Las cifras de las violaciones en las cárceles
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En los últimos siete años, el Ministerio Público ha recibido 338 denuncias por delitos sexuales al interior de los penales en Chile. “Sábado” realizó el primer recuento de las violaciones y abusos que ocurren en estos recintos, y con ello evidenció los problemas estructurales de un sistema penitenciario que no garantiza justicia para los privados de libertad: solo uno de estos casos ha llegado a juicio oral, pese a que ocurren en espacios confinados y controlados por Gendarmería.
Los brazos de Francisco son largos y muy delgados. Tan delgados que la chaqueta militar de color verde que usa no logra disimularlos. Su cabeza, tal como sus brazos, parece inclinarse hacia el suelo, casi colgando. Tiene la mirada perdida. Pero cada cierto tiempo, Francisco, agitado, observa hacia la puerta, como si alguien lo vigilara.
Es cierto. Alguien, a él y a los otros 294 reos de la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, siempre los están vigilando.
-Nos pueden escuchar -murmulla.
Francisco no se llama Francisco. Su nombre ha sido cambiado, a petición de él. Lo que no cambia en su historia es esto: tiene 25 años. Es bajo, tiene la cabeza mal rapada y su pequeño cuerpo parece nadar en las ropas que usa. Hace cinco años que está recluido por una condena por robo. Vive en el módulo 90, donde están los pacientes psiquiátricos, ya que tiene un leve retraso mental. Pero hoy no está ahí, sino en una de las salas para visitas especiales que hay en la cárcel.
Son los primeros días de abril y ya ha pasado un mes desde que denunció el hecho, gracias a la asesoría de Gloria Moneny, fundadora de Marco en Libertad, una ONG que vela por los derechos de los presos. El hecho, según su relato, fue así: una noche a mediados de febrero, cuando él y sus compañeros de celda ya estaban encerrados, un interno se acercó para intimidarlo.
-Me decía: “Déjate hacer lo que te voy a hacerte”. Estaba paralizado.
Le siguió el juego. El reo le echó champú en el cuerpo, agua y lo depiló por completo con una prestobarba. Sus compañeros de celda, dice Francisco, no pudieron hacer nada, ni gritar, ni reclamar. Justo tras la reja, según el relato de Francisco, estaba un gendarme vigilándolos.
-Y dijo: “Miren cómo depilan a la loca”.
El último paso vino después de las amenazas. Francisco, desnudo, y el otro reo listo para dar la orden.
-Me gritó, me dijo: “Agáchate”. Luego me violó.
Violencia sexual
El caso de Francisco, ocurrido este año en Puerto Montt, no es aislado. Entre 2010 y 2017, según datos obtenidos vía Ley de Transparencia por “Sábado”, dentro de los recintos penitenciarios se han denunciado 177 casos de abuso sexual, 134 de violación y 27 otros delitos sexuales al Ministerio Público. Un total de 338.
Pero, al ser consultada, Gendarmería emitió un documento en el que reconoce solo 26 denuncias. La institución dice no contar con un registro estadístico de este tipo de casos a nivel país, ni tampoco en cada una de sus cárceles. Acá una selección de tales denuncias.
CP Puerto Montt
17-04-2015
Interno denuncia violación por parte de similar.
“Se presentó ante personal de servicio el interno X, informando que en la noche fue abusado sexualmente bajo amenaza por otro interno, siendo derivado al hospital base de Puerto Montt, donde se informa fisura aguda”.
CP Arica
29-10-2014
“Se recepcionó manuscrito del interno X, en el cual relató haber sido testigo de una supuesta violación en contra del interno Y. Debido a lo anterior se derivó al interno hasta la enfermería, donde se señaló en su informe había restos de fluidos, además de una lesión interglútea”.
CP Valdivia
09-09-2010
“El interno X del módulo Nº 52 manifestó haber sido agredido sexualmente por parte de sus compañeros de celda. Cabe señalar que en un examen más exhaustivo se le diagnosticó evidencia de lo mismo”.
Del total de denuncias recopiladas -entregadas por cada una de las fiscalías regionales del país-, la región con mayor número de casos al interior de sus cárceles es la Metropolitana, con 40 por ciento del total. Esta cifra es proporcional a los recluidos en la región: por cada 100 presos que hay en Chile, 36 están aquí.
Dentro de la zona, la fiscalía que acumula más denuncias de este tipo es la Centro Norte: en los últimos siete años ha recibido 59 casos de violación y 51 de abuso sexual. Esta fiscalía tiene competencia en las denuncias emanadas desde los recintos penitenciarios con más población penal del país. Entre ellos, Santiago 1, Colina II y el CDP Santiago Sur, más conocido como ex Penitenciaría.
En el informe de Gendarmería se lee:
CDP Santiago Sur
12-09-2015
Violación a interno por parte de similar
“El interno X, habitante de la calle Nº 04, manifestó que durante la mañana habría sido víctima de violación por parte de otro interno. En virtud de lo acontecido, fue conducido al Hospital Penal”.
Amelia del Villar, investigadora del Observatorio de Violencia y Cárcel de la Universidad Diego Portales, ha trabajado dos años y medio en cárceles, en especial en la ex Penitenciaría. El abuso, explica, se da en todos los recintos. Su sistema se basa en eso: en una jerarquía que se categoriza en base al “prestigio delictual” que cada interno tiene. El perkin es el que no tiene “ficha” y que para poder vivir en la cárcel tiene que hacerse un espacio.
-Y como yo no soy nadie y necesito pertenecer a un grupo, tengo que hacer lo que me digan otros. Lavarle la ropa al jefe, darle su comida, servirle. Ser un esclavo, básicamente. En esas circunstancias, yo creo, también se da la violencia sexual. Una vez le pregunté a un interno si eso era así, si siempre pasaba, y me dijo: “Si hay alguien nuevo, es chico, es pollo, no sabe pelear, y es perkin, se lo van a violar” -explica Del Villar.
La fiscalía regional de Valparaíso es otra de las que más denuncias por abusos y violaciones ha recibido. Entre 2010 y 2017 se constataron 27: 20 por abuso y 7 por violación. De ellas, 70 por ciento ha ocurrido al interior del CP Valparaíso.
En el informe de Gendarmería se puede leer una de estas denuncias:
CP Valparaíso
08-09-2011
“Se presentó ante personal de servicio el interno X, señalando que mientras pernoctaba al interior de la Celda Nº 11, fue intimidado por internos quienes procedieron a reducirlo, obligándolo a practicarle sexo oral a uno de ellos, quien además lo mantenía bajo amenaza con un arma blanca en su cuello”.
Galo Muñoz, estudiante de derecho y director de la corporación Nuevos Horizontes, estuvo recluido durante 15 años en el CP Valparaíso por una condena por robo. Las violaciones y los abusos, dice, ocurrían a menudo y en todas partes: baños, piezas, pasillos. Todo luego de que los mismos internos aprendieran el ritmo de la cárcel. Aprendieron, por ejemplo, que los gendarmes siempre vigilaban en dúos y que tenían turnos cada dos días. Aprendieron también a qué hora entraban, a qué hora se iban y a qué hora apagaban las cámaras.
-No podís gritar si tenís un estoque en el cuello, ¿qué vai a hacer si el paco que tiene que estar cuidando no está? Da lo mismo que grites. Uno ve todo eso, pero no podís sapear. Lo que aquí afuera es un deber denunciar, adentro es casi condenarte a muerte -explica Muñoz.
Y todo se da en espacios que parecen favorecer abusos de este tipo, dice. En su paso por el CP Valparaíso, Muñoz recuerda que para dormir debían turnarse, y aun así tenían que compartir cama entre tres personas.
En el último informe realizado por la Corte de Apelaciones de Santiago, publicado en 2016, se detallaron “condiciones mínimas incompatibles con la dignidad humana” en todas las cárceles del país. Dependencias sucias, carentes de luz, con la basura amontonada en rincones, y que albergan a una gran cantidad de internos en espacios reducidos. El hacinamiento en las cárceles es sindicado como uno de los principales detonadores de los problemas; entre ellos, la violencia sexual. Según datos de Gendarmería actualmente hay 46 cárceles que rebasan el ciento por ciento de sus plazas disponibles y de estos recintos, seis presentan niveles críticos, por sobre el 200 por ciento de su capacidad.
En 2014, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) publicó un estudio de condiciones carcelarias en el que detalla otro de los puntos críticos en el sistema carcelario: la regulación de las visitas íntimas. Estas solo se pueden realizar mientras que el alcaide lo autorice, se acredite el parentesco conyugal o afectivo y si las condiciones del establecimiento lo permiten. Al menos 12 cárceles del país no tienen espacios para este tipo de visitas, que solo se pueden realizar una vez al mes y por no más de tres horas.
El difícil camino de la denuncia
Francisco -el interno del penal Alto Bonito de Puerto Montt- sabía que estar en la cárcel era una experiencia dura. Aunque desde los 3 años había pasado por distintas casas del Sename, luego de que su madre lo abandonara, nunca había vivido algo así: era el segundo episodio de abuso que había vivido dentro del penal en poco tiempo. Un mes después, ante la reiteración, decidió denunciar.
“El cabo se opuso a que yo aga (sic) la denuncia. Yo tuve que cortarme los dos braso para poder aser la denuncia” (sic), consta en el texto con el que se ingresó finalmente el caso al Ministerio Público, el 4 de marzo de 2017.
Fue la única forma, dice Francisco, de contar lo que le había pasado. El gendarme a cargo no lo dejaba salir del módulo para denunciar, así que tomó una gillette que tenía escondida y comenzó a cortarse. Primero las manos, luego el cuello y, finalmente, los antebrazos. Lo llevaron a la enfermería y recién en ese momento, a una semana de los hechos, pudo avisar a la guardia interna. Dos días más tarde un abogado de la defensoría penal constató las lesiones e ingresó la denuncia a la fiscalía de Puerto Montt.
Mientras, dentro de la cárcel, dice Francisco, el gendarme que estaba mirando el abuso lo sacó del módulo y lo llevó a la celda contigua, donde estaba el reo que había abusado de él. Le ofreció plata para que retirara la denuncia: 800 pesos. Francisco se negó.
-Yo quiero un juicio justo, quiero que le pongan años -dice.
De las 338 denuncias que el Ministerio Público ha recibido por casos de violación y abuso sexual dentro de las cárceles en los últimos siete años, más del 70 por ciento de ellas quedó archivada o se decidió no perseverar en el procedimiento, algunas inclusive ni siquiera iniciaron una investigación. En la Fiscalía Centro Norte, por ejemplo, de las 110 denuncias entre 2010 y 2017, en 81 de ellas se decidió no perseverar o archivarlas. Solo tres llegaron a juicio abreviado y ninguna pasó a juicio oral.
Pero en mayo y junio de 2008, Michael Flores, fiscal de Puente Alto y especialista en delitos sexuales, consiguió llegar hasta juicio oral en dos casos de violación ocurridos al interior del CDP Puente Alto. En el primero de ellos, durante la noche, la víctima fue amarrada por otros dos internos, quienes luego lo violaron y lo amenazaron de muerte con un cuchillo. En el segundo, la víctima fue reducida por tres internos y un cuarto lo violó. Los primeros victimarios fueron condenados a 12 años de prisión; en el segundo caso al violador se le impuso una pena de 10 años.
Desde su oficina en la Fiscalía de Puente Alto, el fiscal Flores recuerda los casos. Dice que han sido de los más difíciles que ha tenido que investigar, eso a pesar de ser dentro de un recinto tan controlado como una cárcel: con cámaras en pasillos y patios, con gendarmes vigilando y en donde todos los testigos están empadronados.
-Es un ambiente aislado, hostil, con poco acceso. La propia ética carcelaria hace que nadie colabore con esto. Nadie quiere tener el mote de sapo. Nadie quiere cooperar. Ni los propios gendarmes que están con estos presos porque ellos van a estar todos los días, por mucho tiempo, con estos presos. Opera todo en contra.
Según datos obtenidos vía Transparencia, entre 2010 y 2017 la Fiscalía Metropolitana Sur ha recibido 24 denuncias por este tipo de casos. De ellas, ocho han estado a cargo de Flores.
Una denuncia de este tipo sigue, en la experiencia del fiscal, el mismo camino que cualquier denuncia al interior de la cárcel. Como las galerías de los recintos están cerradas durante la noche, en la mañana, cuando ocurre el desencierro, la víctima baja y denuncia. El protocolo obliga a llevarlo a la enfermería del penal para hacerle un examen externo. Luego se contacta al fiscal de turno y la víctima se traslada al Servicio Médico Legal. Allí se analizan y fotografían las lesiones, se revisa la ropa interior y vestimentas, y también se levanta evidencia biológica, tanto en la cavidad anal como bucal.
En una de las sentencias de los casos que investigó Flores, se lee que el perito a cargo de los exámenes dijo: “Concluye que el sujeto periciado presentaba lesiones explicables por relaciones recientes, y contusiones y erosiones en diversas partes del cuerpo, ocasionadas por puños, dedos y uñas de una tercera persona”.
-Pero es muy difícil comprender lo que es un delito sexual en el papel o en las palabras. Estamos hablando de una víctima desgarrada, sangrando. Una víctima que no puede caminar. Es violentísimo -explica Flores.
Según la información recabada por “Sábado” vía Ley de Acceso a la Información Pública, y entregada por el Ministerio Público, dentro de las 338 denuncias realizadas entre 2010 y 2017 desde los penales de todo el país, solo una de ellas llegó a juicio oral. Y con sentencia absolutoria.
CCP Copiapó
21-08-2010
“Violación a interno
En momentos que el interno X fue trasladado hasta la enfermería de la Unidad, por presentar una crisis nerviosa y vómitos, este da a conocer que habría sido violado por un interno siendo ayudado por otros internos, hecho que se habría consumado al interior de la celda de aislamiento en la que habitaban”.
El 23 de agosto de 2010, Álvaro Córdova, entonces fiscal de Copiapó y hoy fiscal adjunto de Caldera, recibió la denuncia. Finalmente, y casi dos años luego de ocurrido el hecho, el 12 de junio de 2012 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó dictó sentencia definitiva absolutoria contra los internos involucrados.
Los jueces, explica Córdova, se extrañaron al no encontrarse con lesiones obvias en la víctima. Pero, en la experiencia del fiscal, no necesariamente en todos los casos existen ese tipo de evidencias.
-No en todas hay coito. Esta era otra cosa: una violación para someter al otro, algo que va por el lado de la tortura y la sumisión. Y cuando pasa que un caso así se devela en un universo tan cerrado y agresivo, es altamente probable que haya ocurrido, porque es infrecuente que se denuncie -dice el fiscal Córdova.
Para el fiscal Flores, casi en todos estos casos lo que prima son los testimonios.
-Al final, como en todo juicio de delito sexual, es un juicio de credibilidad. La víctima va a decir lo que ocurrió y el imputado lo va a negar.
Según el fiscal de Puente Alto, hay otros dos factores que influyen en cómo avanza una denuncia de este tipo. El primero tiene que ver con la víctima, quien, usualmente, termina retractándose, para evitar más problemas. Para eso se blindan los relatos de los afectados: se toman declaraciones policiales, declaraciones de peritos y otros que permiten fortalecer el testimonio ante una eventual retractación. El segundo problema es la velocidad de la investigación que, en promedio y asociada a delitos intracarcelarios, dura un año.
Por lo mismo, dice Flores, llegar a completar una investigación es casi imposible. De 10 denuncias que recibe de este tipo, solo una llega hasta el final.
-Y la cifra negra debe ser de 70 por ciento. De 10 causas que se denuncian, deben haber 70 más que no. Las denuncias que hay hoy debe ser el 10 por ciento del total de delitos sexuales en las cárceles.
Si, como dice el fiscal Flores, las 338 denuncias que hay hoy son solo el 10 por ciento del total de delitos, la cifra real de violaciones y abusos sería de 3.380 casos. Es decir, en un universo de 42.611 presos, el ocho por ciento de ellos ha sido víctima de delitos sexuales al interior de la cárcel.
Marcela Rocha, especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Centro Norte, ha visto 13 casos en los últimos siete años. Dentro de su zona de competencia está Santiago 1, la primera cárcel concesionada de la Región Metropolitana, donde, se asume, el problema sería menor.
-Si hablamos de números, en los últimos cinco años la cantidad de delitos sexuales se mantiene. Ni siquiera con la llegada de una cárcel concesionada como Santiago 1 han disminuido. El número se mantiene.
¿Derecho a
ser violado?
Al contrario de otros países, en Chile no existe ningún protocolo especial para enfrentar el problema. En Estados Unidos, luego que el Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) documentara este tipo de casos, se promulgó en 2004 el acta para eliminarlas. El Prison Rape Elimination Act (PREA) establece que los recintos penitenciarios deben contar con un protocolo de recolección de evidencias y exámenes médicos forenses específicos para estos casos, acceso de los reclusos a servicios confidenciales para denunciar y servicios médicos de emergencias y de salud mental, así como apoyo emocional externo.
En Chile, ni siquiera el personal técnico que trabaja en las cárceles, como los psicólogos, tiene un protocolo de intervención para las violaciones y abusos dentro de la cárcel.
Según las cifras publicadas por Gendarmería a través del portal Gobierno Transparente, hasta abril de este año trabajaban 596 psicólogos en la institución. Si actualmente las personas atendidas son 137.998 (sistema cerrado y semicerrado), significa que hay un psicólogo por cada 231 internos.
Pero René Morales -psicólogo y miembro director de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen)- explica que no todos los psicólogos atienden a los internos. Solo un porcentaje de ellos está destinado a quienes cumplen condenas en cárcel, otros trabajan con personas que cumplen penas alternativas y un número importante realiza labores administrativas.
El otro obstáculo con el que se encuentran estos profesionales en caso de violación y abuso dentro de la cárcel, explica Morales, tiene directa relación con las mismas víctimas: muchas veces no quieren recibir atención.
Un psicólogo que hoy trabaja en Gendarmería, y que pide reserva de su nombre, cuenta que en 2007 trató a un interno, un imputado de 52 años, que se vio involucrado en tráfico de drogas, pero que nunca antes había estado preso.
-Él se había intentado suicidar tres veces en apenas tres semanas. Pero era llamativo que él tratara de colgarse, con los cordones de los zapatos, luego con la correa, y que no se matara. Lo que estaba buscando era tener un espacio para contar lo que le había pasado -dice el psicólogo.
Los flashbacks y las pesadillas nocturnas se convirtieron en gritos, llanto, ataques de pánico. En dos semanas el interno había bajado ocho kilos. De a poco, en las sesiones fue contando más detalles hasta que lo reconoció. Había sido violado dos veces: la primera vez por tres personas; la segunda, por cinco, que, además, lo asfixiaban con una bolsa plástica.
De los tres años que el interno estuvo condenado, pasó seis meses en tratamiento psicológico. Pero eso, dice el especialista, fue una excepción.
En 2016, la ONG Leasur se constituyó como mecanismo de prevención de la tortura de la sociedad civil con el objetivo de ser observadores de cárcel. La instancia nace a partir de la falta de un organismo de estas características por parte del Estado, explica la directora, Alicia Alonso. Sin esta herramienta incluso se incumplen acuerdos internacionales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, adoptada por la ONU y firmada por Chile.
El Instituto de Derechos Humanos ha sido crítico con el sistema penitenciario en Chile. Respecto de las violaciones y los abusos reportados en las cárceles, su director, Branislav Marelic, manifiesta que lo que existe es una situación de omisión por parte del Estado: no hay prevención, no hay capacitación, no hay conciencia de que estas situaciones ocurren. Es una situación estructural, explica, que ocasiona estas violaciones a los derechos humanos.
-La condena es una pena de privación de libertad, no es una pena de indignidad. Pero muchas veces en la opinión pública, en el debate político, nos damos cuenta de que las personas que entran a la cárcel dejan de ser personas. No es una concepción social que se incentiva, pero que se tolera. O sea, más o menos que pase y no nos importa -dice Marelic y agrega-: El instituto no es la única entidad que tiene que actuar. Acá tiene que actuar Gendarmería, el Ministerio Público en hacer una investigación eficaz, los jueces de garantía en hacer visitas. Y el Ministerio de Justicia, que es el responsable político.
Patricia Pérez, ex ministra de Justicia, cree que es imperativo instaurar una ley de ejecución de penas para velar por los derechos humanos básicos de los presos, pero, dice, hay una reflexión anterior.
-Estamos usando la cárcel como una solución indiscriminada para todo tipo de delitos. Se crean nuevas figuras punitivas, sin pensar si esa solución es racional. La cárcel no soluciona problemas: genera más problemas. Esa es la reflexión que nos falta como sociedad. Estas medidas no pueden ser ni de un gobierno ni de otro. Tienen que ser medidas transversales porque el tema penitenciario es uno de los aspectos donde tal vez más se observa el rol fundamental del Estado, porque este tiene el monopolio del poder político. El Estado determina cómo se ejecuta la pena. Creo que Chile sigue estando al debe -dice Pérez.
Al ser consultado por este tema y por la diferencia entre ambas cifras, las entregadas por ellos y las sistematizadas por el Ministerio Público, Gendarmería declinó hacer un pronunciamiento formal. El Ministerio de Justicia, del que depende Gendarmería, tampoco se quiso referir.
Pero desde el Poder Judicial, Lya Cabello, fiscal judicial de la Corte Suprema, explica que hoy una de las principales tareas de los fiscales judiciales es ver el tema de las cárceles. Esa, dice, es la intención de la Fiscalía Judicial: asumir un rol en la supervigilancia de los recintos penitenciarios y de los derechos de los individuos recluidos en ellos.
-Para que los sistemas judiciales funcionen tenemos que concebir a todas las personas como sujetos de derechos. Las normas deben aplicarse para todos y los privados de libertad no se encuentran al margen de ello. Cuando no se aplica la ley, es el sistema el que falla y eso es una omisión grave -explica Cabello.
Después de leer nuevamente las únicas sentencias condenatorias que se han conseguido, luego de un juicio oral, en este tipo de casos, el fiscal Michael Flores hace un alto y vuelve a leer los alegatos de apertura que presentó ante el tribunal. Y, sin más, dice:
-Los fiscales nos esforzamos porque se haga justicia y que los culpables obtengan la máxima condena. Pero a lo que yo no aspiro es que una persona quede privada de su dignidad dentro de la cárcel. Sea quién sea, sean asesinos, sean violadores, ¿pero tienen derecho a que sean violados? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Tenemos personas que cometieron un error, pero, ¿tenemos derecho a mirar para otro lado porque son delincuentes? Yo creo que no.
A cuatro meses del hecho, el caso de Francisco -quien habría sido abusado y violado dos veces en la cárcel de Puerto Montt- aún se encuentra en tramitación. No hay formalizados, ni tampoco sumarios. En medio de la desesperación, el domingo 16 de abril, Francisco volvió a cortarse en los brazos. Dos meses después de los abusos, lo trasladaron a una cárcel en la Región de Aysén. Allí pasa los últimos días que le quedan de la condena por robo. Saldrá en agosto.
Quien supuestamente lo abusó y el gendarme que habría visto todo siguen en Alto Bonito.
silencio y ética carcelaria
“La propia ética carcelaria hace que nadie colabore con esto. Nadie quiere tener el mote de sapo. Nadie quiere cooperar”, dice el fiscal de Puente Alto y especialista en delitos sexuales Michael Flores sobre por qué ni siquiera los gendarmes cooperan en las investigaciones de estos casos.
