Este documento detalla las características de la Base de Datos de la Encuesta UDP 2005-2015, la que incluye todas aquellas preguntas que han sido realizadas 2 o más veces durante este período. Se detallan las preguntas incluidas, así como sus resultados agregados. Este documento busca, por lo tanto, sistematizar la información producida y colaborar con el análisis respecto de cuánto y cómo ha cambiado la opinión pública chilena.
La Encuesta Nacional UDP ha sido desarrollada en forma ininterrumpida desde 2005 hasta 2015, con el propósito de entregar información respecto del estado de la opinión pública chilena en temas de interés público.
Durante este período se ha investigado en torno a varios temas, como la percepción económica, la evaluación del gobierno, identificación y participación política, familia, inmigrantes, religión, etc. Los datos de esas encuestas están disponibles al público en distintos formatos, de manera de permitir su uso tanto en el ámbito académico como público.
Con este documento –y la base de datos que acompaña- se busca dar un paso más en la entrega de información y en la generación de conocimiento respecto de la opinión pública chilena y -de manera más sencilla- el análisis de datos longitudinales que permitan evaluar cuánto y cómo han cambiado los chilenos.
Con éxito se realizó la presentación del Seminario NUMIES ‘‘Energía y sociedad en Chile: Nuevos desafíos para una nueva ciudadanía’’ 2015, realizada en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado y la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales.
En este seminario, presentó Sebastián Ureta, académico de la Universidad Alberto Hurtado, donde expuso los nuevos problemas energéticos que vive el país, las metas a futuro de la ciudadanía con la transformación, producción y distribución de energía en Chile, cuáles son los costos de producir energía en nuestro país, y qué soluciones propone el gobierno con la crisis energética.
En esta oportunidad comentó, la ex candidata presidencial y miembro de Chile Sustentable, Sara Larraín, además de Javier Zulueta del Ministerio de Energía e Ian Nelson, representante de Llaima S.A. y APEMEC. En esta primera mesa se discutió sobre las Infraestructuras energéticas y controversias sociales en Chile, además de cuáles han sido los proyectos energéticos más polémicos de nuestro país. Moderó, el miembro del Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad, Manuel Tironi.
La segunda mesa de discusión abrió con Rodrigo García Palma, de First Solar y ACERA, Annie Dufey, del Ministerio de Energía y el académico de la Universidad de Chile, Roberto Román. En esta mesa se discutieron los nuevos desafíos sociales y políticos de la transición hacia una matriz energética renovable. Qué proyectos propone el gobierno y además cuáles son nuestros pasos a seguir en comparación con otros países. El académico de la Universidad Alberto Hurtado, Sebastián Ureta, moderó esta mesa.
José Opazo de la Universidad Adolfo Ibañez, Diego Lizana, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y Luis Flores, de Consumers International, abrieron el último debate. En esta tercera mesa, se discutió sobre la innovación social y técnica para el consumo sustentable de energía del país y cuáles son los nuevos proyectos a futuro en energía limpia. Moderó el académico de la Universidad Diego Portales e integrante del NUMIES, Tomás Ariztía.
Para finalizar, cerró el profesor británico de la Universidad de Sussex, SPRU, Adrian Smith, quién entregó claves para los nuevos proyectos a futuro que tiene el país en energía sustentable.
Debido a la buena acogida que ha tenido nuestra convocatoria, se extenderá el plazo de recepción de resúmenes hasta el día 30 de Junio.
1. Presentación general
La filosofía en la figura de Humberto Giannini es una invitación a la comprensión de la filosofía como práctica, como actividad que se realiza entre otros y en el mundo: la calle, la plaza, los recorridos de una cotidianeidad que es desde siempre el lugar del pensamiento. Filosofía abierta, amigable, que interroga porque no sabe y de verdad quiere saber. Filosofía que se entretiene en la búsqueda y que no se despega nunca de lo que le da sentido: la experiencia. Experiencia del mundo y su extrañeza, de los otros, del daño moral y político, del quehacer y la añoranza de lo común. Experiencia de hablar y significar con otros, del lenguaje involucrado en una comunicación que nunca es ´transmisión de información’, mecanismo, sistema; sino siempre experiencia incierta y vinculante con otros.
Filosofía que da testimonio de sí y de una historia que la atraviesa completamente. Filosofía que es también biografía, en la que ya no es posible distinguir pensamiento y vida. Filosofía que se ríe de la academia, de sus disciplinas y fronteras, porque sólo quiere preguntar y comprender con la mirada del recién llegado, y para ello entabla una conversación ininterrumpida con la realidad.
Filosofía de la conversación, la conversación como forma filosófica, abierta, pública y desprejuiciada; que nos invita a pensar y repensar el significado mismo de la filosofía y su práctica entre nosotros. Las CONVERSACIONES HUMBERTO GIANNINI, son una invitación a continuar esta conversación, siguiendo la huella de las ideas, obras y el legado del profesor Giannini como punto de partida.
2. Modalidades de participación
Modalidad ponencia
Presentación oral de ponencia individual, cuya exposición o lectura durará 20 minutos en una mesa de tres ponentes. Luego de las tres ponencias se abrirá un espacio de 30 minutos para preguntas y conversación con el público.
Modalidad conversatorio
Conversación libre sobre un tema, en la que participarán tres conversadores y un moderador que conducirá el diálogo. Este diálogo durará 45 minutos, para después dar paso a un diálogo abierto con el público que durará también 45 minutos.
3. Líneas temáticas sugeridas
Aunque se pueden presentar resúmenes con temas no incluidos en este listado, se sugiere presentar trabajos en torno al pensamiento y la figura del profesor Giannini, en las siguientes líneas:
– Biografía y filosofía
– La enseñanza de la filosofía
– Educación pública y ciudadanía
– Filosofía y experiencia cotidiana
– Ética y experiencia moral
– Preguntas de la metafísica
– Giannini y su lectura de los clásicos
– Lenguaje, comunicación y experiencia
4. Presentación y envío de resúmenes
Para participar en alguna de las dos modalidades de las CONVERSACIONES HUMBERTO GIANNINI, es necesario enviar adjuntos, en un mismo correo, dos documentos (formato Word): resumen y hoja de presentación. Cada uno de los archivos debe incluir las siguientes especificaciones: 4.1. Resumen: Título de la ponencia, un resumen de entre 300 y 500 palabras, más la bibliografía básica. El resumen no debe incluir el nombre del autor/a. 4.2. Hoja de presentación: Título del trabajo, nombres y apellidos del autor o autora, dirección de correo electrónico, grado académico, filiación académica o institución (si corresponde), línea temática en la que se inscribe su resumen y modalidad en que desea participar . Los resúmenes y las hojas de presentación se deberán enviar al correo:[email protected] hasta el 30 de junio.
Los resultados de la selección de resúmenes se darán a conocer a mediados de septiembre y se comunicará directamente a los/las autores/as.
Durante el mes de octubre y una vez confirmados los seleccionados, se dará a conocer el programa definitivo.
Lugar y fecha
Las CONVERSACIONES HUMBERTO GIANNINI se realizarán en Santiago de Chile, los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de noviembre del 2015, en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Comité Académico: Faride Zerán, Carlos Ruiz, Olga Grau, Patricia Bonzi, Marcos García de la Huerta, Claudia Gutiérrez, Pablo Oyarzún, Francisco Herrera, María José López, Nadine Faure, Rosemary Bruna (Universidad de Chile), Eduardo Fermandois (PUC), Valentina Bulo, Cristian Retamal (USACH), Cecilia Sánchez (Universidad Academia de Humanismo Cristiano), Eva Hamamé (UDP).
Comité Ejecutivo: Francisco Herrera, María José López, Nadine Faure, Rosemary Bruna.
Organizan: Universidad de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Diego Portales.
El Magíster en Historia de América Latina UDP, invita al Primer Coloquio titulado “Bases Agrarias del Conflicto Armado Interno en el Perú: Descentrando la Violencia Política, Sierra Central, 1980-2000″. En la ocasión presentará Javier Puente,doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Georgetown y profesor asistente del Instituto de Historia de la Universidad Católica.
La actividad se realizará el martes 9 de junio a las 18:30 horas, en la sala B51 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324.
Durante el transcurso de las dos últimas décadas del siglo pasado, la insurgencia del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y la represión sistemática del Estado reavivaron el problema hemisférico sobre la vigencia política de las revoluciones. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF-CVR) calculó que alrededor de 70,000 peruanos perdieron la vida como resultado de este conflicto. Si bien el mismo documento insiste en la necesidad de pensar el conflicto como un proceso que envolvió a toda la sociedad peruana en su conjunto, las cifras del IF-CVR acusan que la principal víctima de la violencia insurgente y estatal fue el campesino rural, proveniente de las provincias más empobrecidas del país y hablante de una lengua diferente al Español. Mi presentación busca repensar esta tensión epistemológica entre las bases materiales y el lenguaje político del Conflicto Armado Interno a la luz de la experiencia histórica de la Sierra Central. Al intentar “descentrar” la violencia senderista y estatal busco distanciar lenguaje y bases materiales para entender qué estuvo en juego para el comunero rural – víctima y victimario – en la cotidianidad de sobrevivir tiempos de miedo y obliteración. Finalmente, me interesa insertar la experiencia peruana como colofón de una historia global de conflictos y tensiones agrarias que surgieron en un sur global azotado por prácticas y políticas propias de la Guerra Fría.
¿Qué puede haber de común entre condominios enrejados, colegios particulares subvencionados con copago, lucro con dinero público y libertad de elección? La respuesta es todo: es el resumen cultural del modelo.
Frente a la ideología segregadora del modelo educacional, los principios igualitarios de la reforma están bien fundados, puesto que ante un bien que las personas consideran esencial, su goce no debe depender del mercado. Hay algo que se degrada en el bien cuando es mercantilizado. Es cierto: el resultado final a nivel individual puede ser, desde cierta métrica, el mismo en un establecimiento privado o público, pero esto se paga a un precio civilizacional, en donde la sociedad renuncia a fundarse en derechos ante los cuales seríamos todos iguales.
Lo que parece ser evidente en la teoría, deja de serlo en la vida práctica de las personas. El ministro Eyzaguirre contribuyó a naturalizar la libertad de elección invisibilizando sus consecuencias segregadoras, precipitando el tranco de la reforma, careciendo de pedagogía y apelotonando ideas de política.
Peor aún: el gobierno abandonó la lógica de la gradualidad de los cambios provocando el miedo de las clases medias: nadie sabe muy bien qué cabe entender como tal, pero lo que sí sabemos por encuestas y observación de comportamientos protestatarios, es que las familias medias tienen miedo a perder su libertad de elegir la educación de sus hijos, la que se experimenta mediante formas de copago y la aceptación de la selección. Por décadas, los abuelos y padres de hoy aprendieron a elegir colegios, con el fin de salir del medio social en el que les tocó nacer, para lo cual fundaron esperanzas en copagos a menudo modestos pero que, ante sus ojos, representan un ideal de progreso y movilidad.
No es mi ideal, pero entiendo que familias modestas adhieran a él, y no me siento autorizado para decir que se trata de elecciones ilusorias que en nada cambian los resortes de la condición social inicial. La naturaleza vertiginosa de la reforma y la confusión que ésta provoca acerca de las consecuencias de corto plazo equivale a abdicar del gradualismo y de las metas de largo plazo.
En tal sentido, cuando Boric y Ruiz –en una reciente columna- constatan el peligro que corre la reforma, aciertan, pero no con las razones correctas: no es sólo porque haya sectores conservadores en la Nueva Mayoría, sino también porque sus sectores más avanzados, así como el propio movimiento estudiantil y sus intelectuales terminaron produciendo miedo. ¿Cómo navegar, con rumbo y claridad sobre las ideas propias, entre la sospecha de que el gradualismo esconde traiciones y el miedo que produce una reforma que abdica del gradualismo?
Las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet al diario El País, sugiriendo que algunos de aquellos que se oponen a la reforma educacional que impulsa su gobierno han iniciado una campaña del terror para desinformar a la gente sobre los efectos que esta tendrá, constituyen una estrategia de defensa que Bachelet ya ha usado antes: la victimización. En vez de abordar el fondo de las acusaciones, Bachelet ha optado por victimizarse, atribuyendo mala intención a los que se oponen a sus iniciativas.
Dado que la reforma altera varios aspectos del modelo educacional, resulta imposible anticipar todos los efectos que tendrá. En tanto el diablo está en los detalles y las decisiones de miles de familias que aspiran a entregar a sus hijos la mejor calidad posible de educación —con un rango de interpretación muy amplio respecto a qué entienden los chilenos por calidad—, nadie puede seria y responsablemente anticipar a ciencia cierta lo que ocurrirá cuando se apruebe la reforma educacional del Gobierno. Dada la magnitud de las reformas, es imposible anticipar cuál será el equilibrio de mercado resultante de las nuevas reglas y regulaciones que se introducirán.
Aunque el debate público se ha llenado de dogmatismos y simplificaciones —desde la demonización del lucro hasta la épica defensa de una libertad muy limitada para escoger—, en tanto la nueva reforma no obligue a los niños a asistir a la escuela del barrio, la posibilidad de escoger (sujeta a distintas limitantes) hará que la decisión sobre dónde se eduquen los hijos continúe siendo similar a las decisiones sobre dónde, cómo y cuándo las personas adquieren bienes de consumo (y por cierto sobre qué tanto están dispuestos a sacrificar para acceder a los bienes que consideran de mejor calidad).
Precisamente porque la reforma educacional solo cambiará la estructura de limitaciones y oportunidades que tienen los padres para escoger la educación de sus hijos, nadie puede anticipar con certeza si mejorará la calidad de la educación (como quiera que esta se defina), si aumentará la matrícula en la educación pública o si se cerrarán colegios particulares subvencionados. Hay buenas razones para anticipar que las cosas no seguirán igual que ahora, pero personas razonables discrepan sobre cómo cambiarán. De ahí que es injusto y antojadizo acusar de campaña del terror a los que auguran que la reforma tendrá más resultados negativos que positivos. De hecho, siguiendo la lógica de la victimización, los opositores al Gobierno bien pudieran acusar a la Nueva Mayoría de llevar un par de años enfrascada en una campaña del terror contra el lucro en la educación.
En diciembre de 2013, Bachelet ganó ampliamente la elección presidencial con una plataforma que prometía terminar con el lucro, el copago y la selección en la educación. Una mayoría de los chilenos —independientemente de si entendían las implicaciones de su decisión o compartían lo que efectivamente decía el programa de gobierno— otorgó un sólido mandato a Bachelet para impulsar sus reformas. Es verdad que los programas de gobierno no son contratos inmodificables y que la opinión pública puede ser volátil en sus preferencias —por lo que los gobiernos pragmáticamente abandonan a veces sus promesas de campaña cuando las encuestas de aprobación señalan que la gente quiere cambiar de rumbo—, pero Bachelet todavía puede basar su decisión de impulsar la reforma educacional en que obtuvo la mayoría más amplia desde el retorno de la democracia. No por nada la Nueva Mayoría tiene control absoluto de ambas cámaras del Congreso.
Ahora bien, así como los electores pueden cambiar de opinión, los legisladores pueden también optar por adherir solo parcialmente al programa de gobierno. Los parlamentarios son electos para representar a sus distritos, no para ratificar lo que decide el Gobierno. Aunque este impulse una reforma incluida en el programa, el apoyo de los legisladores oficialistas no es automático. De ahí que la tarea del Gobierno no sea enrostrar el programa a sus aliados para conminarlos a disciplinarse, sino hábilmente convencer a una mayoría de los legisladores de apoyar las iniciativas que impulsa.
Como los gobiernos son evaluados por los cambios que hacen —no por las heroicas peleas que dan y pierden—, La Moneda deberá negociar con legisladores aliados y de oposición para cumplir, aunque sea parcialmente, sus promesas de campaña. O bien, para responder a la voluntad que en el futuro exprese a través de las encuestas una mayoría de los chilenos. En tanto la política es el arte de gobernar, y gobernar implica necesariamente negociar para construir acuerdos mayoritarios, el camino de acusar a los opositores de mala intención y deshonestidad no parece ser una buena estrategia. La victimización no allana el camino para la ineludible tarea de forjar acuerdos con aquellos que piensan diferente.
La clase política atraviesa tiempos turbulentos. Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses han remecido la notable estabilidad de las últimas décadas. El diseño y la tramitación de las reformas estructurales, los atentados terroristas y el caso Penta son algunos ejemplos de eventos que han polarizado a las dos grandes coaliciones. En estos tres hechos, la posición política entre la Alianza y la Nueva Mayoría ha sido para todos efectos prácticos, opuesto. La enemistad entre las dos coaliciones incluso ha llegado a gotear hacia sus interiores. La detención del ex alcalde Labbé y los dichos del embajador Contreras han dividido a sus partidos miembros. La reacción ante ambas situaciones desnuda la brutal discordia que existe entre partidos que comparten domicilios políticos.
Algunos dirán que la polarización entre las coaliciones ya es una tradición y que la división dentro de ellas es un fenómeno natural. Puede ser. Pero por muy normal que sea, no significa que constituya una costumbre positiva o deseable para la democracia. La ruta que transitaron los países desarrollados sugiere que es necesario que las coaliciones estén dispuestas a cooperar entre ellas y que los partidos miembros estén dispuestos a dialogar entre sí. Todo indica que eso no sucede en nuestro país. Es peor, hay evidencia que sugiere que la polarización y división que se observa en la clase política se refleja en la ciudadanía. La última encuesta MORI-CERC muestra que existen dos Chiles, uno que vota y aprueba, y otro que no vota y no aprueba.
La clase política es la responsable. Quienes han gobernado el país desde la transición no han trabajado lo suficientemente duro para mejorar la calidad de la democracia. Si algo han hecho es estancarla. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría cargan con esa cruz. Ahora bien, como siempre, la solución al problema depende —en buena parte— del oficialismo. Mejorar la calidad de la democracia debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, al parecer, no se ha percatado de aquello. Se ha cegado en llevar a cabo su programa de gobierno al pie de la letra. Esto no sólo ha aportado a la turbulencia, además le ha significado problemas propios. Si en algo coinciden las encuestas, es en una caída lenta pero constante de la aprobación presidencial.
El problema no se detiene allí, se proyecta hacia el futuro. No hay un recambio político en el oficialismo. La llamada segunda generación de la Concertación —Lagos Weber, Orrego, Rincón, Rossi, Tohá, entre otros— brilla por su ausencia. Si no fuera por las particularidades de sus cargos públicos, difícilmente tendrían tribuna. Si bien han mostrado anhelos de poder (al competir en elecciones), no han logrado imponer su liderazgo. En la batería de encuestas que se han publicado desde marzo, ninguno de estos servidores públicos ha figurado como una potencial carta presidencial para su coalición. Es prácticamente un hecho que la segunda generación no tiene la ambición electoral que tuvieron sus predecesores, y que difícilmente desarrollaran ese instinto en los próximos años.
En este escenario, parece perfectamente aplicable la Ley de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Que no exista un recambio en la Nueva Mayoría no significa que no exista un recambio en la centroizquierda. A pesar del deseo de algunos, Enríquez-Ominami y Velasco se han consolidado como los principales referentes del sector. El ex diputado y el ex ministro han logrado posicionarse como los dos políticos con más futuro de la centroizquierda. La última encuesta MORI-CERC muestra a Enríquez-Ominami con un 18% de apoyo, y a Velasco con un 11% de apoyo (seguidos por Vallejo, con un magro 5% de apoyo). El caso de Velasco es especialmente notable, dado que incluso tras el escándalo del caso Penta su nombre sigue en lo alto de la tabla.
La fuerte dependencia del gobierno al capital político de la presidenta y la notoria obsesión de la coalición oficialista por llevar a cabo el programa de gobierno han aportado a la turbulencia. Los hechos políticos que siempre han sacado ronchas ahora están siendo acompañados por temas que normalmente no son controversiales. Esto constata el delicado estado de salud de la democracia. El principal perjudicado en este clima de crispación política es la coalición oficialista. Puede que aún sea temprano para pronosticar que quienes llevan la delantera ahora -Enríquez-Ominami y Velasco permanecerán arriba hasta la próxima elección presidencia-l. Pero todo indica que se mantendrá el rechazo a los partidos tradicionales de la centroizquierda y que los llamados a ocupar el poder no estarán a la altura del desafío.
En política, un escándalo remplaza a otro escándalo. Mientras el Partido Comunista siga resistiéndose a facilitar la renuncia del embajador Eduardo Contreras y siga justificando su incontinencia verbal, la presión sobre la UDI en el caso Pentagate disminuirá. Porque la opinión pública tiene atención limitada para los escándalos, la defensa que hace el PC de la inaceptable actitud de su poco diplomático embajador es un inmejorable favor que hace el partido más a la izquierda del espectro chileno a su principal rival ideológico.
Al resistirse a presentar voluntariamente su renuncia, el embajador Contreras le aumentó los costos al Gobierno. Para Bachelet, hubiera sido más cómodo que Contreras voluntariamente dejara su cargo. Pero Como Contreras se negó a renunciar, el impasse diplomático se convirtió en un problema político. El PC, en el que milita Contreras, vio la oportunidad de sacar dividendos políticos. Sabiéndose favorito de Bachelet, salió en defensa de Contreras, tensionando la relación con el PDC, partido que se había declarado ofendido por el tenor de las declaraciones de Contreras. Si bien los dichos que más repercusión periodística tuvieron fueron las referencias a una derecha empresarial que supuestamente estaría detrás de los recientes ataques terroristas, los comentarios que hizo el embajador sobre el supuesto apoyo del PDC al golpe militar de 1973 fueron más complicadas para el Gobierno.
En abstracto, ninguno de los dos comentarios del embajador debiera producir mucha polémica. La supuesta participación de la derecha empresarial en atentados terroristas es una acusación tan irresponsable como inverosímil. El apoyo de la DC al golpe es históricamente indesmentible. Pero el embajador no tenía por qué dárselas de investigador de atentados o de historiador. Al opinar sobre un tema que divide a la Nueva Mayoría, el embajador le causó un innecesario dolor de cabeza al gobierno de la Presidenta, que le confió un importante cargo diplomático. El PDC comprensiblemente presionó para lograr la salida del embajador.
Como pedirle la renuncia implicaba enemistarse con el PC, pero su permanencia implicaba pelearse con el PDC, Bachelet no tenía cómo evitar pagar costos. Tal vez ahí radica el peor error de Contreras, poner a Bachelet en una posición en la que cualquier decisión que tomara implicaba costos para la Mandataria. En vez de ayudar a la líder de su coalición, Contreras le dio un dolor de cabeza.
Al final, Bachelet optó por cerrar filas con el PC. Eso causó la molestia del PDC y dio insumos a los teóricos de la conspiración que argumentan que Bachelet quiere implantar en Chile una nueva Venezuela. Como el sentido común indicaba que Bachelet debería pedirle la renuncia a Contreras -para sentar el precedente de castigo a los altos funcionarios que hablan antes de pensar- el hecho de que Bachelet haya confirmado a Contreras alimentará futuras indisciplinas de funcionarios públicos que saben que la Presidenta tiene corazón de abuelita. Además, como los embajadores que se indisciplinaron en su primer gobierno se fueron, el hecho que Bachelet le perdone la vida al embajador PC muestra un poco saludable favoritismo hacia el partido de más reciente ingreso a la coalición de gobierno.
Las declaraciones del embajador también ayudan a la oposición. Después de estar por varios días a la defensiva producto del caso Penta, la UDI ha pasado a la ofensiva denunciado las poco criteriosas declaraciones del embajador y criticando la decisión de Bachelet de mantenerlo en su puesto. Como los espacios para noticias políticas son limitadas, y en tanto las declaraciones de Contreras son mediáticamente más fáciles de resaltar que las complejas ramificaciones del caso Penta, todo el tiempo que la prensa ha dedicado a las polémicas declaraciones del embajador son minutos que ya no se habla del caso que tanto incomoda a la derecha. Precisamente por eso, porque el PC sabe bien que este caso distrae a la opinión pública de los temas que ahora más interesan al Gobierno, los comunistas debieron ser los primeros en facilitar la renuncia de Contreras. Pero como el PC prefirió darse un gustito y, en vez de imponer la disciplina y castigar a su irreflexivo embajador, defendió la incontinencia verbal de Contreras, los costos políticos los tendrá ahora que pagar el gobierno de Bachelet.
Porque en política funciona la ley del ojo por ojo y diente por diente, el PDC se cobrará la cuenta de la gratuita agresión que le propinó su compañero de coalición. Ya que las relaciones entre el PC y la DC son inevitablemente tensas —por los hechos históricos que el propio Contreras se encargó de recordar— el gobierno de Bachelet necesitará intermediar para evitar que aumenten las tensiones.
Porque era mucho menos costoso políticamente hacer que Contreras pagara su incontinencia verbal con su renuncia, al perdonarle su novata vida de embajador, Bachelet se suma al tremendo favor que le está haciendo el PC a la UDI para desviar la atención del escándalo por el caso del financiamiento ilegal de campañas.
El pasado miércoles la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP celebró la tercera Cátedra Norbert Lechner, que contó con la participación de la directora del Centro de Metodologías Interdisciplinaria de la Universidad de Warwick, Celia Lury, en una ponencia titulada “Just Do It: the social is us – but is i ours?”.
La reflexión de Lury se entiende bajo un contexto en el que las redes sociales se han apoderado de lo entendido en sociología como “lo social”. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg vaticinó que en un periodo de cinco años que todas las empresas e industrias a nivel global tendrán que ser re-pensadas desde la perspectiva de lo social.
Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) las empresas especializadas en mercadotecnia han creado sistemas que muestrean las preferencias de los usuarios mediante algoritmos ubican en el newsfeed aquellos productos que son potencialmente atractivos para los clientes. Es por esa razón que los bienes deben estar en una constante modificación que atraiga a los usuarios a través de los dispositivos con acceso a redes sociales.
En su investigación la académica invitada cita tres ejemplos para describir cómo estos cambios influyen en aspectos ligados a la movilidad, diferenciación y exclusión e inclusión social.
El primero es el caso de Nike, una empresa global que como modelo de negocios establece que sus productos deben estar pensados bajo la lógica de hacer lo que quieras porque con sus materiales simplemente es posible realizarlo todo. Una visión que genera en el lenguaje la idea de que las marcas son transitivas, lo que como resultado se puede identificar en término obsequious que se produce cuando las personas buscan generar un reconocimiento social utilizando sus dispositivos como herramientas.
Otro caso es el de Klout, una empresa dedicada a crear audiencias en redes sociales. Se trata de un nivel de influencia que le permite al usuario anotar distintas puntuaciones que van de uno a cien y en las que no existen ni números negativo ni nadie marca cero. Por el contrario, existen personas que logran llegar al tope del ranking de influencia, como políticos, cantantes y actores. Es por esa razón que Celia Lury reflexiona sobre la penetración de este tipo de prácticas que condicionan al ser humano a estar en constante modificación de su imagen.
Un tercer ejemplo utilizado por Lury es Edge Rank, un algoritmo utilizado por la red social Facebook que determina las noticias que aparecerán en el Newsfeed de cada usuario. La compañía sigue diseñando modelos propios sobre publicación de contenidos, como la idea de atraer al usuario mediante vínculos con carga emocional, según un estudio realizado por Kramer, Guillory y Hancock en 2014.
Ese nivel de control sobre las audiencias es motivo para que la autora se pregunte qué definimos por nueva vía social (the new “social” way). Es ahí en donde reconoce tres niveles de análisis con respecto a los tres ejemplos. Movilidad social se basa en la confección de rankings que usando escalas de evaluación, como en el caso de Klout, le permiten al usuario tener un mayor rango de movilidad si es que es reconocido por las audiencias. Para el caso de la diferenciación, Celia Lury utiliza el término schizmogenesis (Bateston) con el objetivo de reconocer el mensaje que entregan las marcas, la mayoría relacionados con ser mejor (being better) y en los que se destacan atributos que hacen que los productos estén por sobre otros. Sobre inclusión, exclusión y pertenencia, la autora reconoce que dadas las características de las puntuaciones que ofrece el social media, las posibilidades de integración en la conformación de relaciones interpersonales es más difícil para algunos que para otros, identificando que con el uso de nuevos símbolos de valorización, como es el caso de las bitcoins, se logra crear una especie de inequidad en la distribución de reconocimiento. Una mirada que invita a los sociólogos a hacerse preguntas sobre este campo de interacción en el que al parecer se identifican a los usuarios como lo social, pero que en definitiva no les permiten apropiarse del concepto.
A continuación presentamos el video con traducción simultánea de la presentación de Celia Lury en la Universidad Diego Portales.
Bien pudiera ser que no haya forma de salir bien parado de este escándalo, pero hay estrategias peores que otras. La estrategia de victimizarse no funciona cuando la utilizan aquellos que la gente considera como miembros fundadores de la clase privilegiada.
el contexto del caso contra los dueños y altos funcionarios del Grupo Penta, varios de los políticos mencionados en las supuestas triangulaciones ilegales para financiar campañas electorales han hecho referencia a posibles persecuciones políticas de las que serían víctimas. Además de cuestionar la independencia de las instituciones —y precisamente porque no nombran a los supuestos responsables de las persecuciones— esa estrategia de victimización difícilmente tendrá efectos positivos en una opinión pública que duda de la probidad de cualquiera que se dedica a la politica. Peor aún, probablemente inducirá a la fiscalía y al poder judicial a actuar con mayor celo en su afán de investigar posibles vinculaciones entre los delitos tributarios imputados y los pagos realizados a personas e instituciones cercanas a candidatos en las elecciones de 2013.
Es cierto que la estrategia de victimización a veces produce resultados positivos. En su primer periodo, Bachelet la utilizó para deslindar sus responsabilidades sobre la puesta en marcha del Transantiago en 2007. Al reconocer que había una vocecita que le advertía que las cosas saldrían mal, Bachelet terminó echándole la culpa a sus ministros, asesores y a las circunstancias que produjeron la peor implementación de política pública en los últimos 25 años. Después, cuando su gobierno se enredaba en disputas partidistas, en vez de tomar decisiones difíciles, Bachelet habló de un posible intento de femicidio político del que estaría siendo víctima.
Pero el hecho de que la estrategia le haya funcionado a Bachelet no significa que le funcionará también a otros. Cuando la UDI habla de persecución política, la evidencia muestra que ese partido es el más poderoso en el Congreso, el mejor conectado con el mundo empresarial, y el que por años lideró los ataques contra la clase política —potenciando figuras que supuestamente eran el antónimo de los políticos tradicionales—. Por eso, la opinión pública no será fácil de convencer. Cuando el valentón del barrio alega mala fe, no puede pretender recibir la solidaridad inmediata del resto de los vecinos. Es verdad que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario —por lo que el peso cae ahora en la fiscalía para demostrar culpabilidad, no sobre los supuestos involucrados para demostrar su inocencia—, pero la UDI a menudo fue el primer partido en rasgar vestiduras cuando acusaciones similarmente dañinas recayeron sobre otros políticos.
De igual forma, cuando se victimiza —y lo hace a través de empresarios aliados— Andrés Velasco no debiera esperar el mismo efecto positivo en la opinión pública que tuvo Bachelet. Después de que eligió la crítica a la mala política como su bandera de campaña, Velasco debió ser especialmente cuidadoso en evitar que sus negocios se mezclaran con su carrera política. En vez de crear un partido político —que es el camino institucional y éticamente correcto para intentar influir en la política como candidato— Velasco buscó tener los privilegios de los políticos pero sin pagar los costos de usar el uniforme. Las declaraciones de su aliado Rafael Guilisasti —reconociendo que todos los meses él y otros amigos ponen plata para financiar a Fuerza Pública— solo dañan más a Velasco. Pretender disfrazar de think-tank a una organización destinada a promover una campaña presidencial no es una buena forma de hacer poíitica. Es perfectamente legítimo que Velasco quiera ser candidato —y muchos lo veríamos con buenos ojos—, pero la forma para entrar en política es creando un partido o sumándose a uno ya existente para liderarlo (una especie de OPA política), no pretendiendo ser consultor cuando en realidad se es candidato.
El proceso que ha rodeado el caso Pentagate ha estado plagado de errores del Gobierno y de la fiscalía. Mientras el Gobierno, a través de su ministro Peñailillo, ha dado señales erráticas de querer solucionar el problema por la vía legislativa o dejarlo seguir exclusivamente por la vía judicial, la fiscalía se ha convertido en un conventillo de filtraciones. Después de que el Gobierno demostró su debilidad al justificar las desubicadas declaraciones del contralor, alegando que no valía la pena hacer nada porque solo le quedaban seis meses en el cargo, todos los funcionarios se sienten con derecho a decir cualquier cosa. Si el árbitro no expulsa a un jugador por una falta alevosa, difícilmente tendrá autoridad moral para sacar tarjeta amarilla cuando otro jugador hace tiempo.
Aunque los errores de la fiscalía y del Gobierno aminoran los errores cometidos por la UDI y por el equipo de Velasco, la estrategia de victimización adoptada por Velasco y por la UDI no mejorará la percepción que de ellos tiene la opinión pública. Bien pudiera ser que no haya forma de salir bien parado de este escándalo, pero es indudable que hay estrategias peores que otras. La estrategia de victimizarse no funciona cuando la utilizan aquellos que la gente considera como miembros fundadores de la clase privilegiada.
La Escuela de Historia UDP a través de la Unidad de Postgrados invitan a participar en los Cursos de Verano, Historia de América Latina. Proyectos para el Aula y Para una Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía, dos iniciativas que impulsan la misión de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de ofrecer instancias de desarrollo profesional mediante una robusta oferta de cursos y ciclos académicos.
Historia de América Latina, Proyectos para el Aula, busca ser una herramienta para profesores de Historia y Ciencias Sociales en la confección de estrategias pedagógicas útiles, para que a futuro sean implementadas en las salas de clases. Dentro de los currículos que ofrece el programa están contempladas cátedras sobre memoria, problemática indígena y de género, todas planificadas para que puedan ser integradas al aprendizaje a nivel escolar.
Consiste en tres módulos temáticos que abordan importantes ámbitos de la historia latinoamericana contemporánea. La idea es que al final del programa los profesionales cuenten con material visual, bibliográfico y artístico eficaz que se ajuste a los tiempos de una clase de historia y ciencias sociales.
Este curso será realizado por el académicos de la Escuela de Historia UDP, Claudio Barrientos, Doctor en Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos.
Para una Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía, es un programa que propone entregar elementos didácticos ajustados al contextos escolar que le permitan a los profesores enseñar aspectos relacionados a la Educación en Derechos Humanos y la Ciudadanía, con todas las competencias que debe aportar un diseño de experiencias de aprendizaje para el aula.
Realizando una revisión de las experiencias académicas que sean didácticas para mejorar las competencias de las/os alumnas/os, los profesores contarán con los lineamientos necesarios que se ajusten al marco de la historia educativa chilena.
Este curso será dictado por Víctor Rocha Monsalve, Magister en Estudios de Género y Cultura, de la Universidad de Chile.
Información para ambos cursos:
Los postulantes al programa deberán estar en posesión del grado de Licenciatura Historia y/o Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales .
Los postulantes deberán completar un formulario de postulación disponible en: postgradosfcsh.udp.cl
Enviar formulario de postulación completo y el currículum vitae a: [email protected]
Entregar una copia de su grado académico a y Cédula de Indentidad (en el caso de ser extranjero su pasaporte).
Fecha de postulación: 29 septiembre al 20 de diciembre de 2014
Inicio de clases: Segunda semana de enero de 2015
Horario: Lunes a viernes desde 09:00 a 13:00 horas.
El seminario fue organizado por el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales.
Buscando responder si existe una continuidad en el tiempo respecto a las políticas actuales en género y familia en comparación a la herencia histórica, el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales organizó la primera Conferencia Internacional “Políticas Sociales y Desigualdades: Mujeres y familias en Chile y América Latina”.
El observatorio, creado en el año 2013, busca contribuir al debate académico especializado en temas de desigualdad en Chile, promoviendo la innovación en la reflexión teórica y metodológica estimulando la colaboración entre instituciones académicas.
El encuentro – organizado por la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la UDP – intentó poner en evidencia las actuales políticas sociales respecto a las desigualdades que aún afectan a las mujeres y familias en Chile y América Latina.
Al respecto, la investigadora Alejandra Ramm, especificó que a pesar de haber avanzado en diferentes políticas públicas a favor de las mujeres – como la creación del Servicio Nacional de la Mujer – “las sociedades latinoamericanas son aún definidas como machistas, pero lo más preocupante aquí es que hay todo un sistema institucional y económico que apoya este tipo de prácticas”.
Añadió que “el Sernam ha levantado un discurso, y ha hecho avances respecto a estos temas, pero si escarbamos un poco más hay toda una institucionalidad que ha permitido e impulsado las desigualdades, por ejemplo en temas salariales, para con las mujeres”.
Dentro de los expositores del encuentro destacaron Maxine Molyneux, directora del Instituto para las Américas del University College London; Juliana Martínez, académica de la Universidad de Costa Rica; Francisca Rengifo, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y Rossana Castiglioni de la Escuela de Ciencia Política de la UDP.
Ramm, señaló que “lo interesante de estas académicas extranjeras es que son investigadoras especializadas en América Latina, pero que tienen una visión global que puede aportar a la discusión que estamos llevando a cabo hoy acá en la región. Ellas nos sitúan en el contexto chileno, explicando el pasado colonial común que tienen los diferentes países del continente o los períodos dictatoriales que tuvieron que vivir la mayoría de los países de América Latina”.
Desde la perspectiva comparada, Ramm amplió que “las intervenciones de las académicas extranjeras nos permiten darnos cuenta lo complejo que son estos temas y, al mismo tiempo, nos permite analizar qué variables debemos considerar para aplicar en la realidad o el contexto nacional”.
El nuevo convenio firmado por el rector de la UDP Carlos Peña junto al director del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden, Patricio Silva, y el Rector Magnificus de casa de estudios holandesa, Carel Stolker, consagra la creación del primer Programa de Doctorado conjunto en Ciencia Política.
Durante la ceremonia, el Rector Magnificus de la Universidad de Leiden, Prof.mr. Carel Stolker, señaló que “hoy nos convoca la firma de un convenio que da vida a un programa de doctorado conjunto en Ciencia Política. Hemos dado este nuevo paso con la certeza que entrega las excelentes experiencias que hemos tenido con la UDP en años recientes”.
Remarcó que las autoridades y catedráticos de la Universidad Diego Portales “representan una universidad seria y prestigiosa, con una clara visión de futuro y con un fuerte compromiso institucional con la innovación curricular y con el establecimiento de fuertes y efectivas redes de colaboración internacional”.
Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la UDP, remarcó que este acuerdo de doble titulación “consagra el tercer doctorado conjunto entre Leiden y la UDP, consolidando una alianza estratégica con una universidad de primer nivel mundial”.
Especificó que esta firma “tiene la particularidad de respetar el diseño original de nuestro programa académico, lo que muestra la confianza en la calidad del trabajo realizado en la facultad y al cuerpo académico del mismo”.
Añadió además, que este nuevo Programa “más que incorporar nuevas áreas de investigación, viene a reforzar algunas de las preexistentes, especialmente la de política comparada y la de política chilena”.
Vicuña afirmó que “el convenio ya está activo, haciéndose eventualmente extensivo a todos los estudiantes del doctorado, previa postulación al grado conjunto una vez que hayan aprobado los cursos, los exámenes de calificación y el proyecto de tesis”, remarcando que los doctorantes podrán obtener el título de Doctor por Leiden y por la UDP. Especificó que “la mayor parte de las clases presenciales serán en la UDP, con una temporada en Leiden en la fase intermedia del programa. Se trabajará, además, mediante un proceso de co-supervisión con un profesor de la UDP y uno de Leiden”.
La Universidad Diego Portales, a través del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), el Observatorio de Desigualdades (OBDE) y el programa Cátedra UNESCO de la Facultad de Comunicación y Letras, organizan la “Conferencia Internacional: Políticas Sociales y Desigualdades: Mujeres y familias en Chile y América Latina”, una iniciativa que busca generar un debate sobre el progreso de las políticas sociales sobre género en Chile y la región, a partir del giro neoliberal a finales del siglo XX.
Los cambios en la estructura económica de Chile, debido a la crisis económica de 1982, significaron una modificación sustancial en el gasto público en políticas sociales que acrecentaron las desigualdades en materia de protección social en áreas como la clases, el género y la familia.
Con la recuperación del dinamismo económico en gran parte de América Latina, el gasto en políticas públicas tomó relevancia significativa al término del siglo XX y comienzos del nuevo milenio. Es por lo anterior que el objetivo central del seminario es responder si existe una continuidad en el tiempo con respecto a las políticas actuales en género y familia, en comparación a la herencia histórica que antecedió al escenario actual.
La actividad se realizará el viernes 5 de septiembre, desde las 09:00 a 18:00 horas en la Sala A-23 del Aulario UDP, ubicado en Ejército 326 (Metro los Héroes o Toesca).
“En el acuerdo tributario algunos vieron la posibilidad de restauración del antiguo orden elitista”.
Más allá de saber si la coalición gobernante tenía los votos a la hora de aprobar en el Congreso la reforma tributaria, si el consenso al que se aferra con devoción el periodista conservador Sergio Muñoz en estas páginas debía primar por el bien de todos, o si lo que se debe criticar es la situación social de “cup of tea” en la que un acuerdo fue tomado, pocos se han hecho la pregunta acerca de las bondades de lo que fue consensuado y, sobre todo, de lo que el común de los mortales logra descifrar.
Uno de ellos fue el senador Andrés Zaldívar, quien muy en serio arriesgó analogías culinarias para explicar que no todos pueden entrar a la cocina para preparar un plato sofisticado, ya que sólo un puñado de artistas y chefs de la gastronomía política pueden hacerlo. Convengamos que en tiempos de demandas de participación, de déficits de legitimidad de lo que la política decide y de exigencias de expresión pública de acuerdos sobre materias que nos atañen a todos, la cándida y genuina opinión del senador es sorprendente. Primero, porque delata un desprecio por el registro de publicidad que debiese estar presente, y en seguida, porque es imposible no ver en el recetario del buen gusto del senador un juicio aristocrático bañado en indiferencia por lo que las personas de a pie opinan o entienden. Un abuso de poder.
Seamos francos. Hace rato que dejé de entender el fondo de la reforma tributaria, entre rentas percibidas o atribuidas y la confusión entre metas e instrumentos de recaudación. Un enredo que se origina en una crisis pedagógica del Gobierno. Me parece que en este episodio algunos vieron la posibilidad de restauración del antiguo orden elitista, donde lo doloroso es la indiferencia frente a los chilenos comunes, a quienes se les confiere el estatus de espectador distante, exigiéndoles confianza en la promesa redistributiva de la Presidenta Bachelet. ¿Es esto razonable? Por supuesto que no.
Es cierto: no estuvimos lejos del bochorno de las manitos alzadas con lágrimas en las mejillas después de que periodistas y políticos calificaran el acuerdo del té como “histórico”, en circunstancias que ninguna de las dos coaliciones está satisfecha con el acuerdo. ¿Es esto lo que cabe entender por “consenso”? ¿No será una palabra demasiado importante para calificar lo que son transacciones entre dos personas que hablan a nombre de un puñado de pares sociales? ¿Era necesaria toda esta parafernalia en lo que, para algunos, es el regreso de la democracia de los acuerdos (la misma que Allamand desechara en 1991 en una columna en “El Mercurio” a cambio de una “democracia de las alternativas”), mientras que para otros fue un episodio necesario, y para otros más, una repetición de lo que García Canclini calificaba como “ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario”?
Pero, una vez constatada la cacofonía, ¿a alguien le importa el juicio ignorante y popular de quienes no podrán nunca sentarse a tomar el té?
Texto por Rodrigo Duran. Publicado el 22 de julio en El Dínamo
Los problemas que ha evidenciado el Gobierno para llevar a buen puerto las reformas tributaria y educacional han dejado en la vereda al debate por cambios constitucionales, el tercer pilar de la reforma. Muchos temen que el Gobierno opte nuevamente por pactar con la derecha, cerrando la puerta a una Asamblea Constituyente y radicando esos cambios en el Congreso.
La Reforma Constitucional, uno de los tres pilares de los grandes cambios ofrecidos por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno, se ha visto eclipsada en este primer semestre por las polémicas Reforma Tributaria y Reforma Educacional. Hoy la tributaria está prácticamente zanjada tras el acuerdo entre el Gobierno, el empresariado, la Alianza y el Senado, mientras que la educacional vive sus peores momentos en medio de fuertes diferencias en la propias filas de la Nueva Mayoría. A cambio, el Gobierno ha llevado como su estandarte de los cambios constitucionales la reforma al sistema electoral binominal.
Este martes sesionará la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y votará en particular el proyecto que reforma el sistema binominal. Hasta la semana pasada, RN y la Nueva Mayoría tenían prácticamente cerrado un acuerdo que si bien no era igual al proyecto del Gobierno de aumentar de 120 a 155 los diputados y de 38 a 56 los senadores, andaba muy cerca. Pero lo que la tienda encabezada por Cristián Monckeberg considera la entrega de una circunscripción senatorial al Partido Comunista en la Tercera Región tiene caído ese acuerdo.
Díficilmente los sectores que han pedido un cambio constitucional -y que comparten la idea de una Asamblea Constituyente para definir esta nueva institucionalidad- podrán quedar conformes con que se presente como “la” Reforma el cambio al sistema de elección de parlamentarios. Quieren que la ciudadanía se pronuncie sobre el tipo de democracia que desean, lo que implica revisar las facultades del Tribunal Constitucional -al que la derecha amenaza acudir cada vez que un proyecto no cuenta con su beneplácito- o los altos quórums que impiden reformas más profundas. También exigen una revisión de la carta de derechos, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el cambio del régimen político extremadamente presidencial vigente, una redefinición del rol del Congreso, del rol del Estado en el mercado. Temas muy sustantivos que cruzan el debate político nacional.
Bachelet en mayo pasado dijo que la modificación a la Carta Magna las dejaría para 2015. Argumentó que busca que ésta tenga una “legitimidad de origen” y que sea representativa del grueso de la población. Por ello, señaló, iniciaría “un proceso democrático, participativo, y con un cause institucional” durante el segundo semestre que se inicia. Finalmente, aseveró estar mirando cuál era el mecanismo más adecuado para la participación en el proceso.
Como el mecanismo es importante -no es lo mismo una Asamblea Constituyente que una comisión en en el Congreso- se formó el mes pasado una bancada transversal por la Asamblea Constituyente que formaron parlamentarios de la Nueva Mayoría como Karol Cariola, Maya Fernández, Guillermo Teillier, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Iván Fuentes, Cristina Girardi, Yasna Provoste y Daniel Nuñez, entre otros, más los independientes Vlado Mirosevic y Gabriel Boric, y el RN Gaspar Rivas, para empujar, a la par con la iniciativa “Marca Tu Voto”, que sea finalmente ese el modelo que se utilice para dar con los cambios constitucionales.
“Una nueva constitución va a ser legítima solo por medio de una Asamblea Constituyente, que puede contener distintos mecanismos y no una sola forma”, dice el diputado Gabriel Boric a El Dínamo, calificando de “errático y dubitativo” el compromiso del Gobierno. “De lo que sí estamos seguros es que bajo ningún punto de vista una Nueva Constitución puede nacer desde una comisión bicameral en el Parlamento. Estamos frente a un Parlamento ya deslegitimizado y plantearlo desde ese espacio sería lo mismo que ya se hizo en 2005 cuando se nos presentó la firma de Ricardo Lagos como una Nueva Constitución”, añade.
“No hay piso para la Reforma”
Los sinsabores de dos de sus reformas “estrella” han ralentizado el ímpetu del Gobierno, y hoy el objetivo inmediato es sacar adelante las reformas tributaria, educacional y electoral, dice una fuente de La Moneda. Eso implica sacar de la agenda corta temas como la ley de aborto -levantada por Bachelet el 21 de mayo- o el traslado de la marihuana de lista 1 a lista 2. También la reforma constitucional.
El seno de la bancada por la AC tampoco es una tasa de leche. Lo había advertido Carlos Ominami: los errores del Gobierno pueden obligar a poner el freno en el cambio a la Constitución. Para el ex senador socialista, ante tanto flanco abierto “habrá sectores conservadores que empujarán a que la Presidenta saque de la agenda el tema”.
De hecho en estos días varios parlamentarios de la Nueva Mayoría que participan de la bancada AC han bajado el tenor de sus alegatos y el alcance de sus demandas. Un observador del proceso dice que incluso ha visto fuertes recriminaciones entre unos y otros. “No hay piso para la reforma ahora”, agrega.
Lo mismo piensan varios presidentes de partido consultados por El Dínamo. Para Ignacio Walker (DC), “cada día tiene su afán. En estos momentos estamos con la Reforma Tributaria muy avanzada, con la Reforma Educacional, que es más compleja, y el fin del sistema electoral binominal después de 24 años. Por cierto que se mantiene el compromiso con la ciudadanía de una Nueva Constitución y es un tema que como ha dicho la Presidenta va a tener una etapa de participación, de consulta ciudadana, de audiencias… Queremos que esa reforma que debiera concluir en una Nueva Constitución sea un proceso democrático, participativo e institucional, que es lo que dice el programa de Gobierno”.
Osvaldo Andrade (PS), por su parte, dice que “no es un tema de piso, es un tema de compromiso”. “Habrá que esperar. No tiene sentido adelantar ese debate sobretodo cuando tenemos reformas estructurales en discusión, como la tributaria, la educacional, y ahora la laboral. Estamos también con el fin del binominalismo que siempre planteamos que había que resolver este año porque después se nos enreda”.
El radical Ernesto Velasco, a su vez, señala que “estamos esperando que el Gobierno haga la propuesta del momento en que esto lo vamos a abordar. Creemos que a lo menos se debe dejar despejado el método y ciertos criterios de cómo esto se va a enfrentar. Entendemos que es un proceso largo y que el tema de fondo es que en este país haya una Nueva Constitución, así es que no nos preocupa tanto el método como el contenido”.
El académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, cree que dadas las difíciles condiciones actuales del Gobierno estará obligado a pactar con los independientes y la derecha liberal un acuerdo marco para una Nueva Constitución, pero que estos últimos pondrán condiciones. Entre ellas, que el proceso se realice en el Congreso, que se haga un plebiscito vinculante después de que la propuesta sea vista por el Congreso y que no se establezca una Asamblea Constituyente.
“Yo veo que la derecha en general es muy reacia a un mecanismo de esta índole y hay incluso segmentos de la propia Nueva Mayoría que no estarían dispuestas a establecer una Asamblea Constituyente propiamente tal, como un cuerpo que va a deliberar, que va a definir, que va a disolver este Congreso y que va a crear un nuevo sistema político”, agrega.
Los que se sientan a la mesa
Hoy la pregunta clave para Fuentes es quiénes se van a sentar en la mesa a analizar la Reforma Constitucional, lo que también se aplica para la Educacional: “Si se van a sentar un grupo selecto de hombres o un grupo ampliado de diverso origen social, político y económico. Esa es la tensión que existe: cuanta apertura tienes para discutir temas país. En el caso de la tributaria era bastante acotado porque era un tema complejo, pero en educación y constitución veo difícil que se haga de forma tan restrictiva”
José Francisco García, de Libertad y Desarrollo, dice que el debate constitucional, aunque requiera de altos quórums, “no es uno donde el consenso esté forzado mecánicamente por los quórums, sino que por su naturaleza están las reglas de todas las comunidades en juego. Es decir, que en el debate constitucional las nuevas reglas constitucionales unan a la comunidad política y no la dividan, lo que requiere altos niveles de consenso”.
“Si la pregunta es, ¿hay acuerdo para avanzar hacia un cambio constitucional mediante una asamblea constituyente? Creo que no. Ahí no solo hay diferencias con la oposición sino que también hay desacuerdos en la Nueva Mayoría. Un segundo tema es si hay piso para acuerdos de reforma profundos a la Constitución, lo que tiene que ver con leyes supramayoritarias, como el control preventivo obligatorio de parte del Tribunal Constitucional, profundizar ciertos derechos civiles, sacar el Consejo de Seguridad Nacional de la Constitución, con regular de manera más racional el rol de las FF.AA, descentralizar los poderes del Presidente y conjugarlos mejor con los poderes del Congreso. Ahí te diría que en lo sustantivo hay bastante espacio para un acuerdo nacional”, agrega García.
El procedimiento nuevamente importa. “Yo creo que sería errado rebuscar cualquier mecanismo que sea distinto a que el Congreso sea el epicentro del debate constitucional. Podrá discutirse después si hay un plebiscito ratificatorio o condiciones anteriores de participación ciudadana más intensas para que eso sea posible. Pero sentar a todos los actores políticos a acordar una Nueva Constitución me parece que es una invitación inicial compleja”, dice el experto del think tank de derecha.
El cientista político Eugenio Guzmán, de la Universidad Adolfo Ibañez, cree que el proceso aún no está maduro. “Piso para reformas estructurales a la Constitución, la verdad no veo. Lo que aparece en la discusión es el mecanismo y resulta curioso que estemos conversando cómo se va a cambiar la Constitución (mecanismo) y no qué se va a cambiar (contenido)”, dice.
No ve que los distintos actores tengan claro el cómo, y menos que varios sectores de la Nueva Mayoría apoyen una Asamblea Constituyente. “Hay más espacio para una reforma electoral”, dice, y agrega que tampoco esa definición va a ser fácil. “El tema electoral también va a generar corcoveos, ya que no es para nada claro que el cambio al sistema electoral tenga ventajas en una dirección u otra. Y si esa va a ser una discusión larga, imagínate como va a ser la del cambio de Constitución”, finaliza.
Los académicos en representación de la FCSH, integrantes del equipo COES son, Patricio Navia, Alfredo Joignant, ambos profesores de la Escuela de Ciencia Política y María Luisa Méndez, Directora de la Escuela de Sociología UDP.
Como una iniciativa interdisciplinaria, COES es un centro en el que convergen académicos de distintas casas de estudios como la Universidad de Chile a través de la Facultad de Economía y Negocios, la Pontificia Universidad Católica mediante el Centro Mide UC y la Universidad Adolfo Ibáñez con el Centro de Inteligencia Territorial, además de la UDP y sus respectivos centros de estudio. Todo gracias al apoyo de Conicyt basado en el Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP), del que COES es parte junto a una red de 17 organizaciones.
A cargo de dos áreas de investigación, Conflicto Político Social y Geografía del Conflicto, están Alfredo Joignant y María Luisa Méndez. Ambos investigadores fueron parte de la propuesta inicial convocada por COES, resultando ser encargados de coordinar ambas temáticas de conflicto social.
A la cita en el GAM asistió la Presidenta Michelle Bachelet, quien destacó la creación de COES como una oportunidad para profundizar la democracia en Chile, además de ser una instancia en las que se generen interrogantes que ayuden a completar esta misión. “No podemos pretender ser una sociedad abierta, sin temor a las transformaciones, si no tenemos buenas ciencias sociales que nos ayuden a debatir con fundamentos y de manera plural sobre quiénes somos los chilenos y hacia dónde queremos ir”, destacó la Mandataria.
En ese sentido, llamó a los investigadores del Centro a que difundan sus investigaciones de manera clara y sencilla para que toda la comunidad pueda apropiarse de sus contenidos. Para María Luisa Méndez, esto representa un desafío profesional debido a que es complejo para los académicos vincular sus investigaciones debido a que el lenguaje no siempre es de lo más amigable. “En la medida que nos vayamos vinculando con organizaciones fuera del ámbito académico, vamos adquiriendo un aprendizaje en cómo comunicamos los contenidos”.
Asimismo destacó la importancia del Centro como iniciativa interdisciplinaria, en la que cada tema envuelve distintas aristas del conflicto social, por lo que es un deber el tener que trabajar en conjunto con investigadores de otras áreas del centro. En total son cuatro líneas de investigación, además de las mencionadas, COES cuenta con: Las dimensiones socioeconómicas del conflicto e Interacciones Grupales e Individuales.
De esta forma se dio el vamos a COES, con la presencia de rectores de las casas de estudio integrantes del proyecto, incluyendo al Rector de la UDP Carlos Peña, además de los investigadores y asistentes de investigación de nuestra Universidad que son parte de la iniciativa.
En el marco del Doctorado en Ciencia Política otorgado por la Universidad Diego Portales se celebró la primera Cátedra Norbert Lechner 2014 con la participación del politólogo George Tsebelis, académico de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
El autor de la obra, Veto Players: How Institutions Work (2002) expresó su agrado por ser el primer invitado a la Cátedra durante el año 2014, además de transmitir su gratitud de estar por primera vez en Chile.
La exposición realizada en la Biblioteca Nicanor Parra, contó con la presentación de Tsebelis quien expuso un discurso titulado “A long Constitution is a (Positively) Bad Constitution: Evidence from OECD Countries”, en el que explicó cómo puede afectar la longevidad de una constitución a la modificación de ésta, en un análisis centrado en países de la OCDE con especial énfasis en Estados Unidos.
Revisa el video completo con la ponencia de George Tsebelis:
Este documento detalla las características de la Base de Datos de la Encuesta UDP 2005-2015, la que incluye todas aquellas preguntas que han sido realizadas 2 o más veces durante este período. Se detallan las preguntas incluidas, así como sus resultados agregados. Este documento busca, por lo tanto, sistematizar la información producida y colaborar con el análisis respecto de cuánto y cómo ha cambiado la opinión pública chilena.
