a la UDI se suma a otras dimisiones de parlamentarios a partidos tanto de oposición como de oficialismo. Durante este mismo mes, además del legislador y ex secretario general del gremialismo, la DC vio cómo René Saffirio abandonaba las filas de la colectividad, mientras que desde RN se marginaba Germán Verdugo.
Asimismo, el PPD enfrentó la salida de Pepe Auth, uno de los fundadores y experto electoral de esa colectividad. Esta renuncia vino acompañada de fuertes críticas al rumbo de ese partido y, sobre todo, a la toma de decisiones internas, cuyo principal foco de críticas fue el senador Guido Girardi, a quien calificó como el “controlador principal” de la tienda.
Si bien Kast, al igual que Auth, fundamentó su renuncia, entre otras cosas, con un cuestionamiento a los “controladores” de la UDI, aludiendo a los denominados “coroneles”, detrás de estas y otras dimisiones a los partidos existe otro factor preponderante.
Según algunos analistas políticos, la eliminación del sistema electoral binominal -el que regía los comicios parlamentarios- y el paso a uno proporcional favorece la posición de legisladores independientes, dándoles mayores posibilidades de resultar electos bajo el nuevo esquema proporcional que se aprobó.
El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, dice que “tienes un sistema electoral nuevo que, de alguna manera, provee márgenes mucho más bajos para poder salir elegidos”, y explica que “a pesar de que hay distritos que se aglomeraron, en esos distritos hoy día hay más cargos de los que originalmente tenían, por lo que necesitas menos votos para ser elegido”.
Además, a su juicio, existe un segundo elemento a considerar: “El sistema mantuvo la posibilidad de los pactos y subpactos, lo que hace que finalmente el individuo que se va (de un partido) sigue siendo funcional al pacto”.
Con esto último, el analista apunta a que las renuncias producidas en las últimas semanas no han ido aparejadas de un quiebre con las coaliciones respectivas. Así lo remarcó, por ejemplo, Auth, al aclarar que permanecerá colaborando con el gobierno de Michelle Bachelet.
“No es lo mismo que ocurría cuando Alejandro Navarro toma la decisión hace años atrás y dice ‘me voy de la Concertación y me voy del PS’. ¿Por qué? Ahí viene la tercera causa: porque también hoy el pacto, la coalición, y por cierto los partidos, son mucho más débiles. Entonces, no pueden actuar unitariamente, como sucedía antes, que si alguien se iba de la DC, tenía que irse de la coalición”, asegura Guzmán.
El propio Auth -uno de los ideólogos de la reforma que cambió el sistema binominal- dice que “antes, salirse del partido era la diferencia entre vivir o morir en política, porque lo más difícil era conseguir el cupo del partido, y luego la negociación del bloque”. Así, señala que “hoy la facilidad no es sólo para constituir partidos, sino que competir con alguna opción por supuesto que se multiplica”. Y agrega que “tiene que ver básicamente con que el binominal era una especie de camisa de fuerza que retenía a muchos por obligación dentro de un matrimonio”.
“El fin del binominal va a producir necesariamente una restructuración del sistema político chileno, y eso es lo que produce hoy un movimiento hacia la dispersión. Pero yo tengo la hipótesis de que ese movimiento va a ser hacia la concentración de grandes corrientes convertidas en partidos democráticos profesionalizados (…), que representen a grandes corrientes de la sociedad chilena”, añade.
Sin embargo, Auth también sostiene que “estas renuncias tienen orígenes y resultados distintos, pero tienen en común una crisis de representación: los partidos políticos, tal cual están desarrollándose hoy, no representan efectivamente a sus electores”.
El diputado Saffirio, no obstante, dice que las renuncias a las colectividades producidas durante este mes tienen motivos completamente distintos. Plantea que “esa percepción de Pepe Auth tiene que ver con su condición de experto electoral”. Y señala que su salida de la DC no se debe a esos factores.
El analista político Kenneth Bunker, por su parte, dice que este escenario podría desencadenar más renuncias en los próximos meses. “Militantes que han tratado de levantar candidaturas, pero que han sido ignorados, tienen grandes incentivos para renunciar, porque con el nuevo sistema electoral pueden crear partidos políticos nuevos con mayor facilidad e ir a la elección presidencial acompañados de pequeñas listas parlamentarias”.
A su juicio, “el objetivo original de la reforma era darle mayor proporcionalidad al sistema electoral, es decir, que más ideas políticas tuvieran la posibilidad de ser representados en la esfera pública”. Así, sostiene que “a medida que aumenta el número de escaños disponibles en cada unidad electoral, baja el porcentaje de votos necesarios para ser elegido, y esto naturalmente implica una fragmentación en el sistema electoral”.
Sin embargo, algunos analistas como el cientista político de la UDP Mauricio Morales agregan matices. Por ejemplo, la incertidumbre que se abre sobre si los votantes de la UDI acompañarán o no a Kast. “En el nuevo distrito de Kast, implicaría conseguir alrededor de 30 mil votos (para resultar electo). Él apenas superó los 24 mil. Veremos si esos votantes lo siguen o si se quedan con los candidatos que presente la UDI”.
Para algunos expertos electorales, lo que se vive con movimientos como Revolución Democrática o Evópoli es, también, producto de esta situación. “La reforma al sistema electoral da incentivos para que caudillos abandonen sus partidos. Si un caudillo no obtiene el beneplácito de los líderes para perseguir una carrera más ambiciosa, pero tiene una serie de militantes dispuestos a seguirlo, puede fácilmente abandonar el partido para buscar una opción por fuera. Con el binominal, Giorgio Jackson y Felipe Kast estaban obligados a caer dentro de la Alianza o la Nueva Mayoría. Hoy tienen suficientes garantías de que pueden obtener al menos un diputado o senador si compiten por fuera las grandes coaliciones”, dice Bunker.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
El partido está en una encrucijada difícil por la disputa entre las facciones internas que quedó al descubierto en la elección de directiva y por la compleja situación de la alcaldesa de Santiago.
Las recientes elecciones internas del PPD han sido públicamente cuestionadas por importantes figuras del partido. Como si fuese una guerra civil, el bando del diputado Marco Núñez arremete contra el de Lagos Weber y Harboe. Mediante prácticas asociadas a la inflación de los padrones y a la eventual existencia de urnas preñadas, lo que se pretende -por parte de algunos- es deslegitimar el proceso y repetir la votación.
¿Qué lecciones dejan estas elecciones internas? Primero, que hay partidos sin la madurez suficiente para organizar sus propios comicios. Segundo, que las facciones o liderazgos internos son incapaces de acordar reglas básicas de competencia. Tercero, que efectivamente el Servel es el órgano más apto para organizar y validar las elecciones internas de los partidos. Cuarto, que el refichaje de militantes agudizará este tipo de tensiones. Dado que este refichaje será implementado por las directivas actuales de los partidos, entonces la oposición interna -con justa razón- reclamará que el padrón quedará cargado hacia uno de los lotes.
Por tanto, de ahí en adelante las elecciones internas serán más previsibles y habrá menos competencia. En cambio, si se dejaran los padrones tal cual están y éstos fuesen depurados por el Servel -descontando muertos- entonces, al menos, ese padrón tendría la mano de distintas facciones del partido. Dicho en otras palabras, el refichaje favorecerá a la directiva incumbente y a los diputados y senadores actuales. En este escenario, ¿qué posibilidad real de competencia interna existirá entre un incumbente que dirigió el refichaje y un desafiante que no tuvo igual incidencia? Si en las primarias internas de un partido el incumbente ya lleva amplia ventaja, con el refichaje estará prácticamente seguro.
Pero no sólo las elecciones internas están tirando a la hoguera al PPD, sino que también su vínculo de financiamiento con SQM. La evidencia apunta a que el PPD contó con un amplio fondo de recursos para enfrentar, por ejemplo, la elección senatorial. Con sólo tres candidatos -en circunscripciones grandes eso sí-, el PPD gastó más de 1.273 millones. El PDC, con siete candidatos, gastó más de 1.711 millones. En la derecha el gasto fue sustancialmente mayor, siendo de 2.845 en la UDI y 2.133 en RN. Sin embargo, si dividimos estos montos por el número de candidatos, el PPD gastó 424 millones en promedio por cada aspirante. Le sigue la UDI con más de 355 y RN con alrededor de 304. ¿De dónde provenía tanto recurso?
La situación de Carolina Tohá es aún más complicada. Al revisar los ingresos que declararon los candidatos para la elección de alcaldes 2008 del PPD, los aportes reservados representaron un 22% de todos los ingresos. En esos mismos comicios, la cifra fue de 34% para el PDC. Pero en 2012 -con Tohá en la presidencia del PPD- los cambios son muy llamativos. De todos los ingresos declarados por los candidatos a alcalde del PPD, el 40% correspondió a aportes reservados, casi duplicando el valor de 2008. Mientras tanto, el PDC pasó del 34% en 2008 al 23% en 2012. Por tanto, es razonable pensar que hubo una importante inyección de recursos al PPD que provino de fuentes no identificadas, pero que hoy -sospechamos- eran de SQM. Es más. Según el Servel, los aportes reservados al PPD en 2012 sobrepasaron los 270 millones de pesos. Lo curioso es que de ese total 147 millones fueron para la candidatura de Tohá. Es decir, casi el 55%. La candidata que le sigue en el ranking de aportes reservados dentro de su partido sólo recibió 13,4 millones.
Si bien Santiago es una comuna grande, resulta llamativo que el aporte reservado se concentrara tan evidentemente en una sola candidata. Si comparamos con el PDC, esos aportes reservados se distribuyeron de manera más equitativa entre las comunas de Peñalolén, Concepción, Coquimbo, La Florida, donde el aporte reservado nunca sobrepasó los 20 millones. Así, mientras el PPD está en la B, la versión de Tohá respecto a que no sabía del vínculo entre su partido y SQM parece un chiste de mal gusto. Los datos están a la vista.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
No se debe confundir los estándares éticos más elevados al que deben ser sometidos los políticos con la renuncia a la presunción de inocencia.
La de Pablo Longueira de renunciar a la UDI a partir de las filtraciones de correos electrónicos que indican una relación de cercanía y cooperación entre el entonces senador UDI y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse subraya una vez más la tensión que existe entre la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho y la rapidez con que la opinión pública llega a juicios. Si bien los políticos deben estar sujetos a criterios más exigentes que el resto de los ciudadanos, las personas siguen siendo legalmente inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario. Pero como muchos miembros de la propia clase política se han apresurado en olvidarse de la presunción de inocencia cuando se trata de acusar a sus rivales o de proponer medidas populistas para ganar adeptos entre los votantes, el legítimo reclamo demandando presunción de inocencia que realizan ahora los defensores de Longueira resulta extemporáneo.
La decisión de Longueira de renunciar a la UDI es un duro golpe para el partido. Como miembro fundador, ex presidente, ex secretario general, diputado (1990-2006), senador (2006-2011), ministro del gobierno de Piñera y ganador de las primarias presidenciales de 2013 de la Alianza, Longueira es el líder más importante del partido más conservador del espectro político. El avezado político ha sido un actor clave en muchos de los momentos importantes de la política chilena en los últimos 26 años. No hay otro líder en la UDI que genere tanta mística, lealtad y también tanta polémica como Longueira. Como recientemente vivió la traumática experiencia de ver caer a Jovino Novoa, otro de sus líderes históricos, la UDI recibe la salida de Longueira como un golpe especialmente duro en un momento de debilidad.
Como ha sido el partido con más legisladores en la última década, el tropiezo de la UDI es visto como una oportunidad por sus competidores —al interior de Chile Vamos y en los partidos de izquierda, que aspiran a correr el cerco ideológico que tan efectivamente había defendido la UDI—. Mientras algunos lloran la caída de Longueira y otros la celebran, muchos parecen olvidar las implicaciones que tiene la forma en que cayó el caudillo UDI sobre la presunción de inocencia y las repercusiones que tendrá el éxito de la estrategia de lograr la sentencia de culpabilidad popular antes de que se pronuncien los tribunales.
La evidencia que hasta ahora se conoce —con la complicidad de la fiscalía, que permite que se violen los derechos de los imputados cuando se filtra información que debiera estar protegida por el secreto de la investigación— es que Longueira tenía una relación especialmente cercana con Patricio Contesse. Como hay evidencia de que Longueira y su círculo íntimo recibieron pagos de SQM por servicios no prestados, la fiscalía ha anunciado que investiga un posible delito de cohecho. Si bien el Ministerio Público deberá primero acusar formalmente a Longueira y luego demostrar fehacientemente ante un juez que existió tal delito, la sola filtración de los emails ha sido suficiente para que muchos en la opinión pública se anticipen a dictar sentencia.
Entregar información sesgada para que la gente se forme una opinión antes de tener toda la evidencia ha sido práctica cotidiana en la arena política. Desde que estalló el escándalo por acusaciones sobre el presunto consumo de drogas en el Congreso a comienzos de los 90, los escándalos políticos más impactantes se han construido a partir de información parcial, sesgada e incompleta. En varias ocasiones, líderes de la UDI han participado activamente en linchamientos públicos similares a los que ahora ha sido sometido Longueira. Pero si bien la UDI pudiera estar bebiendo ahora una sopa de su propio chocolate, muchos de los que en otros momentos han alzado la voz para recordar que debe aplicarse el principio de presunción de inocencia ahora brillan por su ausencia.
Es verdad que la clase política debe ser sometida a estándares más exigentes que el resto de los ciudadanos, porque viven cómodamente con sueldos pagados por nuestros impuestos, y porque sus posiciones de liderazgo requieren estándares más elevados en su comportamiento. Los privilegios de los que gozan implican también responsabilidades adicionales que deben aceptar.
Pero no se debe confundir los estándares éticos más elevados al que deben ser sometidos los políticos con la renuncia a la presunción de inocencia. Longueira renunció porque su comportamiento alimenta sospechas sobre la independencia de sus acciones en cuestiones que afectaban directamente a SQM. Por las implicaciones políticas de sus actos, la renuncia es justificada y necesaria (y además útil para ayudar a la UDI a salir de la crisis en que se encuentra). Pero la renuncia de Longueira no significa que ahora él deba dedicarse a demostrar su inocencia. En un estado de derecho, los imputados gozan de la presunción de inocencia y la fiscalía es la que debe demostrar su culpabilidad.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Sin binominal, con nueva ley de financiamiento y con líderes gremialistas abiertamente cuestionados (e incluso, condenados), RN tiene la oportunidad histórica para transformarse en el partido más importante de la derecha.
En 2008, la UDI obtuvo 58 alcaldes y 398 concejales. Sus alcaldes gobernaron aproximadamente el 24% del país. En 2012, el gremialismo sufrió un fuerte retroceso. Alcanzó 47 alcaldías que, en términos poblaciones, representaron al 17.3%. En la elección de concejales, en tanto, cosechó 423 cupos. Si bien es un incremento en el valor absoluto (pasó de 398 a 423), hay que subrayar que en 2008 se eligieron 2.146 concejales y en 2012 la cifra aumentó a 2.226. Llevado a porcentaje, en 2008 la UDI tenía el 18.5% de los concejales y en 2012 avanzó al 19%.
Hace rato que pasó la época de oro para la UDI, que en 1999 tuvo su punto más alto cuando casi logra ganar la presidencial con Joaquín Lavín. A nivel municipal, la UDI tuvo un notable desempeño en 2000, para luego transformarse en el partido con más congresistas en parte importante de la década. A nivel municipal, la UDI obtuvo alrededor de un millón 300 mil votos en la elección de concejales 2004, para bajar a poco menos de un millón 100 mil en 2008. En 2012, con voto voluntario y con un fuerte retroceso de la participación, la UDI recolectó más de 915 mil votos.
Hoy la situación es distinta. Varios alcaldes UDI en ejercicio renunciaron al partido. Sin perjuicio de que vayan como independientes dentro de la lista de la oposición, esos alcaldes no serán contabilizados como UDI. Ejemplo de esto es lo que sucederá con La Florida y Rancagua. Mientras La Florida representa alrededor del 2% de la población, Rancagua lo hace con aproximadamente el 1.3%. Por tanto, antes de la elección la UDI ya arranca con dos importantes bajas.
Para compensar la pérdida anterior, la UDI aspirará a gobernar dos comunas de alto peso poblacional como Providencia y Maipú. En este último caso, la candidata más probable es Cathy Barriga. El problema para la UDI es que, al menos de acuerdo a los datos reportados por el Servel para las elecciones de CORE en 2013, Barriga no figuraba como militante del partido, sino que como independiente dentro del subpacto de la UDI. Si esta situación se mantiene, entonces a pesar de que Barriga gane Maipú, tampoco podrá ser contabilizada como una comuna para el partido. Así, en un año particularmente desfavorable para el gremialismo -donde tampoco fue capaz de ganar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica- las próximas municipales podrían hacer recordar más a la UDI de inicio de los 90’ que a la UDI post-Joaquín Lavín.
Esta compleja situación política de la UDI fue -en parte- consecuencia de toda la evidencia acumulada sobre el financiamiento irregular de la política. Los casos de Novoa y Orpis son los más representativos, pero seguramente algo más sabremos respecto a lo que sucedió con Longueira y su eventual rol de “facilitador” de boletas falsas. Desde todo punto de vista, entonces, la situación de la UDI es crítica. Probablemente, sus apoyos electorales no decrecerán de manera tan significativa en los segmentos más acomodados de la población, para quienes es más relevante el compromiso ideológico con el partido que la participación de sus dirigentes en actos corruptos o ilegales. Ahí la UDI tiene un nicho que difícilmente podrá ser capturado por otro partido. El problema es distinto en los segmentos medios y bajos. En las presidenciales y legislativas de 2013, por ejemplo, existió una correlación negativa entre la votación de la UDI y la participación electoral. Dicho de otra forma, Matthei y la UDI retrocedieron más -comparativamente con Piñera y la misma UDI en 2009- en las comunas urbanas donde la participación decreció más significativamente. Y esto ocurrió en comunas con predominio de población de ingresos medios y pobres. Si a esto le sumamos que en La Florida -caso representativo de la clase media chilena- el alcalde incumbente competirá como independiente dentro de la lista, el panorama es aún más oscuro.
Por todo lo anterior, no es descartable que la hegemonía de la derecha quede en manos de RN. Si bien Amplitud restará votación al partido, lo propio podría hacer Evópoli con la UDI. En consecuencia, sin binominal, con nueva ley de financiamiento y con líderes gremialistas abiertamente cuestionados (e incluso, condenados), RN tiene la oportunidad histórica para transformarse en el partido más importante de la derecha.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El desafío de RN, UDI y los otros miembros de la coalición de derecha es convencer al electorado de las bondades de votar por el sector, de la superioridad de sus ideas y propuestas, de lo atractivo de sus políticas públicas y de las ventajas de la hoja de ruta que propone al país.
Pese a ser la coalición que más se identifica con los principios del capitalismo, Chile Vamos (la derecha) repetidamente ignora recetas básicas para el éxito de los emprendimientos en los sistemas capitalistas. Ya que para ganar elecciones hay que conquistar a una mayoría del electorado, pero también hay que diferenciarse de las otras opciones políticas, la derecha debiera enfocarse en construir una propuesta que, desde una base ideológica clara y moderadamente conservadora, ofrezca una plataforma inclusiva, compasiva, poniendo énfasis en las oportunidades y el emparejamiento de la cancha, con una razonable mezcla de derechos y responsabilidades. Como han demostrado Google, Amazon, Uber y muchos otros emprendimientos, cuando las ideas y las propuestas están claras y son atractivas, lo que menos importa es el nombre.
Desde que retornó la democracia con las elecciones de 1989, la coalición de derecha ha tenido una enorme estabilidad en su composición. UDI y RN han sido los cimientos sobre los que se ha construido la coalición de derecha más duradera en la historia del país. Pese a la estabilidad en su composición -varios de sus principales líderes hoy son los mismos que la lideraban en 1989- la coalición de derecha ha cambiado de nombre casi en cada elección presidencial (Democracia y Progreso, Unión por Chile, Alianza por Chile, Alianza, Coalición por el Cambio y Alianza). Como una empresa que no quiere construir reputación o que simplemente no valora la reputación que tiene, la coalición de derecha ha cambiado de nombre con demasiada facilidad. Ese afán por tratar de reinventarse continuamente constituye una pésima señal para un electorado que ya desconfía de los partidos y de sus líderes. Si un candidato se presenta a una elección en una coalición con fecha de expiración, difícilmente él o su coalición podrán ganarse la confianza del electorado. Si un consumidor que está pensando comprar una vivienda o un automóvil sabe que la empresa que está vendiendo dejará de existir en uno o dos años, el comprador lo pensará muy bien antes de concretar la compra. Si la empresa ofrece una garantía de cinco años, pero todo indica que antes de un año desaparecerá, el comprador probablemente rechazará el seguro de garantía -y posiblemente incluso preferirá hacer negocios con otra empresa que tenga más trayectoria y mejores posibilidades de sobrevivir-. Sólo aquellas empresas con un horizonte de tiempo largo se preocupan de construir una buena reputación.
En la política, la reputación funciona de la misma forma. Porque tienen expectativas de seguir existiendo por muchos años, los partidos se esmeran en mantener y mejorar su reputación. Como es costoso informarse sobre las fortalezas y debilidades de cada candidato, los electores a menudo usan la militancia partidista como atajo de información. Si no saben lo que piensa y propone un candidato a alcalde, los electores pueden adivinar las posturas simplemente al mirar la militancia de cada candidato.
La obsesión por cambiar continuamente de nombre demuestra que los dos partidos líderes del sector no entienden la importancia de crear valor en torno a una marca. Como ante tanto cambio de nombres, la gente simplemente habla de “la derecha”, el esfuerzo por definirse a partir de un nuevo nombre también es inútil. Pero dado el tiempo y la energía que los partidos de derecha han puesto a la discusión sobre cómo se debería llamar la coalición que los agrupe, parece inevitable concluir que esa coalición equivocadamente cree que su problema está en el nombre. Pero ese es un ejercicio inútil. Independientemente del nombre que ocupen, la gente la seguirá identificando como la coalición de derecha.
El desafío de RN, UDI y los otros miembros de la coalición de derecha es convencer al electorado de las bondades de votar por el sector, de la superioridad de sus ideas y propuestas, de lo atractivo de sus políticas públicas y de las ventajas de la hoja de ruta que propone al país.
Cuando la gente se compre las ideas de la derecha, se identifique con sus valores, se motive con sus ideales de país, se inspire en la visión de mundo que defiende el sector y crea que para que exista una sociedad de derechos debe también existir una sociedad de responsabilidades, entonces el nombre que tenga la coalición que reúna a los candidatos de derecha será una mera trivialidad. Pero si siguen preocupados exclusivamente del envoltorio, entonces la derecha sólo hará más evidente que el proyecto que ofrecen al país carece de contenido y que la hoja de ruta del sector no llega a ninguna parte o, peor aún, que ni siquiera existe un plan de navegación común entre todos los partidos y grupos que hoy se sienten parte de ese sector.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Un partido que se vaya por fuera de las grandes coaliciones necesitará un candidato presidencial atractivo para evitar desaparecer. Amenazar con el camino propio si no tienes candidato presidencial equivale con amenazar con irte de la casa y después pedirle a tu mamá que te lave la ropa y te alimente.
Igual como ha ocurrido antes de cada elección presidencial desde 1999, cuando se acerca la temporada electoral, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) comienza a lanzar amenazas a sus socios de coalición poniendo condiciones para sentarse a una mesa de negociación que sólo busca formalizar una inaceptable colusión de los partidos. Pero como las amenazas dejan de funcionar cuando se repiten demasiado, el acto de poner la pistola sobre la mesa deja de ser intimidante y se convierte en una molesta rutina. Como el principal requisito para emprender el camino propio es tener un candidato presidencial atractivo, todo el mundo sabe que la pistola que hoy pone el PDC sobre la mesa no tiene balas.
Una de las principales colusiones que existen en Chile hoy es la que beneficia a los partidos políticos. En vez de promover la competencia, los partidos han formado carteles –coaliciones- que se reparten el mercado de votos con acuerdos igual de impresentables que los que usaban las empresas papeleras. En vez de realizar primarias para escoger a los candidatos de cada coalición en cada comuna y distrito, los partidos aplican el principio de “el que tiene, mantiene”, asegurando así el tamaño de mercado de cada agrupación. Pero, a diferencia de las papeleras, que hacían esas prácticas a escondidas -disfrazando los mensajes como partes de boda y botando las computadoras al canal San Carlos- los negociadores de los partidos se mandan mensajes por los medios y defienden sus estrategias de colusión en la televisión.
Pese a que en el país existe una ley que regula las primarias para escoger a los candidatos a los cargos de elección popular, los partidos prefieren las negociaciones entre sus jerarcas para elegir candidatos. Esto, porque las elecciones pudieran producir resultados adversos para los partidos. Un partido que controla 30 comunas no quisiera que, producto de primarias abiertas y competitivas, en la elección de octubre de 2016 sólo pueda presentar candidatos en 15 comunas. Por ejemplo, el PDC, que en 2012 logró mantener la comuna de Maipú, una de las más pobladas del país, se resiste a aceptar que la Nueva Mayoría realice primarias para escoger al abanderado de la coalición en Maipú. Como si tuviera un derecho preferente a mantener la comuna, el PDC defiende la colusión partidista.
Esa práctica la usan todos los partidos, desde la UDI al PC. Aunque dicen que no tienen problemas para aceptar primarias, la letra chica que defienden en los acuerdos de primarias hace que éstas se conviertan en irrelevantes. Igual que grandes empresas que se dividen las cuotas de mercado en los supermercados pero permiten competencia en los kioscos de las ciudades con menos de 10 mil habitantes, los partidos quieren acuerdos de primarias que las hagan, para todos los efectos prácticos, triviales e irrelevantes.
Porque fue el primero en mover pieza ahora, sólo semanas después que estallara el escándalo de la colusión, la advertencia del PDC contra la competencia abierta es especialmente impresentable. Pero, además, resulta poco creíble, dada la débil posición de negociación que tiene el PDC. La amenaza del camino propio implicaría que el partido se presentara con su propio candidato presidencial en 2017. Aunque el nuevo sistema electoral favorece la multiplicación de listas y hace más difícil que se mantengan las grandes coaliciones, el hecho que la contienda legislativa se realice el mismo día que la elección presidencial genera incentivos para mantener las grandes coaliciones. Después de todo, los candidatos presidenciales populares arrastran votos para sus coaliciones. Un partido que se vaya por fuera de las grandes coaliciones necesitará un candidato presidencial atractivo para evitar desaparecer. Amenazar con el camino propio si no tienes candidato presidencial equivale con amenazar con irte de la casa y después pedirle a tu mamá que te lave la ropa y te alimente.
En política, los partidos también son esclavos de costumbres. Aunque la sociedad está harta del abuso de los más poderosos y los escándalos recientes han convertido a la colusión en una de las formas más rechazadas de abuso, los partidos siguen en un mundo aislado de la calle y, ante la cercanía de la próxima temporada electoral, quieren usar las mismas prácticas de colusión para repartirse el país. En vez de tomar la bandera del sentido común y aceptar que su posición centrista y moderada es un activo para cualquier candidato presidencial que sí tenga apoyo popular, el PDC aparece como el niño malcriado que quiere ser el centro de una ruidosa fiesta que ya tiene hastiados a los vecinos. Cuando los chilenos piden más competencia en todos los mercados, el principal partido en Chile en los últimos 50 años ha optado por usar una amenaza no creíble ante sus socios para que todos juntos defiendan las banderas de la colusión.
La Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con el Núcleo Milenio Desafíos a la Representación y el FONDECYT 1140101 organizan el Seminario ¿Crisis de representación democrática en Chile?
En la ocasión se realizará un Debate Académico (10:00 – 12:00 hrs.) moderado por Rossana Castiglioni, académica de la Escuela de Ciencia Política UDP, donde participarán Carlos Meléndez (UDP), Jana Morgan (University of Tennessee), Peter Siavelis (Wake Forest University) y Cristóbal Rovira (Director del Doctorado en Ciencia Política UDP).
Posteriormente se efectuará un Debate Político (12:00 – 14:00) moderado por Mónica Rincón (CNN Chile), donde expondrán Gabriel Boric (Diputado Izquierda Autónoma), Maya Fernández (Diputada PS), José Antonio Kast (Diputado UDI), Andrés Velasco (Ex candidato presidencial, Ciudadanos) e Ignacio Walker (Senador DC).
La actividad se realizará el lunes 16 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Educación, ubicado en Vergara 249, Santiago.
Para confirmar asistencia rellenar el siguiente formulario:
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Por Equipo Cambio21 A juicio del experto de la Universidad Diego Portales Mauricio Morales, “hay una carga negativa que le ha entregado el concepto de precampaña por parte del Gobierno y de las dos coaliciones más importantes“. En su opinión, la precampaña es fundamental en todo proceso electoral.
Casi jugando a la teoría del empate, mientras la UDI critica el financiamiento que tuvo la campaña electoral de Michelle Bachelet antes de su retorno al país procedente de ONU/Mujeres y el rol que presuntamente tuvo el operador político del PPD Giorgio Martelli en ese proceso, la Nueva Mayoría custiona la forma en que obtuvo sus fondos para campaña el senador de la UDI Jaime Orpis, quien admitió que recibió dineros “irregulares” de Corpesca entre 2010 y 2013, en plena tramitación de la denominada “Ley Longueira”, que regula la explotación de los recursos marinos.
En este contexto, el senador y timonel del gremialismo, Hernán Larraín, llamó a la clase política a “sincerar” ante la opinión pública los ilícitos que se han cometido transversalmente para financiar las campañas políticas y, al mismo, “pedir disculpas” por tales hechos.
“Lo que dijo la senadora (y timonel socialista Isabel) Allende, de que todos habíamos incurrido en algún resquicio, es la pura y santa verdad. Por eso creo que llegó la hora de hacernos cargo de esta situación ante el país”, agregó.
Agarrando el guante, la parlamentaria PS afirmó que lo que hay que sincerar es que la denominada precampaña “no está regulada”. De paso, exculpó a la presidenta Bachelet, ya que, a su juicio, “no existió una precampaña desde el punto de vista de ella. Lo hicimos nosotros”.
“Aquí hay una confusión tremenda y se ha metido todo en un mismo lugar. Aquí se confunde cohecho, tráfico de influencias, financiamiento irregular y precampaña. He dicho con claridad y he reiterado que casi todos los candidatos y actuales miembros del Parlamento no empezaron ni un mes antes con publicidad ni en los 90 días antes en que se inscriben. Empezamos mucho antes, porque es razonable que así sea… Imagínese un candidato nuevo que tiene que entrar a competir con alguien que ya está establecido”, agregó.
Triste espectáculo
El analista y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, se refirió al tema de las precampañas, donde criticó en duros términos al vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, primero por negar y luego admitir que Bachelet tuvo precampaña electoral en el pasado proceso presidencial de 2013.
En diálogo con Cambio21, el profesional indicó que “es deseable que todos los candidatos hagan precampaña y por una sencilla razón: acá se establecen las bases programáticas y los equipos de trabajo y brindan seriedad al proceso. Hablaría muy mal que un postulante a un cargo equis que no haga precampaña, porque significaría que esa persona tenía muchísimo dinero como para evitar la precampaña y solamente preparó a un equipo de forma rápida, lo que denota una seria irresponsabilidad”, comentó.
A juicio del experto, “hay una carga negativa que le ha entregado el concepto de precampaña por parte del Gobierno y de las dos coaliciones más importantes. Solo se han enredado en una pelea que no tiene sentido“.
“Es más, el portavoz, en un triste espectáculo, señaló en primer lugar que Bachelet no hizo precampaña, lo que es francamente absurdo. Por lo tanto, lo que provoca es que extrañen a su antecesor Álvaro Elizalde y también confundir a la opinión pública y tratarla como interdicta. Y eso en política va a ser sancionado por los electores, lo que ya se vio en la encuesta de Cadem“, remarcó.
Morales detalló que “las campañas parten desde los 90 días antes de que se inscriban los postulantes a cargos de elección popular, no de los 30 o los 60 como lo han dicho autoridades de distintos partidos políticos del país y la única forma de comenzar a corregir esto sería aumentando el período de campaña en un mes adicional. O sea, que ya no sean 90, sino que 120”.
“Por ende, el hecho de que los candidatos puedan realizar actividades pagadas en el período anterior podría ser catalogado como ilegal, pero entendiendo que las precampañas siempre van a existir y que en la actualidad las empresas están interviniendo con donaciones, lo que se prohibirá en la nueva ley, pero que no enmendará los problemas de financiamiento que existen”, advirtió.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La forma en que las distintas colectividades políticas han reaccionado frente a los cuestionamientos que se les han realizado por sus militantes involucrados en presuntos casos de emisión de boletas para el financiamiento de campañas políticas, fue criticada por expertos quienes consideran que ha sido de manera defensiva e incluso hablan de parálisis de parte de partidos como la DC o la UDI.
Las nuevas revelaciones surgidas en torno de las asesorías realizadas por el senador DC Andrés Zaldívar a Aguas Andinas, volvió a activar los cuestionamientos a la Falange, partido que ha debido enfrentar las críticas a su presidente, el senador Jorge Pizarro por las boletas entregadas por sus hijos a la empresa SQM, y que la misma minera no metálica reconoció que fueron por trabajos no realizados, y presumiblemente fueron a parar al financiamiento de campañas.
Si bien se explicó que la situación del senador Zaldívar es distinta a la de los casos que hasta ahora se han ventilado en la prensa, ya que serían trabajos realizados de forma privada y en un período en el cual no ejercía un cargo público, sí se cuestiona la forma en que el partido, así como la UDI en su momento, ha reaccionado ante las revelaciones sobre sus militantes que se han visto envuelto en el financiamiento irregular de campañas políticas.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, sostuvo que la manera en que han enfrentado, tanto en la DC como en general los partidos políticos que se han visto involucrados en los casos Penta y SQM, ha implicado el defenderse frente a los cuestionamientos que se les han realizado, en vez de tomar la iniciativa a través, por ejemplo, de la convocatoria de sus tribunales supremos para tratar estos casos.
“Creo que en general los actores políticos han sido bastante defensivos respecto de este tipo de conductas, intentando primero negar que existe algún tipo de vínculo, o cuando ya se hace evidente el vínculo tratar de responder defensivamente frente a este tipo de acusaciones, intentando minimizar el tema, o hacer este tipo de declaraciones que son informes verbales, y todo lo que ha venido a continuación”.
Fuentes señala que los partidos políticos que han visto a alguno de sus militantes involucrados en este tipo de irregularidades, no han sido lo suficientemente activos para enfrentar estos problemas, y en este sentido expone que las medidas a tomar implicarían “activar a los tribunales supremos para ver si hay algún tipo de involucramiento, suspender militancias hasta que no se resuelva el caso, y hay distintas graduaciones respecto de las decisiones que un partido pueda hacer internamente”.
Para Carlos Huneeus, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad de Chile, la DC está paralizada ante las revelaciones sobre sus militantes que han sido cuestionados con sus vínculos con la emisión de boletas falsas, como son los casos del diputado Roberto León y el ex embajador Marcelo Rozas, y sostiene que estas situaciones son una bomba de racimo que pueden seguir afectando a la clase política en general, y que se podrían acentuar después que la próxima semana tenga que acudir a declarar el ex recaudador de fondos de la Concertación, y quien ha sido vinculado a SQM, Giorgio Martelli.
“No solamente la Democracia Cristiana está bastante paralizada porque aquí estamos sobre una bomba de racimo. Cuando hable el señor Martelli van a producirse más hallazgos, porque el señor Martelli o el señor Harold Correa tienen que explicarnos cómo financiaban los pagos que le hicieron a importantes personalidades políticas”.
Pese a ello, Huneeus asegura que la situación de la DC, en particular la del senador Pizarro, no es comparable con lo sucedido en la UDI, en donde existió “un subsidio masivo e importante de parte de un grupo económico muy vinculado a ellos, centralizado en una figura tan importante como el senador Jovino Novoa”.
El sociólogo y presidente de la fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz hace hincapié en el desgaste en la vocación democrática de las élites políticas tras conocerse estos casos, y el hecho de cómo los han tratado de resolver, de espaldas a la ciudadanía y situándolas sólo en el ámbito judicial.
“Lo que sí está quedando cada vez más en evidencia, es el agotamiento de la vocación democrática de las élites de la transición, porque tratar de buscar la solución o reducir algo que debería ser de deliberación pública, de deliberación ciudadana, deliberación política informada y culta, rica en definitiva, determinante está siendo secuestrada en una especie de judicialización de la discusión. Y, al revés, yo no tengo ningún reparo en que se establezcan las culpas que estén aquí involucradas”.
Ruiz señaló además que la crisis que se ha generado con los casos de emisión de boletas falsas, ha servido para encubrir una crisis más profunda de la política nacional y que tiene que ver con la legitimidad de las instituciones que conforman el sistema, por lo que sería un error centrarse sólo en esta dimensión del problema.
En el último tiempo hemos visto a una serie de figuras públicas pedir perdón. Una palabra que nos es familiar desde niños, pero que la ciencia está estudiando hace sólo un par de décadas. Los resultados dan luces de los beneficios, las verdades y mitos de la sicología detrás de las disculpas. Una lectura obligada para los políticos en estos días.
Este ha sido el año de pedir perdón. Partió el senador Iván Moreira en enero cuando reconoció el uso de boletas de terceros para financiar su campaña. Y a medida que se han ido conociendo las investigaciones de Penta, Soquimich y Caval, hemos visto a varios personajes públicos y políticos haciendo lo mismo. Ha habido disculpas individuales, como Pablo Wagner a la UDI, y en grupo, como las de distintos dirigentes de partidos políticos. Se le ha pedido perdón a la ciudadanía (Sebastián Dávalos, quien además renunció a su cargo en la presidencia), a los propios empleados (Andrónico Luksic en el Banco de Chile) y hasta a la suegra (Natalia Compagnon).
En estos cuatro meses es uno de los momentos en que más hemos visto a los poderosos usar esa palabra. La misma que nos enseñaron a decir desde niños, y de mala gana, cuando lastimábamos a un hermano, esa que está asociada a las religiones, y que muchos familiares víctimas de la dictadura todavía quieren escuchar.
Pero aunque creemos que conocemos el perdón, la investigación científica sobre él es reciente. Comenzó en el hemisferio norte en 1989 cuando terminó la Guerra Fría y los países enemigos tuvieron que aprender a conciliar. En ese momento el perdón, explica Everett Worthington, sicólogo de la Universidad Virgina Commonwealth y uno de los principales especialistas en esta materia, se volvió un tema obligado. Sin embargo, el estudio se aceleró en 1998 cuando la Fundación Templeton en Estados Unidos, que financia investigaciones en “las grandes cuestiones de la vida”, comenzó a entregar recursos para indagarlo.
¿Y qué es el perdón? Los más de mil investigadores que lo estudian no se ponen de acuerdo. En general lo definen como un acto social en donde, más que pedir, el acto principal es recibir ese perdón, renunciar al derecho de castigar a quien ofendió y disminuir la ira. Según Worthington, existen dos formas de perdonar. La primera nace de una decisión, cuando una persona deja de buscar revancha o evitar a quien lo agravió y lo empieza a tratar de una forma diferente, sin esperar nada a cambio. La segunda es emocional: se reemplazan los sentimientos negativos como el rencor, la ira y la ansiedad por la empatía y compasión y el que está perdonando empieza a sentir sentimientos positivos hacia quien lo ofendió.
En lo que sí hay consenso entre los investigadores es que el perdón es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra y que trae múltiples beneficios incluso para la salud física, siempre y cuando sea sincero.
El perdonazo
No siempre perdonamos o pedimos perdón sólo por altruismo o para reconciliarnos. Según un estudio del Grupo de Investigación del Perdón de la Universidad de Brock en Canadá, nos disculpamos principalmente porque nos sentimos avergonzados, por el qué dirán, para evitar el castigo, para mantener la relación que se tiene con el otro, por justicia y en el caso de los creyentes, porque Dios así lo pide. La sicóloga Kathryn Belicki, que lidera ese centro, explica que cuando se trata de perdonar hay fundamentalmente nueve razones: el deseo de preservar la relación, la empatía hacia el infractor, porque el otro se disculpó y también el factor religioso. Pero hay otras más egoístas como sentirse mejor, evitar las consecuencias sociales (como ser presionado para perdonar), la conveniencia y hasta para demostrar superioridad moral.
Pero también influye quién es la persona a la que hay que perdonar y la cultura en que vivimos.
¿Perdonó usted a Iván Moreira? ¿Confía en las disculpas de Natalia Compagnon, Pablo Wagner o los líderes de los partidos? Según las investigaciones, nos cuesta más creer y recibir las excusas de los personajes públicos que las de nuestros cercanos, aun cuando los conocidos nos hayan herido más. “En las relaciones cercanas hay más que perder, como la relación en sí. En el plano colectivo no hay un vínculo de pasado con esa figura”, explica Jorge Manzi, sicólogo social de la UC y quien ha realizado estudios acerca del perdón colectivo en Chile.
La confianza también es un elemento clave al momento de aceptar las disculpas y Chile tiene bajas tasas de confianza, lo que les pone la pista pesada a los arrepentidos: “Esta carencia disminuye el impacto de las disculpas. Puede ser percibido como manipulación”, agrega Manzi, quien también es director de MIDE UC.
A eso se suma que en Chile la cultura del perdón colectivo, por los años de dictadura, ha sido compleja. Manzi recuerda que en 1999, cuando participó en la Mesa de Diálogo se habló de verdad, de justicia, de reparación, pero poco de perdón. “En Chile hubo una negación de los que estuvieron asociados a los hechos. Todos decían que eran víctimas y eso hizo que el perdón no tuviera espacio, porque para que exista tiene que haber un convencimiento personal de que se cometió un acto impropio. Algo que no existía en esa época”, asegura.
Por su parte, Tony Mifsud, sacerdote jesuita y parte del grupo del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, dice que no basta con pedir perdón. La Iglesia Católica siempre ha hecho hincapié en la penitencia, es decir, que además del arrepentimiento también debe haber un propósito de enmienda. La clave, dice Mifsud, está en los gestos, en mostrar cambios, algo que, según él, se ha perdido: antes si en un ministerio se descubría cohecho, el ministro, aún cuando no era culpable, renunciaba, porque era responsable políticamente. Ahora eso ya no ocurre. “Si el perdón va a ser barato, es decir, sólo la palabra y quedar donde mismo, la desconfianza empeorará y aumentará la falta de credibilidad. Al país no le conviene avanzar hacia allá”, asegura. “En la sociedad chilena se necesita reinstalar la capacidad de responder por los propios actos y omisiones. Y asumir las consecuencias prácticas de ello”, dice por otra parte Eva Hamamé, doctora en filosofía de la Universidad Diego Portales y co-investigadora junto al fallecido Humberto Giannini de un proyecto Fondecyt sobre el perdón.
Y así como nos cuesta perdonar a las figuras públicas, en la esfera privada somos más compasivos. “Las muestras de perdón tienen niveles medios altos, pero siempre moderado por distintas razones, como por ejemplo, el tipo de ofensa, las características de la relación o la personalidad”, dice Mónica Guzmán, académica de la Universidad Católica del Norte, quien ha estudiado el perdón en la pareja chilena. Explica, por ejemplo, que la infidelidad, por sobre el engaño y la mentira es lo que más cuesta perdonar. La personalidad, dice, también influye: los más empáticas y menos neuróticos y los más seguros de sí mismo tienden a perdonar más fácilmente. Pero cuando hay un conflicto y no hay disculpas de por medio, tendemos a evitar a la pareja. Nos cuesta acercarnos o volver a confiar. Eso sí, aclara Guzmán, son muy pocos los que optan por la venganza.
Lo bueno de perdonar
Un grupo de investigadores de Hope College en Estados Unidos, le pidió a distintas personas que pensaran en alguien que les había hecho daño: eso los hizo sudar más y les subió la presión. Worthington explica que como éste, hay varios estudios similares que muestran que el rencor puede crear trastornos relacionados con el estrés, problemas cardiovasculares y en el sistema inmunológico. Además, puede contribuir a la depresión, ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo o de ira y transformarse hasta en un problema de salud pública. “Perdonar reduce el estrés innecesario que se genera cuando le damos vuelta una y otra vez a las malas experiencias que no pueden ser cambiadas, además de impactar positivamente en los sistemas cardiovascular, nervioso y endocrino”, dice Frederic Luskin. Este investigador creó un sistema para enseñar a perdonar y ha recorrido el mundo enseñándolo. Hoy dirige el Proyecto del Perdón de la Universidad de Stanford, y uno de los resultados más conmovedores fue con madres víctimas de la violencia que por décadas experimentó Irlanda del Norte. El programa se ofreció durante una semana y tras un seguimiento de seis meses, las mujeres mostraron un 50 por ciento menos de estrés, un 40 por ciento menos de depresión y un 23 por ciento menos de ira.
El sicólogo de la Universidad de Wisconsin Madison y uno de los pioneros en el estudio del perdón, Robert Enright, también diseñó un método, esta vez de 20 pasos, para aprender a perdonar. Lo probó con un grupo de hombres que estaban heridos porque sus mujeres se habían practicado un aborto. Tras 12 sesiones de 90 minutos, los participantes lograron reducir sus niveles de ansiedad, ira y dolor. “La terapia del perdón es más eficaz que muchos otros tipos de terapia cuando el problema que presenta es el tratamiento injusto de los demás”, dice Enright.
La mitología del perdón
Pero por más beneficios que tenga, nos cuesta perdonar. Según los investigadores hay una serie de conceptos mal entendidos en torno al perdón que lo hacen más difícil. Por ejemplo, creer que al perdonar hay que retomar la relación con la persona que nos hirió como si no hubiera pasado nada. Loren Toussaint, sicólogo estadounidense que llevó a cabo un proyecto con gente de Sierra Leona, explica que “perdonar no significa que tenga que ser amigo de quien me hirió”. Worthington agrega que la reconciliación se trata de restaurar la confianza en la relación y que eso requiere una conducta de honestidad de a dos. El perdón, en cambio, es una experiencia individual, es decir, que para hacerlo ni siquiera es necesario que nos pidan disculpas.
Otro mito es que disculparse es sinónimo de olvidar. Ni el que perdona, ni el que pide perdón deberían hacerlo, explican los expertos. “Perdonar nunca es olvidar, sino más bien recordar el daño producido al otro, dolerse profundamente y arrepentirse”, explica la investigadora de la Universidad Diego Portales, Eva Hamamé. Perdonar tampoco es muestra de debilidad. Enright agrega que “el perdón, como la bondad, es una virtud moral en el que la persona tratada injustamente ofrece misericordia”. Y otra cosa muy importante es que así como no debilita a la persona, tampoco debería limitar la búsqueda de justicia y reparación. Worthington pone su propio caso como ejemplo. En 1996, a finales de año, un hombre entró a la casa de su madre y la mató con una barra de hierro. Hasta ahora nadie ha sido condenado por el hecho. “Yo perdoné a la persona que lo hizo. No se trata de no buscar justicia porque eso debilita la sociedad. La justicia es algo de la sociedad, mientras que el perdón era algo mío”, dice.
El mito más grande de todos, sin embargo, es que hay cosas imperdonables. Según los expertos, al menos, todo se puede perdonar, pero también dicen que este acto tiene sus propios tiempos y ritmos. Así es que no nos apuren.
Silva no aguantó más. Aunque siempre dijo que el partido tomaría medidas disciplinarias sólo cuando hubiese un pronunciamiento de la justicia, murió en el intento. Su renuncia descomprimirá el ambiente dentro del partido (en la medida de lo posible), pero pone en jaque la fuerza política de su coalición y, adicionalmente, cede ante las presiones de RN. Su renuncia se produce en el peor escenario para la UDI desde su fundación.
En primer lugar, la agenda valórica del partido está en retroceso. Los chilenos han aumentado su apoyo a políticas de aborto, eutanasia y matrimonio homosexual. Adicionalmente, los congresistas del partido -de acuerdo a una encuesta aplicada por el Observatorio Político-Electoral a todos los diputados y senadores- son extraordinariamente polarizados en el eje izquierda-derecha y en el eje liberal-conservador. En segundo lugar, la UDI competirá en las próximas elecciones legislativas bajo reglas distintas. Es decir, sin binominal.
Dado que este sistema la ha favorecido por sobre RN, es posible que su representación vuelva a disminuir. En 2013, y con sólo el 19% de los votos, adquirió 29 escaños, que equivalen al 24% de la representación. RN, en cambio, con el 15% de los votos, cosechó el 16% de los escaños. Por tanto, la UDI quedó sobre-representada en más de cinco puntos.
En tercer lugar, las próximas elecciones tendrán -si todo sale bien- un sistema de financiamiento distinto, con predominio de dineros públicos y con fuerte bloqueo para los recursos privados. La UDI gastó 77 millones de pesos en promedio por cada candidato a diputado en 2013. RN, en cambio, gastó alrededor de 47 millones. La diferencia es evidente, y eso que está calculada con los datos oficiales reportados por los partidos, que ya sabemos, se encuentran subestimados.
Por último, la UDI enfrenta un ambiente ciudadano que condena las malas prácticas y que se ha dado cuenta que los apellidos vinosos también pueden llegar a la cárcel. El repudio social se está haciendo evidente. La colusión de las farmacias, pollos y buses -entre otras cosas- están colmando la paciencia. Si a esto sumamos la emergente “crisis del agua”, la situación no pinta bien para los poderosos. Con el caso Penta, la justicia ha dado un paso muy importante, mostrando que de vez en cuando la igualdad ante la ley sí es posible.
En las elecciones de 2013 hubo una significativa correlación entre la caída de la participación electoral y el retroceso de la UDI. Todo indica que la disminución de la participación en las comunas urbano-populares de la Región Metropolitana perjudicó al gremialismo. En términos más sencillos, los antiguos votantes populares de la UDI no asistieron a las urnas. Eso da cuenta de la debilidad del vínculo entre el partido y sus votantes, el que ha sido celebrado desde la academia, pero que en realidad, era más frágil de lo que se creía. Hoy la UDI se encuentra atrincherada en las zonas más ricas de la capital y en 2016 deberá enfrentar una dura competencia municipal. Le toca defender 47 alcaldías y 423 concejales (sumando a sus independientes). Si en 2008 la UDI gobernada al 24% de la población, en 2012 retrocedió al 17%.
Se vienen tiempos duros para el gremialismo. La esperanza para ellos, eso sí, radica en que han superado situaciones difíciles. Desde el retorno a la democracia, no era sencillo definirse como cercano a la UDI. El caso Spiniak -por otro lado- dañó la imagen del partido, pero así y todo tuvo un fuerte empuje electoral. La mala noticia es que hasta ahora no asoma ningún liderazgo capaz de sacar al gremialismo de esta maraña política. En 1999 fue Lavín el salvador. Hoy se encuentra bajo sospecha por la arista SQM. La pregunta es una sola: Y ahora, ¿quién podrá defenderlos…o quién podrá financiarlos?
En tanto ambos escándalos han dominado la agenda política en lo que va de este año, y también han golpeado la ya baja credibilidad de la Alianza y de la Nueva Mayoría, los escándalos de Caval y Penta son comparables. Si bien el caso Penta tiene más aristas, involucra más gente y tiene más potenciales ramificaciones legales y tributarias, el caso Caval golpea más directamente la razón de ser de la coalición involucrada y toca mucho más de cerca al centro del poder de esa coalición.
Si Penta y Caval pudieran ser entendidos como terremotos, el escándalo Penta ha tenido más réplicas y ha causado más daño en una superficie sustancialmente mayor. El sismo Caval fue de menor duración y golpeó con fuerza una zona muy reducida, pero muy importante. Tal como si un sismo solo dejara inutilizadas las principales minas de cobre del país —sin afectar al resto del territorio—, el escándalo de Caval ha paralizado a la coalición de gobierno.
En ambos casos, la reacción del liderazgo político en los sectores involucrados empeoró la situación. En la UDI, precisamente por la cercanía de la mesa directiva actual al ex senador Jovino Novoa —y por la relación familiar del Presidente de la UDI con uno de los socios controladores de Penta—, el escándalo terminó por enlodar a todo el partido. Si bien hay muchos legisladores UDI en el Congreso, alcaldes, CORES y concejales que no tienen nada que ver con Penta, la forma en que la directiva abordó la crisis ha dejado instalada la idea de que la UDI era una empresa más del holding Penta. Ahora que se retome el proceso judicial, la decisión de no separar aguas entre el partido y los involucrados en el escándalo hará que el partido más importante de Chile haga noticia producto de las múltiples aristas del caso Penta más que por su compromiso declarado por convertirse en paladín de la clase media y de los sectores populares.
El caso Penta le pegó fuerte a la derecha. Pero antes del golpe, la derecha ya estaba en el piso producto de la derrota electoral de 2013. En las semanas anteriores a que estallara el escándalo, la Alianza —y en particular la UDI— había encontrado una posible vía de recuperación en la defensa de los intereses de la clase media que aparecía crecientemente dudosa de los efectos que tendrá la reforma educacional que promueve Bachelet. Pero el caso Penta dejó meridianamente claro —en buena medida porque la directiva del partido así lo permitió— que la UDI estaba más preocupada de defender los intereses del empresariado que provee el financiamiento que de la gente que vota por el partido. El caso Penta ha dificultado la reconstrucción política de la derecha. Pero en tanto hay políticos de derecha que no tienen nada que ver con el escándalo, y en tanto las reformas de Bachelet han alienado a una buena parte de la clase media, sigue vigente la oportunidad para que la derecha se reinvente a partir del liderazgos de personas que no estén asociadas con el escándalo. Es más, incluso si la propia UDI finalmente se decide a sacrificar a los políticos más directamente involucrados en el escándalo, el daño para el partido será más acotado.
El escándalo Caval, en cambio, ha producido mayores estragos porque golpeó duramente a una coalición que venía volando alto. Después de promulgar importantes reformas en enero, la Nueva Mayoría experimentó una caída libre en febrero a partir de las revelaciones sobre el Nueragate. Como el gobierno no supo responder a tiempo, el daño se extendió más allá de lo que era necesario. La tardía respuesta de Bachelet tampoco fue exitosa. La mayoría de los chilenos no le creyó a la Presidenta cuando ella dio su explicación e intentó buscar la simpatía popular en su rol de madre. Además, y esto el gobierno nunca pareció entenderlo, el escándalo Caval golpeaba a la líder más importante de la coalición en su dimensión más personal. El mensaje de lucha contra la desigualdad y el abuso se vio severamente cuestionado por la forma en que el hijo de la Presidenta lucró gracias a su posición de privilegio. Como Bachelet se resistió a pedirle la renuncia —pero después declaró que ella había tomado decisiones difíciles—, la propia Presidenta terminó infligiéndose una herida profunda en su credibilidad y cercanía. A diferencia de la derecha, la Nueva Mayoría no puede extirparse el tumor Caval. Es más, mientras más tiempo pasa, más complejo se ve el escenario para el gobierno.
Evidentemente, las implicancias legales y judiciales del caso Penta exceden por amplio margen a las del caso Caval. Pero las implicaciones políticas de ambos escándalos son comparables. Es más, porque fue un error no forzado, porque llegó cuando la coalición volaba más alto y porque afecta directamente a la familia presidencial y golpea la credibilidad del principal mensaje del gobierno —y por lo tanto dificulta su capacidad para materializar sus promesas—, el caso Caval ha dolido mucho más en la Nueva Mayoría de lo que dolió el escándalo Penta en la derecha.
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Luego de una larga jornada, el Senado aprobó la reforma que sustituye el sistema binominal por uno proporcional inclusivo. La iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, al punto que miembros de la UDI anunciaron un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.
En conversación con CNN Chile el director del OBPE UDP, Mauricio Morales, realizó el análisis al debate en general y particular se extendió por más de 21 horas en la Cámara, donde en definitiva de cambiará el distritaje y aumentará a 155 el número de diputados y a 50 el de senadores.
