El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) y el Observatorio de Desigualdades (OBDE) de la Universidad Diego Portales presentan la tercera entrega de su Encuesta ICSOH-UDP serie Clima Social 2026, titulada “Convivir sin manual: respeto, trato y regulación de la convivencia en Chile”. El estudio retrata una convivencia marcada por la percepción de pérdida de respeto, por reglas del trato cotidiano que se han vuelto inciertas y por una ciudadanía que demanda al mismo tiempo más respeto y formación, y más orden y seguridad.
El informe recorre la convivencia de lo general a lo particular y termina en la arena política. Parte por las grietas en el consenso normativo, la sensación de que el respeto y las reglas básicas se han debilitado y de que no se puede confiar en que los demás las cumplan. Luego baja a las interacciones cotidianas, donde esa incertidumbre se traduce en cautela, en dudas sobre qué es adecuado decir o hacer y en el temor a ser malinterpretado. Después aborda cómo debería regularse la convivencia, donde el respaldo a medidas de control y vigilancia convive con la convicción de que las prioridades son más respeto en el trato y más educación cívica. Finalmente, examina la convivencia en la arena política, donde el diagnóstico es más severo y aparecen las diferencias más marcadas entre sectores.
La encuesta se aplicó en línea a 1.500 personas de 18 años y más en todo el país, entre el 9 y el 14 de octubre de 2026. Usó un diseño no probabilístico por cuotas, con resultados ponderados por macrozona, sexo, edad, nivel educativo y quintil de ingresos, y el trabajo de campo estuvo a cargo de Ipsos. Se complementa con Infocus, un estudio cualitativo de la consultora Subjetiva, cuyos hallazgos se sintetizan al final de este documento.
Al comparar el trato actual con el de hace diez años, predomina una percepción de deterioro del respeto y de las normas de convivencia. El 69% cree que hoy existe menos respeto hacia la autoridad (profesores, carabineros o funcionarios), el 61% menos respeto hacia las personas que piensan distinto y el 59% menos costumbre de saludar, pedir permiso y dar las gracias. Más de la mitad percibe también menos preocupación por no molestar a otros (55%), menos respeto hacia las personas mayores (54%) y menos amabilidad en el trato cotidiano (54%), mientras que el 56% cree que hoy hay más agresividad, como gritos y peleas. La pérdida de respeto hacia la autoridad es señalada por el 76% de las mujeres frente al 62% de los hombres, y por el 82% del grupo de mayores ingresos frente al 59% del más bajo. A esa sensación de pérdida se suma una mirada desconfiada sobre los demás. El 56% está de acuerdo con que en Chile las personas se preocupan solo de sí mismas y apenas un 32% cree que la mayoría se preocupa de cumplir las leyes, cifra que cae al 24% entre los menores de 30 años.
A esto se suma una cierta tolerancia hacia conductas fuera de la norma. La más aceptada es que las personas castiguen físicamente a un delincuente si la policía no llega a tiempo, que el 47% considera aceptable o muy aceptable y solo el 18% inaceptable. Esta aceptación atraviesa el eje político (54% en la derecha y 48% en la izquierda) y es mayor entre los menores de 30 años (53%) que entre los mayores de 50 (39%). Exponer en redes sociales a una persona acusada de un delito, aunque no haya sido condenada, es aceptable para el 28%, cifra que llega al 39% entre los menores de 30 años. Un 27% considera aceptable dejar de cumplir una regla que la mayoría considera injusta (41% en la izquierda). Así, los menores de 30 años, que son quienes menos perciben una pérdida de respeto hacia la autoridad (60% frente a 72% entre los mayores de 50), son también quienes menos confían en que los demás cumplan las leyes y quienes más justifican saltárselas.
Frente a situaciones cotidianas de conflicto, la opción “se entiende, aunque no está bien” es clave para comprender cómo se juzga la transgresión. Cerca de la mitad la elige ante un paciente que, tras esperar tres horas en un consultorio, le grita a la funcionaria de la recepción (49%), ante un profesor que le grita a su curso porque no logra que hagan silencio (48%) y ante una madre que le da una palmada a su hijo de 5 años que cruzó la calle corriendo (47%). Se trata de una zona gris en que la norma se reconoce, pero su transgresión se comprende según el contexto. Otras situaciones son consideradas directamente correctas por una parte relevante, por ejemplo, que un padre revise el celular de su hija de 14 años sin que ella lo sepa (46%), que una vecina grabe y suba a redes sociales a un vecino que deja su basura en la calle (37%) o que Carabineros disperse con gas lacrimógeno a todos los asistentes de una marcha pacífica porque un grupo pequeño empezó a lanzar piedras (28%). Esta última situación está bien para el 45% de la derecha y solo para el 3% de la izquierda, donde un 41% cree que debería sancionarse.
Las situaciones que generan más desaprobación son que una jefa le llame la atención a un trabajador delante de sus compañeros por un error grave (68%) y que manifestantes corten una avenida e impidan el paso de autos (62%). En ambos casos, los porcentajes agrupan a quienes consideran que la conducta está mal y a quienes, además, creen que debería sancionarse. Ambas condensan las dos demandas que recorren el estudio, a saber: un trato digno, que rechaza la humillación pública, y el orden, que rechaza la interrupción del espacio común.
Pese a todo, la demanda de trato digno contrasta con lo que muchas personas viven en su día a día. Un 73% declara haberse sentido discriminado al menos alguna vez en el último año, y un 10% con frecuencia o mucha frecuencia. Entre quienes se han sentido discriminados, las razones más mencionadas son la condición socioeconómica (39%), la apariencia física (34%) y la edad (24%). Los énfasis cambian según la etapa de vida. Por ejemplo, la apariencia física pesa más entre los menores de 30 años (43%) y la edad entre los mayores de 50 (46%).
Las experiencias concretas de trato desigual tienen, además, una marcada característica de clase. Un 55% señala que en el último año lo ignoraron o no lo atendieron cuando le correspondía, un 47% que lo miraron con desconfianza o lo siguieron en una tienda, y un 46% que lo trataron como si fuera menos capaz. Las tres situaciones son más frecuentes en el grupo de menores ingresos que en el de mayores ingresos (65% frente a 41%, 53% frente a 29% y 55% frente a 34%, respectivamente). La percepción de haber recibido un trato que subestima sus capacidades es también más frecuente entre las mujeres (50%) que entre los hombres (42%).
A estas experiencias se suma una incertidumbre muy extendida sobre las reglas que orientan las interacciones cotidianas, uno de los hallazgos más llamativos del estudio. En los últimos 12 meses, el 63% no supo si una broma o comentario podía resultar ofensivo, el 59% calló una opinión por temor a ser malinterpretado, el 51% no supo si era adecuado saludar de beso, de mano o sin contacto físico y el 49% evitó decir algo por temor a ser expuesto o “funado”. Entre los menores de 30 años, el 73% ha dudado sobre el carácter ofensivo de una broma y el 56% ha evitado decir algo por temor a la funa. Callar una opinión es más habitual entre mujeres (65%) que entre hombres (53%), y el temor a la funa es mayor en el grupo de ingresos más bajo (56%) que en el alto (41%).
Frente a alguien que no se conoce mucho, la gran mayoría considera inadecuado hacer una broma sobre su forma de vestir (79%), preguntarle cuánto gana (75%) o por quién votó (53%). Los matices se concentran en los gestos de cercanía. Por ejemplo, saludar con un beso en la mejilla es adecuado para un 34% e inadecuado para un 21%, mientras un 44% no lo considera ni lo uno ni lo otro. Comentarle a alguien que se ve físicamente atractivo es inadecuado para el 48% de las mujeres y el 34% de los hombres.
Las opiniones sobre los reglamentos que regulan el trato en el trabajo, los colegios, la salud y las familias muestran la misma ambivalencia. El 64% cree que ayudan a que las personas puedan defenderse frente al maltrato y solo el 29% piensa que hay demasiadas reglas. Al mismo tiempo, el 47% opina que muchas veces se usan para perjudicar a otros con acusaciones sin pruebas y el 40% que impiden que la gente sea espontánea por temor a una denuncia, opinión más extendida entre hombres (45%) que entre mujeres (35%). Se valora la protección que ofrecen las normas, pero se teme su uso abusivo.
Las prioridades para mejorar la convivencia apuntan más al respeto y la formación que al control. Las más mencionadas son que las personas se traten con más respeto en la vida cotidiana (38%) y que haya mayor educación cívica en las familias y los colegios (37%), seguidas por el respeto a la autoridad (29%) y que las instituciones traten a todos por igual (28%). Que haya reglas claras que se cumplan siempre apenas alcanza un 10%. El respeto a la autoridad es prioritario para el 41% de la derecha y el 9% de la izquierda, mientras que el trato igualitario de las instituciones lo es para el 46% de la izquierda y el 16% de la derecha. La responsabilidad de enseñar a convivir se deposita casi exclusivamente en la familia (97%) y el colegio (75%), muy por sobre el Estado (14%) y los medios de comunicación (9%).
Al mismo tiempo, las medidas de regulación de la convivencia concitan amplio apoyo. Una gran mayoría está a favor de multar a quienes botan basura en la calle (95%) o a quienes no recogen los desechos de sus mascotas (91%), de prohibir el consumo de alcohol en plazas y parques (89%) y de sancionar severamente los mensajes de odio hacia grupos o personas (85%). Un 74% apoya prohibir el uso de celulares en colegios durante toda la jornada, apoyo que baja a 55% entre los jóvenes de 18 a 29 años.
El respaldo se extiende a medidas de seguridad que implican mayor vigilancia. El 81% aceptaría que se instalen cámaras con reconocimiento facial en los espacios públicos y el 73% que los menores de 16 años no puedan estar en la calle sin un adulto después de medianoche. La disposición baja cuando el control recae directamente sobre las personas: el 50% aceptaría que la policía revise mochilas y bolsos en la calle sin una razón específica, y el 46% que el Estado revise conversaciones en redes sociales para prevenir delitos. Este apoyo al control, sin embargo, no se traduce en una demanda punitiva generalizada. Ante un joven de 19 años detenido por primera vez por robar un celular sin violencia, el 38% opta por la cárcel efectiva, mientras que la mitad prefiere que realice trabajo comunitario (30%) o participe en un programa de reinserción (21%).
Las mayores diferencias políticas aparecen en las medidas que involucran la protesta y el uso de la fuerza. La mayoría rechaza prohibir las manifestaciones en la calle (61%) y facilitar el porte y uso de armas (75%), pero la prohibición de manifestaciones es apoyada por el 60% de la derecha y solo por el 4% de la izquierda. Del mismo modo, que militares patrullen las calles es aceptado por el 66% del total, cifra que llega al 82% en la derecha y baja al 29% en la izquierda.
Las diferencias que aparecen frente a la protesta y el uso de la fuerza se vuelven más profundas en la arena política, donde el diagnóstico es también más severo. El 65% de las personas considera irrespetuoso o muy irrespetuoso el trato entre los políticos de distintos sectores y solo el 8% lo considera respetuoso. La mayoría cree además que los actores políticos están poco o nada dispuestos a ceder para llegar a acuerdos, ya se trate del presidente de la República (54%), de los ministros (56%), de los parlamentarios oficialistas (58%) o de los de oposición (60%). Sobre la forma de gobernar del actual gobierno, el 54% lo ubica más cerca de “genera tensión” que de “genera tranquilidad” (27%) y el 42% más cerca de “confrontacional” que de “dialogante” (33%). Estas evaluaciones dependen fuertemente de la posición política: el 48% de la derecha cree que el gobierno genera tranquilidad, frente a solo un 8% de la izquierda. El 72% cree que, al final del gobierno, Chile estará igual de desunido (40%) o más desunido (32%) que al inicio.
A siete años del estallido social, un 36% lo recuerda solo como un estallido por demandas sociales, un 31% solo como una crisis de violencia y desorden y un 9% solo como un estallido para derrocar al gobierno. El resto combina lecturas: un 10% asocia las demandas sociales con la violencia o con el intento de derrocar al gobierno, un 9% une la violencia y el desorden con el intento de derrocar al gobierno, y apenas un 4% reúne las tres interpretaciones. Entre la izquierda y los más jóvenes predomina la lectura de las demandas sociales, mientras que en la derecha prevalece la de una crisis de violencia y desorden. En cuanto a esas demandas, el 58% cree que no se han resuelto, el 27% que se han resuelto parcialmente y solo un 2% que se han resuelto, mientras un 13% considera que no eran demandas reales. Incluso en la derecha, la respuesta más frecuente es que no se han resuelto.
La serie Clima Social se complementa con Infocus, un estudio cualitativo de la consultora Subjetiva basado en dos paneles de la Región Metropolitana, uno de hombres y otro de mujeres. Ambos grupos tienen una mirada mayoritariamente negativa de los cambios recientes, aunque con tonos distintos: los hombres hablan con nostalgia y alarma, y las mujeres con nostalgia, pero también con esperanza en algunos avances. Ambos perciben más cautela en el saludo y el lenguaje, que las mujeres leen como un progreso y los hombres asocian a la desconfianza y al temor a las denuncias, por ejemplo, en el marco de la Ley Karin. En los dos paneles, la funa aparece como una mala forma de resolver conflictos.
Como en la encuesta, el problema no se atribuye a la falta de reglas, sino a que estas no se aplican de forma pareja y a que élites e instituciones no dan el ejemplo. La mano dura genera rechazo, aunque se aceptan sanciones moderadas que respeten la dignidad. Las soluciones apuntan a una responsabilidad compartida. Mientras las mujeres enfatizan la formación en la casa y el colegio, los hombres priorizan la necesidad de un Estado más activo en cultura, organización vecinal y educación cívica.
Encuesta web autoaplicada sobre panel de Ipsos Chile, con muestreo no probabilístico por cuotas. Muestra: 1.500 casos efectivos de personas de 18 años y más, de todos los niveles socioeconómicos, con cobertura nacional. Trabajo de campo: 9 al 14 de octubre de 2026. Resultados ponderados por macrozona, sexo, tramo etario, nivel educativo y quintil de ingresos, según el último Censo. Equipo UDP: Claudio Fuentes (encargado), Gabriel Otero (coordinador), Lidia Casas, Macarena Orchard, Pedro Valenzuela y Constanza Pérez.
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